Y LA AFI PIDIÓ LAS ESCUCHAS

 

El sistema con 105.000 archivos de audio y texto presentado esta semana en Tribunales por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, es un verdadero reservorio de voces que el ex director del organismo, Gustavo Arribas, almacenó en un armario metálico de la central de inteligencia del Estado durante un período que va, por lo menos, de 2017 a 2019. Al parecer fue la última escala de un intento fallido sobre el que trabajó de manera personal apenas pisó el edificio de la ex SIDE. Para entonces, la interceptación de escuchas había pasado a la Dajudeco, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la AFI aún pagaba dos insumos centrales: tóner y CDs, con un presupuesto anual millonario. Con ese antecedente, Arribas llamó un día a la Dajudeco para pedir que las interceptaciones vuelvan bajo su órbita:

—Lo que yo siento —dijo— es que pago la música, pero no bailo.

No fue el primer pedido. Había enviado antes a otros dos mensajeros. Uno de ellos pidió lo mismo, una conexión directa a las interceptaciones de comunicaciones, y luego dijo que si la Dajudeco no cumplía, iban  a sacarles los insumos y todo el servicio iba a quedar paralizado. La Dajudeco no cedió. Les dijo que estaba prohibido por ley, pero además que el pedido era escandaloso. El episodio fue conocido por un puñado de integrantes del Poder Judicial. Uno ellos lo confirmó de la siguiente manera: “Como decía mi abuelita, ante el defecto de pedir, está la virtud de no dar. Se pudo haber solicitado, pero la virtud fue que jamás se accedió”. Hmm.

 

 

 

 

Arribas esa vez se quedó con las ganas, pero no paró. La AFI intervino, como poco, en 46 causas judiciales como auxiliar de la Justicia e impulsó 20 pre-causas, según los datos que logró reunir la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Esa inserción permitió acceso a las escuchas en causas en las cuales también aparece la intervención de la AFI desde el comienzo: “De pronto la agenda judicial se empezó a teñir de hipótesis terroristas que habilitaban la intervención de la Agencia: el Instituto Patria empieza con una amenaza de bomba destinada a la ex Presidenta. Segovia, que habilitó el espionaje a la cárcel de Ezeiza, comienza con una hipótesis de terrorismo por una carta-bomba. Aparecieron la RAM, los anarquistas, el G-20, una bomba a un funcionario del Ministerio de Defensa que luego resultó que se la habían puesto los Súper Mario Bros de la AFI, y todo mientras un juzgado extendía escuchas en Ezeiza a partir de un dato falso que introdujo la apropia Agencia, según admitieron esos agentes en la Bicameral”, dice el defensor Alejandro Rúa, querellante en la causa de espionaje como víctima de las escuchas de Lomas de Zamora, en un rulo que también empieza a pensar, en el siguiente audio, qué resultó de todo eso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pecera llena de voces

Cada una de esas intervenciones y datos fragmentados pegaron un salto la semana pasada, cuando Caamaño dijo que además cada escucha se guardó y almacenó. Informó de todo esto al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Lo visitó el jueves y le dijo que a comienzos de su gestión halló un sistema informático llamado SIDEA (Sistema de Administración), con registros de audio y de texto, producto de interceptaciones telefónicas que debieron haberse destruido o entregado a los jueces de origen, pero que se preservaron y almacenaron. El material contiene una pequeña cantidad de archivos que coinciden con las transcripciones de diálogos entre detenidos y sus defensores interceptadas del pabellón del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Pero hay archivos de todo tipo. Caamaño habló por primera vez de todo esto en el juzgado de Lomas durante la investigación del espionaje en la cárcel de Ezeiza. Pero como el dato no generó pedidos, la semana pasada se lo repitió al juez que ahora tiene el expediente. También un protocolo localizado en los últimos meses, llamado “Protocolo para la tramitación de interceptación de telecomunicaciones”, tiene firma de Arribas y detalla el rol de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI encabezada por Sebastián De Stéfano. El Cohete a la Luna habló con la interventora sobre el hallazgo, sobre el que dijo: “Guardaron todo”. Reveló que la AFI armó un call center donde trabajaban “un montón de personas”. Y luego, abrió una polémica sobre el envío remoto de archivos con la Dajudeco, a la que le adjudica parte de responsabilidad. Por eso dijo que “la Corte devolvió las escuchas a la AFI”. Eso, sin embargo, es parte de una discusión más amplia. La Dajudeco enviaba a la AFI el mismo contenido de los CDs con envíos autorizados por un juez. El envío remoto, además, empezó a usarse para reemplazar el sistema de CDs, con cadena de custodia discutida históricamente. La AFI tampoco era la única con este sistema de transferencia, que también usan las fuerzas de seguridad con mecanismos protocolizados vía convenios celebrados a la luz del día y firmados tanto por el gobierno anterior como por este.

