¿Y DE QUÉ TE ASOMBRÁS?

 

Uno de los problemas más acuciantes que debemos encarar y resolver es el de nuestra propensión ilógica y anti-histórica por consumir dólares estadounidenses. Nótese que no digo irracional.

A nivel agregado, la resultante de esa conducta es lo que los economistas denominan, eufemísticamente, “restricción externa”. Digo con todo respeto que es un eufemismo, porque cuando se habla seriamente de una restricción, en realidad se está afirmando que existe una “limitación por escasez” de alguna cosa, lo cual no parecería ser el caso de lo que aquí nos ocupa.

Ahora, cuando no se tiene la cantidad adecuada de algo que se necesita y ese algo  no escasea, en realidad estoy hablando en términos de insuficiencia. En la Argentina los dólares no escasean, pero son insuficientes.

Preguntarse por alguna insuficiencia nos ayuda a acercarnos mejor la idea de funcionamiento, en este caso económico, con el objeto de determinar cuál es el peso relativo que tienen las decisiones personales y/o las determinaciones políticas a la hora de encarar algún camino que nos lleve hacia alguna solución, al menos temporal, para uno de nuestros problemas históricos más relevantes: el consumo desmadrado de dólares estadounidenses.

Todos sabemos que, económicamente hablando, los argentinos funcionamos mal, y sospechamos también que el dólar algo tiene que ver con ello.

Aunque no comprendamos profundamente los procesos económicos (como es mi caso), nos damos cuenta de que las constantes recaídas o las implosiones sociales que hemos sufrido en nuestra historia parecen ser el resultado de la sumatoria de nuestras conductas ciudadanas particulares, la implementación de políticas públicas desacertadas legítimas o ilegítimas, y la acción concreta desestabilizadora del imperio bajo la administración de turno, que se sirve tanto de la fuerza asesina como de una serie de mecanismos que impiden el normal desarrollo de las relaciones entre países, en este caso de tipo comercial, para mantener su política de dominación global.

Deberíamos tener presente, o recordar al menos, sin pereza y con alguna frecuencia, que existe una regla global impuesta por los vencedores en el tiempo de la segunda posguerra mundial que se mantiene vigente: la imposición del dólar estadounidense como moneda de pago global.

A raíz de ese hecho, su manejo deviene en una cuestión central para cualquier país que pretenda ejercer su soberanía plenamente. Aquellos acuerdos vigentes, y los denodados esfuerzos por ejercer sus determinaciones imperiales, son la prueba contundente de que no existe nada que se parezca a ninguna clase de libertad cuando de economía se trate.

Recordemos que los acuerdos de Bretton Woods de 1944 comportaron la creación del BIRF —Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (vigente y hoy denominado BM, Banco Mundial)—, del harto conocido FMI y, dos años después, el GATT –Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que hoy conocemos como OMC, la Organización Mundial de Comercio. Estas instituciones internacionales se crearon con un fin monetario preciso, aunque no excluyente: establecer al dólar norteamericano como patrón para la conversión de monedas y su instalación como medio de pago para las transacciones internacionales.

Decimos no excluyente, porque si bien se propusieron evitar la constante devaluación de las monedas locales (y soberanas), también se encargaron de minimizar o eliminar las distintas variedades de trabas comerciales y financieras que cada país aplicaba (y aplica aun hoy) fronteras adentro, tendientes todas ellas (siempre que exista una fuerte conciencia nacional de parte de la representación política) a proteger, ampliar o diversificar el trabajo de sus compatriotas y/o el desarrollo autóctono de sus economías nacionales.

El dólar y su relación de cambio con nuestra moneda se transforman en un dilema para los argentinos, puesto que permiten relacionar todos los precios de bienes y servicios, de factores como el trabajo y los distintos tipos de trabajo, de máquinas y equipos, etc. con el resto del mundo. Y un dilema nunca puede traducirse en una despreocupación.

Desde 1964 en nuestro país, al igual que en todos los demás, el acceso de las personas (físicas o jurídicas) a la moneda de otro país se encuentra regulado oficialmente, y se realiza por intermedio de un “mercado de cambios”. Es mediante este mecanismo por donde se canaliza la entrada y salida de las divisas (tal como se denomina a las monedas de otros países) que provienen tanto de la transacción internacional de bienes y servicios, como del atesoramiento para la realización de inversiones de cualquier tipo, de los envíos de utilidades por resultados económicos, o en endeudamiento soberano, entre otros tantos orígenes /destinos posibles.

Y dado que, como se dijo anteriormente, los países no pueden escapar, al menos por ahora, a aquella regla que dicta la utilización de la moneda norteamericana para casi la totalidad de las transacciones internacionales, la razón aconseja que la única forma saludable para cualquier país que no fuera Estados Unidos es administrar con mano de hierro el flujo de esa divisa en particular, puesto que ningún país puede valerse por sí mismo ni autosustentarse (tal como la historia de la humanidad lo demuestra), necesitando consecuentemente de aquella moneda para comprar (importar) lo que otro produce.

Por el contrario, Mauricio Macri y su equipo de colaboradores implementaron, en los primeros nueve meses de su gobierno fallido, un cambio sustancial en la normativa que regula y obliga necesariamente a los exportadores a ingresar los dólares correspondientes a las ventas de mercaderías de origen argentino en el exterior (lo que se denomina exportaciones para consumo).

