VIDAL NOS BICICLETEA

 

“Todo lo que quieras saber está en mi declaración jurada”, respondió María Eugenia Vidal, cuando en la radio Con Vos le preguntaron a cuánto ascendía la cuota mensual y los intereses que pagaba por el crédito hipotecario con el que compró un piso de 205 m2 en Recoleta. “Muy alta. Pero todo lo que quieras saber está en mi declaración de candidata. Podés verlo todo ahí”, dijo, antes de cortar en forma abrupta la comunicación alegando que la entrevista había excedido el tiempo pautado y que debía atender otros compromisos. Su malhumor era inocultable.

Ya había acudido a la misma explicación en programas de noticias por cable, citando la declaración jurada de cese como gobernadora bonaerense, luego de que El Cohete revelara la adquisición , por 340.000 dólares, de ese departamento en el piso 10 de la avenida Pueyrredón 2421, cuyo precio de mercado es de 550.000.

Aunque todo estuviera en la declaración jurada, no se entiende por qué eso excluiría responder preguntas periodísticas acerca de la transacción. Pero lo que hay en la declaración jurada es muy poco. Ni aquel documento oficial ni este contienen las respuestas que la candidata se niega a dar. La reconstrucción que realizó El Cohete fue trabajosa, precisamente por la parquedad de los documentos oficiales y la falta de colaboración de Vidal, quien ni antes ni después de la publicación aceptó las preguntas del Cohete. En cambio, prefiere las entrevistas con Eduardo Feinmann, que la escucha en arrobado silencio, o Alejandro Fantino, quien le pide disculpas por formularlas.

El miércoles, cuando Vidal invitó a consultar su última declaración, aún no estaba subida a la página de la Oficina Anticorrupción, que lo hizo al día siguiente. En sus seis fojas no hay referencia alguna a las cuotas ni a los intereses que debería pagar y que según los cálculos del Cohete superan sus ingresos esperados como diputada nacional.

 

Repitió que a los 49 años era lo único que poseía, que todos la conocen y saben de su honestidad. “No tengo autos ni cuentas offshore”, explicó, en un intento de desmarcación del ex Presidente Maurizio Macrì, a quien no le falta nada de eso. También atribuyó los cuestionamientos patrimoniales a la campaña electoral, como si en ese lapso estuviera prohibido escrutar la vida y milagros de quienes se postulan a cargos electivos. Es decir, lo contrario de aquello que es norma en todos los países del mundo, por el obvio interés público de esa información. ¿Qué mejor momento que cuando alguien pide el voto para representar a la comunidad?

Vidal tampoco se privó de un ataque personal: “Ya sabemos quién es Verbitsky y para quién trabaja”. Quienes mejor lo saben son ella y quien la acompañó como auditor de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra. Cuando una runfla de jueces, policías y fiscales bonaerenses intentó incriminarlo para desacreditar las investigaciones patrimoniales realizadas por Berra, de línea directa con Vidal, El Cohete reveló esa trama putrefacta contra un funcionario honesto. Se ve que las investigaciones patrimoniales no son lo único que Vidal prefiere suspender durante una campaña electoral.

Lo que puede consultarse en las páginas electrónicas del Ministerio bonaerense de Justicia y Derechos Humanos y de la Oficina Anticorrución es una síntesis somera, donde no consta ni la ubicación del inmueble ni la identidad de quien lo vendió ni las condiciones de la operación. Los datos concretos están encriptados en una dependencia del Ministerio provincial en un caso, del de la Oficina Anticorrupción en el otro. Cuando El Cohete solicitó los de Vidal, el ministro Julio Alak remitió a la Subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, quien respondió que sólo pueden entregarse por orden de un juez. Lo mismo ocurrió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous: sólo una orden judicial puede abrir la declaración jurada. Y la ex gobernadora y actual candidata no accedió a un pedido de entrevista con El Cohete, ni on ni off the record.

