Y DALE QUE VA

 

Llegó la primera respuesta. Sólo pasaron algunas horas. El jueves, Cristina Fernández denunció a Carlos Stornelli públicamente por amenazas dirigidas al Presidente de la Nación. Lo hizo en su presentación ante la Cámara de Casación. El viernes, sólo un día después, Stornelli encontró un primer cobijo. El Procurador interino Eduardo Casal rechazó una denuncia por mal desempeño presentada por Oscar Parrilli en junio del año pasado por su intervención en la causa Cuadernos.

Parrilli objetó la apropiación indebida de una causa originalmente tramitada en el juzgado de Sergio Torres; discutió el cambio de abogados de Oscar Centeno como manipulación y denunció extorsión a los colaboradores arrepentidos en una presentación que comenzó a poner en discusión el sistema de registro. Casal rechazó la denuncia este viernes sin siquiera abrir la instancia de investigación sobre la base del análisis realizado por cuatro de los cinco miembros del Consejo Evaluador. El único integrante del Consejo que votó en disidencia fue el fiscal Alejandro Alagia. En unas cuantas líneas demoledoras señaló que el cierre de la investigación es de una altísima gravedad: desestimar la denuncia, dijo, sería grave porque implicaría justificar prácticas ilegales con grave daño para la institución.

“La desestimación de la denuncia sobre la conducta funcional del doctor Stornelli –dijo Alagia– resulta de una interpretación antojadiza y arbitraria de la ley 27.304 que establece las normas que debe cumplir un fiscal para el registro de una declaración del imputado arrepentido. La consecuencia que ese consejo produce en el orden institucional es de altísima gravedad porque normaliza procedimientos contrarios a la ley, afecta garantías fundamentales del debido proceso y compromete el resultado de investigaciones y juicios en los que interviene este Ministerio”.

Alagia señaló que todas las faltas atribuidas al fiscal estaban relacionadas con la omisión de registrar por medios audiovisuales más de 30 declaraciones de imputados colaboradores y que ese modo de proceder, violaba lo que dispone el artículo 6 de esa ley. “Esa norma –dijo– tenía por fin garantizar que no se ejerciera coerción sobre los declarantes y que si se omitía su registro, ninguna otra autoridad judicial iba a poder controlar lo que pasó en esa audiencia oral”.

Esa falta de registro, a la que calificó como una grave omisión, “impide conocer si fue cierto lo denunciado como extorsiones ejercidas por el fiscal de la causa, o si se trató de articulaciones maliciosas para entorpecer o dilatar al proceso”. En un texto que servirá para nutrir una discusión pendiente en la Corte Suprema sostuvo que la ley del imputado colaborador es una modificación del Código Penal de la Nación, que prohíbe negociar información bajo la amenaza de la prisión preventiva, y que el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación son los únicos criterios que la ley procesal establece para restringir la libertad durante el proceso, y que éste es otro de los hechos por los que fue denunciado el fiscal.”

El resto de los integrantes del Consejo Evaluador sostuvo, por el contrario, que estas cuestiones se dirimieron en el ámbito penal. Que Parrilli había presentado impugnaciones ya rechazadas. Que ninguno de los cargos podría implicar mala conducta dado que el avance de la causa estuvo avalado por diversas instancias, incluidas las cámaras de alzada, con un tramo elevado a juicio oral. Claro que ese argumento omite el punto central de la discusión que plantea Parrilli: Stornelli no es el único responsable de esa trama, a criterio del senador, sino que contó con avales de otros operadores judiciales que sostuvieron el caso.

Para el senador el resultado tampoco fue una sorpresa. El mecanismo de control disciplinario del Ministerio Público Fiscal impide actualmente el contralor de actores externos, y deja la última decisión en manos del Procurador. Ese sistema de prueba y control de la prueba cerrado sobre sí mismo forma parte de los cambios que plantea ahora el proyecto de reforma de la Ley del MPF, con media sanción del Senado. Una reforma que impulsa la participación de integrantes de la Bicameral de Seguimiento y Control del MPF.

Esta no es la única denuncia de Parrilli a Stornelli. En diciembre del año pasado, el senador presentó otra causa que cuestiona su continuidad a partir de la relación con el espía Marcelo D´Alessio, investigado en la causa de Dolores, donde el fiscal se encuentra actualmente procesado.

 

 

 

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