Zoomafia III: de los monos al gato

 

Doménico

La justicia italiana condenó ayer sábado a 70 miembros de la 'Ndrangheta, el grupo mafioso más poderoso de Italia, y a otras personas con penas de diez años o más de prisión para una treintena de ellos, en el mayor juicio contra la mafia desde finales de los años 1980, según informó anoche un cable de la agencia AFP. El juez Claudio Paris leyó los veredictos contra 91 acusados en la enorme sala de audiencias de la ciudad de Lamezia Terme, en el sur de Calabria, donde se está celebrando desde enero un "macrojuicio" contra cientos de presuntos miembros. Aún quedan 355 acusados por juzgar y se espera que el proceso dure dos años o más. Las investigaciones duraron varios años y culminaron con redadas en diciembre de 2019. La 'Ndrangheta, que opera en la región más pobre de Italia, Calabria, controla la mayor parte de la cocaína que llega a Europa. El conocido fiscal antimafia Nicola Gratteri --cuyos esfuerzos por derrotar a la 'Ndrangheta le obligaron a vivir bajo protección policial durante más de 30 años-- dijo que todo fue "muy bien" el sábado. "De los 91 acusados, 70 presuntos inocentes fueron condenados", dijo a la agencia de noticias italiana AdnKronos, añadiendo que los absueltos tenían menos responsabilidades. Algunos de los más peligrosos recibieron la pena máxima de 20 años solicitada por los fiscales. Entre ellos se encuentran Pasquale Gallone, mano derecha del presunto jefe de la mafia Luigi Mancuso, Gregorio Niglia, cuyo papel incluía la adquisición de armas y la extorsión y Domenico Macri, del ala militar del grupo.

 

Il faccendiere

Marcelo D’Alessio –espía oficial y extraoficial, argentino y extranjero, supuestamente vinculado con la Drug Enforcement Administration (DEA), sobrino del escribano general del Gobierno de la Nación [1], faccendiere de las posiciones de Cambiemos en temas de seguridad y defensa en los medios de comunicación, supuesto conocedor del crimen organizado, y operador de la violencia privada– entramó un vínculo con Los Monos. Esa relación ha sido investigada por el ex juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y volcada en una extensa resolución de 1.125 páginas, del 21 de octubre de 2020, en la causa FMP 88/2019 caratulada “D’Alessio, Marcelo Sebastián y otros/ Asociación ilícita y otro”. Ahí se dejan asentadas las maniobras de espionaje y las tentativas de infiltración que D’Alessio implementó respecto de la organización criminal rosarina y de sus redes de lavado de dinero, a través de contactos sostenidos con Lorena Verdún –ex pareja del Pájaro Cantero–, su abogada Romina Bedetti y Monchi Machuca. En la resolución se afirma que el trabajo de D’Alessio llegaba hasta el Ministerio de Seguridad conducido entonces por Patricia Bullrich. De hecho, en ella están las capturas de pantallas de mensajes de WhatsApp que intercambiaron il faccendiere y la entonces ministra, en los que la retórica empleada permite suponer una relación laboral cercana: “‘Hola Patricia. Espero estés bien. Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Cuando quieras nos vemos. Un beso’. Ella le responde: ‘Ok. Podés reunirte con Bonini? Y le das el material y después nos vemos nosotros’. D’Alessio responde: ‘Vos sabés Patricia que estoy a tu disposición” (Ramos Padilla, p. 142). Rodrigo Bonini era el entonces director nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad.

El primer contacto de D’Alessio con Los Monos fue en Rosario en diciembre de 2017, en el momento en el que se estaba produciendo el debate oral de una causa en la que se juzgaba a varios integrantes del clan Cantero. El gran juicio contra Los Monos empezó en 2015. Pues bien, el 26 de diciembre de 2017 D’Alessio entró en contacto con Lorena Verdún: “Se presentó ante ella desde un lugar de poder en relación a los recursos que decía ostentar desde el Ministerio de Seguridad. También como una persona con capacidad de poner un tema en la agenda periodística” (Ramos Padilla, p. 110). Asimismo, se presentó como miembro de la DEA, agencia dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se ocupa de investigar el contrabando, consumo de drogas y lavado de activos.

