Vicentin, Techint y Ledesma, botones de muestra

 

Con despidos, suspensiones, rebajas salariales, falta de normas de prevención, incumplimiento de los protocolos, el Ingenio Ledesma, Techint y Vicentin –entre otros—  violan las normas de emergencia previstas por el gobierno nacional y obligan a sus trabajadores a cumplir tareas sin protección eficaz contra los contagios del Covid-19.

 

Vicentin

Algodonera Avellaneda, una de las empresas pertenecientes al grupo Vicentín, se encuentra paralizada desde el 12 de junio por reclamos de mejoras salariales de sus 430 trabajadores y trabajadoras.

La empresa ni siquiera ha concurrido a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, a las que no se citó al directorio de Vicentin, pese a que existe una dirección única que planifica y toma las decisiones fundamentales.

La respuesta a la movilización y el acampe de los trabajadores en las puertas de la fábrica fue la vieja práctica del carneraje y la embestida motorizada que —dirigida por el abogado de la empresa—, causó lesiones a dos trabajadoras, una de ellas delegada del personal, que debieron ser hospitalizadas. Otra vieja práctica, la de criminalizar la protesta social, se expresa a través de una orden de desalojo de una fiscal, y un clima de permanente intimidación contra los y las trabajadoras en huelga.

 

 

Ingenio Ledesma

Jujuy sufre hoy las graves consecuencias de la falta de prevención e irresponsabilidad del gobierno de Gerardo Morales: un aumento exponencial de los contagios por coronavirus, la mitad de los cuales son trabajadores del ingenio Ledesma. La cifra de infectados y de fallecidos entre el personal de la empresa aumenta a diario.

No obstante la gravedad de la situación, Ledesma se niega a reducir el número de trabajadores en actividad y —violando la normativa de emergencia—, niega el derecho a las licencias a los mayores de 60 años. Ha rechazado todos los reclamos del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar con el argumento de que todos los puestos de trabajo son esenciales para el adecuado funcionamiento de la empresa. Los obreros azucareros sufren las consecuencias de la falta de cumplimiento de las normas de prevención, al igual que los trabajadores del campo, los que manejan tractores y cosechadoras, que son llevados a trabajar en trailers por caminos internos de la empresa desde localidades que deberían mantenerse aisladas.

Los mineros de los yacimientos de plomo y zinc de Mina Pirquitas, Chinchillas y El Aguilar sumaron en julio 60 contagiados más a los 200 del proyecto de explotación de litio, a cargo de la minera Exar.

El poder económico que domina la provincia de Jujuy, el de la familia Blaquier en primer lugar, se ejerce –como siempre— sin ningún tipo de limitaciones. Ni el organismo laboral ni la Justicia penal han impedido que el Ingenio Ledesma continúe exigiendo a sus trabajadores la concurrencia al trabajo, aun cuando se sigan multiplicando los contagios y decesos.

Como ocurriera en los casos de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar (el caso del “apagón de Ledesma”), nuevamente la impunidad beneficia a la familia Blaquier. No es extraño que ello ocurra durante la segunda gobernación de Morales. Recordemos que Milagro Sala es una presa política en democracia, una rehén de la clase dominante jujeña y de su representante en el gobierno, que se empeñaron en destruir la más importante construcción social, política y cultural realizada por los sectores populares en el Noroeste. La impunidad de los crímenes de los poderosos se ve siempre acompañada por la persecución de quienes los han cuestionado. La prisión de Milagro Sala era una exigencia de la clase dominante jujeña. Para que Jujuy conserve sus tradiciones: la semiesclavitud, la servidumbre, la negación de la propia identidad étnica y cultural.  La clase dominante no tolera que existan organizaciones populares que acumulen poder autónomo, que se organicen en forma independiente para construir viviendas, fábricas textiles, centros de salud, centros culturales, escuelas primarias, medias y terciarias.

Para justificar políticamente su persecución contra Milagro Sala a través del armado de causas penales, Gerardo Morales hizo referencia a un supuesto “Estado paralelo”, en claro reconocimiento de su preocupación por el poder social y político acumulado por las organizaciones populares.

Disipada la amenaza, el gobernador devolvió la tranquilidad a los Blaquier; demostrando que era posible una restauración plena de las relaciones asimétricas propias del dominio oligárquico.

En estas condiciones adversas, las organizaciones sindicales –al igual que el resto de las organizaciones populares— tienen serias dificultades para sostener la lucha contra el poder de Blaquier, las mineras y otras empresas que demuestran un desprecio absoluto por la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

 

 

Techint

El grupo Techint despide a 1.450 obreros de la construcción, que trabajaban en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Tucumán, forzando luego un acuerdo que fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así viola el Decreto de  Necesidad y Urgencia 329 que prohíbe los despidos sin causa y por fuerza mayor o falta de trabajo, y puede ser cuestionado legalmente por los trabajadores afectados.

La conformidad del organismo laboral con este acuerdo, en una suerte de política de apaciguamiento, lejos de contener a Paolo Rocca, le dio seguridades de que podría encarar impunemente sus planes de reducción de salarios y de disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Continuó recortando salarios a los trabajadores que cumplen el aislamiento, argumentando abiertamente en contra del Artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia 297 que “no podían ganar lo mismo que quienes están trabajando”.

Siguió luego con nuevos despidos de trabajadores tercerizados en Campana. En este caso, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria extendiendo la misma tanto a Siderca como a la empresa contratista, por entender que son solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales.