En un acto de campaña, CFK ironizó sobre la operación inmobiliaria. La candidata respondió que al divorciarse vendió su casa anterior y su auto y se quedó con la mitad. Con ese fondo pagó la mitad del departamento “y la otra mitad con un crédito que saqué a diez años para pagar en cuotas”. Dio a entender que se trataba de un préstamo bancario, pero no identificó la entidad.

 

Poné #Staff De Candidatos [AHORA] María Eugenia Vidal precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires:
“Es muy claro como compré mi departamento” pic.twitter.com/sGC3POuJuG

— Telefe Noticias (@telefenoticias) September 10, 2021

 

No fue la única afirmación engañosa. El dato más interesante, que ella no suministró, consta en la escritura de compraventa, del 19 de septiembre de 2019, que publicó El Cohete: Vidal compró el piso por 340.000 dólares, equivalentes ese día a 19.883.200 de pesos. Entregó 140.000 dólares (equivalentes a 8.187.200 pesos) y contó con un préstamo hipotecario por 200.000 dólares (equivalentes a 11.696.000 pesos), a pagar en 120 cuotas. Y según su declaración jurada del 27 de agosto de 2019 sólo poseía el equivalente a 92.500 dólares. La declaración jurada de cese, del 9 de diciembre de 2019, dice que es titular del 100% de un departamento en la Ciudad Autónoma, que compró dos semanas después de la primera declaración, con “ingresos propios”, y que tiene una deuda hipotecaria por 12.600.000 pesos. También declaró un depósito en dólares de 843.753 pesos, que a esa fecha equivalían a 14.455 dólares. Vamos por partes:

 

1. Ese precio de 340.000 dólares es ficticio. Un piso en el mismo edificio, 10% más pequeño, es ofrecido por la inmobiliaria Gómez Salmerón a 540.000 dólares.

 

2. Los 140.000 dólares que dice haber pagado no son la mitad de 340.000, sino poco más del 40%. De modo que consiguió una hipoteca por casi el 60% del precio pactado. Nadie acepta una hipoteca de esa magnitud, ya que en caso de incumplimiento el bien debe rematarse y en esas condiciones es imposible recuperar su valor.
3. Si por la venta del departamento y el auto tenía 92.500 dólares, ¿de dónde salieron los otros 47.500 que declara haber pagado?
4. Si el préstamo hipotecario de 200.000 dólares es a devolver en 120 cuotas, cada una será de 1.666 dólares, más no especificados intereses. Al cierre del viernes 22 equivalían a 175.000 pesos, si los consiguiera al cambio oficial, y a 318.000 en el mercado paralelo. En este momento la remuneración bruta de cada diputada es de 330.000 pesos mensuales, sobre los cuales debe pagar impuesto a las ganancias, obra social y jubilación, luego de lo cual queda un neto de 230.000. Si consiguió dólares al cambio oficial, sólo le quedarían 55.000 pesos mensuales para vivir con sus tres hijes. Las expensas del piso y la cuota de su hijo en el carísimo colegio ORT ya consumen más que eso. Y si hubiera debido pagarlos al cambio paralelo, le faltarían 88.000 pesos mensuales.
5. Otra de las cosas sobre las que no tiene tiempo de hablar es dónde adquirió los dólares para realizar esta operación y a qué precio.
6. Tampoco cuenta de qué vivió desde que concluyó su mandato bonaerense, en diciembre de 2019, ni con qué recursos pagó las costosas reformas realizadas durante casi un año en el piso de Recoleta, que pueden rondar los 100.000 dólares, ni el viaje familiar de turismo a Australia.

 

 

Los datos que faltan

La escritura revela quién le concedió ese préstamo excepcional por el 60% del ficticio precio de venta: se llama Brenda Cecilia Biondi, y lo había adquirido apenas un año antes por 330.000 dólares. En cambio, la declaración jurada como candidata a diputada porteña, consigna que su deuda hipotecaria es con Jorge Alfonso Gutiérrez Carrillo, por 11.114.998 pesos, que al 31 de diciembre de 2020 equivalían a 125.000 dólares, que es el 30% del precio ficticio declarado y el 23% del precio de mercado. La incongruencia es manifiesta.

