¿Y ahora qué?

 

Tras el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar los vencimientos de los 44.000 millones de dólares heredados de la época Trump-Macri, surgen las siguientes preguntas. ¿Y ahora cómo se sigue? ¿Es tan seguro que no habrá condicionamiento a la política económica con la reducción del déficit acordada? ¿El sendero fiscal es lo más relevante o las revisiones trimestrales serán la permanente espada de Damocles por los próximos dos años y medio?

“Todavía no se sabe el detalle de los desembolsos y pagos. En el caso de que una meta no se cumpla, se deberán rever todos los números. Lo que podría relajar esa tensión sería contar con un stock de reservas robusto. Y las perspectivas de que puedas acumular reservas, con vencimientos muy fuertes desde marzo, es muy complicada. Seguimos dependiendo de que ingrese plata para pagar. Los vencimientos están condicionados a desembolsos que serán monitoreados”, advirtió Nicolás Zeolla, economista jefe de la Fundación para la Investigación del Desarrollo (FIDE).

El acuerdo con el FMI y el (des)control de la inflación son los dos grandes temas que sobrevolarán la Argentina durante este año (y los próximos). “Atar la inflación al FMI es buscar cierto consenso para el programa de ajuste del Fondo. Se le teme más a la inflación que al Fondo”, enfatizaron desde un sector del Poder Ejecutivo.

¿Alcanzará el programa de control de precios sobre 1.300 productos para equilibrar la puja distributiva? No hace falta responder. El poder económico tiene la batuta, tal como lo demuestran las empresas de telecomunicaciones, con el Grupo Clarín-Telecom a la cabeza, que mantienen en stand-by el decreto de necesidad y urgencia 690, con una ayudita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entonces, ¿y ahora qué? “El modelo no cambia. Un tipo de cambio alto, salarios bajos, una inflación alta y apuntar al superávit fiscal”, explicó Martín Burgos, economista investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Que el modelo no cambie implica, también, que habrá una puja hacia el interior del poder económico para ver quiénes se quedan con las reservas acumuladas. Con los últimos datos del INDEC en la mano, quedó demostrado que el crecimiento de 10 puntos del PBI drenó sólo hacia las empresas, en detrimento de trabajadores y trabajadoras.

 

 

Fuga y reservas

“No se puede mejorar el equilibrio fiscal sin equilibrio externo. Habría que controlar más los dólares que se van. El Fondo nos va a devolver lo que pagamos, 6.000 millones de dólares. El superávit comercial para este año, según lo que se había calculado en el Presupuesto, serían 8.000 millones. ¿Sólo se juntarían 5.000 millones? ¿Y los otros 9.000?”, se preguntó un funcionario del equipo económico. Ahí se verá la puja por esos dólares, donde el gobierno sigue apostando un pleno a la salida exportadora.

Desde el Banco Central estiman que este año podrían generarse 85.000 millones de dólares de exportaciones. Para garantizarlas, el gobierno ya redujo y hasta eliminó los derechos de exportación del 94% de las posiciones arancelarias. El Consejo Agroindustrial Argentino, expectante por el tratamiento de su proyecto de ley durante las sesiones extraordinarias, sigue avanzando para reducir aún más las retenciones. El botín más preciado es achicar los derechos de exportación de la soja.

En este contexto, Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, quedó casi en soledad en su intento por desacoplar el precio internacional de las materias primas de su valor local, más allá de que Julián Domínguez, ministro de Agricultura, dio el visto bueno para la conformación de un fideicomiso del trigo y maíz.

El instrumento es rechazado por las patronales agropecuarias de la Mesa de Enlace, que saben hacer muy bien su juego. Los productores de soja siguen reteniendo el 15% de la cosecha 2021-2022, mientras que los productores de trigo tienen almacenado el 64% de la cosecha, cuando un año atrás el stockeo era del 47%.

Según un análisis del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES), las cerealeras ingresaron menos dólares de lo que realmente exportaron. En los últimos dos años esa cuenta dio 7.000 millones de dólares (una diferencia de 2.700 millones el año pasado y otra de 4.284 millones en 2020). Desde el sector explican que se debe a cancelación de deuda por anticipos y prefinanciación de exportaciones. Bajo esos argumentos también se justifica la fuga de capitales.