El segundo viaje de D’Alessio a Rosario fue a mitad de enero de 2018, luego del homicidio de una clienta de Romina Bedetti debido a un enfrentamiento entre dos clanes narco: los Camino y los Funes. El encuentro se realizó el 17 de enero en el City Center, corazón del territorio de Los Monos. Ahí D’Alessio, junto con Rolando Barreiro, un ex agente de la AFI, almorzó con Bedetti y Verdún: “Conversan sobre una larga serie de temas, centrándose en el mapa del narcotráfico en la ciudad de Rosario y la connivencia de la policía. Hablan del clan de los Funes y su relación con los Ungaro y la barra de Newell’s Old Boys y también, aunque más lateralmente, sobre el clan de los Camino. [...] Hablan también sobre Luis Paz y la muerte de su hijo”, El Fantasma (Ramos Padilla, p. 115) y de propiedades de unos policías. Según Verdún, el viejo Paz tenía vínculos con el mundo político provincial. [2] La conversación sigue hasta que D’Alessio interviene interpelando a Verdún y ofreciéndole protección a cambio de: “La pregunta es, yo necesito cocaína grande. Yo te doy mi protección federal. Vos en manos de la protección de la provincia, es una cuestión de tiempo” (Ramos Padilla, p. 117). Para Ramos Padilla, ese pasaje estaría referido al interés de D’Alessio de incriminar a Luis Paz por su vinculación con el narcotráfico en toda la provincia de Santa Fe. Sin embargo, es plausible preguntarse: ¿y si D’Alessio se refería a una compra narco?

Una pregunta de este tenor podría carecer de pertinencia si no fuera por tres razones. Por el propio modus operandi de D’Alessio: si en el despliegue de sus operaciones se cruzaba con otro negocio que le fuera redituable, lo sumaba también. Dos: por una gran operación de lavado en la que D’Alessio está involucrado y en la que aparece Calabria (que trataremos más adelante). Tres: por su interés en la “hidrovía”, que “se presenta como un asunto donde se cruzan diversos intereses y agendas: la propia de D’Alessio en tanto puede ser un negocio económicamente redituable para sí mismo; la agenda de Elisa Carrió, a quien intentaba complacer, y la de la AFI” (Ramos Padilla, pp. 645-646). De esto se desprende un cruce de intereses encabalgados entre la ilegalidad y la legalidad, que da cuenta de los contactos con Los Monos y las operaciones de D’Alessio, que tenían terminaciones nerviosas en referentes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del aparato de inteligencia cambiemita. En cuanto a los grandes cargamentos de droga: viajan a Europa siguiendo la línea del Paraná y luego la ruta atlántica. Apenas un dato para graficarlo: “El Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad bonaerense de San Martín fijó penas de hasta 12 años de prisión [en febrero de 2016] a cuatro hombres por la exportación de más de 1.200 kilos de cocaína desde el puerto de Zárate hacia Portugal. Las penas recayeron en [dos] empresarios rosarinos” (La Capital, 27/2/2016). El buque que se ocupó de transportar la mercadería fue el Miltiadis Juniors II. En cuanto al Paraná, a los buques que lo surcan y al sistema portuario, según muestra la investigación de Ramos Padilla, D’Alessio recopiló informaciones y elaboró informes sobre empresas navieras nacionales y extranjeras. En mayo de 2018, mientras la entonces diputada Carrió ventilaba públicamente la presentación de una denuncia vinculada con el narcotráfico (que se efectivizó en agosto  [3]) en la ruta Paraná-Paraguay, D’Alessio desplegaba sus acciones de inteligencia respecto de estos asuntos y se reunía con Paula Oliveto en el Congreso de la Nación para exponerle la información recolectada.