 

Pero hay más:

• Gutiérrez Carrillo es el esposo de Brenda Celina Biondi.
• El padre de  Biondi y suegro de Gutiérrez Carrillo es el apoderado legal de María Eugenia Vidal ante la AFIP, Mario Biondi (h), quien durante toda su gestión gubernativa fue miembro del directorio del Banco Provincia. ¿Por eso en su última declaración, Vidal omitió el apellido Biondi, desplazado por Gutiérrez Carrillo?
• El contador Biondi (h) también es el síndico de la gerenciadora de convenios farmacéuticos Preserfar, creada por los grandes laboratorios nacionales e internacionales, uno de los mayores proveedores de medicamentos a la provincia que gobernaba Vidal.
• Gutiérrez Carrillo, es el subgerente general de esa comercializadora de drogas. Tanto él como su suegro Biondi tienen como domicilio legal Viamonte 867, piso 5°, de la Capital Federal.
• El mismo declaró Vidal ante la AFIP como autora del libro Mi Camino.

Hasta ahora no hubo fiscal ni juez que se interesaran por determinar si estas fueron operaciones legítimas o de blanqueo de dinero ilegal. El periodismo no puede llegar más allá de lo que ya hicimos. ¿Es objetable plantearlo en campaña electoral?

 

 

Temas que sí

En cambio, hay otros temas que desde ese sector se consideran pertinentes en vísperas de elecciones. Por ejemplo, la causa judicial acerca del festejo privado del cumpleaños de Fabiola Yáñez en RPO, las declaraciones que un militar venezolano formuló en España como parte de un intento de impedir su extradición a Estados Unidos, el voto argentino en la OEA cuando se discutió la situación en Nicaragua o los cuestionamientos del ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni, al Presidente Alberto Fernández y su maltrato al jefe del bloque de diputados del FdT, Máximo Kirchner.

• ¿Puede ser que Berni crea que sus diatribas al Presidente, por su negativa a militarizar el conflicto entre propietarios rurales y comunidades originarias en Río Negro, ayuden a que Cristina le perdone sus desplantes con el hijo vicepresidencial la noche de las PASO, de los que intentó disculparse, sin encontrar gran receptividad? Es difícil penetrar en los razonamientos del cirujano que quisiera ser militar y obtuvo un título de abogado en la filial Zárate de la Universidad de Lomas de Zamora. El asesor de la gobernación bonaerense, Carlos Bianco, no sólo encomió la gestión policial de Berni (en lo que no coincide quien lo reemplazó como jefe de gabinete, Martín Insaurralde) sino que llegó a decir que era su amigo, en una entrevista en la señal de cable de José Luis Manzano. Cristina nunca diría tal cosa.
• No es la primera vez que la Argentina se abstiene de votar una resolución sobre Nicaragua impulsada en la OEA por Estados Unidos. Hace dos meses, el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, inquirió en Buenos Aires la razón de ese voto:
• —Si se trata de garantizar que no encarcelen a los opositores, estamos de acuerdo. Pero no nos metemos en asuntos internos como el sistema electoral. La resolución insta a adecuar el sistema electoral a los estándares internacionales. Con ese criterio, le pido a Estados Unidos que adecue su sistema electoral, porque Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos que Trump y perdió. Pero no es problema mío—respondió Alberto. Era un argumento ad hominem, porque Sullivan fue asesor de Hillary en aquella campaña.
• Pero esto provoca más escándalo que la negativa de Macrì a declarar ante el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien lo invitó a que se defienda de la acusación de espiar a los familiares de los marinos hundidos en el submarino San Juan. No obstante, esa decisión ha puesto en evidencia fisuras en Juntos por el Cambio, donde los candidatos Luis Juez y Facundo Manes se lo recriminaron. Manes es socio de Gutiérrez Carrillo, el generoso prestamista de Vidal.