 

 

Alimentar la inflación

La tensión sobre el precio de los alimentos continúa. “La inflación de enero quedará con un piso de arriba del 3%”, analizó Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Al 24 de enero, los rubros con mayor variación, según CESO, fueron bebidas (+4,3%), alimentos frescos (+3,5%), alimentos secos (+2,8%) y hogar (+2,8%). Las frutas y verduras registraron una variación del 9,8% mensual. Dentro de los productos secos, los que más aumentaron fueron el azúcar y edulcorantes (+9,0%), panificados (+5,0%) y aceites (+4,4%).

La Secretaría de Comercio Interior también contabilizó subas en “harinas, derivados y cereales”, productos directamente relacionados con las exportaciones de trigo y maíz. En los primeros 20 días de diciembre se había registrado una suba del 0,8% para estos productos, mientras que para el mismo período de enero fue de 2,9%. También detectó un aumento de la carne del 4,9%.

Para Feletti, el éxito de Precios Cuidados, en lo que hace a los alimentos panificados, harinas y la producción aviar, está atado al fideicomiso que tanto rechaza la Mesa de Enlace. Las patronales aducen que este mecanismo les sacará rentabilidad. ¿Es así?

El trigo a compensar equivale a 3,13 millones de toneladas sobre una producción anual, promedio, de 20 millones. Esto sería subsidiar 2 millones de toneladas de pan francés, 222 millones de paquetes de 1 kilo de harina 000 por año y 530 millones de paquetes de fideos. Por otro lado, lo que deberá subsidiarse de maíz alcanza a 1,5 millón de toneladas, cuando en la última cosecha se produjeron 60 millones de toneladas.

El monto anualizado de los subsidios sería de 14.600 millones de pesos, es decir, un poco más de 100 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según se desprende de un documento titulado “Fideicomiso Anticíclico Alimentario”. El fideicomiso debería reunir recursos entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Por ende, el impacto en los exportadores o productores sería del 1%.

¿Cuál fue el margen de rentabilidad del sector primario durante la pandemia? El margen bruto por hectárea en el campo creció, para los principales cultivos exportables, entre un 50 y un 70%, medido en dólares. El maíz incrementó su margen un 64% entre mayo de 2020 y diciembre último, al pasar de 396,35 a 652,80 dólares.

La soja de primera aumentó su ganancia antes de impuestos en un 51% (de 468,84 a 711,40 dólares) o un 70% si se trata de soja de segunda (de 267,39 a 455,30 dólares). El trigo redujo su margen en 20%, de 303,50 a 242,1 dólares en el período.

 

 

Ganadores y perdedores

¿Y ahora qué? Los exportadores seguirán su recorrido para que les bajen impuestos y puedan acceder a más divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá acumular reservas para el repago de la deuda y para que esas divisas financien el crecimiento. Los que apuestan a la fuga y dolarización de excedentes también seguirán con lo suyo.

“La salida exportadora sola no alcanza. Siempre el límite del crecimiento son las reservas. Pero la Argentina crece cuando aumentan los ingresos reales. Si aumentás reservas y no fomentás la suba de los ingresos reales, no crecés. Y con una inflación arriba de los 50 puntos, es muy difícil fomentar una mejora de los ingresos”, explicó un analista cercano al gobierno nacional.

¿Quiénes se quedaron con el crecimiento del año pasado? Según datos del INDEC al tercer trimestre de 2021, los asalariados de la industria manufacturera participaron con el 28% del valor agregado bruto –la generación de riqueza–, mientras que las empresas lo hicieron con el 54,6%. La brecha se amplió en comparación con el mismo período de 2020 (36,3% -47,4%). En un año, la participación de los trabajadores en la captación de la renta cayó casi 8 puntos porcentuales y las empresas avanzaron 7 puntos.

En el caso del sector primario agrícola ganadero, la riqueza generada se repartió en un 62% para el capital privado, frente a un 23% de los trabajadores rurales. La participación de los asalariados y asalariadas rurales cayó seis puntos porcentuales y el sector privado avanzó con casi 7 puntos.

El gran desafío del Frente de Todos sería, ahora, hacer política. Y que el crecimiento, en vez de derramar, se distribuya de manera más equitativa. Por caso, durante el período julio-septiembre hubo un incremento interanual del 8% en la cantidad de nuevos asalariados. Sin embargo, los puestos formales sólo crecieron un 2,4%, frente a una suba del 18,9% en los puestos asalariados no registrados y del 11% en los puestos de trabajo no asalariados.

Se creó empleo a fuerza de precarización. ¿Y ahora qué? La política debería apuntar a una redistribución de la riqueza mucho más virtuosa.

 

 

 

 

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