Como bien señala Victorio Paulon en su artículo “Algodonera se la banca”, esta resolución del Ministerio es “un principio de respuesta a los ajustes que pretende Paolo Rocca sobre los trabajadores tercerizados para incrementar la carga de trabajo de los operarios directos de la fábrica… Rocca actúa, mientras que su vocero político Roberto Lavagna proclama que para salir de la pandemia hay que hacer la reforma laboral”.

 

 

Lavagna

Lavagna propone un plan económico post pandemia, en el que incluye una “reforma laboral”, que establecería un doble régimen:

1. El que hoy emplea en blanco y con normas propias de la economía del bienestar de la segunda post Guerra Mundial, al 49,5% de los asalariados privados, sistema que –dice— “debe ser respetado integralmente por el principio de los derechos adquiridos”.
2. Un sistema nuevo, en blanco y con normas precisas, que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos del siglo actual, que “permita que el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, sub-empleados, pseudo empleados —parte importante de monotributistas—, puedan trabajar dignamente”.  Para este otro sector propone instaurar un sistema similar al que padecen los trabajadores de la construcción. Eliminar la indemnización por despido arbitrario y crear un fondo de cese o desempleo.

En otras palabras, estos trabajadores serían regularizados en el marco de un nuevo régimen laboral, que los privaría del derecho a la protección contra el despido arbitrario. Es decir, se implementaría un sistema contrario al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Eso es “trabajar dignamente”?

Se instauraría un trato desigual legalizado:

• Los antiguos conservarían la indemnización por despido arbitrario;
• los nuevos serían privados de ella, y tendrían un “fondo de cese” del que podrían disponer cualquiera fuere la causa de la extinción del vínculo: despido, acuerdo o renuncia. Es decir que se consagraría un trato discriminatorio, contrario a la ley 23.592 y al Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por considerar evidentemente al despido sin causa como un acto normal, lícito, necesario, derivado de exigencias organizativas, de la racionalidad y el cálculo económico de la empresa,  Lavagna va más allá que lo que disponía el primer proyecto de la frustrada reforma laboral macrista, que planteaba que el fondo de cese podría establecerse a través de la negociación colectiva.

De acuerdo a sus ideólogos y voceros mediáticos, la creación de empleos parece depender exclusivamente de la cada vez mayor flexibilización de las relaciones laborales. Se asocia la posibilidad de crear empleos al costo probable que acarrearía a los empleadores un futuro despido. Es decir que el mejor Derecho del Trabajo, el que haría posible la creación de empleos, sería aquel que facilita su destrucción. Como dice Antoine Jeammaud: “Cabe preguntarse qué nivel de aligeramiento de las obligaciones jurídicas sería necesario alcanzar para que las empresas se pongan, por fin, a contratar personal masivamente, al punto que se osa apenas evocar la duración persistente de la sujeción al trabajo de numerosos asalariados: el acrecentamiento de las tareas, la disposición del tiempo de vida, la diversificación y difusión de las presiones, en un contexto dominado por el temor permanente a perder el empleo”[1].

Pero se encuentra demostrado que la mayor flexibilidad de salida, la reducción de las indemnizaciones por despido o su eliminación, no favorecen la creación de mayor empleo en ningún país del mundo. Si se facilitan los despidos, estos instrumentos son usados por los empleadores y no se crean sino que se destruyen empleos.

 

 

Final abierto

Detrás de la retórica irracional de los políticos de la derecha y la jauría mediática que convocan a marchas  a favor de Vicentin, contra la reforma judicial o de cualquier otra medida del gobierno nacional que tienda a favorecer a los sectores populares, están siempre los dueños del poder económico, la gran burguesía nucleada en la AEA, que desde el principio se opuso a la cuarentena y a las medidas de emergencia adoptadas por el gobierno nacional, con el argumento de que es necesario reabrir la economía y volver a la normalidad.

El grabado de Goya El sueño de la razón produce monstruos parece ser la imagen que mejor expresa los delirios de los políticos de la derecha (Bullrich, Carrió, etc.) y las nostálgicas declaraciones golpistas de Duhalde.

En las marchas realizadas siempre en nombre de la libertad y contra el autoritarismo, aquelarres que concentran las múltiples expresiones del odio de clase contra los trabajadores, los sectores populares y sus dirigentes, no se expresan los verdaderos objetivos del gran capital: que todos los trabajadores regresen a sus trabajos con salarios previamente devaluados, que vuelvan las jornadas prolongadas y agotadoras de siempre, aun cuando esto traiga como consecuencia el contagio y la muerte de miles; y que el crecimiento inevitable de las víctimas se impute a la responsabilidad del gobierno nacional.

El disciplinamiento de los explotados es una condición necesaria para avanzar en sus planes de desestabilización del gobierno nacional: impedir que pueda cumplir sus objetivos o derribarlo por cualquier medio, y lograr que en la post pandemia el Estado vuelva a concentrarse en las funciones asignadas por el sistema: seguridad, represión, Poder Judicial que siga garantizando la rentabilidad del gran capital y la limitación de la soberanía del pueblo.

Frente a las provocaciones desestabilizadoras del bolsonarismo argentino, los trabajadores, los sectores populares y sus organizaciones políticas y sociales deberán defender la democracia, removiendo los obstáculos políticos y jurídicos que la asimilan a un simple cambio periódico de guardia en el marco del régimen neoliberal, y avanzando hacia una nueva sociedad justa e igualitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Jeammaud, Antoine, “Cambio y futuro del Derecho del Trabajo en Francia”, “Contextos. Revista Crítica de Derecho Sopcial, N° 1, Buenos Aires, 1997, pág.  264.

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