 

 

 

 

 

—¿Qué le dijo al juez?

—Hice una presentación que no es una nueva denuncia –dice Caamaño–. Presenté un escrito para que el juez tenga presente lo que ya habíamos informado en Lomas de Zamora. Allí dijimos que habíamos encontrado el sistema SIDEA, que tiene 105.000 archivos de voz. Lomas no requirió nada, la causa pasó a Comodoro Py y me pareció oportuno que el juez lo sepa porque conozco el paño: es un expediente voluminoso y, a veces, hay que chocarte de frente para darte cuenta de que existe un material. Hoy el archivo está resguardado, a la espera de que pida información. No podemos mirarlo. Sólo pusimos palabras, como Segovia, uno de los escuchados, y aparecieron escuchas. También, el nombre de Fabián De Sousa. Pero no sabemos qué más puede haber.

—¿Cómo explica el sistema SIDEA? ¿Dónde está alojado?

—Está alojado en una computadora dentro de un rack, que es un lugar donde se guardan discos rígidos. Desde allí se lo podía conectar a otras computadoras de la Agencia. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que se comunicaba directamente con la Dajudeco y, para decirlo claro, lo desenchufamos. El sistema tiene audios y transcripciones. Al ingresar un nombre, aparece un diálogo de cualquier tipo, una persona con su esposa, por ejemplo. Y eso es lo ilegal. Quiero que se entienda que el motor de búsqueda no arroja como resultado una carpeta con nombre y debajo todos los diálogos. No aparece así. El buscador permite acceder a diálogos de cualquier tipo, íntimos, familiares, un saludo de pareja, una situación con un niño en la escuela. Diálogos que debieron haber sido destruidos y no fueron destruidos. Por eso, podría haber servido para cualquier cosa: extorsionar, un acto de bullying en una escuela. Son escuchas ilegales en las que violaron el derecho a la defensa cuando se quedaban con escuchas de un detenido hablando con su defensor; vulneraron el derecho a la intimidad cuando guardaban una discusión de pareja. Hay un montón de cosas que no tenían que ver con la investigación penal y debían ser destruidas. Habitualmente los jueces piden esa destrucción. Sin embargo, acá se guardaba todo y eso es lo que encontramos.

—¿De qué período son?

—Son del 2017 a 2019, tal vez antes. El primer registro del sistema SIDEA —no la primera escucha— es una fecha pragmática: 17 de octubre de 2017. Hubo una resolución posterior de Gustavo Arribas y por lo que entiendo ordenó que todos los registros debían tener respaldo de un oficio judicial. Pero si bien es cierto que pedían oficio judicial de resguardo, hubo causas que empezaron directamente con pedido de la AFI.

—Localizaron diálogos de Ezeiza como los de la Operación Puf. ¿Es así?

—Exactamente. Y voy a decir algo más. Hubo un oficio firmado por el doctor (Claudio) Bonadío que se dirige al juez Federico Villena. Lo resumo. Bonadío dijo: “Mandame las escuchas telefónicas y transcripciones realizadas sobre el Complejo Federal 1 de Ezeiza” y le dio un listado con nombres donde figura, por ejemplo, Roberto Baratta (NdR: de acuerdo a la orden judicial, las escuchas debían hacerse sólo sobre el reo y Rey de la Efedrina, Mario Segovia, no sobre otros detenidos). Y, ¿qué respondió Villena? Lo resumo: “Señor juez, no tengo esas escuchas”. Porque Villena estaba escuchando sólo a Segovia. Y le llegaban escuchas de Segovia, no las escuchas a los políticos. Y le dijo: “Pídaselas a la Dirección de Contrainteligencia de la AFI, quedando autorizado el señor juez oficiante a requerirlo”. Agregó: “Ellos se lo van a entregar”. Primero, ¿cómo sabía Villena que la AFI tenía esto? Esas escuchas debían estar en la Dajudeco, que se queda con un backup por si se pierde o vuelve a ser requerido el audio en un juicio oral. Pero el juez le dijo que se lo pidiera a la Dirección de Contrainteligencia.

