Voyeurismo ante el despojo

 

La Junta Reguladora de Granos fue una idea de la Sociedad Rural, operada en 1933 por miembros de la oligarquía agro-ganadera argentina como Federico Pinedo y Luis Duhau. Su objetivo: ser un organismo público que proteja a los productores locales de las manipulaciones de precios agropecuarios por parte de compañías extranjeras. Sin embargo, si tres generaciones después se les plantea a los actuales miembros de la Sociedad Rural la necesidad de tener alguna regulación pública para el precio de los granos, lo mejor será prepararse para que ver piquetes ruteros.

¿Qué fue lo que pasó en estos años para el cambio de criterio? ¿Ya no hay manipulación especulativa de los precios?

 

Los grandes productores como sujeto subordinado

El “campo” argentino no es formador de precios. El valor de la soja, el trigo y el maíz (y sus derivados) se cotiza en los mercados de Chicago y Rotterdam. Y en dólares. Contra la percepción del público, cuando el agricultor vende la tonelada de soja que cultivó no aparece el Estado y le saca un porcentual en concepto de retenciones a las exportaciones. No. Las retenciones las pagan las empresas exportadoras (traders) que intermedian con el exterior en la venta del grano. Pasa que, cuando esas traders le compran el grano al agricultor, le descuentan el porcentaje de retención que (supuestamente) ellas tributarán después. En otras palabras, le transfieren el costo de la retención al productor.

¿Pero quiénes son esas traders exportadoras? Son empresas transnacionales con sucursales en la Argentina, que monopolizan el mercado mundial de granos. Se trata de Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill (las tres de Estados Unidos), Dreyfuss (Francia), Cofco (China) y Glencore (anglo-suiza). La última opera en la Argentina a través de su subsidiaria llamada Viterra. En los hechos, las traders constituyen una soberanía aparte de los Estados en donde hacen sus negocios, ya que se compran y se venden entre ellas. Por ejemplo, cuando una tonelada de soja sale de Rosario a Rotterdam, la que exporta desde la Argentina es –por ejemplo– Cargill. Y la que importa en los Países Bajos es la empresa Cargill. Probablemente haya una triangulación previa, con una firma en Uruguay llamada Cargill. Estar de los dos lados del mostrador (y debajo también) les permite a estas firmas declarar los precios y cantidades que más les convengan para evadir impuestos. Verónica Grondona y Martín Burgos calculan las subfacturaciones de todo el complejo sojero (poroto, pellets, aceites y harinas) en un 9% del real monto exportado. Esta cifra representaría, para 2022, unos 2.238 millones de dólares que debieron entrar pero no entraron a la Argentina. Y alrededor de 700 millones de dólares en retenciones evadidas al Estado.

Es claro que cuando las traders les descontaron el porcentaje a los agricultores argentinos no les dijeron que después iban a evadir ese tributo. Y es improbable que luego los convoquen para devolverles los 700 millones de dólares mal descontados. Pero hay más. La retención al poroto de soja es de 33% del valor de la tonelada. Que es lo que las traders le descuentan a los agricultores del pago. Sin embargo, solo el 10% de la soja comprada se destinará a exportación de poroto. El otro 90% va harina, aceite y pellets de soja, que pagan un 31% de retenciones. O sea, descontaste 33 %, pagaste 31 % y te quedaste con el vuelto. Con este artificio, las traders les birlan otros 400 millones de dólares a los agricultores argentinos. Para finalizar, las traders no son compañeras de desventuras de los agricultores argentinos en la seca. Al tener sucursales en todos los países productores, si no llueve en la pampa, comprarán el poroto en otro país.

¿Cómo es posible que cuando se intenta llevar algún control a las traders los agricultores, sus víctimas, cierren filas (y rutas) en defensa de transnacionales tan taimadas? ¿Qué lógica existió para que las patronales del campo hayan amenazado con la guerra gaucha cuando el Estado trató de rescatar Vicentín? ¿Qué razón existe para que ahora sean complacientes con la fagocitación de Vicentín que están haciendo Viterra y Bunge?

 

Las traders y el copamiento de Vicentín

Con una capacidad de molienda diaria de 32.400 toneladas de soja, la planta extrusora de Renova en Timbúes, a la vera del Paraná y con puerto propio, es la más grande del mundo. Su propiedad se dividía en mitades: 50% de Vicentín y 50% de Viterra. Desde 2019 al presente se viene ejecutando todo un plan para trasvasarle Renova a Viterra, a precio de remate o directamente gratis. Todo en perjuicio de los 1.700 acreedores del concurso preventivo de Vicentín en Reconquista. Dejando así a Viterra (que es Glencore) como dueña del 100% de la planta de Timbúes. Vamos a la secuencia.

El 2 de diciembre de 2019, un 16,67% de Renova que era propiedad de Vicentín fue vendido a una desconocida firma neerlandesa llamada Renaisco. Dos días después, Vicentín anunció públicamente que cesaba el pago de su deuda de 1.600 millones dólares con agricultores, bancos y proveedores. Renova se les comenzaba a escapar a los acreedores argentinos.

La venta imponía modificar el estatuto de Renova, de manera de que el 50% de las acciones de Viterra y el 16,67% recién compradas por Renaisco se convirtieran en acciones clase A (con más derechos políticos) y el 33,33% que le quedaba aun a Vicentín se degradaran a clase B. ¿Pero quién era esa Renaisco? La memoria y balance de Viterra del año 2020 declara, orgullosamente, que fue Viterra (y no Renaisco) la que compró el 16,67% de RENOVA. Y que ahora Viterra ya poseía el 66,67%. Como el balance está en inglés, creyeron que los argentinos no lo leeríamos. A confesión de parte, relevo de prueba: Renaisco es solo un testaferro de Viterra.