 

 

• De repente, el ex jefe de inteligencia de Venezuela, general Hugo Carvajal, que dejó el país luego de adherir al gobierno virtual de Juan Guaidó, dijo en Madrid que Hugo Chávez había enviado 21 millones de dólares a Néstor Kirchner. Guido Antonini Wilson habría sido sólo uno de los emisarios. Con esa declaración logro posponer su extradición a Estados Unidos. El escándalo, que estalló en cuanto Cristina asumió la presidencia, en 2007, se reaviva ahora, en pleno periodo electoral. Lo impulsa el operador judicial Daniel Pedro Santoro, el mismo que durante la campaña de 2015 inventó que Máximo Kirchner, Nilda Garré y su hija, Paula Abal Medina, compartían diversas cuentas bancarias secretas, en Irán, Estados Unidos y las islas Caimán, en las que habrían manejado depósitos por más de 109 millones de dólares. Todas esas jurisdicciones lo desmintieron y la causa fue sobreseída, pero su efecto electoral ya estaba logrado.

 

 

Muy interesada

Quien no oculta su interés en hacerse cargo del expediente por la fiesta de cumpleaños es la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El juez federal porteño Sebastián Casanello se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Cámara Federal de San Martín, que se las asignó al titular del otro tribunal de la misma jurisdicción, Lino Mirabelli. Pero Arroyo se las reclamó, aduciendo que en su juzgado ya había una denuncia similar.

Lo que está en juego es la garantía de independencia e imparcialidad judicial que integra el derecho de defensa, en ese caso del Presidente Alberto Fernández, ya que el encuentro se produjo en las dependencias privadas de RPO que comparte con Yáñez. El interés de Arroyo se hizo manifiesto al mismo tiempo que su crítica al fallo del Tribunal Federal 8 que sobreseyó a la Vicepresidenta CFK en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, que el fiscal general Natalio A. Nisman interpretó como una maniobra de encubrimiento a los autores del atentado contra la sede de la DAIA de 1994. Nisman era el esposo de Arroyo. “Nos impacta con dolor que otros magistrados entiendan que no hay que investigar la causa que llevaba Alberto Nisman. Él puso en riesgo su vida”, le dijo a la radio Millenium hace una semana. Esta semana la Cámara Federal confirmó el procesamiento del manager de las modelos que viajaron con Nisman a Cancún, por las amenazas de muerte con que logró que ocultaran ante la justicia que se trataba de relaciones pagas por el funcionario.

La muerte de Nisman, el 18 de enero de 2015, fue el eje de la ofensiva de desgaste contra el gobierno nacional, impulsada por los fondos buitre y capitalizada por Cambiemos. Macrì y Arroyo Salgado compartieron la marcha al mes de su muedrte, en la que se señaló a Cristina como responsable, una acusación tremenda sin nada que la sustente.

 

 

 

 

Todo esto podría ser razón para que la jueza se excusara de intervenir en la causa que concierne al Poder Ejecutivo. Pero ese no es el único motivo. La lista de visitantes de la Casa Rosada indica que el 19 de diciembre de 2016, Arroyo Salgado estuvo en la sede presidencial entre las 11 y las 12.40, si bien no indica a quién visitó ni por qué motivo, de modo que hay que manejarse con indicios.

El mismo 19 de diciembre de 2016, los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana Figueroa deliberaron sobre el desarchivo de la causa por la denuncia de Nisman. Según el diario La Nación, “es probable que el tribunal, por mayoría, con los votos de Hornos y Borinsky, se pronuncie por reabrir el caso. Y que además decida separar de la causa al juez federal Daniel Rafecas, que ya se pronunció por tener el caso archivado, y a los jueces de la sala I de la Cámara de Federal”. El vaticinio de La Nación se confirmó el 29 de diciembre de 2016. Entre ambas fechas, Borinsky pasó media hora con Macrì en RPO.

