Vulnerables

 

Una resolución del máximo tribunal penal del país reconoció esta semana la situación de vulnerabilidad en la que viven todas las personas privadas de su libertad. Esto se agrava en los casos de mujeres embarazas y madres con hijos e hijas en situaciones de encierro. Para ellos, la Cámara Federal de Casación reclamó la libertad o la prisión domiciliaria. Aunque en esos casos la situación es alarmante, la vulnerabilidad crece en las cárceles en tiempos de coronavirus. Superpobladas y con problemas de higiene e incluso acceso al agua, las cárceles son un foco de preocupación en medio del avance del COVID-19 en el país.

En la semana que pasó, la Casación emitió dos acordadas y una resolución. Todas ellas estuvieron enfocadas a la situación de los penales. El lunes, mientras se desarrollaba el paro de mujeres, los casadores se pronunciaron a favor de la libertad o de la prisión domiciliaria para mujeres embarazadas o mujeres detenidas junto con hijos e hijas. Ese mismo día el coronavirus entró en la agenda del tribunal que habita el primer piso del edificio de Comodoro Py, cuando Juan Carlos Gemignani entró de licencia por catorce días tras haber regresado de Italia.

El miércoles, los presidentes de cada una de las salas junto con la presidenta del cuerpo, Ángela Ledesma, firmaron una resolución en la que daban una serie de recomendaciones para evitar contagios y propagaciones en las cárceles federales – que este mes cumplirán un año en situación de emergencia declarada. Por ejemplo, les pidieron a los tribunales orales que eviten la aglomeración de personas en las salas de juicio, que prioricen las teleconferencias y que traten de que los imputados participen por medios electrónicos para evitar sus traslados.

Como el jueves no se mencionó la situación de las cárceles específicamente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Ejecutivo, empezó a crecer entre los casadores la idea de emitir una nueva acordada refiriéndose al derecho a la salud de las personas privadas de su libertad.

 

Doblemente vulnerables

Las mujeres representan casi un siete por ciento de la población alojada en las cárceles federales. Son, al cierre de esta nota, 950.  Hay 20 madres con hijes y seis mujeres que cursan un embarazo. Las estadísticas diarias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) no reflejan cuántos son los chicos menores de cuatro años que están efectivamente privados de su libertad junto a sus madres.

En los últimos años, el número de personas en prisión fue subiendo, lo que generó que colapsen las cárceles y que, por ejemplo, estén en prisión más personas de las que puede absorber el propio SPF, que actualmente informa que tiene una sobrepoblación del 10 por ciento. Es decir, tiene plazas para 12.694 personas, pero aloja a 1277 más.  Más de la mitad de las mujeres presas lo están por problemáticas relacionadas con la droga, en general por tareas de menudeo.

“Se ha estudiado que en la mayoría de los casos esas mujeres han caído en el circuito debido a su condición de vulnerabilidad económica y social extrema, a lo que se suma que en muchos de esos casos las mujeres prisionizadas son cabeza-referente de hogares monoparentales con dos hijos a cargo”, explica Gabriela Gusis, secretaria del Departamento de Derecho Penal y Criminolgía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Eso refleja que la problemática y la proyección de la cárcel se extiende a sus familiares directos (violando el principio de instrascendencia de la pena), que, en muchos casos, quedan desamparados o deben sufrir siendo inocentes la prisión junto a sus progenitoras o cuidadoras principales. Esto es escandaloso: violamos el principio de inocencia y el derecho penal de acto con tan solo contemplar esta circunstancia”, agrega Gusis. “Además, parece que ya para estos casos no necesitaríamos discutir la baja de la edad de punibilidad: tenemos chicos de hasta cuatro años encarcelados”.

La Casación empezó a hacerse cargo de esta situación en la acordada que emitió el lunes. Con el acuerdo de todos los casadores, a excepción de Liliana Catucci y Eduardo Riggi, el máximo tribunal penal del país definió a las mujeres privadas de su libertad con hijos e hijas como doblemente vulnerables. Evocó jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos que sitúa a los dos colectivos (mujeres y niñes) como vulnerables, a lo que se agrega el hecho de que toda persona en situación de encierro se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Eso exige medidas de protección especiales.

