Yoga y lírica para represores en una casaquinta VIP
Continúa el camino de mayores beneficios: Campo de Mayo pasó de 0 a 91 detenidos en un año.
Miguel Osvaldo Etchecolatz cumple un mes en su casa del bosque Peralta Ramos, rodeado de vecinos aterrorizados que hasta tapiaron las ventanas. El regreso al barrio de una de las figuras emblemáticas de los campos de exterminio de la dictadura es parte de un proceso más amplio. En 2017, en sigilo y por goteo, el gobierno nacional retiró a los detenidos de lesa humanidad de la única prisión de máxima seguridad que funcionaba como una cárcel común: el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. La vació. Una parte de los represores fue trasladado a la Unidad 31 de Ezeiza. Y otra parte a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un predio del Ejército clausurado en 2013 y reabierto en diciembre de 2016 con aires de casaquinta, clases de yoga y hasta de lírica, más parecido a un Casino de Oficiales adaptado que a una prisión federal, como anticipo de un regreso al hogar.
Todo sucedió sin demasiado ruido durante el año pasado. Los cambios comenzaron a hacerse con una circular del Servicio Penitenciario Federal dirigida a los juzgados como hechos consumados sólo resistidos por algunos jueces federales. Los datos oficiales del SPF a los que accedió El Cohete A La Luna señalan que, entre diciembre de 2016 y enero de 2018, Campo de Mayo (la foto principal muestra una vista aérea del predio) pasó de 0 a 91 detenidos o 37,6% de los 242 detenidos actuales en prisiones del SPF. Esa migración masiva de militares o integrantes de las fuerzas de seguridad —condenados o procesados— hacia el cuidadoso amparo de Campo de Mayo, probablemente continúe en aumento. El SPF invoca un fallo de la Cámara Federal de La Plata que obliga el desalojo de Ezeiza para dar espacio a la población de mujeres. En ese sentido, Ezeiza está funcionando como puerta de salida a dos destinos posibles: domiciliarias o Campo de Mayo. En la lista de pases pendientes hay nombres emblemáticos como Alfredo Astiz. El secuestrador de la ESMA pasó de Marcos Paz al penal de Ezeiza y ahora aguarda en lista de espera el pase a Campo de Mayo.
Todo esto empezó a mediados de 2016, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación preparaba contra-reloj las instalaciones de Campo de Mayo. Mientras el gobierno impulsaba los discursos para avalar las domiciliarias a los mayores de 70 años, funcionarios de primera línea del ministerio buscaban abrir el antiguo predio del Ejército porque decían que necesitaban nuevas plazas por la reimplementación de la Ley de Flagrancia. Así, un día de diciembre de 2016 el SPF comenzó a enviar un acta a distintos juzgados anunciando traslados decididos unilateralmente de los detenidos de lesa humanidad hacia las lujosas instalaciones del campo militar.
Construido como cárcel militar en la mayor guarnición del Ejército, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo funcionó como alojamiento privilegiado para criminales de lesa humanidad hasta la clausura ordenada en septiembre de 2013. Allí se había alojado, por ejemplo Jorge Rafael Videla. El lugar se cerró luego de la fuga de dos detenidos por condiciones deficitarias de seguridad. Pero la ausencia de vigilancia, monitores o alambrados no fue la única razón. Uno de los mayores problemas, que ahora vuelve a activarse, es que los presos de Campo de Mayo no funcionan como presos comunes sino como jefes militares: los integrantes del Ejército en actividad que están destinados al predio y el personal penitenciario suele responder a quienes otrora tuvieron mayor jerarquía como si estuviesen a sus órdenes. Los organismos de derechos humanos también se opusieron a la reapertura. No sólo porque el lugar les concede beneficios que ojalá tuviesen los presos comunes, sino también porque funcionó como centro clandestino de detención y aún es prueba judicial.