Con una demencial sucesión de desregulaciones, en sus primeros ocho meses de gobierno (véanse las Resoluciones de la Secretaria de Comercio Nº 30, de fecha 11/3/2016; Nº 57, de fecha 06/04/2016; y la Nº 91, de fecha 05/05/2016) fueron desplazando en el tiempo dicha obligatoriedad para ingresar dólares a nuestra economía, extendiendo los plazos que regían anteriormente (15, 30, 120 ó 180 días, según el tipo de mercadería, vinculación entre las partes que comercian o algún régimen especial de exportaciones) primero a 360 días y luego a 365 (un año).

No contentos con ello, unos meses después, el 28 de agosto de 2016, emitieron la Resolución S.C. Nº 242 por medio de la cual alargaron los plazos para el ingreso de dólares a 1.825 días, 5 años, escalada irracional que recala el día 20 de enero de 2017 donde emiten otra, la Resolución S.C. Nº 47 y llevan el plazo a la friolera de 3.650 días, es decir, 10 años.

Como todos recordamos perfectamente, a esa altura de su gobierno la locura política, el dispendio administrativo y el desquicio en el manejo de la cosa pública ya se habían institucionalizado en nuestro país.

Así que unos diez meses después de aquella apuesta, la cual ya arrojaba resultados alarmantes para nuestra economía, el día 2 de noviembre de 2017 emitieron el Decreto Nº 893 por el cual establecían que “desaparece cualquier obligatoriedad de ingreso de divisas” por exportaciones.

Aunque el conjunto dominante del momento hacía todos los esfuerzos por agradar o demostrar que pertenecía a la élite empresarial mundial, la fría realidad se impuso y tamaña barbaridad vio su fin el 2 de septiembre de 2019.

Por medio del Decreto N° 609 del 1° de noviembre de 2019, se retrotraen todas las decisiones anteriores y reimplanta la obligatoriedad para el ingreso de divisas, provenientes de exportaciones para consumo, oficializadas a partir del día siguiente (02/09/2019), ordenando nuevamente su liquidación en el Mercado Único y Libre de Cambios, estableciendo una serie de plazos para ello que van desde los 15, 60, 180 o 365 días, aunque manteniendo sin plazo, a las exportaciones realizadas con anterioridad a esa fecha.

Así quedan fuera de obligación las exportaciones realizadas entre el 28 de agosto de 2016 y el 1° de septiembre de 2019 que aún no hubieran ingresado, por el motivo que fuera, las divisas correspondientes, cuestión que se debe abordar con la máxima decisión ya que tiene, a mi entender, alguna solución por fuera de la obligada persuasión política.

Recuerde el lector que, a pesar de la opinión personal que aquí expongo, existe una buena parte de la literatura de la ciencia económica que reivindica que la libertad de mercado es la condición suficiente para que una economía transite el camino del virtuosismo que declama.

Si ello fuera cierto, las medidas de liberalización absoluta que aplicó el macrismo deberían haber arrojado resultados que demostraran (empíricamente) un aumento significativo en el flujo de divisas que ingresaron a nuestro país por todo concepto, pero mucho más, en el renglón de las exportaciones, tanto en la forma de prefinanciación de exportaciones como en el del pago por la transacción comercial, dado que la inversión productiva según sus propias declamaciones, no aumentaba debido a la carga impositiva y reguladora agobiante del Estado argentino.

Pues bien. Tal como usted ya lo sospecha, resultó exactamente lo contrario. Véase el siguiente cuadro:

 

 

 

 

A causa de la imposición de la política comercial externa macrista, a la economía argentina le falta una cifra cercana a los 19.323 millones de dólares.

Este valor surge del cruce de datos que publica el BCRA, bajo el título “Información Mensual del Mercado de Cambios”, de la Gerencia de Estadísticas de Exterior y Cambios, y la que se encuentra en los Informes Técnicos del “Intercambio Comercial Argentino” del INDEC, donde se registra la totalidad de las operaciones de comercio exterior.

Hay que aclarar que dicho valor registra el total de las cantidades que los exportadores declaran en Aduana (DGA) antes de su carga (embarque) efectiva en el medio de transporte. Por lo tanto, esas cifras son las “oficializadas” y no las resultantes que constan en los cumplidos de embarque de esos permisos. De la misma manera, tampoco se registra en las bases de datos el valor final real que correspondería a las transacciones comerciales, las cuales son el producto de las cantidades efectivamente exportadas (reflejadas en los cumplidos de embarque) multiplicadas por el valor FOB a veces incierto (o revisable), por todo lo cual, resultan ser ciertamente un valor de referencia que se acerca en muy buena medida al que se obtiene en realidad.

También es mi opinión que debe tenerse por cierto aquello que predica incansablemente el dirigente Pedro Peretti, cuando sostiene que, a ciencia cierta, no sabemos las verdaderas magnitudes de las exportaciones porque todo el entramado normativo que regula la comercialización internacional de granos, sus derivados y minerales, además de la logística portuaria privada, está articulada para facilitar la elusión y el contrabando, aunque esta afirmación parezca temeraria.

No obstante lo expresado en los dos párrafos anteriores, las magnitudes de carga y los valores FOB que se reflejan en los permisos de embarque son consistentes desde el punto de vista teórico, aunque sospechemos que, en definitiva, puedan encubrir maniobras de elusión impositiva o contrabando, lo que es harina de otro costal.

Resolver estas y otras cuestiones inherentes al comercio exterior argentino es una tarea ardua pero no imposible. Con algunas medidas de política económica focalizadas, inclusive, podemos lograr su remedio.

 

 

* Despachante de Aduana, Licenciado En Ciencia Política.

 

 

 

 

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