VULNERABLES

 

El 14 de abril, los delegados sindicales del Hospital Ramos Mejía, después de numerosos reclamos que no fueron atendidos, y tras confirmarse dos días antes el test positivo para coronavirus de la trabajadora Rocío Jimena Vidaurre, interpusieron recurso de amparo contra el gobierno de la CABA y contra Provincia ART, por la vulneración de los derechos a la vida y la salud, el principio de indemnidad y la obligación de prevención y seguridad del empleador, solicitando “medida cautelar innovativa para que se provea de manera efectiva e inmediata los insumos esenciales para evitar el contagio y la propagación del Covid-19, a detallar: escafandras, alcohol en gel, jabón para lavarse las manos, toallas descartables para secarse las manos, barbijos N95, barbijos quirúrgicos, termómetros infrarrojos, guantes estériles de nº 7, 7 y medio y 8, mamelucos hemorrepelentes, antiparras, camisolines de alta densidad, botas, guantes, cofias descartables y calzado cerrado lavable”.

 

 

Revelaciones

La pandemia de Covid-19 ha revelado la ineficacia en el cuidado del derecho a la vida y la salud que tiene el modelo de sistema sanitario promovido por la arquitectura financiera internacional del liberalismo actual. Y a su vez, el orden político y económico global corporativo, vulnerador masivo de personas, ha resultado atacado por la pandemia en su finalidad mayor primaria que es la producción e intercambio de mercancías para una concentración desigual de la riqueza. La falsedad ética de esa finalidad estratégicamente interesada es la que ha sido revelada ante la población mundial por el drama humanitario que hoy observamos. La subordinación del valor de la dignidad humana y de los derechos humanos como base del deber de justicia, a esa visión individualizada de las personas como consumidores de una salud hecha mercancía, ha llevado al abandono de la visión poblacional para perseguir una medicina “personalizada y de precisión” de productos sanitarios de alto costo. Es ese abandono de la vigilancia sanitaria y la prevención, del acceso universal a la salud y el estudio de los nuevos determinantes sociales y culturales, y de todo aquello que exige la planificación integrada de la salud comunitaria para asegurar el más alto nivel posible de salud física y mental para cada persona en condiciones de igualdad, el que ha quedado al descubierto.

Esta no es la primera pandemia y tampoco será la última. Pero lo que asombra es la incapacidad del capitalismo en triunfo para la previsión de las respuestas racionales a dar a un nuevo brote ya anunciado en sus diferencias con las pandemias históricas de la peste, la viruela, el cólera, la tuberculosis o la misma gripe de principios del siglo XX. La emergencia de las pandemias de HIV-Sida  y gripe A eran suficiente desafío a la salud global como para aprender de ellas y que el Covid-19 no diera lugar a las catástrofes que se observan. La implosión de los sistemas de salud en la región más rica de Italia y en la ciudad capital del poder mundial que es Nueva York, no admiten otra lectura que la de un fracaso total en su capacidad de respuesta.

 

 

 

Lecciones no aprendidas

 

 

La OMS ha sostenido que “El Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), conjunto de normas jurídicamente vinculantes adoptadas por los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en vigor desde el 15 de junio de 2007, exige a todos los Estados Miembros el fortalecimiento de sus capacidades de vigilancia y respuesta delante de eventos de importancia para la salud pública”. Y la OPS,  junto al Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, desarrolló a partir de la pandemia de gripe A, el Protocolo Genérico para la Vigilancia de Influenza: “Este protocolo generó dos guías operativas mayormente dirigidas a los equipos de salud de nivel local de los Estados Miembros de la OPS. La primera es para apoyar la preparación de los establecimientos de salud ante caso inusitado o imprevisto o conglomerado de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y la segunda guía operativa tiene como objetivo sistematizar las orientaciones para la implementación de la vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e IRAG. Una lección aprendida importante de la pandemia del 2009, fue la importancia de obtener información de los casos graves”. Sin embargo, la realidad indica que esa lección no se aprendió.

¿Cómo explicar este fracaso? En la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el desarrollo de sistemas de salud con foco en la salud pública tuvo un gran desarrollo a  escala mundial. Pero en Estados Unidos se observó inmediatamente la reacción en defensa de la medicina privada con fuerte apoyo de la Asociación Médica Americana. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, con el derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas nacionales integrados de salud en los Estados de bienestar, se reafirmó la visión comunitaria de  la salud culminando con la Estrategia de Atención Primaria de Salud de la OMS en 1978. Pero después de los recortes propuestos por la Fundación Rockefeller a esa estrategia, y de las presiones corporativas que le siguieron, desde 1990 se inició una tendencia orientada hacia las privatizaciones en salud que transformó la orientación de los Estados y de organismos como la OPS. Esas políticas impusieron ajustes de los países en sus presupuestos de salud junto a la liberación a los intereses de mercado de la industria farmacéutica y biotecnológica orientada a la medicina individualizada de alto costo.

Esa visión no pensaba en la salud de la población en su conjunto, no planificaba, no vigilaba sanitariamente, ni desarrollaba capacidad de respuesta para situaciones de afectación colectiva. A esa visión no le interesaba la malaria, el Chagas, el paludismo, la tuberculosis, o los determinantes sociales de la salud colectiva. No pensaba en el impacto de los transportes para la salud: y así el Covid-19 se ensañó en Nueva York. No pensaba en las consecuencias  de un ajuste que desmantelara la capacidad en recursos materiales y humanos del sistema: y así sobrevino la catástrofe en Lombardía. No pensaba en las diferencias de un impacto pandémico sobre una distribución ciudad/campo de la población en relación 20/80 u 80/20 porque la geografía, el espacio, la georreferencia no era de interés en la búsqueda del medicamento biotecnológico de alto costo: pero la población española de hoy es de concentración urbana y allí el virus tiene mayor impacto.

