WERETILNECK PROMETE Y CUMPLE

 

Alberto Weretilneck, gobernador saliente de Río Negro, pretende culminar sus ocho años de gestión con la reforma a una de las leyes estructurantes del estado provincial, la de tierras fiscales rurales y urbanas, que supone uno de los avances más profundos en la incorporación masiva al mercado de los bienes de la naturaleza desde las reformas impuestas en la década de los '90. A días de ser elegido senador nacional por un partido político local creado por él mismo desde el ejercicio de la función pública, anunció el inminente envío a la Legislatura de la reforma a la ley N°269 de ordenamiento de Tierras Fiscales provinciales vigente desde 1961 (https://www.rionegro.com.ar/weretilneck-critico-con-la-eleccion-y-enfilado-en-su-cierre-de-gestion-1158197/).

Organizaciones e instituciones del pueblo mapuche-tehuelche, cuyas comunidades ejercen la ocupación tradicional de buena parte de esas tierras, anticiparon que judicializaran en forma masiva el conflicto en caso que el gobierno trate la reforma en abierta violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras normas vigentes en el país. Hace poco más de dos años fracasó en imponer esta misma reforma por la masiva movilización y resistencia que incluyó a organizaciones ambientalistas, gremiales y un amplio espectro político (https://www.facebook.com/ESTAMOSVIVXSPORESOCAMINAMOS/videos/547261959081205/), así como el ex gobernador Horacio Massaccesi (UCR) en 1994 con otro similar.

El proyecto condensa los más altos sueños del neoliberalismo: mercantilizar amplias superficies con poca población y salida propia y directa al Atlántico. Algunas de las condiciones demográficas y de biodiversidad de Río Negro son más atractivas que los de Neuquén (sin salida al mar, por otra parte) y más estable institucionalmente que Chubut, cuyas características medioambientales son igualmente atractivas. Respecto a la decisión de impulsar el tratamiento en su último mes de gobierno, podemos inferir que algunas razones son coyunturales vinculadas a las políticas de los gobiernos nacionales y otras de compromisos políticos asumidos por el propio Weretilneck con capitales trasnacionales, sobre los que publicamos en El Cohete a la Luna desde enero de 2018.

Las tierras fiscales rionegrinas –como la de los Parques Nacionales en todo el país— son un botín estratégico ante:

• La caída de ingresos propios por la merma en el valor de las regalías hidrocarburíferas por las medidas implementadas por el gobierno nacional;
• La caída en los ingresos por la merma en la exportación por puerto propio de la producción del complejo frutihortícola del Alto Valle de los ríos Negro y Neuquén; y,
• La deuda pública tomada a partir de abril de 2017 para financiar la inversión pública (http://www.marioernestosabbatella.com.ar/cronologia-de-una-oposicion-a-la-deuda-que-conlleva-el-plan-castello-mario-sabbatella/), fundamental tanto para evitar una crisis y desfinanciamiento al estilo Chubut como para garantizar la continuidad de gobierno y control del aparato estatal.

 

 

Analizada en su proceso de ocho años, la administración Weretilneck hizo un cambio cualitativo respecto a las políticas de tierras de las administraciones de la UCR, desde la recuperación de la democracia a la fecha. Todas y cada una de las gobernaciones violaron sistemáticamente la ley de Tierras y la Integral del Indígena N°2287, conquista fundamental alcanzada en 1988 después de cuatro años de movilización masiva; todas promovieron, participaron y ejecutaron negocios privados con recursos públicos; todas fueron blandas con Joseph Lewis (desde su aparición en el escenario nacional en 1994) y duras con los mapuche y los criollos pobres.

Pero es este gobierno el que parece haber sabido amortizar la experiencia histórica del despojo estructural y aggiornarse a las nuevas exigencias de la concentración del capital para el extractivismo, el neo-extractivismo y las nuevas rentas de los bienes de la naturaleza. En perspectiva, hoy aparece trazado y en ejecución avanzada un proyecto neoliberal para todo el espacio territorial rionegrino subordinado a los requerimientos de algunos flujos de capitales muy bien identificados: los de los Emiratos Arabes, los de los hidrocarburos del fracking, los productores de energías limpias, los turísticos, inmobiliarios y residenciales VIP de escasa actividad pero de ubicación estratégica para el control real del territorio.

