Verde versus verde

 

Mientras el Frente de Todos, con tropiezos, se esfuerza por plantear una agenda de desarrollo local en dirección a los desafíos futuros que encara el mundo, del lado del ring de los representantes de las elites que habitan estas tierras sólo se presentan y discuten planes de negocios. Sin perder de vista la legitimación electoral, se alinean en las apariciones públicas de campaña, donde respetan y recitan los slogans definidos en los focus groups, sin olvidar la letra ni correrse un milímetro del guión. Detrás del “yo decido”, explotan al máximo un individualismo anti-estatal que prende en sectores afines y subordinados a los intereses del 1% de mayores ingresos que concentran la riqueza. No obstante, la insistencia del periodismo obediente da algunas pistas. Apuntan a traer al ruedo cotidiano fantasmas de devaluación que, sabemos, impacta sobre los precios y los ingresos familiares. La derecha, viéndose entrar a la Casa Rosada en 2023, visualiza al incremento del valor del dólar como un seguro para su permanencia en el poder más allá de los ajustes que ya anticiparon harán.

Entre tanta operación mediática “pro” devaluatoria sucedieron las reuniones del G20 en Roma y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) en Glasgow. La primera generó revuelo y concentró la mirada local porque hacia allí viajó el gobierno argentino buscando apoyos internacionales para fortalecer su negociación con el FMI. A la segunda fue el Presidente Alberto Fernández ni bien concluido el G20, mientras su ministro de Economía continuaba en Roma el diálogo técnico con sus pares del FMI.

De Roma, el gobierno se llevó lo que fue a buscar. El pedido argentino figuró en el documento final que sellaron los países intervinientes. Los popes mundiales rubricaron una recomendación al FMI para que continúe revisando los sobrecargos aplicados a los países que se endeudaron con el organismo más allá de lo que les corresponde –léase la Argentina–. También tomaron la idea de impulsar la creación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad que debería ir en la dirección de financiar de modo “asequible a largo plazo” a los países de ingresos medios y bajos. Aunque queda por ver qué de todo eso se concretará, el éxito del gobierno, al menos simbólico, pudo pulsarse en los titulares de la prensa opositora, que se empeñó en bajarle el precio.

La Conferencia de Glasgow este año tuvo un peso político mayor y estaba precedida de altas expectativas. El giro de la Casa Blanca en su política ambiental sumó. Joe Biden llevó en su maletín el informe que preparó el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera del país del norte, en el que advirtió que el cambio climático es una “amenaza emergente” para la estabilidad del sistema financiero de Estados Unidos. Parece que cuando el aumento de las temperaturas presagia cambios radicales que fragilizan las inversiones contenidas en las carteras de las instituciones financieras llega la hora de tomar en serio las astas del toro.

Si bien los acuerdos alcanzados en este tipo de conferencias se vieron poco expresados en las políticas de los Estados –los compromisos asumidos hasta el presente lo demuestran–, el debate climático adquiere relevancia geopolítica y, desde una perspectiva de cara a las próximas décadas, se va alineando con los centros gravitacionales de la reestructuración del sistema económico mundial. No es un detalle menor que China y Rusia no hayan asistido a la Conferencia. El faltazo de China demuestra el modo en el que se siente cómoda manejando su puja hegemónica con el gigante americano, y sigue apegada a las líneas trazadas hace un par de años para su reconversión energética.

La economía verde es hoy una de las grandes apuestas económicas por la recomposición de un ciclo de acumulación de largo plazo, y un espacio de disputa por la hegemonía mundial. El estancamiento de la economía global es algo que el capitalismo, comandado por el gigante del norte de nuestro continente, no puede revertir desde la crisis de 2008, y el futuro pospandémico agrega incertidumbre por donde se lo mire. En esa escena, la reconversión del patrón energético y del aparato tecnoproductivo es una gran apuesta estratégica de mediano y largo plazo.

En ese marco, la Argentina, focalizada en el “canje de deuda pública por acción climática”, metió un gol de media cancha que desconcertó. La comitiva argenta anunció allí una inversión que durante siete años alcanzará los 8.400 millones de dólares y creará 15.000 empleos basados en tecnologías que apuntan a la economía verde. La producción del denominado hidrógeno verde mediante el desarrollo de la empresa australiana Fortescue, que abrirá una planta en la Patagonia, fue un notición que enmudeció por unas horas a los medios de propaganda opositora. Inmediatamente, quienes antaño festejaron los espejitos de colores que el ex Presidente Mauricio Macri cosechaba en cada gira donde “nos insertábamos en el mundo”, salieron a poner palos en la rueda. Desplegaron alertas y alarmas, humo destinado a taponar la señal que, con este proyecto, indica que la Argentina se posiciona como un lugar privilegiado para la producción de energía limpia, aquello que viene y por lo cual compiten geopolíticamente tanto China como los Estados Unidos, puente europeo incluido. La propuesta del canje de deuda, además, pone la discusión en el plano de discernir el papel que deben cumplir las distintas economías y qué responsabilidades le caben a cada quien.