Lo que sucedió con las circulares del SPF durante el año pasado casi no se conoce. Sin levantar ningún tipo de bulla, el SPF fue cambiando a los detenidos con un mecanismo de notificación a los juzgados que invirtió los roles. Usualmente son los jueces los que deben decidir dónde van los detenidos, pero en este caso lo hizo el SPF. Algunos jueces se opusieron y frenaron o revirtieron traslados: Fátima Ruiz López a cargo del TOF de Mendoza al enterarse que uno de sus detenidos había sido llevado a Campo de Mayo, el fiscal Carlos Gonella de Córdoba cuando supo del traslado del "Nabo" Ernesto Enrique Barreiro. Y entre los casos recientes volvió a ocurrir con el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py. En plena feria judicial, el 18 de enero recibió una nota sobre el traslado de tres detenidos, entre ellos Raúl Antonio Guglielminetti. "En virtud de lo ordenado oportunamente por la Cámara Federal de La Plata se ha procedido al paulatino traslado de la U31 a la U34". El TOF se comunicó urgente con el SPF, notó que los presos aún estaban en Ezeiza y ordenó no moverlos hasta revisar la situación luego de la feria. Pero con gran parte de los jueces no sucede lo mismo. El TOF 2 por ejemplo aceptó sin chistar una comunicación similar de traslados de la U31 a la U34, razón por la cual Julio Simón, más conocido como el Turco Julián, está en Campo de Mayo desde abril del año pasado.
Marcos Paz era hasta ahora la unidad más aproximada a la idea de "cárcel común" para los represores, de máxima y mediana seguridad.. Los detenidos de lesa ocupaban los pabellones 8 y 6 del Módulo 4, con serios y estrictos controles de ingreso y egreso, instalaciones monitoreadas, celdas individuales y también sobrepoblación, buzones de castigo y lógica de pabellones. Aún así, la habían convertido en un lugar de combate político. Lograron abrir un "Ciber PP" ( por "Presos Políticos") y editaron durante varios años una revista on-line con publicaciones semanales, rabiosas reivindicaciones del exterminio y colaboración de represores de otras cárceles. Desde esas páginas celebraron el triunfo de Macri con una tapa enorme bajo el título "Esperanza", alabaron las domiciliarias y hasta adelantaron en diciembre de 2016 lo que para el resto del mundo ahora parece una novedad.
Esta es la penúltima publicación de Te Cuento la Semana con fecha del 26 de diciembre de 2016. Pero allí se ve una de las últimas tiras de "humor" firmadas por un tal Charlie PP. Tira que advirtió sobre detenidos, destinos, regreso a casa y hasta lo que ahora parece obvio: la idea de desalojar un lugar porque la planificación política incluía la necesidad de más espacio no para la flagrancia sino para los opositores políticos.
Ese diciembre, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad hizo una inspección a Campo de Mayo. "Nos llamó poderosamente la atención el lenguaje utilizado por el Director de la Unidad para referirse a las celdas de alojamiento como habitaciones individuales o compartidas”, explica en un informe. El recinto de alojamiento estaba ubicado en edificaciones de techo a dos aguas, divididas internamente con durlock y puertas. Había un espacio común al que denominaban SUM con heladeras, aire acondicionado, sillones y televisor. Pero las comodidades fueron creciendo. En octubre de 2017, un médico examinó a un detenido con patología pulmonar. Le preguntaron qué le hacía mal, y el hombre, militar, dijo: el aire acondicionado. Le preguntó cómo era su día, y dijo: Después del desayuno me gusta tomar clases de ajedrez en la computadora, clases de yoga y de lírica. Y aunque era octubre, lo vio bronceado, igual que a otros de sus compañeros. Campo de Mayo también tiene canchas de fútbol y de voley y, en la vieja era, un quincho para recibir a las familias en condiciones en las que “hacen de cuenta –explica uno de los agentes–, que van de visita a una quinta”.
"Yo viví ahí cuando Gallo estuvo preso por carapintada y por el robo a una financiera, además de mi apropiación", dice Francisco Madariaga, apropiado en la dictadura por el oficial de Inteligencia del Ejército Víctor Gallo. "Ese lugar es como un country o una casaquinta de los años '70. Hay casitas y un gimnasio, de cárcel no tiene nada. Y hay una despensa donde se hacían las compras y un alambrado que separaba a otro destacamento. La mujer lo acusaba de que se escapaban a la noche en los baúles de las camionetas y se iban a Puerta 4 (la entrada de Campo de Mayo) donde había un prostíbulo, un casino. Que estaban todos los días ahí, en Bella Vista”.
Las organismos de derechos humanos comenzaron a tomar alguna dimensión de los cambios hace unos días cuando el diputado Horacio Pietragalla, como Madariaga recuperado de la apropiación por las Abuelas de Plaza de Mayo, visitó a los detenidos políticos en Marcos Paz. Ahí se acercó a un agente del SPF y le preguntó por los detenidos de lesa humanidad. El hombre le dijo que no estaban. Todavía no sabía que había comenzado la larga marcha de regreso al hogar.
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