¿Y si primero defaultea el FMI?

 

La parálisis y el mutismo que aquejan a Mauricio Macri y a su gobierno mientras el dólar se dispara y la inflación se espiraliza han logrado que los economistas profesionales afines, que hasta anteayer exaltaban sus políticas, hoy coreen el reclamo de aquel obrero de la construcción que, al final de un acto en Parque Patricios, le reclamó al presidente “¡por favor, hagan algo!”

La mayoría de ellos le demanda a Macri que convenza al Fondo Monetario Internacional de que le permita al Banco Central vender todos los dólares necesarios para frenar la corrida cambiaria, aunque el precio del dólar todavía no haya alcanzado los $51,44 del techo de la banda de no intervención acordada con el organismo. Si ese es el plan, más vale que se apuren. Bastarían otros diez días de furia como los que acabamos de padecer para que la cotización del dólar superara ese tope y el planteo deviniera abstracto.

Los más exaltados no titubean en recomendarle que se ahorre esa negociación, probablemente estéril, con los burócratas del Fondo, e incumpla lo pactado sin aviso previo. El analista económico Guillermo “Willy” Kohan lo expuso francamente en su columna de El Cronista, el miércoles pasado: “Lo que busca saber el mercado es si el Gobierno va a esperar –como lo obliga el FMI– a que el dólar llegue a 51 pesos para intervenir y salir a frenarlo; o si las circunstancias políticas más la recomendación de algunos allegados a la conducción económica determinarán que Mauricio Macri decida utilizar más libremente las reservas para conjurar una corrida en serio”. En una sola frase, Kohan se las ingenió para promover la violación de tres mandamientos cardinales del credo liberal que supuestamente profesa: la fuerza de ley de los pactos, la independencia del Banco Central y el profesionalismo apartidario de la gestión económica.

El último que intentó un subterfugio parecido fue Luis Caputo, después de reemplazar a Federico Sturzenegger en la presidencia del Banco Central. Durante su breve mandato, Caputo aplicó una lectura creativa de la excepción general prevista en la versión inicial del acuerdo stand-by con el Fondo, que le dejaba vender dólares si ocurría un evento inusualmente disruptivo que alteraba el normal funcionamiento del mercado. Apelando a ese argumento, en apenas tres meses se patinó U$D 14.000 millones de los 15.000 que había prestado el Fondo. La travesura de Caputo concluyó cuando la cotización del dólar saltó de $ 32 a $ 40 en 48 horas y un Macri despavorido tuvo que implorarle a Lagarde un nuevo rescate. La cabeza de Caputo fue una de las condiciones que Lagarde le exigió antes de concederle la ampliación del préstamo y el adelanto de sus desembolsos, sin los cuales su gobierno hubiese colapsado. Las autoridades del Fondo no tolerarían otra avivada similar, más cuando en este caso implicaría violar una regla explícita y cuantificada. Lo mismo sucedería si el gobierno incumpliera su compromiso de “no realizar ventas de divisas a través de bancos estatales”, incluido en la Carta de Intención que Sandleris y Nicolás Dujovne firmaron en octubre del año pasado.

Si la tormenta perfecta de inflación, recesión e inestabilidad cambiaria no amaina pronto, el Fondo podría propinarle al gobierno un disgusto más desagradable que esa restricción de comprar dólares cuando sus técnicos vuelvan a auditar la sustentabilidad de la deuda pública en junio y septiembre.

Los reglamentos del Fondo le permiten asistir a un país con financiación de “acceso excepcional” que supera el tope normal de sus préstamos, como la concedida a la Argentina, si determina que su deuda es “sustentable, con un alto grado de probabilidad”. Por el contrario, si concluye que la deuda es “insustentable”, sólo puede prestarle esa cantidad si el país reestructura lo que le debe a sus acreedores privados, por ejemplo, mediante quitas de capital o rebajas de interés. Existe una alternativa intermedia entre esos dos extremos: si el Fondo considera que la deuda es “sustentable, pero no con un alto grado de probabilidad”, sólo puede hacerlo si el país deudor satisface por lo menos una de tres condiciones concebidas para asegurarle al Fondo que recuperará su préstamo: el país todavía puede financiarse en el mercado de capitales privado, los gobiernos de otros países le prestan fondos adicionales, o el país consigue postergar los plazos de una porción suficiente de la deuda con acreedores privados que vence durante la vigencia del préstamo del Fondo.

En las cuatro revisiones trimestrales del acuerdo stand-by argentino ya realizadas, los técnicos del Fondo concluyeron que la deuda pública de nuestro país encuadraba dentro de esa alternativa intermedia –es sustentable, pero no con un alto grado de probabilidad– y podía seguir recibiendo los desembolsos excepcionales acordados sin necesidad de reestructurar ni reprogramar la deuda con acreedores privados porque todavía podía obtener financiamiento del mercado. Esto último puede sonar extraño dado que el gobierno logró vender bonos en dólares fuera del país por última vez en enero de 2018, pero al Fondo parece bastarle con que “inversores institucionales residentes y no residentes siguen participando en las colocaciones de bonos denominados en pesos y dólares” que se realizan en el mercado doméstico. Por ahora, tampoco ha conmovido esa caracterización el aumento constante del volumen de la deuda, que representaba un 86% del producto interno bruto al final de 2018, en lugar del 65% que había proyectado el Fondo inicialmente. Pero no se trata de un índice que pueda seguir creciendo mucho más sin consecuencias indeseables. En la página 56 de la primera versión del stand-by, que se firmó en junio del año pasado y ya nadie lee, el Fondo ofrece una pista del posible límite: “Un shock macro-fiscal combinado que causara que la deuda aumentase hasta cerca del 103% del PIB, probablemente dispararía una crisis”.

Otro ejemplo de los malabares retóricos a los que necesita recurrir el staff del Fondo para justificar la sustentabilidad de la deuda argentina se detecta en la desconexión entre la realidad observable por cualquier habitante de este suelo y la conclusión idéntica que repiten los cuatro informes: “El ajuste fiscal, la recuperación económica y las tasas de interés reales más bajas (a medida que el Banco Central recupera credibilidad) se combinarán para colocar a la relación de deuda pública contra PIB en una trayectoria descendente constante a partir de 2019”. El ajuste es innegable; la recuperación económica y las tasas bajas nos las siguen debiendo.

En el último informe, aprobado por el directorio del Fondo y difundido el 5 de abril, el staff del organismo sostiene que “la apreciación real del peso proyectada para 2019 mejorará la dinámica de la deuda” y espera que la deuda decline este año como resultado de esa apreciación y la corrección del “overshooting” del tipo de cambio en 2018. Desde que arriesgó ese pronóstico, el único apreciado ha sido el dólar (siete por ciento en lo que va de abril).

Si la tendencia no se revierte, el Fondo habrá perdido otro argumento fundamental para respaldar su expectativa optimista sobre la evolución futura de la deuda argentina. En ese caso, tal vez los representantes de los fondos de inversión que por estos días han peregrinado hasta Buenos Aires para auscultar los planes de la oposición respecto del pago de la deuda, deberían reservar pasaje a Washington para asegurarse que no sea el propio Fondo quien plantee primero que los vencimientos de sus bonos necesitan prorrogarse.

 

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