D’Alessio volvió a viajar a Rosario el 15 de febrero de 2018, día en el que se habría entrevistado con Monchi Machuca en la cárcel de Piñero. Según la resolución que estamos siguiendo, el encuentro fue facilitado por Bedetti y Verdún. Acerca del encuentro, Machuca declaró que D’Alessio le dijo que “quería saber sobre el tema corrupción acá en Rosario porque le digo que sí que sabía el tema corrupción y todas esas cosas que estaban pasando acá [...]. Le digo porque yo fui una de las personas que como no pacté con el socialismo, con la brigada de judiciales, me armaron esta causa, y él me dijo que venía con la brecha de Macri y de Patricia Bullrich, él laburaba para la DEA y ahora estaba trabajando para la SIDE y para la AFI” (Ramos Padilla, p. 134). D’Alessio se interesó también por la trama configurada por el narcotráfico y los vínculos policiales. De regreso se reportó nuevamente con la ex ministra Bullrich a través de un mensaje de WhatsApp referido a Puerto Roldán: “Ahí custodian 4 suboficiales. Tengo filmaciones aéreas del movimiento. Si querés la semana que viene te paso lo que avanzamos sobre el tema. Es muy complejo el tema Rosario. Están reemplazando soldaditos por efectivos policiales” (Ramos Padilla, p. 139). Acerca del encuentro entre D’Alessio y Machuca, Barreiro, el ex agente de la AFI, declaró: “En relación a Guille Cantero de la banda de Los Monos, hablando con él, él mismo me dijo que se había enterado por Monchi Machuca, que es su hermanastro, que es la persona que Marcelo D’Alessio fue a ver a Rosario [...] Guille Cantero me dijo que Marcelo D’Alessio le sacó plata a Monchi Machuca” (Ramos Padilla, p. 148).

 

 

Calabria siempre se repite dos veces

Todos estos movimientos de D’Alessio forman parte de un entramado mayor de notables dimensiones: una organización criminal dedicada al espionaje ilegal-legal investigada en Dolores –antes por Ramos Padilla y actualmente por el juez Martín Bava–, compuesta por servicios de inteligencia de la AFI, operadores, integrantes de fuerzas de seguridad y magistrados que usaron causas judiciales a su antojo en los cuatro años de gestión cambiemita. Una “organización criminal paraestatal que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales, y que creció en varias jurisdicciones del país y en el exterior. Se trata de una organización extensa, de tipo modular [...]. Así, sus integrantes entraron en acción conformando distintos grupos, aliándose con terceros, tomando cualquier recurso a su disposición sin importar su legalidad o ilegalidad. Para sus fines delictivos, [...] tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los poderes del Estado” (Ramos Padilla, p. 35). Luego de desplegar su “trabajo de campo” en Rosario, aproximadamente dos meses más tarde, D’Alessio –y el grupo “Buenos Aires”– intervino en tres operaciones de ingeniería financiera de gran magnitud en el exterior: colocar fondos en cuentas offshore con la finalidad de reinsertarlos luego en los circuitos legales. El grupo simulaba negocios legales relacionados con inversiones en infraestructura, obra pública y viviendas como pretexto para ocultar actividades financieras espurias. [4]

Nos referiremos a la segunda operación en la que aparece un módulo llamativo: Calabria. Ramos Padilla nombra este segundo movimiento de ingeniería financiera como IPID/Edil System y lo estudia en la causa FMP 88/2019, caratulada “D’Alessio, Marcelo Sebastián y otros/ Asociación ilícita y otros”, del 18 de mayo de 2020 (no hay que confundirla con la otra resolución citada hasta ahora, de octubre del 2020). De las interacciones entre los miembros del grupo surge que la fecha de la operación es el 3 de mayo de 2018, muy cercana al último viaje de D’Alessio a Rosario. Carthy de Gorriti consulta al grupo de WhatsApp “Buenos Aires” la posibilidad de desplegar una transferencia. Se usaría una cuenta identificada como IPID en los intercambios del grupo (de ahí el nombre de la operación). El primer banco interviniente es el Bank Deutsche Österreich con sede en Viena. Bloise comienza a gestionar la estructura de colocación de los fondos. Dentro de esta operación habría una suboperación u operación paralela, puesto que en la resolución de Ramos Padilla surge también información respecto de otra maniobra, que el grupo nombra como MT 103 o Swift. El volumen total de esta ingeniería financiera habría sido de 500 millones de euros (que es el valor aproximativo de una tonelada de cocaína). Por mensajes enviados por Carthy de Gorriti al grupo de WhatsApp, la investigación de Ramos Padilla reconstruye que el testaferro de la operación fue un tal Aleko Rogachevski (actor del cual se sabe poco o nada), quien está detrás del mismo sender (remitente) que activa ambas operaciones: IPID/Edil System y Swift.

