¿Y A MI POR QUÉ ME MIRAN?

En abril de 2017, el escribano Gustavo Héctor Arribas firmó la Resolución N°558 que definía las funciones de la Dirección de Reunión de Información de la Provincia de Buenos Aires. La resolución sumaba a las tres bases históricas de la Agencia Federal de Inteligencia en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata otras seis en Morón, San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Aunque públicamente se dijo que se abrían para combatir el narcotráfico y la trata, realizaron espionaje político prohibido en forma explícita por la ley de inteligencia nacional 25.520/01, que Fernando de la Rúa promulgó hace 19 años. La novedad que aportó esta semana la causa que el juez Alejo Ramos Padilla instruye en Dolores es que eso no era secreto: el espionaje ilegal había quedado establecido en la propia norma de origen.

La Resolución 558 estableció como misión “obtener información en el ámbito de su jurisdicción y mantener actualizada la base primaria de los componentes político, económico, y social”. Y entre las funciones ordenó “planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político, económico, psicosocial y en el componente científico tecnológico”.

La firma de ese documento es la razón por la que Arribas deberá comparecer en indagatoria el martes 29 en Dolores. Para el juez es quien “ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”.

La persecución a ciudadanos clasificados como factores repetía la clasificación de la policía de Ramón Camps hacia sus blancos, que a su vez retomaba la terminología implantada durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), disuelta en 1997, también dividió a la oposición en factores. De acuerdo al escrito del juez, que no hace énfasis en esta comparación pero la retoma: “La AFI vino a reinstaurar institucionalmente”, así, “una serie de prácticas ilegales” a través de las bases.

Ramos Padilla trabó embargo a Arribas por 20 millones de pesos. Y le quitó el pasaporte. Lo mismo hizo con Silvia Majdalani, sobre quién constató que recibía reportes con periodicidad diaria desde las bases. Procesó al responsable directo de la estructura, Pablo Pinamonti, al jefe de la Base Ezeiza, Ricardo Bogoliuk, ambos ya encausados en el caso D'Alessio. Y citó a otros siete jefes de las bases. El procesamiento subraya que las Bases se abastecieron de una red de 70 agentes retirados o exonerados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ex agentes de la AFI y reunieron información formalmente entre abril y diciembre de 2017.

“Resulta insoslayable destacar que el lapso de duración del Proyecto AMBA coincidió precisamente con aquel en que se desarrollaron la campaña electoral y las elecciones de medio término del año 2017”, dice el juez. Y agrega: “La desaparición de Santiago Maldonado ocurrió tres semanas antes de las PASO de agosto de 2017, y fue uno de los temáticas constantes de las AMBA. Se hallaron numerosas menciones e informes que alertan sobre actos, manifestaciones y expresiones de distinto tipo”. En algunos, la información se reitera en las distintas bases. Las referencias aparecen tanto en informes diarios como en semanales, a veces con el foco en el caso específico y otras como tema lateral. Cada jurisdicción efectuó análisis para abastecer una demanda que no era episódica ni autónoma. Según el juez, “hicieron el análisis del factor político que les fuera encomendado mediante Resolución Nº558/17 por el propio Director de la AFI, el escribano Gustavo Arribas”.

El fondo monumental

Ramos Padilla pidió los archivos del AMBA en el mes de junio antes de indagar a Pinamonti en el tramo D'Alessio. La interventora Cristina Caamaño le envió dos discos rígidos en julio, hoy llamados D1 y D2. Posteriormente, a solicitud del juez, ella buscó archivos de las bases históricas. Una de esas búsquedas sobre tareas de inteligencia produjo el hallazgo de los archivos de espionaje a los familiares del ARA San Juan en la base de Mar del Plata. El juzgado aún no compulsó toda la información de los discos. Sólo analizó de manera completa el archivo de Ezeiza. Y el resto, de manera fragmentada. Aún así, lo trabajado tiene características de monumentalidad:

