Variante en el plan sistemático

 

Un juez de Garantías de Bariloche dispuso el desalojo de una comunidad mapuche sin tomar en consideración una prueba fundamental aportada por los propios imputados en la audiencia pública y alegada por la defensa. Es más, dio por legítima una resolución administrativa del Estado provincial que usó la legislación indígena para quebrar la unidad territorial y política de la comunidad Carrilafquen, asentada a pocos kilómetros al norte de Ingeniero Jacobacci, en el centro-sur de la provincia de Río Negro. La medida no está firme, pero revela la ideología de operadores del Poder Judicial y estrategias jurídicas nuevas, realizadas en acuerdo necesario y sistemático con funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

El martes 22 de marzo, el juez Ricardo Calcagno ordenó el desalojo de una fracción del territorio de la lof Ponce-Luengo, que conforma la comunidad Carrilafquen con otras cuatro lof de la zona de las lagunas. Calcagno hizo lugar al pedido de la fiscal Silvia Paolini y ordenó entregar una fracción de 440 hectáreas a Camilo Modesto Tinturé, amalgamando dos derechos diferentes en su favor: la de presunto ocupante de tierra fiscal, autorizado por la Dirección de Tierras y, a la vez, supuesto poblador mapuche reconocido por el Consejo de Comunidades Indígenas (Codeci). El Codeci es órgano de aplicación de la Ley Integral del Indígena 2.287, promulgada en 1988 como resultado de tres años de una masiva movilización encabezada por el pueblo mapuche. Arrastra numerosas críticas a su accionar por parte de diferentes espacios, debido a su papel subordinado a las negociados de tierras de todos los gobiernos y burocratización del cuerpo de abogadxs, entre otros puntos.

 

 

 

La ocupación de Ponce-Luengo en esa fracción está protegida desde noviembre de 2017 por una medida cautelar de la Cámara en lo Civil de Bariloche, que continúa vigente. Ese fallo ordenó al Estado no autorizar ni promover ninguna medida propia ni de particulares hasta que se resuelva el reclamo de fondo de la demanda colectiva iniciada en 2009 por once comunidades y el Consejo Asesor Indígena (CAI) –una organización de base–, en reclamo por el reconocimiento total y definitivo de los territorios ocupados y de los títulos de propiedad comunitarios correspondientes, entre otras cuestiones. Esa Cámara notificó las medidas protectoras a la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, la Dirección de Tierras, la Gerencia de Catastro, el Servicio Forestal y el Codeci.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía se refirió a pruebas documentales que dan cuenta de que el Ejecutivo no habría respetado ese fallo de 2017, permitiendo y/o alentado la criminalización de esta comunidad y sus integrantes. Los propios imputados replicaron la aparente nulidad de una de esas pruebas, lo que no fue ponderado por Calcagno. El juez también relativizó el hecho de que él mismo falló a favor de Ponce-Luengo en una denuncia anterior por presunta usurpación, como le recordaron.

 

 

Viejo modelo, nuevas condiciones

Como venimos documentando en este medio, el capital trasnacional viene arrasando con las formas tradicionales de acumulación de capital y explotación de la naturaleza desde la década de los '90. En el área de las lagunas Carrilafquen Grande y Chica –a diferencia de la zona andina–, el modelo terrateniente criollo se nutrió de la inmigración sirio-libanesa, que acumuló conocimiento directo del territorio, y de las personas del mostrador de la tienda de ramos generales o el carro de venta ambulante rural en sus orígenes de mercachifle. Esos comerciantes formaron parte de la burguesía local y su clase dirigente.

Por generaciones, en la estepa rionegrina, la familia Abi Saad produjo y reprodujo poder económico y político, apropiándose de las tierras de las familias mapuches o criollas pobres, reasentadas después de la campaña militar “al desierto”. Esas familias sobrevivientes están identificadas en las primeras inspecciones generales de tierras realizadas en 1919/1920 en esa zona. Los libros manuscritos confirman la memoria oral de las comunidades, invalorable patrimonio que pude consultar en el Museo Tello de Viedma. Los parajes Carrilafquen, Quetrequile, Cerro Mesa y Colitoro fueron escenario de confrontación histórica del pueblo mapuche con la familia Abi Saad, exponente de “los turcos”, tal como la población local llamó a esos inmigrantes sirio-libaneses.

En esa zona, las comunidades reagrupadas en lo que va de este siglo y el proceso de reafirmación territorial de los '90 puso fin al desarrollo de ese modo de acumulación protagonizado por una fracción del capital doméstico. Sus herederos ya no representan sus propios intereses de origen, ya que la lógica de los grandes grupos económicos y de los partidos políticos actuales casi casi prescinde de ellos. Por lo tanto, es necesario poner en duda el momento, la forma y los alcances del desalojo, dispuesto la última semana, de un campo ubicado a doce kilómetros del que reivindica María Antual con otra orden de desalojo pendiente de ejecución desde el 17 de noviembre pasado.

