El pasado 19 de marzo, un avión comandado por Enrique Piñeyro, junto a los embajadores del Reino Unido, Estados Unidos y Japón, sobrevoló un supuesto límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) a la altura de las provincias de Chubut y Santa Cruz. Luego de esto, se inició una campaña sincronizada tanto en redes sociales como en medios de comunicación hablando de depredación y pesca ilegal.
Sistemáticamente, durante los últimos años, distintas corrientes de opinión contrarias al interés nacional se alzan endilgando irresponsabilidad y falta de control en el mar para justificar la presencia ilegal del Reino Unido en Malvinas y así poder “hacer bien las cosas”. Nuestra política hacia el Atlántico Sur debe ser discutida en serio, sin medias tintas ni indignaciones selectivas, primando el interés nacional por sobre todas las cosas, para construir políticas de Estado sólidas y perdurables en el tiempo. Creemos también que este es un tema que debe estar en los acuerdos y consensos mínimos que plantea Cristina Fernández de Kirchner en cada uno de sus discursos y que, además, es un mandato constitucional.
El principal motivo por el cual no se puede eludir la organización del sobrevuelo de la ONG Solidaire, ni cualquier otra acción política con injerencias extranjeras, es la ocupación británica de los espacios marítimos argentinos.
¿Quién está atrás de la ONG Solidaire y quiénes tripularon el vuelo?
El fundador de Solidaire es el piloto, actor y director de cine Enrique Piñeyro, quien saltó a la fama cuando era piloto de LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas), una aerolínea chica que aprovechó la desregulación del mercado aéreo argentino de los ‘90 para competir con Aerolíneas Argentinas y tuvo un dramático final cuando, en el año 1999, un vuelo con destino a Córdoba se estrelló luego de despegar de Aeroparque, causando uno de los peores accidentes aéreos de la historia argentina que continuó con la bancarrota de la aerolínea privada. Piñeyro, que había advertido de los bajos estándares de seguridad, usó esta historia para su película Whisky, Romeo, Zulu, que además de dirigir, protagonizó.
Muchos lo consideran un filántropo por algunas acciones solidarias que ha realizado, como, por ejemplo, tres vuelos para relocalizar refugiados de guerra en capitales europeas. Estos vuelos fueron efectuados con el mismo avión que sobrevoló el Atlántico Sur, un BOEING 787 que adquirió durante la pandemia a través de su ONG. No es el primer avión que compró Enrique Piñeyro: a este, que tripuló, entre otros, la representante del Reino Unido en la Argentina, le precedió un BOEING 737 comprado en Singapur.
Si llegaste hasta acá, te estarás preguntando cómo se financia Solidaire. Además del talento de Piñeyro, que seguro lo tiene y mucho, algunos nacen con suerte. Su abuelo era hermano y socio de Agostino Rocca, el primer dueño de Techint, que anecdóticamente murió en un accidente aéreo al estrellarse su avioneta por la zona de Cañuelas.
Los embajadores que acompañaron al piloto en su vuelo sobre el Atlántico Sur fueron de diversas latitudes. Pero quien más llama la atención e indigna es la embajadora de Reino Unido de Gran Bretaña en la Argentina, Christine “Kirsty” Hayes.
Christine arribó al país en 2021, y desde el comienzo se diferenció fuertemente de su antecesor Mark Kent, que resultó muy poco profesional para la diplomacia británica. Kent, además de mostrarse en redes en situaciones banales, casi siempre bebiendo whisky, polemizaba por Twitter con funcionarios argentinos tratando la cuestión Malvinas de manera impúdica y sin una comprensión exhaustiva del significado histórico-político que tiene para nuestro país. La embajadora Hayes, por el contrario, hasta el momento ha tratado de generar puentes en agendas positivas como, por ejemplo, las políticas LGTB en las que nuestro país es ejemplo mundial. Este tipo de acciones en la cual se la puede ver sobrevolando el Atlántico Sur, donde el país que representa mantiene una de las pocas colonias que quedan en el mundo, resulta muy poco feliz.