 

 

 

 

Y esa visión no pensaba, tampoco, en las diferencias del federalismo y el libre mercado de los padres fundadores, con el federalismo y el orden corporativo de hoy frente a una pandemia: así se observa la incongruencia en la toma de decisiones para la salud pública que enfrenta al Presidente de los Estados Unidos con el gobernador de Nueva York. Son esos fracasos los que han agravado los riesgos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad para el goce integral de sus derechos a la vida, la salud y la integridad.

 

 

Vulnerabilidades

Los trabajadores de salud (TS) son considerados, entre muchos otros, el grupo más vulnerable en cuanto al riesgo de afectación de sus derechos. Una respuesta rápida reducirá a la posibilidad de contagio esa vulnerabilidad diciendo que son los más expuestos, y por cierto, el grupo más infectado. Pero como veremos el riesgo de infectarse no es el único para los TS. Aunque aquella respuesta explique los casos azarosos de imposible prevención, la muy deficiente capacitación para el manejo del riesgo infeccioso o la  carencia de elementos de protección personal (EPP), no son fruto del azar sino de aquellas imprevisiones propias de una visión mercantil de la atención de la salud. La falta de capacidad instalada propia del país para poder enfrentar la producción de EPP en una pandemia, es una seña de identidad del modo de producción. “Las imprevisiones en el sector salud están dando como resultado un alto índice de contagio entre los propios trabajadores de la salud (…) Los acompaña la incertidumbre de la exposición al contagio y la repercusión que tendría contraer la enfermedad a nivel personal y familiar”, afirma Mónica, una médica intensivista de la CABA y miembro de un comité de ética: “Muy pocos agentes de salud saben cómo cuidarse (…) Ningún otro hospital (salvo el nuestro) tenía armado un Comité de Control de Infecciones en la ciudad (…) La capacitación del personal del hospital en el control de infecciones que debería hacer la ART no se hace ”.

Una médica de Santiago del Estero relata: “En el primer nivel de atención se han suspendido los controles de Niño sano (…) En mi caso, que atiendo en zona rural, la población está atemorizada… creo que se ha distanciado el sistema de salud de la comunidad (…) las familias se están enfermando y no están accediendo al sistema, hubo un quiebre sanitario y social (más allá del coronavirus) y por supuesto económico (…) se tomaron decisiones sin consultar a quienes atendemos a las poblaciones más vulnerables y son las más afectadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio (…) En mi caso —al igual que colegas mujeres— a nuestros hijos les dan tanta tarea… que no tengo tiempo. Estas situaciones están enfermando a las mamás”.

 

 

 

 

Un médico neurólogo, también de CABA, dice: “Se han suspendido los tratamientos de rehabilitación presenciales en los centros de rehabilitación (neurológica). En este momento el cálculo riesgo/ beneficio se vuelca claramente para el lado del riesgo, pero en la medida que la situación perdure en el tiempo habrá que establecer criterios clínicos claros en relación al potencial beneficio de los tratamientos de rehabilitación frente al riesgo de contagio y desarrollo de enfermedad respiratoria, en una población con un particular nivel de vulnerabilidad”.

Una médica de la provincia de Buenos Aires enumera las preocupaciones de los médicos: "Miedo a contagiarse, o contagiar a la familia, o padecer alguna patología leve y tener que continuar trabajando, discriminación por parte de la comunidad por miedo a que contagien, decidir continuar trabajando por la falta de RRHH o quedarse a cuidar a hijos o mayores a cargo, tener que trabajar aunque no disponga de la protección suficiente o con insumos de mala calidad. Este es uno de los puntos más conflictivos.”

Un médico ginecólogo de CABA afirma: “Otra perspectiva económica que traerá la pandemia es la de la revalorización de la remuneración del acto médico. Las actividades vinculadas a la sanidad tradicionalmente en nuestro país han sido mal remuneradas, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que es necesario invertir para la formación profesional, y el alto grado de exposición y responsabilidad al que está expuesto el profesional de la salud”.

Mónica termina con otras observaciones: “El manejo de un respirador no se aprende en dos horas de entrenamiento, son minicomputadoras con las que hay que familiarizarse, no todos son iguales y son difíciles de manejar; hay que tener además conocimientos sólidos de la fisiología respiratoria (…) hay falta de insumos, pero también mala administración de los mismos (…) todos los documentos que están circulando son muy interesantes y están buenos para ser leídos, así como las medidas de triage, cuidados paliativos… Pero se están convirtiendo en un Manual de Procedimientos… y esto, ante la emergencia, resulta inútil (ética procedimental, burocrática). Como intensivista que soy y con más de treinta años de experiencia, suelo ser mucho más operativa y sé perfectamente que cuando tenés que tomar una decisión frente a un paciente, no hay manual que valga. Simplemente echás mano de lo que tenés en tu disco rígido, enriquecido con lo que fuiste aprendiendo a través de todos tus años de ejercicio profesional (ética de las virtudes)”.

Es interesante pensar hoy en las consideraciones de Alasdair McIntyre, desde la ética de las virtudes, a los supuestos de Max Weber sobre la administración burocrática como proceso de control en el ejercicio del poder. La pandemia ha desmantelado los ordenados escritorios de la burocracia biopolítica del orden global. Quizá no sea suficiente para lograr un cambio con progreso moral. Pero ha bastado para desenmascarar  las falsedades que para la vida y la salud de todos significa el nuevo liberalismo.

 

 

 

 

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