Los 122 millones de dólares recibidos por Vicentín de la venta del 16,67% de Renova se gastaron inmediatamente. ¿El destino? Pagos a otras empresas del grupo Vicentín, pagos a Viterra y pagos a Renova (¡!). O sea, lo que Viterra cobraba con su mano izquierda lo pagaba con su mano derecha.

Parafraseando a Francine McKenna, profesora de la Universidad de Pensilvania: ¿qué tienen en común los bancos Sillicon Valley, Signature, First Republic (que colapsaron recientemente en Estados Unidos) con Vicentín (en cesación de pagos) y la venta del 16,67% de Renova hacia Renaisco (denunciada como simulada)? Que en todos los casos la que revisó y dijo que todo estaba bien fue la auditora neerlandesa KPMG. Para que entendamos que estas firmas auditoras transnacionales (KPMG, PwC, Deloitte y EY) no controlan. Solo venden patentes de corso.

En enero de 2020, Vicentín le cedió el uso (no podía la propiedad) del 33,33% que le quedaba de Renova a Viterra.

En febrero del 2020 Vicentín se presentó en concurso preventivo y, entre sus activos, denunció que solo tenía un 33,33% de RENOVA. En mayo de ese mismo año se desarrolló la asamblea de accionistas de Renova (las firmas Vicentín, Viterra y Renaisco) para modificar el estatuto. La persona física (de carne y hueso) que representaba a Viterra era la misma que representaba a Renaisco. Y que a su vez integraba la comisión fiscalizadora de Renova. Y que a su vez era miembro de la firma internacional de abogados que representa a Glencore. El hombre de los cuatro sombreros.

En febrero de 2022 se incluyó en la propuesta de acuerdo preventivo (forma de pago que el deudor le ofrece a sus acreedores en el marco del concurso para evitar la quiebra) la venta previa del 33,33% de las acciones de Renova que son de Vicentín a Viterra. El precio pactado fue de 310 millones de dólares, pero pagaderos en pesos al tipo de cambio oficial. Con lo cual a Viterra, que es una trader que cobra en billetes verdes, se le otorga una ventaja abusiva. Viterra fijará lo que deba pagar en pesos a la cotización oficial del dólar. Pero luego obtendrá esos pesos vendiendo los dólares a la cotización paralela. Ergo, si obtiene los pesos a valor dólar soja, el costo real para Viterra será de 258 millones y no de 310 millones de dólares. Y si los obtiene al valor dólar contado con liqui, el costo real desciende a 159 millones de dólares. Casi la mitad.

Las otras plantas fabriles de Vicentín se ubican en el norte (Avellaneda) y el sur (alrededores de Rosario) de Santa Fe. La propuesta de acuerdo de Vicentín implica un desguace de la compañía. El sur (plantas y puertos de San Lorenzo, Ricardone y Timbúes) se lo reparten en una liquidación privada Bunge y Viterra. Y algo va para ACA, para darle un barniz de argentinidad. Este reparto se consagra en un bodoque de 2.359 páginas escaneadas borrosamente, sin numeración ni índice, que es la propuesta de Vicentín presentada al juzgado. Para entenderla, no hay que ser abogado sino criptógrafo. En una serie de contratos amañados, Bunge y Viterra quedan en control de las plantas del Sur a precio de remate, las que se irán pagando solas por su alta productividad. En tanto que para el norte, la propuesta de Vicentín no dice nada. Los trabajadores de Avellaneda han quedado abandonados a su suerte.

 

 

 

 

Mientras tanto en Londres y Wall Street

En la Argentina, Bunge y Viterra se reparten Vicentín y la prensa financiera anglosajona llama a la operación “rescate”. Como si el Gordo Valor rescatara camiones de caudales. Esta misma prensa extranjera (Bloomberg principalmente) ha filtrado que, en el orden mundial, Viterra se fusionaría con Bunge. Con lo cual Bunge se convertiría en un monstruo del agro-negocio, líder mundial en procesamiento de oleaginosas. Los problemas que se plantean son la legislación antimonopólica de los distintos países donde se asientan estas traders.

En la Argentina, de 10 dólares que entran por exportaciones, 5 corresponden al complejo granario y oleaginoso monopolizado por traders extranjeras. En un contexto de inflación por carencia de divisas y con la apropiación de Vicentín a precio de remate por parte del tándem Viterra-Bunge, nos preguntamos: ¿qué estamos haciendo al respecto?

La complacencia subordinada de las patronales del campo con este orden de cosas se desprende de una reconfiguración del bloque histórico o sistema jerárquico de alianzas que hegemonizan a una sociedad en un tiempo dado. La cúpula que en épocas de Pinedo y Duhau estaba en los capitales ingleses y sus frigoríficos en el país, ahora está en el capital transnacional y sus traders exportadoras.

Frente a esto, el andar errático y descoordinado de las instituciones del Estado que, salvo valiosas iniciativas puntuales (como la del magnífico trabajo de la fiscalía especializada en delito económico de la ciudad de Rosario) lo que cunde en el resto es el voyeurismo ante el despojo. Y ahora, sin siquiera tener una Junta Reguladora de Granos.

 

 

 

* El autor es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno y docente de la UNDAV.

 

 

 

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