También acompañaron el embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi, que hace muy poco comenzó su misión en la Argentina.
Algunos notas periodísticas mencionan al embajador de la Unión Europea, el español Amador Sánchez Rico, pero lo cierto es que no ha subido nada a sus redes. Es decir, que si efectivamente fue un pasajero más, no colaboró con la campaña de depredación y pesca ilegal.
Por último, el embajador de Estados Unidos, conocido por compartir su apellido con la emblemática marca de termos, Marc Stanley. El diplomático estadounidense visitó una gran cantidad provincias y tiene un profundo interés por conocer todo el país. Un hombre de diálogo, que suele reunirse con diversos actores del mundo de la política, algunos muy polémicos y de dudoso espíritu democrático, como por ejemplo Javier Milei; pero, por otro lado, ni bien llegó a ocupar su cargo, luego de presentar sus cartas credenciales, solicitó una entrevista con la Vicepresidenta entendiendo el liderazgo que tiene para el peronismo en particular y para la Argentina en general.
Para completar el pasaje, oficiaron de auxiliares de a bordo los dos opositores Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, ambos de la Coalición Cívica, que responden a Elisa Carrió, hoy en el ostracismo. Zuvic, además de parlamentaria del Mercosur, es conocida por ser socia política del prófugo Pepín Rodríguez Simón. Pero no les vamos a dar más relevancia a estos dos personajes que la que apenas tuvieron como decorado del vuelo. Este video laudatorio fue difundido por Infoemba.
Lo que llama poderosamente la atención es que en el dispositivo audiovisual de esta campaña, el subtitulado de Infobae habla de la “Zona Económica Exclusiva de Estados Unidos y Argentina” cuando se refiere a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) en el minuto 0:34.
Malvinas y la colonización de los recursos naturales del mar argentino
Una vez finalizada la guerra de Malvinas, Reino Unido pasó de controlar 3 millas alrededor de las Islas a 200 millas náuticas de espacios pertenecientes al mar argentino.
Esto produjo un cambio en la economía de Malvinas, que pasó de tener una matriz productiva basada en la producción de lana a tener una sustentada en los recursos ictícolas del Atlántico Sur. El ingreso del Reino Unido a la Unión Europea en la década del ‘80 benefició esta nueva etapa, ya que le permitió exportar moluscos sin el pago de aranceles aduaneros, lo que produjo una altísima rentabilidad (Rattenbach, J. A. en “Una Nación en el Mar”, Ediciones OCIPEx, 2022).
En este nuevo contexto, los principales actores que posibilitaron el crecimiento de la economía malvinense a través de la producción pesquera fueron los buques provenientes de España, el Reino Unido (utilizando en la mayoría de las veces bandera colonial malvinense), Camboya, Japón, Vanuatu, Taiwán y Corea del Sur. Esto solo pudo lograrse mediante la emisión de licencias de pesca en la zona controlada de facto por el Reino Unido, contraviniendo resoluciones de organismos internacionales, especialmente, la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a no implementar medidas unilaterales tales como lo hizo el Reino Unido después del conflicto de 1982.
En síntesis, el Estado británico se arrogó a través de la fuerza militar el poder de decisión sobre los espacios marítimos argentinos, y es nuestro país el que se encuentra privado de ejercer su plena soberanía en el Atlántico Sur. Una muestra más que prueba las consecuencias del colonialismo que se prolonga desde el siglo XIX y persiste, lamentablemente, hasta nuestros días. La depredación de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur producto de la pesca ilegal tiene efectos en tiempo presente, dado que no se trata de una disputa anclada en el tiempo. El pueblo argentino es el que no puede acceder a los beneficios de las actividades económicas en el mar en toda la jurisdicción que le corresponde por derecho y que actualmente se encuentra ocupado.