Cuatro días antes de la presencia de Arroyo Salgado en la Casa Rosada, Macrì había recibido en la sede presidencial a la plana mayor de la DAIA, encabezada por su entonces presidente, Ariel Cohen Sabban, y el vice, Alberto Indij, que pronto lo reemplazaría, cuando Cohen Sabban fuera renunciado por juego de manos.

El 11 de abril de este año, El Cohete reveló que Borinsky asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa del Memorándum, que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos, como jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue lo que el habla popular llama ser juez y parte.

El principal contacto de Borinsky fue el secretario general y abogado de la DAIA, Santiago Kaplún, quien es socio de Ramiro Rubinska. La esposa de Rubinska es Ingrid Meischenguiser, cuya hermana Evelyn está casada con Borinsky. Esa operación concebida en familia no conformó a todos los miembros de la Comisión Directiva de la DAIA, y por eso lo sucedido llegó a conocimiento del Cohete.

 

 

 

 

Según los ex directivos de la DAIA consultados, el juez Borinsky brindó un asesoramiento clave y sugerencias varias para garantizar:

• que la DAIA fuera aceptada como querellante, pese a la oposición manifestada por el fiscal general de Casación, Javier De Luca, dado que la entidad no había presentado el poder especial que el código procesal señala como necesario para querellar, y
• que la presentación contuviera argumentos suficientes para motivar a sus colegas, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, a dar el consentimiento para la reapertura de una causa que ya constituía cosa juzgada.

Para ello se utilizó la grabación anónima de un diálogo telefónico entre el canciller Héctor Timerman y Guillermo Borger, el presidente de la AMIA, que compartía el edificio con la DAIA. Borger le recriminaba que se abriera una negociación con un “Estado mentiroso y negacionista como Irán” y Timerman le respondía: “Si fuera otro, no hubiese puesto la bomba, ¿tenés otro para negociar?”. Días antes que la Cámara de Casación se pronunciara, Kaplún le garantizó al resto de los integrantes de la Comisión Directiva: “Hay acuerdo para que el expediente se reabra”.

El malestar en la DAIA llegó a tal punto, que Kaplún fue forzado a dimitir de su cargo. El presidente interino Alberto Indij le exigió la renuncia “por llevar a cabo iniciativas inconsultas respecto al resto de la mesa ejecutiva, tomando decisiones a espaldas de las máximas autoridades de la institución”. Indij presidió la DAIA entre mayo de 2017, cuando debió alejarse el titular Ariel Cohen Sabban luego de la denuncia de Esmeralda Mitre, y octubre de ese mismo año, cuando lo sucedió el actual presidente Jorge Knoblovits, quien esta semana decidió apelar las absoluciones dispuestas por el TOF 8. La renuncia de Kaplún se produjo en julio de 2017, durante el interinato de Indij. En diciembre de ese año, cuando el doctor Glock procesó a Cristina, Kaplún ventiló su resentimiento ante un grupo de socios de Macabi, cuya comisión directiva integra: “Me van a tener que agradecer el trabajo que hice en 2016. No pudimos por ahora meterla en cana. Pero falta menos…” Uno de los asistentes lo transmitió al Cohete.

—¿A qué iniciativas inconsultas de Kaplún se refiere? —preguntó El Cohete.

—Entre otras, a la carta que presentó en la audiencia ante la Cámara de Casación, que no había sido autorizada por las autoridades —respondió Indij.

El matutino Clarín tituló su nota del 19 de diciembre de 2016: “Impactante y provocadora carta de la DAIA para pedir que se abra la denuncia de Nisman”. Su texto, que Kaplún leyó ante la Cámara de Casación se preguntaba qué sucedería con esa causa si Daniel Scioli y Carlos Zannini hubieran sido electos Presidente y Vice un año antes, Aníbal Fernández gobernador de Buenos Aires y Luis D’Elía designado embajador en Teherán. Suponía que la comisión de la verdad contemplada en el Memorándum estaba trabajando en Irán y que sus miembros terminarían de leer el medio millón de fojas de la causa en 2026. Por último, se congratulaba de que nada de eso hubiera ocurrido y que la reapertura de la causa trajera esperanza.