—¿Dando por entendido que la AFI tenía un backup?

—No sólo tenía el backup: tenían el CD que se retira habitualmente y también tenía un punto a punto donde quedaba todo almacenado, el SIDEA. Es decir, la AFI tenía un backup, lo mismo que la Dajudeco (NdR: Aquella vez, Bonadío siguió el camino sugerido por Villena. Pidió a la AFI el material, pero la AFI le dijo que no tenía los archivos y finalmente obtuvo una regrabación. Si, tal como afirma la interventora, había un backup de todo en el SIDEA, eso significa que la AFI también le mintió a Bonadío, posiblemente porque tampoco podía haber revelado que poseía un archivo ilegal y paralelo).

 

 

 

 

 

 

Call Center

—¿Pudo reconstruir cómo funcionó todo eso?

—Cuando apareció, sólo informé en Lomas de Zamora. No averigüé mucho más. Ahora encontramos una resolución de Arribas que es un protocolo que señala cómo tramitar las escuchas. El protocolo indicaba que si los agentes tenían una sospecha sobre un material debían dirigirse a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia para que Jurídicos tramite la escucha ante un juez. El protocolo también decía que tenían acceso al SIDEA. En ese sentido, me parece que da cuenta de que, de alguna manera, se convirtieron en jueces que decidían cuándo algo era sospechoso, aunque obviamente pedían autorización judicial. Y el protocolo también me parece importante porque blanqueó el punto a punto.

—¿Sobre el funcionamiento, supo algo más?

—Acá había un call center con un montón de gente que no está más, pero eran los que escuchaban. Después, se analizaba y transcribía el material. Es un mecanismo más o menos automático con una máquina que transcribe y luego una persona escucha el audio y corrige. Nosotros levantamos todas esas cosas, ya no somos auxiliares de la Justicia y nadie puede pedir algo así, pero tenían un montón de gente escuchando prácticamente online.

 

 

 

Punto a punto

—Usted denunció el punto a punto con la Dajudeco. Hay una discusión. La Dajudeco transmitía de manera remota el mismo contenido de los CDs, con orden judicial y para reemplazar los discos de manera paulatina, según dicen. ¿A eso usted le dice punto a punto? ¿Por qué está mal?
—Sí, a eso. Pero voy a decir algo. Cuando tuve a cargo la Oficina de Observaciones Judiciales (Ojota), los CDs ya me parecían una locura. Yo proyecté un punto a punto que no desarrollé porque sólo estuve nueve meses. No lo terminamos, pero lo comenté con mi sucesor. Mi propuesta era distinta: la conexión tenía que hacerse directamente con el juez que había pedido la escucha. Le llegaba el audio directo por un lado y por otro, una clave. El punto a punto era con el juez. Me parecía que daba más seguridad porque es la persona que la pidió. En este caso, entregarle el punto a punto a la AFI es devolverle las escuchas. En 2015, la Presidenta Cristina Fernández cambió la ley y le sacó las escuchas a la AFI y la Corte se las devolvió. ¿Queda claro que es como un gatopardismo?

—Para mí, no es lo mismo porque había un juez en el medio, pero entiendo el razonamiento. Usted dice que la transferencia debe hacerse a un juez.
—Exactamente. La AFI tenía un punto a punto y a mí me parece ilegal. Más cuando la AFI también podía decidir a quién podía escuchar porque iba a ver a su juez amigo y pedía autorización.

—Usted fue interventora de la Ojota. ¿Cómo era la relación con la ex SIDE? ¿El aporte, por ejemplo de tóner y CDs?
—Eso se hacía porque el traspaso fue el 3 de julio de 2015. El Ministerio Público Fiscal no tenía presupuesto para las escuchas, la ex SIDE sí porque había sido incluido en el presupuesto. Todos los meses, Oscar Parrilli me mandaba un camión blindado con el dinero. Hay que recordar que cuando yo llegué a la AFI, la gente cobraba de esa manera, en sobre con nombre supuesto, un pagador y se pagaba en efectivo. Y así, él nos daba el dinero para los insumos.

