Vialidad, y la recuperación del Estado

 

Minutos después de las 14:30 del martes 1 de febrero se inició vía Zoom la primera audiencia del año del juicio por la obra pública en Santa Cruz, conocido como la causa Vialidad. La audiencia marcó el tercer año del juicio que comenzó en mayo de 2019, interrumpido por pandemia y seguido vía remota. Declaró el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, que ocupó el cargo en las tres administraciones kirchneristas, desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015 y Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete durante el segundo mandato de Cristina Fernández, de diciembre de 2011 a noviembre de 2013. Zannini habló casi dos horas. Dijo que en 2003, cuando llegó al Gobierno con Néstor Kirchner a la presidencia, encontraron la Dirección Nacional de Vialidad “prácticamente lista para cerrarse con llave”. Que en la década del '90 la gente creía que las rutas se construirían con dinero de los concesionarios de peajes y que el Estado no aparecía como promotor y financiador de la obra pública. Y dijo: “Nosotros reconstruimos la Dirección Nacional de Vialidad”.

Zannini y Abal Medina hablaron convocados por las defensas de CFK y de Lázaro Báez, a cargo de Carlos Beraldi y Juan Villanueva, respectivamente. Buscaban demostrar, y corroboraron, que es falso que la provincia de Santa Cruz haya recibido fondos “desproporcionados” para el desarrollo de obra pública, como sostiene la acusación. Zannini y, con más tecnicismos, Abal Medina explicaron que obras y montos surgen del Presupuesto que vota todos los años el Congreso y elabora la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía. La Oficina controla las partidas que solicitan los Ministerios y elabora planillas para el Congreso, por lo que es falso que diputados y senadores no tengan información a la hora de votar.

En la audiencia quedó claro que la ejecución del presupuesto es responsabilidad directa de los Jefes de Gabinete, que a su vez dictan Decisiones Administrativas que modifican partidas y distribuyen entre distintas dependencias, para que puedan ser ejecutadas. Todas estas decisiones son controladas también por la Secretaría Legal y Técnica a través de su estructura de funcionarios de línea. Abal Medina afirmó que “es el Jefe de Gabinete de Ministros quien puede reasignar partidas para definir si un monto que estaba destinado, por ejemplo, a Educación vaya a Justicia”. Para reafirmarlo, Beraldi pidió al Tribunal que cite a todos los funcionarios que ocuparon ese cargo entre 2003 y 2015. El Tribunal aceptó y convocó para la semana que viene a Jorge Capitanich y Aníbal Fernández y para la siguiente a Sergio Massa y al Presidente Alberto Fernández.

 

 

Defensa política

Antes de responder preguntas, Zannini sostuvo que el juicio es una “acción desde la política que trata de instrumentar al Poder Judicial”. Consideró que el proceso es "ejemplo de la tentativa de utilizar el cronograma de audiencias como elemento electoral para que la sociedad crea que el peronismo hace, pero roba”. Lo dijo porque la primera audiencia del juicio ocurrió a pocos meses de las elecciones de 2019. “Se empezó con la judicialización de la política y ahora se quiere criminalizar la política y la obra pública. Se quiere afectar la honra de la ex Presidenta y se sugiere que hubo corrupción, lo que es muy lesivo", indicó el actual Procurador del Tesoro, que entre fines de 2017 y principios de 2018 pasó más de 100 días preso por la causa Memorándum de Entendimiento con Irán, sobre la que la Justicia consideró el año pasado que no existió delito.

–Muy bien, lo tenemos presente —respondió en frío el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

Luego, tomó la palabra Beraldi.

–¿Por qué lo eligieron secretario Legal y Técnico? –consultó.

–Por la confianza. De todos modos, la secretaría general tiene entre 200 y 300 empleados, la mayoría de carrera, técnicos.

–¿Es habitual que los Presidentes designen gente con la que hayan trabajado o de confianza?

–Todo el mundo lo ha hecho, sino pensemos en los del [colegio Cardenal] Newman.

–¿Tiene conocimiento de que en el período 2003-2015 en el área de obra pública se haya otorgado a la provincia de Santa Cruz fondos desproporcionados?

–No —expresó—. La construcción de obra pública se delega a las provincias. Cuando asumimos en 2003, Santa Cruz estaba muy atrasada en infraestructura y recibió del gobierno nacional fondos para actualizarse. Hicimos lo que dice la Constitución sobre brindar igualdad de oportunidades a cada uno de los habitantes del país. Nosotros llamábamos a Santa Cruz la periferia de la patria.