En una coyuntura internacional signada por una marcada disputa entre dos potencias como Estados Unidos y China, no se puede soslayar la trascendencia que comienza a tener el Atlántico Sur, hecho que sin dudas se irá incrementando a lo largo de este siglo. Esto se debe al intento de Estados Unidos de reposicionarse en América del Sur ante lo que fue un avance de la República Popular de China entre el año 2010 y el 2023, no solo en términos de inversiones estratégicas como las de litio, sino también en la pesca de los recursos ictícolas.
El vuelo de la ONG Solidaire y su impacto en los medios y en las redes sociales de las respectivas embajadas se dio en simultáneo a la reunión bilateral de Vladímir Putin y Xi Jinping en Moscú, en un gesto de acercamiento a poco más de un año del inicio del conflicto en Ucrania. Al mismo tiempo, el viaje surgió a tan solo dos semanas de que la Cancillería argentina comunicara a su par británica la decisión de dar por terminado el acuerdo “Foradori-Duncan”, que había firmado la Alianza Cambiemos en septiembre de 2016. Esta decisión se tradujo en fuertes reacciones contrarias a la decisión argentina, tanto por la actual embajadora Kirsty Hayes, el ex embajador Mark Kent e, incluso, el propio Parlamento británico.
Mientras que Estados Unidos busca ahuyentar la presencia china en el Atlántico Sur, el Reino Unido pareciera mostrarse interesado en expandir su área de influencia económica pasadas las 200 millas que ocupa ilegalmente de Malvinas desde 1982 a inmiscuirse más al norte en áreas que tienen una altísima rentabilidad pesquera.
A esto deben sumarse las declaraciones de la titular del Comando Sur, Laura Richardson, que en su descripción de los recursos naturales de América del Sur generó suspicacias en el contexto de la disputa geopolítica que su país mantiene con China y las intenciones de influir en nuestra región. Dado que la titular del Comando Sur volverá a la Argentina en este mes de abril, sería una buena oportunidad para dejar en claro el respeto irrestricto a la soberanía que los Estados nos debemos recíprocamente.
La foto desde el avión y el marco legal aplicable
Piñeyro aseguró en Twitter: “Es impresionante la cantidad de pesqueros que hay operando ilegalmente dentro de Aguas Territoriales Argentinas”; lo que la Federación de Trabajadores del Mar Argentino (FeTraMar) cuestionó y denunció como “inexactitudes y falsedades”.
El acuerdo internacional aplicable es la CONVEMAR, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según el cual la pesca en alta mar (comúnmente llamada “aguas internacionales”, más allá de la milla 200 en columna de agua) se ejerce conforme el régimen de las libertades de pesca. Para el régimen argentino, pesca ilegal sería, únicamente, la realizada por: a) buques con permisos otorgados por el gobierno ilegal británico en el área en disputa; b) buques sin permisos nacionales que ingresan a la Zona Económica Exclusiva Argentina o la Plataforma Continental Argentina.
Desde la costa a la milla 200 es la ZEEA que proyecta el continente y nuestro territorio insular y antártico. Más allá de las 200 millas, los recursos marinos de la “columna de agua” están libres para la explotación y su pesca está permitida por la CONVEMAR. No así aquellas especies fijas o que se desplazan por la plataforma continental, que están sujetas a la jurisdicción del Estado ribereño que ejerce derechos sobre su plataforma continental, en el caso de la Argentina, una de las más extensas del mundo.
El vuelo fue organizado de tal manera que tuvo una amplia repercusión mediática, principalmente en medios hegemónicos, bajo el título “Depredación del mar argentino”. El objetivo principal de esta acción coordinada era la de instalar la ineficacia del gobierno argentino para cuidar los recursos naturales, consolidar la presencia del Reino Unido en el área en disputa y, en simultáneo, desconocer los avances llevados a cabo desde la existencia de la iniciativa “Pampa Azul”, lanzada en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que articula acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales, incluyendo el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar, la conservación, así como el uso sostenible de los bienes marinos.