—Hasta ese momento, ¿la ex SIDE podía acceder discrecionalmente a las escuchas?
—Antes de Parrilli no había punto a punto, era CDs o casete. Nunca hubo un punto a punto. Cuando yo asumí, puse a una persona a constatar que cada escucha tuviera oficio judicial. Nunca hubo un punto a punto porque la orden presidencial era que le sacaran las escuchas a la AFI.

Las llaves a la Corte

—Macri hizo dos cosas apenas asumió: devolvió el carácter de fondos reservados a los de la AFI y pasó la oficina de escuchas del Ministerio Público Fiscal a la Corte. Usted entregó las llaves a Ricardo Lorenzetti.

—El convenio. El decreto por el cual Macri le sacó las escuchas a la Procuración General de la Nación y se lo entregó a la Corte se publicó en el Boletín Oficial un jueves 24 de diciembre. Era día de asueto. Yo me había ido afuera. Venía el 25, pegado a un fin de semana. Me levanté a la mañana y uno de mis hijos, muy “obse”, que lee el Boletín Oficial, me dijo: “Te sacaron las escuchas”. Hablé por teléfono. Dije que el lunes regresaba a Buenos Aires. En el interín, la Corte hizo una acordada y dijo que no iban a aceptar las escuchas hasta el 15 de febrero: venía Año Nuevo y mes de feria, ¿quién se iba a hacer cargo de las escuchas?

—Por eso siempre se dijo que se dispuso todo con decreto de necesidad y urgencia, pero no había ni necesidad ni urgencia.
—Quedamos en el 15 de febrero. Era lunes. Asumía Raúl Zaffaroni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo tenía pensado viajar, pero viajó Alejandra Gils Carbó y me delegó ver a Lorenzetti con un convenio donde le entregaba todo lo que había recibido. Se lo entregaba a él: equipamientos, racks. Fui a la Corte, creo que a las 15, me recibió él con un secretario. Todo estuvo muy bien. Firmamos la entrega. Y delante mío, Lorenzetti le dijo a su secretario: “Hacé uno igual para (Martín) Irurzun”. Después me fui.

—Aquella designación de Irurzun quedó bajo sospecha. Aparecía como candidato para el puesto desde antes y luego ganó el sorteo. ¿Qué sensación le quedó a usted cuando escuchó el nombre?
—Internamente me pregunté: “¿Pero cómo, ya se hizo el sorteo?”

El viernes, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak citó a indagatoria al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y a los demás ex funcionarios, empresarios y ex directivos de la AFI que participaron de la reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (BaPro), en la cual coordinaron acciones para encarcelar a Juan Pablo “Pata” Medina. La reunión había sido grabada. Cristina Caamaño localizó ese video y en diciembre lo entregó a la Justicia. Ahora habla de ese video hallado por un trabajador cuando revisaba aparatos para descartar o reutilizar. “En uno apareció el video. La persona que lo encontró no tenía idea, era un trabajador, lo pusieron a mirar discos, pero le avisó al director y su jefe. Me dijeron que había un video y parecía grave. Y esa persona me lo trajo”. ¿Hay más videos? “Estamos revisando”, responde. También habla de la nueva Ley de Inteligencia, que podría entrar al Congreso este año. “Supongo que este año va a ser presentado al Congreso, es lo que hablé con el Presidente hace unos días. Es una propuesta más moderna, con más controles, para evitar abusos que se hicieron durante el macrismo. Y tiene algunos cambios respecto al primer proyecto porque introdujimos la experiencia de estos dos años”. Habla todavía de la Dajudeco, considera que debería volver al Ministerio Público Fiscal. Y que la AFI debe consolidar el trabajo de inteligencia estratégica.

“No sé por cuánto tiempo más me voy a quedar”, dice al final. “No sé si serán años o hasta julio, no sé, ni me saca el sueño. Lo único que me gustaría es que queden las bases para que nunca más haya espionaje ilegal y establecer los mecanismos para profesionalizar a la AFI”.

 

 

 

 

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