–¿Qué factores inciden en la realización de una obra en X provincia? –continuó Beraldi.

–Siempre hay algún valor político en la obra que se va a construir. Santa Cruz es provincia desde 1958. Siempre soñamos con tener una represa en el río Santa Cruz. Poner en marcha la usina de Río Turbio tuvo una honda significación política. También soñamos con construir una Aluar más grande que la de Chubut y levantar un puerto de aguas profundas. En nuestra concepción política construir obras tiene que ver con mejorar la calidad de vida a la gente. En Santa Cruz se fundaron pueblos por cuestiones de soberanía, por ejemplo El Chaltén. La provincia comprende 16 poblaciones aisladas que necesitan comunicación terrestre, tanto en el Oeste por la ruta 40 como en el Este por la ruta 3.

 

 

La idea fija

Luego, llegó el turno de Abal Medina. Primero preguntó el abogado Villanueva.

–¿Las reasignaciones presupuestarias tenían que ver sólo con los fondos destinados a la provincia de Santa Cruz?

—No, obviamente que no.

Más tarde, preguntó el juez Gorini.

–¿La Jefatura de Gabinete tenía participación en los casos en que la obra pública vial se desarrollaba por convenio entre provincia y Nación? —preguntó.

– No –respondió Abal Medina.

Pasadas las 17, arrancó el fiscal Diego Luciani.

–¿Tenía relación con el ministerio de Planificación (a cargo de Julio De Vido, imputado también en este juicio)?

–Sí, con todos los ministerios –dijo Abal Medina.

–¿Tenía información relativa al contratista?

–No, obviamente no.

–¿Quién decidía cómo distribuir la obra pública?

–La Ley de Presupuesto del Congreso.

–¿Era discrecional?

Antes de que el ex jefe de Gabinete pudiera responder, los defensores plantearon objeciones. La fiscalía repite con frecuencia la idea de que las obras se distribuían con “discrecionalidad”. Pregunta y repregunta sobre lo mismo. A partir de la pregunta y objeciones, hubo un ida y vuelta de casi media hora. El fiscal finalmente preguntó: “¿Quién tiene la última palabra para decidir cómo se distribuye la obra pública?”. El ex jefe de gabinete respondió: “El Congreso de la Nación”. Abal Medina, además, remarcó que la mayor parte del presupuesto se destina al pago de jubilaciones, pensiones y salarios de empleados estatales, docentes, fuerzas Armadas y de Seguridad a la cabeza, y no a obra pública.

 

 

 

Todos los jefes todos

La próxima audiencia está pautada para el lunes 7 a las 10:30. Declarará el gobernador de Chaco Jorge Capitanich. El martes 8 está previsto que asista a los tribunales de Comodoro Py el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. La semana siguiente testificará Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados y el Presidente Alberto Fernández, que pidió postergar la fecha por la gira a Rusia, China y Barbados. El lunes, antes de iniciar la gira, el Presidente habló del caso en el programa de Gustavo Sylvestre: “En la Argentina, el principio de inocencia se perdió”, dijo. También sostuvo: “Cristina en este momento está siendo juzgada por el, entre comillas, delito de haber mandado un presupuesto con obras públicas”. "¿Va a ir a declarar?", preguntó Sylvestre. "¿Cómo no voy a ir si es un delirio lo que está pasando? Incluso cuando no hablaba con Cristina yo marcaba estas cosas. La Justicia tiene que entender que tiene que revisar lo que ha hecho, que fue muy grosero". Fernández cuestionó las detenciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa “para que no puedan vender sus bienes”. Y dijo: “Eso se hace con una inhibición de bienes, no hace falta detener a nadie”. Habló sobre la marcha a la Corte el 1F a la que llamó “movilización ciudadana” y planteó que el Máximo Tribunal “no funcionó bien en este tiempo”: “Hay una responsabilidad pasiva por no abocarse a ciertos temas”. Además, consideró que la integración con apenas cuatro jueces dificulta llegar a los necesarios tres votos (mayoría) coincidentes para dictar sentencias. Pero no adelantó si enviará el pliego de algún candidato al Congreso para reemplazar a Elena Highton.

 

 

 

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