• 10.000 imágenes se hallaron en la Base La Matanza.
• 3.114 archivos en la Base Ezeiza de Bogoliuk, desde donde se hicieron seguimientos a 26 organizaciones sociales y políticas, a 11 partidos políticos y a 21 organizaciones gremiales, donde destacan seguimientos a los trabajadores de los sectores donde el gobierno tenía mayores intereses: Cresta Roja, aeronáuticos, camioneros, docentes y trabajadores del Estado.
• Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), Tribuna Docente, Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Asociación del Personal Técnico Aeronáutico(APTA), Unión de Personal de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), trabajadores de la Empresa Plásticos Mascardi, Choferes de Camiones, Docentes en Marcha, Educadores Bonaerenses (FEB), Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y Comité de Solidaridad con los Trabajadores Tercerizados de Aerolíneas Argentinas.

Una película que muestra la pesadilla de la repetición en cabeza del Estado.

Netamente político

La Base Ezeiza tenía 148 archivos recuperables, rotulados con categorías como Políticos, Gremiales, Sociales, Policial y otros; 114 eran informes de casos y 34 en proceso de recolección. Más de la mitad de los informes muestran un interés netamente político.

Otro indicador es un sistema de tableros: alertas y eventos. La clasificación era secreta y el diseño repite el mismo criterio.

Capilaridad

Originalmente, las bases se armaron con 15 personas durante un proceso que fue reclutando al resto en función del conocimiento territorial. Eso permitió la capilaridad. Estaban en casas. El encargado de los contratos de alquiler era Darío Biorci, cuñado de Silvia Majdalani. Las casas eran iguales a las de los barrios donde estaban instaladas y replicaban en tiempo presente las funciones de comisarías y destacamentos en los operativos de las Fuerzas Armadas en dictadura, cuando se les pedía adelantarse en los operativos para marcar las casas porque eran quienes conocían la zona. En este caso, no tenían formación sofisticada, pero aún así, sostiene el juzgado, lograron "un conocimiento bastante acabado de articulaciones políticas de cada zona, de los referentes, movimientos de los intendentes, estructuras de los locales de partidarios y de cada agrupación de base”.

El caso y la trama

Un documento ilustrativo es el Informe Semanal del 23 al 29 de agosto de 2017. Habían pasado las PASO. El escrito reúne informes de cada Delegación AMBA y una reseña general. Revela no sólo tareas de un diario de campo prohibido, sino la repetición de información y de registros de base en base como indicador de que el flujo circulara: un informe que subía desde las bases hacia la cúpula pero como respuesta a órdenes que antes habían bajado.

El escrito analiza los resultados de las Primarias. La semana, dice, todavía mantiene el eco de las PASO y el caso Maldonado. Para las elecciones, se produjeron desplazamientos de 1País y Cumplir hacia Unidad Ciudadana, con movimientos que van a continuar o detenerse de acuerdo a la evolución del clima político y social.

Confrontativa, extremista y apocalíptica

Habla de CFK: “Consumó el lanzamiento a octubre”, “sincerándose con su estilo habitual confrontativo, extremista y apocalíptico”. Y señala que durante toda la semana hubo manifestaciones contra el gatillo fácil, otro tema de gran preocupación, y por la aparición con vida de Santiago Maldonado. “Continuaron las manifestaciones de fuerzas políticas, organizaciones sociales, sindicatos de izquierda, y demás progresistas” cuyo objetivo, dicen, no es conocer la verdad “sino desgastar al gobierno especialmente en el caso Maldonado”. Y en las conclusiones analiza el panorama venidero y sostiene que la situación de Maldonado continuará siendo utilizada políticamente como forma de desgaste electoral inclusive si se conoce el paradero.

Los informes de cada Base agregan detalles sobre el mismo panorama. El más enfático es el de Quilmes: es necesario encontrar una solución al tema Maldonado, dice. “Dar con el paradero o finalizar la investigación con algún resultado que dé punto final a la incertidumbre con el objeto de evitar que se continúe desgastando la imagen pública del gobierno”.