Otro de los objetivos subyacentes puede ser preparar a la opinión pública local para apoyar la creación de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) en el Atlántico Sur, a través de la cual distintos Estados puedan tomar medidas de conservación y ordenación de la pesca. Una eventual participación argentina en una OROP supondría reconocer formalmente al Reino Unido como Estado ribereño en el Atlántico Sur y habilitar que terceros Estados hagan lo mismo.
Consideraciones finales
Lo sucedido con este vuelo nos pone en la obligación de reflexionar y señalar algunas cuestiones que en principio parecieran obvias, pero no lo son. Primero, es importante remarcar la situación geopolítica en que se encuentra nuestro país. Por un lado, ya señalado, está vigente la controversia con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur junto a los espacios marítimos correspondientes. Pero, además, la disputa con esta potencia extra regional se replica en la Antártida, al superponerse los reclamos de soberanía y utilizar las islas como proyección al continente antártico (Civale, M. L., Una nación en el mar, Ediciones OCIPEx, 2022). Segundo, el creciente interés que comienzan a tener terceros países (basta con observar la repercusión que tuvo en otras embajadas) y nuevos actores como ONG y empresas extranjeras que se suman a las tensiones geopolíticas históricas. Tercero y fundamental, el orden internacional, caracterizado por reacomodamientos de poder en el eje Asia-Pacífico y la revitalización de disputas por recursos naturales estratégicos como los alimentos y el agua (acentuado por el conflicto ruso-ucraniano).
Frente a esto, vale preguntarnos ¿qué se puede hacer para revertir esta situación? Naturalmente, el diseño y la ejecución de una política de Estado soberana para el Atlántico Sur basada en los siguientes puntos:
- Fortalecimiento del reclamo de soberanía en foros internacionales y regionales (el reingreso a UNASUR puede servir de base para aglutinar apoyo y coordinar acciones conjuntas como fue el exitoso Consejo de Defensa —CDS— o ZOPACAS [1]. La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur –ZOPACAS– fue establecida en 1986 a través de la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y constituye un foro de vinculación entre Sudamérica y África que nuclea a 24 Estados ribereños del Atlántico Sur. Además, es una plataforma donde la Argentina continuamente reafirma sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.los Estados ribereños del continente africano).
- Desarrollo de capacidades en materia de defensa y científico-tecnológicas (tomando como ejemplo el programa Pampa Azul) y una mayor coordinación inter-ministerial.
- Despliegue de una política federal de pesca y de mayor inversión en la Patagonia. Una manera de acentuar la presencia en el mar es por medio del comercio, la logística portuaria y la marina mercante, más allá de las vías navegables de la cuenca del Plata.
- Implementación de programas educativos y culturales que permitan a las nuevas generaciones pensar nuestro país de cara al mar desde una mirada sobre la base de nuestra proyección geopolítica y experiencias históricas (siguiendo los lineamientos del mapa bicontinental).
Para poder llevar estos puntos a la práctica es indispensable partir de la identificación de los intereses nacionales, que bien se encuentran plasmados en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
En un mundo cada vez más complejo y conflictivo, el mar Argentino se ha convertido en un espacio de valor estratégico por sus reservas de alimentos, minerales e hidrocarburos. No se trata de que en un futuro posiblemente esté en disputa, sino que ya podemos observar movimientos de parte de los principales actores protagonistas en el tablero mundial. El ejercicio pleno de la soberanía en nuestro mar requiere de un fuerte compromiso político en honor a los caídos que lucharon por su defensa y por las nuevas generaciones de argentinos y argentinas.
* Franco Metaza es director general de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación.
** Nicolás Canosa es director del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior OCIPEx.
[1] La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur –ZOPACAS– fue establecida en 1986 a través de la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y constituye un foro de vinculación entre Sudamérica y África que nuclea a 24 Estados ribereños del Atlántico Sur. Además, es una plataforma donde la Argentina continuamente reafirma sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
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