Villarruel los inspira

 

En la semana del aniversario de La Noche de los Lápices, horas antes de que los candidatos a Vicepresidentes pusieran en debate los compromisos de políticos con la dictadura, un represor enfrentó a un tribunal para pedir que se apartara a una fiscal por sus vínculos con la militancia del campo popular.

Di Pasquale es uno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato de Laura Carlotto, la hija de Estela, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La retuvo, al igual que a otras 127 personas, detrás de la cárcel de Olmos, en las instalaciones en que funcionara la antena de Radio Provincia. A ese centro clandestino de detención lo llamaban La Cacha, en alusión a un dibujito animado de la serie Hijitus, “Cachavacha, la bruja que desaparece gente”.

 

¿Quién es?

Nacido horas antes del día de la bandera de 1947, egresó del Colegio Militar en diciembre de 1966, seis meses después del golpe de Juan Onganía. Dice que fue destinado a Neuquén como castigo por ser “peronista” ya que integraba el “Comando Tecnológico” de Julián Licastro. Es constatable que este oficial fue opositor a Onganía, tanto como que el contacto con Juan Perón data recién de 1970.

Se congració con sus camaradas; pronto, con el grado de teniente primero, integró la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia 182, con asiento en Neuquén desde el día de la toma de Viejobueno (23 de diciembre de 1975) hasta el 4 de diciembre de 1977.

En su legajo consta que detentaba “Aptitud Especial de Inteligencia”, o sea el espionaje. Ascendido a capitán, el 20 de diciembre de 1977 pasó al Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata como jefe de la Sección Operaciones Especiales. A partir de1978 se desempeñó como jefe del Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia, según él para darle seguridad a las unidades militares, sobre todo en el Conurbano, antes del Mundial de Fútbol, al tiempo que instruía a agentes secretos para infiltrarse en Chile. El 24 de febrero de 1980 pasó a la Escuela Superior de Guerra con motivo del curso RC-010 “Básico de Comando”.

Estuvo prófugo desde 2007 hasta su detención en 2010. En 2013 se negó a declarar al inicio de una audiencia pública, en un simbólico 17 de octubre. Por delitos de lesa humanidad en Río Negro y Neuquén ya acumula cinco condenas como partícipe de secuestros y torturas (a 17 años de prisión en 2014, a diez, cinco y seis años en los tres juicios siguientes y a prisión perpetua en 2021)

Uno de esos juicios lleva su nombre, “Di Pasquale y otros”, y su recurso ante la Cámara de Casación fue rechazado en marzo de 2018. Su participación había sido evaluada como “primaria y no secundaria” por los fiscales Adrián García Lois y Marcelo Grosso, según ratificó el primero: “Otros dos oficiales de inteligencia que no eran jefes del Destacamento, por la misma actuación y con la misma prueba, fueron condenados a 25 años como partícipes necesarios; Di Pasquale también debió ser sentenciado por participación necesaria”.

Enfrentó más procesos y condenas que, aunque no quedaron firmes, lo destinaron a los penales de Marcos Paz y Neuquén, antes de recalar en la Unidad 34 de Campo de Mayo, que por estos días aloja a 62 represores pese a que la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad no la considera una institución penitenciaria.

En 2019 aspiró a participar nada menos que de la Feria del Libro, vía remota, con su Crónica de una guerra negada, que presentarían Gabriel Levinas y Ceferino Reato, quien el día del acto publicó en Infobae:

“El ex teniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale, un ex militar (sic) condenado por delitos de lesa humanidad, escribió una monumental cronología sobre la ‘guerra revolucionaria en la Argentina’ que, según él, comenzó en 1955. No irá el autor, está preso, supongo que en Campo de Mayo. No conozco a Di Pasquale: hace minutos vi en Google que está detenido. Pedro Güiraldes me invitó (…) Dudé de que se realizara, dado el poder de persuasión en la Feria del Libro del pensamiento correcto inspirado por organizaciones de derechos humanos. Tiendo a pensar de que (sic) se debe a que nadie reparó en que Crónica… fue escrita por un preso de lesa humanidad. Sí lo hicieron las personalidades que se han ido bajando (…)”.

A Reato no le importaba –dijo– el escándalo, pero la Feria emitió un comunicado en el que manifestó desconocer los contenidos de los libros que no controla, aunque agregó que “si se nos solicitara un espacio para una apología del terrorismo de Estado… diremos que no”. Sin embargo, un apoyo llegó desde la administración macrista, en su último año de gobierno: el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, acusó a la Feria de “militante y sectaria”. Mucho antes había dicho que la Revolución Fusiladora de 1955 era su “golpe militar preferido” y más cerca en el tiempo había defendido los recortes presupuestarios en Cultura, por lo que debió soportar que le dieran la espalda los asistentes (a quienes insultó) en la inauguración de la Feria de ese rencoroso 2019. Muy atrás había quedado su relación con intelectuales a partir de haber sido director editorial para la Región Sur de la editorial Random House (Sudamericana) entre 2005-2012, periodo en que editaron la Historia de la Iglesia Católica que después se negaron a distribuir.

 

 

Con Etchecolatz

Como sospechaba Reato, en efecto Di Pasquale estiraba sus huesos en el penal de Campo de Mayo. Sólo él y Miguel Etchecolatz tuvieron vedada la prisión domiciliaria otorgada a otros imputados en una causa compartida en 2019, cuando por fin la Cámara de Casación resolvió que no había razón para seguir postergando el proceso por la Noche de los Lápices.