Durante todo el período no les preocupa la desaparición del muchacho, sino las tramas de organización que se generan entorno al reclamo. Por eso estaban verdaderamente preocupados: informan sobre pintadas, volantes, marchas, todo en el mismo nivel de importancia. Identifican organizaciones que convocan, curas que dan misas, vecinos que preguntan. Pero no se limitaron a reunir información de personas, agrega el juez, analizaron hasta la repercusión en las elecciones: el impacto en la imagen de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

La pelvis delatora

En campaña, siguieron los timbreos de Dulce Granados, candidata a concejal de Unidad Ciudadana. Los espías le reprochan un puerta a puerta con corte de boletas. “A través de tareas de ICIA” se detectó “un puerta a puerta diferente y tramposo. Un corte de boleta a nivel local inundó todos los barrios periféricos”, se quejan. Siguieron a caceroleros. Usaron tecnología de ciberpatrullaje con big data. Se infiltraron en el Movimiento Barrios de Pie con un espía que prestó su casa, quiso esconder una cámara en el techo y cayó desde siete metros de altura. El pedido de licencia por una fractura de pelvis permitió reconstruir el caso. Hubo seguimientos a Luis D'Elía. Y el 23 y 25 de septiembre de 2017, siguieron también a Cristina Fernández.

Ella recordaba a Eva Perón en el centro recreativo Velseka de Ezeiza, en ocasión del 70 aniversario de la sanción del voto femenino. Dijo algo. Los espías escribieron que llamaba a luchar. Anotaron eso, pero sobre todo los gastos: movimiento de policía municipal, civiles con pecheras naranjas para control de accesos y organización, micros que llegaban de los barrios y de otras localidades, estacionamiento atrás de la empresa Siderar, y autos de alta gama. Añadieron fotos. Y cada una de las patentes.

Poco más adelante, CFK estaba bajo la jurisdicción de la Base de Pilar. Otro acto, en  octubre. Cristina rodeada de gente. A la gente, los espías le pusieron un nombre. Y de los nombres colgaron fichas en clave de antecedente policial. Según esos informes, una de las personas había sido trasladada del Registro de Los Polvorines a Pilar y eso podía ser un “plan sistemático de carácter político (Frente Unidad Ciudadana)” orquestado días antes de las elecciones con el propósito de generar un fraude con los votos. Ramos Padilla describió el caso no sólo en clave de registro sino de una metodología que tal vez buscaba establecer vínculos de la Vicepresidenta con hechos delictivos días antes de las elecciones de octubre.

El diario

El 1°+ de noviembre de 2017 hubo una marcha a Plaza de Mayo, y un texto confiable clasificado como A1. En Ezeiza se movilizaban dos grupos: CTD Anibal Verón, desde la estación de tren, con treinta personas y Fabio y Santiago Asnes de Resistiendo con Aguante desde Monte Grande “sin realizar movilización de gente”. Los espías anotaron. Primero fotografiaron la estación de tren.

Después, la 9 de Julio.

Uno de los chicos de Resistiendo con Aguante ya estaba fichado. Había tenido un cruce con Patricia Bullrich durante una recorrida en el barrio. Y lo seguían desde entonces.

La protesta y la democracia

Ramos Padilla incluyó la comparación con la DIPPBA. Pero eso quedó colocado casi al final con la intención de mostrar en primer plano y en clave pedagógica que el fenomenal despliegue que se hizo sobre protestas, manifestaciones y cacerolas no perseguía delitos ni revoluciones sino reivindicaciones: derechos adquiridos, de reunión, de peticionar y de libertad de expresión, propias del ejercicio de derechos políticos que motorizan el sistema democrático, dice el juez,.

Hoy hay causas por espionaje político en Lomas de Zamora que investiga un periodo posterior en la AFI, en el año 2018 y la agenda electoral 2019. Mar del Plata abrió un expediente por el espionaje de los familiares del Ara San Juan. Y la Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia trabaja como usina política de esas líneas. Por eso, Dolores no es una causa sino una época.

Ramos Padilla probó en las 342 páginas que no sólo estaban las Bases sino la cabeza. Los espías de la Súper MarioBros hablaban en sus audios del Uno. En una estructura con jefaturas nomencladas, el Cinco era Arribas, la Ocho era Majdalani y el Uno, Macri. Dolores espera una parte de la estructura. Que también tuvo su cabeza.