En el caso de la IPID, el sender es la empresa Edil System. ¿Representada por quién? Por Giovanni Gentile, ciudadano italiano nacido en 1965 en Lamezia Terme (Calabria). Gentile aportó una cuenta bancaria en el Bank Deutsche Österreich, y es un conocido de la Guardia di Finanza Italiana porque posee antecedentes penales por estafa agravada y evasión a gran escala. En la resolución de Ramos Padilla del 18 de mayo aparece vinculado con tres empresas: Edil System S.R.L. y World Immobiliare S.R.L. (ambas radicadas en Lamezia Terme) y Società Italiana Costruzioni DGM S.R.L. (Lombardía), todas con actividades declaradas de compraventa de inmuebles o construcciones de edificios residenciales y no residenciales. En cuanto a Edil System S.R.L.: el 13 de octubre de 2017, a través de su Facebook, la empresa publicó un mensaje bilingüe en el que declaraban no saber quién era Giovanni Gentile:

 

 

En la investigación de Ramos Padilla se deja asentado que Gentile estuvo vinculado por tiempos brevísimos –un mes– también con empresas domiciliadas en Londres: la IBIG INVESTMENTS LIMITED, ubicada en Eastcastle House 27-28, Eastcastle Street –pequeño edificio en el que funcionan 65 empresas– y la TOPFIN LTD., situada en Cartwright Gardens 32-33. La primera se ocupa de: “Data processing; Other information service activities not elsewhere classified; Financial intermediation not elsewhere classified; Security and commodity contracts dealing activities”.

Estos emprendimientos en 2016 presentaron una pérdida de 157.677 euros. Apenas dos años después, en 2018 –en el contexto que estamos analizando–, habrían realizado acuerdos por 500 millones de euros (la cifra total de la operación que estamos considerando). Estos tecnicismos –relevantes por cierto puesto que ayudan a imaginar al personaje– son menos sugerentes que las apreciaciones del grupo “Buenos Aires” acerca del propio Gentile y de la organización –de la cual se oculta el nombre, pero que por lo visto conocen bien– en la cual estaría inserto: “Edil System figura en alguna de las listas negras no oficiales” (mensaje de Pablo Bloise, 25/5/2018), “ellos no son ningunos santos” (mensaje de Carthy de Gorriti, 25/5/2018) y “el sender (q es un empleado) [por Gentile] se quiere cubrir porque sabe que lo que está haciendo le puede costar mucho más q perder el puesto” (mensaje de D’Alessio del 1/6/2018) (Ramos Padilla, pp. 37-39).

El receiver de esta operación habría sido Barings Capital Corporation Limited, contacto aportado por Bloise, y el objeto de la transferencia habría consistido en la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo. Ramos Padilla deja constancia de que entre Edil System y Barings en ningún momento hubo una vinculación real y llega a la conclusión de que “la mutabilidad de los posibles receivers pone en evidencia que en realidad no se trata de operaciones reales basadas en contratos con un objeto de negocios palpable y verdadero, sino una ingeniería financiera para el lavado de dinero” (Ramos Padilla, pp. 28-29). Síntesis de esta maniobra: es probable que la figura de Gentile se haya articulado en esta operatoria gracias a Aldo Sánchez, sujeto que operaba en la Argentina y en Italia, y con intereses comerciales puestos, entre otros, en una empresa de gestión de residuos en Pescara. Residuos, construcciones y compraventa de inmuebles son rubros tradicionales de inversión ‘ndranghetista y del holding Macri también. A pesar de esto, Jonatan Viale –y en general La Nación, que articula movimientos distractivos respecto de las cuestiones mafiosas en la Argentina puesto que construye imaginarios que no se corresponden con la realidad de los fenómenos mafiosos– compone subterfugios berretas, contrabandeando la idea de que el mafioso era Mazzini.

