Victoria sin paz

 

Al cierre de esta nota, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Victoria Tolosa Paz no había dado respuesta al reclamo de comercializadoras y distribuidoras a las que adeuda fondos ya asignados en el marco de convocatorias del programa de Mercados de Cercanía.

Se trata de organizaciones de la economía popular, social y solidaria que este mes informaron haber llevado su preocupación hasta la propia ministra. Casi una veintena de proyectos, refieren, contaban con aprobación, número de expediente, convenio suscrito y orden de pago. Alrededor de 35 más estaban en la instancia previa, a la espera del trámite final.

El Cohete consultó a fuentes del Ministerio y de la Secretaría de Economía Social bajo su órbita. En ambos casos, la respuesta fue la asignación cruzada de responsabilidades. La verdad parece estar en que es en la instancia ministerial donde los trámites ingresan en letargo, pese a tener órdenes de pago: las acreditaciones no deberían demorar más de una quincena desde su firma, pero en algunos casos llevan ya meses de retraso. Los primeros signos de ralentización asomaron en diciembre de 2022, un bimestre después de la llegada de Tolosa Paz.

La situación actual resulta en un nuevo tiro en el pie del gobierno nacional, porque la mejora del programa de Mercados de Cercanía respecto del funcionamiento que tenía durante la administración de Mauricio Macri –cuando se llamaba Mercados Solidarios– es un logro que le era reconocido a la de Alberto Fernández. Entre otros puntos, porque el precepto era lograr que lo producido en una región pudiera venderse en ella a precios justos y con generación de trabajo local, y la búsqueda de estrategias de articulación a escala nacional con las necesidades expresadas por el sector como insumo para la formulación de líneas de acción y acceso sencillo a trámites.

La excusa presupuestaria para la paralización del financiamiento al programa ni siquiera podría enarbolarse, porque las partidas ya estaban contempladas y además el eventual ahorro sería nimio, dado que los montos rondan los cuatro millones de pesos por proyecto. Son números relevantes para las organizaciones que deberían recibirlos, pero insignificantes en relación al presupuesto estatal.

 

Buen programa

Durante casi tres años, el programa Mercados de Cercanía ofició como herramienta para abrir y consolidar formas de comercialización basadas en organizaciones surgidas del esfuerzo y la creatividad de quienes debieron procurarse sus propias fuentes de trabajo y, al mismo tiempo, facilitaron a sus comunidades la compra por fuera de la especulación de las grandes cadenas.

Mientras funcionó en los plazos regulares, el programa ofreció la posibilidad de acceder a espacios de formación y articulación, y a apoyo económico para equipamiento, logística, capacitación y difusión.

En el primer trienio de la Presidencia de Fernández la mejora fue ostensible: de diez proyectos en 2019 se pasó a 98 en 2022, con una reducción de siete meses a unas cinco semanas en los plazos de formulación. Eso permitió totalizar 180 proyectos en tres años, posibilitando la consolidación de 269 mercados ya existentes y la apertura de otros 158, junto a medio centenar de tiendas virtuales.

Como una de las premisas trabajadas era la articulación, se fortaleció una red de mercados de cercanía que realizó dos encuentros nacionales –en la bonaerense Chapadmalal en 2022 y en la cordobesa Embalse en 2023– y registró a 265 organizaciones, 817 puntos de venta, más de 7.000 trabajadoras y trabajadores, y la comercialización de productos de 10.000 unidades productivas.

El anclaje federal de la red, distribuida en todas las regiones del país, hacía que cada inversión del Estado fuera además una inyección a las economías locales de 21 provincias, incluyendo en muchos casos a pequeñas ciudades o pueblos.

 

 

Se trata, por otra parte, de espacios de trabajo altamente feminizados: alrededor de un 70% de quienes trabajan en puntos de venta, nodos y centros de acopio son mujeres. En los tres años previos al actual, el programa Mercados de Cercanía había implementado líneas nuevas de acompañamiento, como el financiamiento para la disposición de espacios de cuidado de niñas y niños.

La articulación para la producción y comercialización de los productos permitió generar “miles de puestos de trabajo, promoviendo la organización comunitaria, en red y con perspectiva de género, garantizando precios justos, fomentando el consumo responsable y una alimentación sana, saludable y soberana”, señalaron semanas atrás las organizaciones al informar su reclamo, todavía sin respuesta ministerial.

Antes del impulso que tuvo la iniciativa gubernamental Mercados de Cercanía entre fines de 2019 y 2022, “teníamos vínculo entre distintas organizaciones que veníamos con un proceso de más largo tiempo, pero lo que propuso el programa con esta red fue pensar una estructura de articulación nacional, un intento de estrategias comunes”, refiere Pablo Blank, coordinador de la comercializadora popular Monte Adentro, del Movimiento Campesino de Córdoba.

Monte Adentro nació “como una estrategia de comercialización de los propios productos”, relata Blank. Luego de reunir experiencia en ferias, hace un lustro la comercializadora abrió sus primeros locales. En la actualidad, realiza venta mayorista y minorista, incluyendo a elaboradores y restaurantes. En años anteriores, la inversión estatal permitió a Monte Adentro dar saltos de calidad, contribuyendo a la adquisición de un vehículo y la puesta en marcha de una cámara de frío. El cierre de esta nota encontraba a la comercializadora entre las organizaciones que por primera vez debieron reclamar la entrega de los fondos ya adjudicados por el programa.

 

La guerra (a la inflación) y la (Tolosa) paz

Como en algunos casos la demora en los pagos ronda el semestre, la diferencia entre los términos nominales y los reales de la inflación acumulada en el periodo implica que –si el Ministerio no recalcula los montos al abonarlos– las comercializadoras y distribuidoras habrán perdido hasta el momento aproximadamente la mitad de lo adjudicado.

La situación impacta además sobre consumidores y consumidoras de las regiones en que trabajan las organizaciones, al limitar las posibilidades de tensionar la concentración en la distribución y comercialización de productos. En muchos casos, se trata de alimentos producidos por las propias comunidades u otras con las que trabajadoras y trabajadores han entablado relación.

Por otra parte, un reciente relevamiento trimestral del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz confirma el impacto que los espacios de comercialización de la economía popular, social y solidaria tienen sobre los precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la región del país donde mayor desarrollo ha tenido el sector, con medio millar de puntos de venta y casi 5.000 unidades productivas.

De acuerdo al estudio, la compra de 62 productos de la canasta básica alimentaria en esos espacios resultó siempre más barata en las comercializadoras populares que en los supermercados: 8% en marzo, 4% en abril y 6% en mayo.

 

 

La brecha es mayor si se comparan rubros específicos como carnes, huevos y frutas y verduras, que además ofrecen los beneficios de provenir de una producción agroecológica.

El relevamiento del CESO destacó entre los precios los de la docena de huevos, que pudo comprarse en mayo por 600 pesos contra casi 1.000 que costaba en los supermercados, y del kilo de naranjas, de 470 pesos frente a los 700 a pagar en las grandes cadenas.

Si se toma en cuenta que el de alimentos es uno de los rubros que empuja la tendencia alcista de precios, mezquinar acompañamiento a la red de comercializadoras populares antes fomentada no parece la mejor táctica en la guerra contra la inflación que el Presidente declaró en marzo de 2022.

 

 

 

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