¿Veloz o lenta? la justicia llega

 

Los juicios de lesa escribieron un capítulo protagónico de la campaña electoral. Mientras represores como Jorge “Tigre” Acosta se mostraron entusiastas después de que La Libertad Avanza (LLA) se metiera en el balotaje y otros pidieron votar —los condenados por delitos de lesa humanidad pueden votar siempre y cuando no tengan sentencias firmes—, en las últimas semanas se reveló un nuevo hito histórico en la justicia argentina: el salteño Marcos Levin, ex dueño de la compañía de micros La Veloz del Norte, fue el primer empresario condenado por crímenes de lesa humanidad. La pata civil, de ese modo, se ensancha en el laberinto de la memoria como otra de sus tardías conquistas democráticas, en las antípodas de los verdugos simpatizantes de Milei.

Fue un largo proceso. Levin había sido condenado en 2016; al año siguiente el fallo se anuló y luego escaló hasta la Corte Suprema. El expediente, en rigor, durmió cinco años, y en octubre del año pasado los supremos ordenaron que se dictara una nueva sentencia. Fue entonces que ahora los camaristas Alejandro Slokar, Daniel Petrone y Gustavo Hornos ratificaron la pena de 18 años de prisión contra Levin: demostraron que había sido responsable activo en los secuestros y tormentos recibidos por 17 trabajadores de su empresa de colectivos.

La nueva sentencia demostró que la represión iba de la mano del grillete empresarial: desactivar las reivindicaciones laborales, tal como ahora subyace en la plataforma mileísta, era un objetivo de máxima. Un ejemplo fue cuando en enero de 1977 Víctor Cobos, chofer de La Veloz del Norte y delegado gremial, fue amenazado por Levin, quien cierto día se subió con dos policías a un colectivo que conducía. Cobos estaba acostumbrado a los aprietes del empresario: durante un paro general de transporte ya lo había agredido. Al día siguiente, Cobos fue detenido por una denuncia fraguada. En cautiverio fue torturado varios días por los policías que acompañaban a Levin, a la vez que el empresario supervisaba el operativo. “El poder de Levin era inmenso, manejaba al jefe de Policía de la provincia”, dijo Cobos en el marco del juicio.

Las idas y vueltas del caso Levin desnudaron, una vez más, la dilación interminable en los juicios de lesa, con represores muertos en el camino de la más absoluta impunidad de sentencias demoradas. Aun así, con las deudas pendientes sobre militares y civiles, un reciente informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación arrojó un impacto en los números que involucran a Juan Daniel Amelong, el represor que Victoria Villarruel intentó exculpar y el cual acumula tres condenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad. Amelong, que además es abogado, escribió un libro con Alberto González en el que impugna los juicios de lesa. González es el represor de la ESMA a quien Cecilia Pando señaló como el ghostwriter de Villarruel: hoy entre los militares circula la versión de un proyecto de indulto.

El informe de la Secretaría de Derechos Humanos detalla un abanico histórico que Villaruel buscó negar por todos los medios hablando de una “industria” de los juicios, similar a la idea del “curro de los derechos humanos” que usó Mauricio Macri en su campaña presidencial. Allí se relata que después del Juicio a las Juntas Militares y de las investigaciones impulsadas durante el alfonsinismo, el proceso de verdad y justicia se vio interrumpido por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a las que después se sumaron los indultos menemistas. Los juicios, en rigor, se reanudaron en 2006. Desde entonces, son 1.200 los genocidas que fueron condenados en el país: el número es reconocido en foros internacionales como uno de los más consistentes en materia de sentencias contra el terrorismo de Estado.

 

 

“La cifra, que se obtuvo a partir de la sentencia en Corrientes por el juicio Brigada de Infantería contra dos ex militares y un ex gendarme que nunca habían sido juzgados hasta el momento, habla por sí sola de la magnitud de una política de Estado que ha sido sostenida por los tres poderes con avances y retrocesos desde hace más de 20 años”, definió Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos que en los últimos días repudió los avanzados discursos de odio y vandalismo de sectores de ultra-derecha, como los ocurridos en señalizaciones de sitios de memoria. “No hay que olvidar que la Argentina es referenciada en todo el mundo por su decisión de juzgar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado —precisó Pietragalla Corti—. Y por la lucha y compromiso de su sociedad civil —las Madres, Abuelas y Familiares— que se organizó para luchar contra la dictadura y luego contra la impunidad”.

Como tal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sido parte querellante en la mayoría de esas causas y desde 2019 se presentó en 51 nuevos expedientes, elevando el total de querellas activas a 265. “También creamos un cuerpo de peritos, asistimos a miles de víctimas y testigos todos los años y reforzamos el trabajo en el exterior para darle impulso a los procesos de extradición e investigaciones que se siguen en otros países contra prófugos de la Justicia argentina”, remarcó el funcionario. Entre los casos del exterior se destaca el del represor Carlos Malatto, que se fugó en 2011 tras un fallo de la Cámara de Casación. En los próximos meses será juzgado en Italia tras una investigación conjunta con la fiscalía argentina.