Calabria –digámoslo con mayor precisión: sus estructuras mafiosas– es una recurrencia en la Argentina (El Cohete viene insistiendo sobre este asunto desde su momento fundacional), respecto de las cuestiones que entramamos aquí (además de las relaciones históricas y culturales, sumamente rescatables por cierto). Deberíamos sacar una enseñanza, sobre la cual la antimafia italiana viene perseverando desde hace décadas: la mafia calabresa debe ser buscada e investigada fuera de los territorios donde ejerce su supremacía histórica. También en el exterior, en desborde respecto de los confines del Meridione de Italia, donde ha decidido expandir sus raíces y su influencia. Una mafia global como la calabresa se sostiene necesariamente sobre la base de estructuras locales que operan en territorios específicos, sean organizaciones narcos u organizaciones criminales paraestatales. En el caso de la integrada por D’Alessio, se trata de “una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos” (Ramos Padilla, p. 1119, 21/10/2020). Aún queda mucho por investigar sobre esta trama, para descubrir sus intereses reales –además de aquellos ya develados– y sus terminaciones nerviosas auténticas en la Argentina y en su proyección global.

 

 

[1] Carlos Marcelo D’Alessio, designado al rato de asumir el gobierno de la alianza Cambiemos por el Presidente Macri a través del Decreto 227/2015.

[2] El 18 de octubre de 2021 el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a Luis Paz a casi 14 años de prisión como jefe de una estructura de narcotraficantes que operaba en Santa Fe, Rosario y Villa Constitución. “El fiscal [...] Walter Rodríguez, descubrió que Paz era el dueño de [un] departamento de bulevar Oroño por una escucha telefónica [d]el 27 de septiembre de 2018. Es un diálogo entre [Paz] y su inquilino, [este] le cuenta que esa noche tenía una invitada especial. ¿A qué no sabés quien viene? Patricia Bullrich. Viene a reunirse con nosotros”. En esa escucha Paz le respondió a su inquilino: “¡Escúchame, nene, yo tengo que juntarme con esa señora!” (“Le incautaron propiedades, autos y camiones”, Página/12, 19/10/21).

[3] En agosto de 2018, Carrió “denunciaba el accionar presuntamente delictivo de la empresa Hidrovía S.A. y de su gerente, Benjamin Gabriel Romero, por contrabando y tráfico de estupefacientes en aduanas y terminales portuarias del Gran Rosario” (Ramos Padilla, p. 640).

[4] Por esos hechos, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que los integrantes fueran elevados a juicio por lavado de activos (Luciana Bertoia, “Espionaje ilegal: Marcelo D’Alessio y Carlos Stornelli quedaron a un paso del juicio oral”, 13/10/2021). Los integrantes del grupo “Buenos Aires”: Ricardo Bogoliuk, ex jefe de la base Ezeiza del “Proyecto AMBA” de la AFI; Pablo Bloise, una especie de financista de la organización, quien contaba con vínculos con estructuras empresariales que hubieran podido garantizar el lavado a cambio de comisiones; Marcelo González Carthy de Gorriti, quien tenía relación directa con las personas que necesitaban colocar el dinero espurio en el circuito bancario; Aldo Sánchez, santafesino con pasaporte italiano y sender de ingentes sumas de dinero (del orden de varios millones de euros). Durante la indagatoria reconoció que la empresa (Aldo Eduardo Sánchez Buildings & Entertainment) que figuraba como titular de la cuenta bancaria desde donde se enviaba el dinero le pertenecía y que estaba radicada en Italia, país en el que tenía declarado su domicilio. Mientras se realizaban las operaciones financieras del grupo “Buenos Aires”, Sánchez entraba y salía de Argentina con destino a Panamá.

 

 

 

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