 

 

El proyecto

Hace dos meses empezó a circular con insistencia la versión que el gobierno saliente, antes del 10 de diciembre pretendería modificar tanto el régimen de la tierra pública provincial como bloquear el mapa local de aplicación de la ley nacional de protección de los bosques nativos. La protección de los bosques es una herramienta fundamental para (des)regular el mercado de la tierra en la zona andina.

Weretilneck aseguró que insistirá con la reforma antes de dejarle su cargo a Arabela Carreras, también del partido provincial oficialista Juntos por Río Negro. La semana terminó sin que el proyecto oficial fuera presentado formalmente en la Legislatura con sede en Viedma, según aseguraron fuentes del oficialismo y de la oposición consultadas para este informe. Sí está agendado para el próximo 14 de noviembre su tratamiento en plenario de las comisiones legislativas de Constitucionales, Presupuesto y Planeamiento, Asuntos Económicos y Turismo, trascendió de fuentes parlamentarias. Eventualmente podría trasladarse para el día siguiente, en vista a una sesión sin convocar todavía para el 20 o el 24 de noviembre, según el cronograma político que puede reajustarse según se presente la dinámica del conflicto político que parece ampliarse con el transcurso de los días, las reuniones y la falta de diálogo entre el gobierno y los sectores directamente afectados en sus derechos.

El umbral mínimo de aspiraciones oficialistas quedó planteado en un borrador de cerca de 150 artículos conocido en 2016, el que perdió estado parlamentario después de la fuerte oposición. Aún cuando el nuevo texto presente modificaciones, sigue siendo la plataforma que pretende imponerse.

Busca explícitamente:

• Abrir los usos de la tierra pública a todo el espectro de actividad económica y financiera: “La tierra fiscal rural, podrá destinarse a la producción agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta u otra económicamente rentable”, excepto la inmobiliaria tradicional; y,
• Permitir el acceso a la ocupación con derecho a compra permite acceder a personas jurídicas y físicas con otras propiedades rurales, incluidas las personas y capitales extranjeros.

A la vez, omite totalmente la aplicación y vigencia plena de la ley Integral del Indígena que es provincial (que sentó jurisprudencia en el país), la existencia real y pública de comunidades y/o personas del pueblo mapuche-tehuelche que ejercen la ocupación tradicional del territorio ancestral de espacios que coinciden con las que el Estado continúa considerando fiscales. En este sentido, el lenguaje del texto borrador es negador de esa esa situación histórica y política, buscando “ejercer la administración y disposición de toda la tierra fiscal procediendo a su enajenación gradual y ordenada en unidades económicas de explotación, con intervención del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) cuando se trate de tierras sobre las que residan integrantes de pueblos originarios”. Residir es jurídica y políticamente muy diferente a ejercer la ocupación tradicional del territorio, lo que no pueden desconocer ni los redactores del anteproyecto ni los asesores legales del gobernador ni el propio gobernador en una provincia con decenas de expedientes administrativos y judiciales que reclaman el reconocimiento pleno de la propiedad comunitaria.

El borrador no refiere tampoco al ordenamiento jurídico que reconoce los derechos de los pueblos originarios en Argentina a partir de la reforma constitucional del '94, específicamente la consulta previa, libre y debidamente informada prevista por el convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de OIT que el Estado está obligada a realizar antes de implementar cualquier medida que afecte de cualquier modo esos derechos.

Por eso, aún cuando no se conoce el proyecto del Ejecutivo, que enviaría con acuerdo de ministros parar acelerar su tratamiento, el Parlamento Mapuche-Tehuelche y referentes del Codeci lanzan por estos días un documento de rechazo a la iniciativa “No son Tierras Fiscales, es Territorio Mapuche”, previendo formalizar un planteo ante el Ejecutivo con los reclamos administrativos realizados en los últimos tres años por parte de esa organización.