Hoy las grandes potencias apuntan a socializar los costos de una reconversión productiva verde que, en poco tiempo, será ineludible. Se sientan a la mesa con la servilleta puesta e imaginan que la cuenta se pagará “a la romana”. La posición que llevó la Argentina difiere. Busca, por diferentes caminos, que paguen más quienes se beneficiaron del despilfarro que llevó a la humanidad a este punto. La “sustentabilidad ambiental va de la mano de la sustentabilidad social”, desplegó el Presidente Fernández.

Parece, sin embargo, que las elites no están dispuestas, y que el único modo en que lo harán es si la fuerza de los pueblos se organiza como Estado, y estos entre sí, para empujar en la dirección de la justicia social.

El diario británico DailyMail publicó que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, motorizó a 400 aviones privados que llevaron a la COP26 a directores ejecutivos de corporaciones interesadas en el bienestar ecológico del planeta. El transporte de ese grupo de miembros del 1% de la elite mundial contaminó lanzando 13.000 toneladas de dióxido de carbono. Pero, eso sí, llevaron a Glasgow sus pancartas por la descarbonización del planeta. En 2018 el profesor Stefan Gössling –Universidad sueca de Linnaeus– descubrió en el marco de una investigación que Bill Gates, activista destacado en la defensa de un ambiente saludable, realizó 59 vuelos en 2017, equivalentes según sus cálculos a unos 345.000 kilómetros generadores de más de 1.600 toneladas de gases altos en carbono y equivalentes a las emisiones anuales promedio de 105 habitantes estadounidenses. Tanto los países más desarrollados como las personas multimillonarias concentradoras de la riqueza acumulada son los máximos responsables de las emisiones contaminantes, cuyo costo resolutivo quieren transferir a las mayorías. A la propuesta del Presidente argentino, que planteó considerar la diferencia entre países a la hora de evaluar las responsabilidades, deberíamos agregar las responsabilidades individuales. Quien posee una mayor huella de carbono tiene un mayor deber por responsabilizarse del daño al colectivo. El sentir de estas líneas dicta que la cuestión debería saldarse por el lado impositivo.

A propósito, a contramano de los planteos del staff Juntista local, un documento recientemente publicado por la Casa Blanca informó que las 400 familias más ricas de Estados Unidos pagan impuestos federales sobre la renta en el orden del 8.2% mientras el contribuyente estadounidense promedio paga el 13,3% de sus ingresos en impuestos federales. El concepto de más ingresos y menor contribución se extiende a todos los planos y es estructurante de este modelo de sociedades financiarizadas que socializan costos privatizando ganancias. Siempre Juntos, por la riqueza, en todos lados.

Frente a todo esto, la discusión mediática local sigue empujando el bote para las aguas de la devaluación. A vistas de la buena recepción que hay en la población respecto del control de los precios, parece que las encuestas aconsejan que hay que mudar los reproches sobre la emisión descontrolada hacia el valor desajustado del dólar. Entonces las noticias oscilan entre las predicciones de los gurúes financieros y las mesas de apuestas, cuyo objetivo es acertar la fecha en la cual el gobierno devaluará al peso. ¿Por qué la insistencia?

El gobierno que asumió el ex Presidente Macri tenía frente a sí una fuerza de trabajo con salarios más altos en dólares, mayor poder adquisitivo y bajas tasas de desempleo, todas condiciones socioeconómicas que fortalecen a los trabajadores a la hora de resistir un embate contra sus intereses. El esquema de ajuste gradualista que adoptó inicialmente Cambiemos tuvo que ver con la preexistencia de esa fuerza. Un nuevo hipotético gobierno en manos de la principal coalición opositora en 2023 necesita disolver de antemano cualquier aguante que puedan plantearle los trabajadores para, esta vez, ir a fondo contra obstáculos débiles. La devaluación es la herramienta que impulsa para eso el poder local agrupado en el liberalismo autóctono. Llevaría a una depreciación inmediata del peso reduciendo el salario real y golpearía fuertemente al Frente de Todos, achicándole sus aspiraciones de continuidad. En ese rumbo avanza la derecha, no sólo con las operaciones mediáticas diarias. Iniciaron la instalación de la flexibilización laboral y ya se sentaron a conversar para futuras alianzas.

Ante esta pulseada de los verdes, el de la inversión y la reconfiguración del patrón energético bajo energías limpias con inclusión social versus el de la especulación y el ajuste del salario, al Frente de Todos le sigue faltando picardía para capitalizar sus aciertos –que los hay– en el plano de lo simbólico, para que se vean traducidos en votos y apoyos políticos.

 

 

 

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