 

 

En el 2000, la lof Casiano-Epugmer recuperó 8.000 hectáreas apropiadas por los Abi Saad en Quetrequile, al sur de Jacobacci. En 2002, se reafirmó Antual-Albornoz, que vivían como fiscaleros junto a la Carrilafquen Grande, y recuperaron 2000 hectáreas de manos de Abi Saad. Menos de dos años después, se fortalece la lof Pedraza-Melivillo en Carrilafquen Chica. En 2006, regresaron al territorio la mayoría de los doce hijos de Celmira Luengo y Segundo Belisario Ponce, despojados por Abi Saad y sus personeros, proceso que pude acompañar y documentar desde el CAI. Al año siguiente, gente de Sayhueque se reafirmó unos kilómetros al este, en Colitoro, y recuperó un campo apropiado por un sobrino del jefe del clan.

 

 

 

Nueva etapa del despojo

René Segundo Ponce, de 75 años, quedó imputado por la usurpación del campo y la ruka donde nació, la que Calcagno resolvió le sea entregada a Tinturé. Ya tenía otra imputación por el mismo delito, también con desalojo, por la fracción que reivindica María Antual, dado que él es el representante legal de la comunidad Carrilafquen que integra la joven mapuche. También quedaron imputados Patricio Ponce, sobrino de René, y Clemente López de Sayhueque.

 

 

 

 

 

“Son reiterados hechos en la misma zona. Los vecinos dicen que Ponce quiere quedarse con toda la Patagonia”, lanzó Paolini, al señalar el riesgo que supuestamente representa este hombre y pedir el desalojo. Por su parte, los coimputados mostraron copia del reconocimiento del Codeci de agosto de 2007 como continuadores de la ocupación tradicional, mecanismo administrativo previsto por aplicación de la Ley Integral del Indígena. Por el contrario, la Fiscalía sostuvo que es Tinturé quien detenta ese reconocimiento del Codeci como mapuche disperso no integrado a una comunidad, posibilidad que prevé la ley local como conquista del movimiento mapuche para cuidar a los más desprotegidos por el aislamiento.

 

 

“El Codeci reconoce a las dos partes en el mismo lote”, afirmó el juez sin analizar la documentación, como se vio en la audiencia online. Paolini no exhibió ni leyó el reconocimiento que asegura tener Tinturé como mapuche, el que aportó como prueba en su formulación de cargos. Hace cinco años, a Cámara de Bariloche integrada por Emilio Riat, Edgardo Camperi y Marcelo Cuellar dispuso, para dos lotes reivindicados por Ponce-Luengo, la prohibición de innovar en la situación registral de esas tierras y la prohibición de nuevos hechos o actos administrativos favorables a particulares que impliquen nuevas adjudicaciones, transferencias, renovaciones o prórrogas de cualquier tipo de derechos, entre otras medidas que siguen en pie.

Después de plantear la contradicción del Codeci “entre partes iguales”, Calcagno retomó la doctrina hegemónica y dijo que la tierra es fiscal, otorgada por la Dirección de Tierras a Tinturé.

 

 

 

 

Caranchos

Las lagunas están secas desde hace años. Los efectos del cambio climático disimulan la apropiación sistemática de los cursos de agua por parte de estancias ubicadas más al sur. La ceniza de la erupción del volcán Puyehue en 2011 en la cordillera de Los Andes mató animales silvestres y domésticos sin distinción. Los campos pobres en pasturas y poca agua dulce disminuyeron aún más su capacidad de producción para el autosustento de las familias. Costó sostener las ocupaciones y la vida tradicional con autonomía política sin que llegue casi nada de la ayuda estatal para esa crisis, que se ensambló con los alcances de las restricciones por la pandemia de Covid-19.

 

 

 

El año pasado María no regresó al campo de sus padres, sino a un espacio contiguo. Argumentó el derecho a “tierra apta y suficiente”, previsto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales que la Argentina asumió como propio. Por su parte, don Ponce tuvo que despedir a varios de sus hermanos fallecidos durante la pandemia. Los conocí felices bajo la nieve en el invierno de 2006, cuando volvieron para dejar sus huesos allí siendo pueblo mapuche. Domingo, uno de los mayores, ocupó el puesto El Álamo, una habitación de piedra junto a un corral, donde una vertiente hace el milagro del verde intenso y permanente. Allí continúa doña Inés, cuñada de René.

 

 

 

 

Nada de la vida de la gente se valoró en la audiencia. Los propios imputados resultaron casi desconocidos en una oficina judicial ajena, en un zoom que tampoco manejaban, con una defensora oficial con la que pudieron hablar unos pocos minutos antes. Nuevas formas para las viejas mañas. La espontaneidad y firmeza de don Ponce rompió esas reglas y colocó dudas importantes: le recordó a Calcagno que lo conocía de una denuncia anterior en la que resultó absuelto y que él mismo recorrió el lugar en inspección ocular (y no constató la supuesta presencia de Tinturé, se dedujo). “En el coche tenemos la copia”, dijo, y su sobrino se paró a buscar la nota de dos páginas por la que el Codeci reconoció a Ponce Luengo. La fiscal Paolini no hizo lo mismo, no mostró su copia del reconocimiento a Tinturé y quedó la duda.

 

*Javier Grosso, geógrafo, docente de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.

 

 

 

 

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