 

 

Conflictos en el contexto

El vaciamiento y cierre de establecimientos educativos en el área rural es una de las políticas que materializan la expulsión sorda de la población hacia los centros urbanos. Esta última semana, en la zona de la cordillera docentes y padres de alumn@s de nivel primario y medio de los parajes El Manso, Villegas y El Foyel se autoconvocaron por los recortes presupuestarios que están afectando el servicio público de educación. El lunes 11 las comunidades educativas de las escuelas 181 de El Foyel, 166 de Villegas, 213 de El Manso Medio, 92 de El Manso Inferior y Cem virtual de El Manso reclamarán en delegación zona andina sur del Consejo Provincial de Educación, en El Bolsón, para que “nos expliquen qué es lo que sucede con los comedores escolares, por qué se redujeron  las raciones en septiembre y por qué se abandona a nuestros niños impidiendo su derecho a la educación”. Los vecinos de esos establecimientos son los capitales qataríes, Hidden Like SA (de Lewis) y el grupo belga BURCO, por mencionar algunos con los que se ha reunido Weretilneck.

 

 

El otro escenario de conflicto es con las comunidades mapuche-tehuelche. La justicia ordinaria dispuso para el martes 19 de noviembre el remate de un campo en el paraje Cañadón Chileno, a unos cien kilómetros al este de Bariloche, a pesar que el expediente de una sucesión está planteado que es parte del territorio que reivindica la comunidad Newen Ñuke Mapu. En el Catastro público esa parcela de 1.800 hectáreas figura como de propiedad fiscal, aunque constan como ocupantes personas que reconocidas como integrantes del pueblo mapuche. El caso revela otra variante de la negación sistemática del reconocimiento del derecho al territorio.

Tiene una causa judicial avanzada la comunidad Trapalco Reñil en el departamento El Cuy, cuya situación procesal puede tener novedades en las próximas semanas. En tanto, tienen sentencia adversa con orden de desalojo judicial pendiente las comunidades Buenuleo (en el ejido municipal de Bariloche), Pino Quiñe (sobre el río Colorado, paraje La Japonesa), Newen Kurruf (en la zona petrolera de Catriel) y Lafken Winkun (junto al lago Mascardi, en conflicto con Parques Nacionales).

El territorio de la Newen Kurruf, ubicado en una zona de yacimientos petroleros llamada Los Ramblones, Las Bardas y La Jarillas, a 45 kilómetros de Catriel, en el Catastro público consta como fiscal en la que Pérez Companc está ocupando una fracción en abierta violación a la ley de Tierras vigente. Está, además, dentro del área geológica Vaca Muerta. La reforma pretendería blanquear en forma general situaciones como esa, al igual que la de la operación de compra-venta de la fracción fiscal en la que está emplazado la planta de tratamiento de residuos de hidrocarburos de Treater SA en Sargento Vidal (https://www.elcohetealaluna.com/los-basureros-del-macrismo/).

Río Negro tiene la oportunidad de sumar en forma intensiva la porción territorial de Vaca Muerta bajo su jurisdicción para capitalizar que Neuquén está al menos desbordada en su capacidad de ofrecer infraestructura, servicios, comunicaciones. A la demanda empresaria hay que sumarle el papel estratégico que podrá ocupar en el Senado en representación de los intereses de la región, lo que se formalizó el último viernes cuando el gobernador Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) lo recibió a pedido suyo (https://www.rionegro.com.ar/gutierrez-y-weretilneck-arman-interbloque-para-negociar-juntos-en-el-senado-1166460/) luego que el MPN perdiera un senador en las últimas elecciones.

En 2004 el gobernador Miguel Saiz pretendió alquilar un millón de tierras fiscales a Eco Exilon. En 2007, en su segundo mandato Saiz firmó un acuerdo con una empresa china para alquilar 320.000 hectáreas para la producción de soja y colza. En los dos casos la Ley de Tierras fue un escollo.

Weretilneck no sólo no cometió esos errores, sino que además desarrolló capacidad propia de negociación política e institucional con los capitales trasnacionales. El 24 de marzo de 2016, en Bariloche se subió al helicóptero con el Presidente Macri. Aterrizaron en el helipuerto de Hidden Lake que no está declarado como mejora ante el Catastro provincial. Los esperaba Lewis mientras la atención pública estaba centrada en el ex Presidente Obama que se dirigía al hotel Llao Llao con su familia. El gobernador se comprometió a destrabar algunos problemas de la generación y exportación a Chile de la hidroeléctrica Paso Rio Escondido y la reforma a la Ley de Tierras. La gobernadora electa deberá expedirse; el gobernador saliente gobierna hasta el último día de su período.

 

 

 

(Javier Grosso realizó el análisis de imágenes satelitales y cartografía para este informe)

 

 

 

 

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