El informe, además, puntualiza que desde que se inició el proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura con el Juicio a las Juntas de 1985 ya se realizaron 336 juicios. Sólo este año se obtuvieron sentencias en 20 causas y hay otros 15 debates orales y públicos que se están desarrollando en todo el país. Apenas se conoció el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llovieron nuevas críticas al proceso de verdad y justicia. Esta vez no fueron Javier Milei ni Victoria Villarruel, sino Guillermo Francos, otro de los referentes de la fuerza de ultra-derecha. “Hay varios casos de militares que están presos desde hace muchos años sin una condena o sin juicio”, alzó la voz el asesor de Milei. El cuestionamiento no fue antojadizo: se produjo días después de que la activista pro-impunidad Cecilia Pando pidiera una “solución” para los militares que están “ilegalmente detenidos”. Y se sumó a los dichos de Villarruel, quien aprovechó una entrevista periodística para declarar que en los juicios de lesa se habían “violado” las garantías constitucionales al aplicarse la ley penal retroactivamente.

 

 

Sin embargo, el informe se encarga de comprobar que los juicios respetan las garantías del debido proceso con jueces independientes, defensores públicos y privados, una fiscalía que representa la acusación pública y querellas que representan a las víctimas. Las sentencias, en efecto, son luego revisadas por todas las instancias recursivas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prueba del respeto de las garantías es que más de 170 acusados han sido absueltos y otros han sido sobreseídos durante la instrucción de las causas. En la base de datos www.juiciosdelesahumanidad.ar están las fichas de todas las personas condenadas por delitos de lesa humanidad desde 1985 a la actualidad: ya son cerca de 400 represores que tienen sus sentencias firmes y cerca de cien murieron con la condena revisada por las instancias superiores.

“Ojalá hubiéramos podido juzgarlos hace 40 años, pero ellos procuraron su impunidad y la sostuvieron a fuerza de ataques a la democracia”, especifica la abogada querellante Guadalupe Godoy, que integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). Las demoras del Poder Judicial fueron de la mano con las estrategias de los represores para alargar los procesos con presentaciones reiterativas o apelaciones que sólo ocasionaron largos atrasos. El resultado: una buena cantidad de criminales condenados, pero sin sentencia firme.

“Las más de 300 sentencias nos permiten tener por reconstruido que todo eso fue planificado y que no hubo dos demonios que pelearon una guerra, que no hubo excesos, errores ni casos aislados, como vuelven a sostener ahora algunos candidatos y candidatas. A pesar de los logros y los avances obtenidos en materia de derechos humanos, el Estado aún tiene una deuda muy grande con las víctimas y sus familias. Aún quedan por investigar y juzgar muchos crímenes cometidos antes y durante la última dictadura”, concluye Pietragalla Corti.

A 40 años de la democracia, enfatiza que hay cientos de nietos y nietas que todavía son buscados por Abuelas de Plaza de Mayo. A su vez, el informe describe que los juicios por crímenes de lesa humanidad históricamente analizaron las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y las apropiaciones de menores. En los últimos años, se comenzaron a juzgar nuevos temas: violencia sexual (84 juicios), delitos por motivación económica (15), personal civil de inteligencia (53) y complicidades civiles (104), violencia sobre menores (126) y enfrentamientos fraguados (24).

La periodista colombiana Patricia Nieto escribió un notable texto sobre los efectos del conflicto armado en las familias de los desaparecidos y muertos de su país titulado “El silencioso lenguaje de una herida”. Salvando las distancias con la Argentina, Nieto se refirió a las consecuencias de la represión en el tiempo. “Las heridas invisibles que dejan las confrontaciones armadas no caben en los partes de guerra, ni pueden ser captadas por las cámaras de los enviados especiales —narró Nieto—. Una vez infligido el daño, se incrustan en los pliegues sensoriales más profundos y desde allí horadan, lenta y silenciosamente, a los sobrevivientes hasta llevarlos a estados de sufrimiento permanente, con graves consecuencias individuales y sociales”.

En los pliegos sensoriales más profundos tal vez se ubiquen las palabras de Mariana Dopazo, ex hija de Miguel Etchecolatz, quien últimamente compartió en sus redes sociales un texto donde define el horror con que “el otro no importa”. En la misma sintonía, el colectivo Historias Desobedientes de ex hijos y ex hijas de genocidas emitió un comunicado en el que manifestaron su preocupación de que “el negacionismo tenga posibilidades de llegar al poder”.

 

 

Los juicios están vivos y tienen historia, repiten desde los organismos de derechos humanos. Los juicios no pueden seguir esperando. Las víctimas tampoco, como lo ilustra el quinto tramo por la megacausa ESMA, activo semana a semana en la Justicia argentina pese a la provocación de la candidata a Vicepresidente de Milei en desarmar de un plumazo el emblemático Museo de la Memoria de avenida Libertador.

 

 

 

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