Tanto informes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles – que preside el casador Gustavo Hornos – como la Procuración Penitenciaria vienen señalando que las cárceles no son un lugar para llevar adelante un embarazo o la crianza de los hijos. Al hacinamiento y la falta de infraestructura, se le suma el hecho que no hay ni guardias ginecológicas ni pediátricas. También los jueces hablan de la presencia de plagas dentro de los penales – una situación nada auspiciosa ante el avance del coronavirus en el país.

Por eso, la Casación resaltó que la regla es la libertad mientras se sigue un proceso y que la detención domiciliaria es aplicable para estos casos, siguiendo estándares internacionales y las disposiciones que rigen en el nuevo Código Procesal Penal Federal.

 

Para prevenir

En la semana tanto la Procuración Penitenciaria como el Comité Nacional de Prevención de la Tortura reclamaron saber cuáles de las medidas que el Ministerio de Salud viene difundiendo para evitar la propagación y el contagio se tomaron en las cárceles.

El viernes, en su acordada, la Casación retomó el reclamo de que se adopte un protocolo y se lo de a conocer para preservar la salud de todas personas privadas de su libertad y en especial aquellas que integran los grupos de riesgo. Para ellos también pidieron los casadores que los jueces den prioridad a los reclamos que llegarán desde las penitenciarías en los próximos días. La situación es complicada, especialmente porque tanto los colegios de abogados como uno de los gremios reclaman que se imponga la feria, lo que podría generar retrasos y demoras. También hay reclamos para que se licencie a magistrados y funcionarios mayores de 65 años.

Esa acordada salió con las firmas de Ledesma, Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo. Gemignani (en cuarentena) y Mariano Borinsky (ausente) estuvieron de acuerdo, pero no pudieron firmar. Como en la acordada sobre la situación de las mujeres privadas de su libertad, la dupla Catucci-Riggi votó en contra. Esta vez sus señorías dijeron que sus colegas tenían buena voluntad, pero que no hacía falta que tomaran ninguna medida porque iban a ser efectuadas desde el Ejecutivo.

 

Las respuestas

El 27 de febrero, empezaron a circular las primeras resoluciones entre autoridades del SPF. Allí se especificaba que tanto mujeres embarazadas, niños y niñas alojados con sus madres, mayores de 65 años y presos con patologías crónicas eran grupos de riesgo. El 8 de marzo, se dispuso una licencia excepcional para el personal que había viajado al exterior y el jueves 12 se conformó un comité de crisis.

Entre otras medidas, el comité de crisis ordenó hacer un informe con la situación de esos colectivos e informarles a los juzgados que los tienen bajo su tutela para que decidan si deben permanecer detenidos o pueden acceder a alguna modalidad morigerada de detención. Además, ordenó medidas de control médico para toda la población penal y que se sometan a controles quienes ingresan a las cárceles, ya sean integrantes del Poder Judicial o de organismos de control.

No hubo restricción de las visitas por parte del SPF. Hay un especial cuidado porque eso podría acarrear situaciones de protesta y encender focos de violencia en una situación ya delicada. La Casación omitió el tema. Saben los jueces que puede ser materia de análisis en algún planteo de habeas corpus.

 

 

A mar revuelto

Aunque la Casación evitó hablar de rangos etáreos al referirse a los grupos de riesgo, se entiende que pronto empezarán a caer los reclamos de los represores presos para que se les conceda la prisión domiciliaria. Según las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), son 150 los represores alojados en las cárceles federales al cierre de esta nota. Setenta y tres, o sea casi la mitad del total, están en la Unidad 34 de Campo de Mayo, alejados del resto de la población carcelaria. Hay tres que están internados en hospitales extramuros.

Se acerca un nuevo aniversario del golpe, que, por primera vez, no tendrá a miles en las calles. Así lo decidieron el viernes los organismos de derechos humanos para no contribuir a la propagación y al contagio del coronavirus. Hay una especial atención ante la situación de los genocidas y de los procesos por violaciones a los derechos humanos. El Cohete consultó si el SPF había dispuesto alguna medida especial para quienes están presos por delitos de lesa humanidad y respondieron que no, que recibirán vacunas contra la gripe y la neumonía como toda persona mayor de 60 años privada de su libertad.

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