 

 

 

Una interesante línea de tiempo trazada por el abogado Alejandro Rua indica que el 27 de junio de 2016, Borinsky visitó a Macrì en la quinta de Olivos. El mismo día se reunió la Comisión directiva de la DAIA, y allí se informó que el 24 de junio habían analizado con Macri estos temas: “Memorándum con Irán”, “causas judiciales atentado y colaterales", “causa Nisman”, “el avance de los escritos a ser presentados en la causa de la denuncia del fiscal Nisman que se encuentran en instancia de preparación”. El fiscal Marcelo Colombo dictaminó que  Hornos y Borinsky debían ser investigados en otra causa.

En junio de 2020, el ex agente del Mosad Uzi Shaya, empleado de Paul Singer, declaró ante la televisión israelí que Nisman fue parte de una operación para extorsionar a CFK con el objetivo de que pagara los casi 10.000 millones de dólares que reclamaban los buitres. Uzi dejó claro que no hubo forma de torcerle el brazo, pero que pudieron imponer a Macri como sucesor. Esa gente habla claro.

 

 

 

 

Después de la muerte de Nisman,  el Banco Central del Uruguay informó a la Justicia argentina que el fiscal, su madre y su hermana registraban actividades financieras no declaradas. En abril de 2015 se conoció, además, que Nisman había recibido alrededor de 280.000 dólares en una cuenta en el Banco Hapoalím, con sede en Colonia del Sacramento, provenientes de una empresa periodística cuyo propietario era Sheldon Adelson, otro financista de la Task Force Argentina. La Dirección General de Registros de Uruguay informó que Sara Garfunkel figuraba como dueña de tres unidades de propiedad horizontal, en la localidad uruguaya de Manantiales, tasadas en 300.000 dólares, suma similar a la depositada en cuentas de Nisman en la sede del Banco Hapoalím. Luego se conoció una cuenta en el Merrill Lynch de Nueva York, por un monto de 660.000 dólares, tampoco declarados ante la AFIP.

 

 

Un mensaje encriptado

El penúltimo sábado 16, el matutino La Nación publicó una nota sobre la desaparición hace siete años del financista Damián Stefanini, que esconde un desafío para criptógrafos o para Arroyo Salgado. Sin que nadie haya explicado nunca por qué, Stefanini depositó 150.000 dólares en la cuenta secreta que Nisman tenía en el banco Merrill Lynch de Nueva York. Nisman era por entonces marido de Arroyo, en cuyo juzgado se instruía una causa por la destrucción ambiental provocada en los humedales del Tigre por el proyecto inmobiliario Colony Park. Stefanini desapareció el 17 de octubre de 2014, tres meses antes de que el cuerpo de Nisman se hallara con una bala en la cabeza en el baño cerrado de su departamento. Fue Arroyo Salgado quien advirtió al tribunal que investigaba esa muerte sobre la existencia de aquella cuenta, que Nisman compartía con su madre, su hermana y su asesor informático. La nota de La Nación hace referencia a Colony Park, que menciona como un “faraónico proyecto inmobiliario” y al responsable de ese emprendimiento, quien advirtió a la familia de Stefanini sobre su desaparición. Pero tampoco dice que se llama Hugo Schwartz. Para sumar un enigma al misterio en un episodio poblado de secretos, justo ahora el juez federal Julián Ercolini inhibió los bienes de la madre, la hermana y el técnico informático de Nisman.

 

 

 

 

Mapuches, iraníes y venezolanos componen así un previsible déjà vu con el que la oposición política y mediática intenta profundizar el castigo electoral al peronismo, que no necesita tanta ayuda para autolesionarse.

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

 

 

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