Durante el pandémico octubre de 2020, mientras un secretario leía la acusación, Di Pasquale se acercó a charlar, muy animado, con Etchecolatz, quien no actuaba como quien acaba de padecer una descompensación (por la que había frenado la audiencia al grito de que necesitaba un médico), según supieron los lectores de El Cohete por la crónica de Juan Manuel Mannarino.

Además de Di Pasquale, se vio a Juan “El Nazi” Wolk mientras comía en su casa y hablaba sin atender a la audiencia. El ex comisario se había hecho pasar por muerto hasta que fue descubierto y juzgado como ex jefe del Pozo de Banfield, último lugar donde retuvieron a las adolescentes de La Noche de los Lápices.

El 2 de diciembre de 2020 fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata en otra causa, la de la Brigada San Justo, sobre la que tenía autoridad debido a su rol en el Destacamento de Inteligencia 101: “Ocupó una posición desde la cual pudo impartir directivas tendientes a concretar, aunque sea en parte, el plan sistemático (de represión ilegal).Respecto a sus expresiones referidas a las tareas que ejercía, debe tenerse presente que la evocación de tener órdenes diferentes a las que su cargo requería, Jefe de Contrainteligencia y Jefe del Grupo de Actividades Especiales, no resulta atendible, tratándose de intentos de desvirtuar los elementos probatorios”, escribieron los jueces.

Por las atrocidades cometidas en otras Brigadas (Quilmes, Banfield y Lanús) afrontó un nuevo proceso desde el 27 de octubre de 2020, con audiencias cada martes, presenciales en el TOF-1 (calle 8 y 50) o vía zoom. En esas causas tenía prisión preventiva, cuyo cese pidió a través de su defensor oficial, Gastón Ezequiel Barreiro, bajo el argumento de sus “antecedentes de cáncer de colon ya operado, con seguimientos por oncología, dislipemia, eventración, HPB, barro biliar, quiste renal bilateral, patología proctológica”. El tribunal rechazó el pedido y la Cámara de Casación lo confirmó.

 

Niños abandonados

Ya con 75 años, afronta el juicio por el Pozo de Banfield con renovada estrategia: no se negó a declarar, como diez años antes, sino que abrió chocante: “Ustedes no son mis jueces naturales; éste es un juicio anticonstitucional”, dijo uno de los sublevados contra la Constitución. Muerto Etchecolatz, es el único preso en una celda entre quienes afrontan el proceso. “Llevo 13 años en prisión preventiva. Siempre he estado en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, como exigen los querellantes. En ninguna de las causas que tengo han puesto una prueba (…). Nunca estuve en las brigadas que mencionan”, se quejó.

Respecto a las criaturas, negó: “No existió plan sistemático de lesa humanidad, ni plan de aniquilamiento y menos de apropiación de niños. Acá se desarrolló una guerra revolucionaria”. Y deslizó: “Hay gente que vive de los derechos humanos, como los traficantes de armas durante una guerra”.

Gente con menos aptitud discursiva se limitaba a llamarle “curro de derechos humanos”. Su oratoria creció en proporción al tiempo que puede dedicar a la lectura; en prisión, escribió más libros.

 

“No fueron tantos”

En los recientes tres tomos de Un aporte a la verdad se dedica a contar víctimas militares y guerrilleras para insistir con los lugares comunes de que cayeron “de los dos lados” y que “tampoco fueron tantos”. La originalidad de su estadística está en el período que toma: desde los fusilamientos de 1956 (deja afuera el bombardeo del ‘55) hasta la toma de La Tablada (1989).

Su pretendida minuciosidad contable no esconde la desproporción de bajas en esos 33 años: por cada uniformado, cayeron nueve civiles. Si se refiere o no a las víctimas sin participación política, no consta en las notas sobre la publicación.

A diferencia de la crónica de Ailín Bullentini que daba cuenta de cierta algarabía en Campo de Mayo por el triunfo electoral de Victoria Villarruel, la de Mariano de Vedia en La Nación señaló la coincidencia discursiva pero aclaró que “sectores militares toman distancia con el argumento de que ella sólo defiende a las víctimas y no incluye a los detenidos por juicios de lesa humanidad”.

 

 

Brigadas

Este juicio con tantos testigos (468) como víctimas (570) tenía una docena de imputados hasta que sumaron a Horacio Luis Castillo, ex oficial inspector de la Bonaerense. Otros seis murieron sin oír sentencia; cinco de ellos, en su casa. El TOF 1 está integrado por Walter Venditti, Ricardo Basílico y Esteban Carlos Rodríguez Eggers (subrogantes). Por el Ministerio Público acusan los fiscales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, además de auxiliares como Juan Nogueira y Ana Oberlin.

La Subsecretaría bonaerense de Derechos Humanos pidió que se imputasen delitos de lesa humanidad contra medio centenar de criaturas encerradas en sus casas o abandonadas tras el secuestro de sus padres, los únicos que hasta el momento eran considerados víctimas. El caso más extremo a incorporar es la apropiación del hijo de Cristina Navajas, reciente nieto recuperado 133. Sobre su destino, parece que Jorge Videla no le dijo a Victoria Villarruel nada útil para incorporar al libro que citó en el debate con Agustín Rossi.

 

 

 

 

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