Vandalismo económico y expropiación

 

En abril de 1949, el gobierno nacionalista chino se rendía ante las fuerzas comunistas encabezadas por Mao Tse Tung y, desde Dublín, el ministro de Agricultura irlandés manifestaba que, en pocos años, Irlanda reemplazaría a la Argentina como proveedor de carnes de Reino Unido, ya que los argentinos estaban elevando su consumo interno. En Argentina, en el norte de Santa Fe, se discutía la expropiación de la compañía de capitales británicos La Forestal. Vicentin SAIC era, en aquel entonces, algo más que un modesto comercio de acopio y ramos general de Avellaneda, que prosperaba en los márgenes del gran latifundio forestal y ganadero.

Aquel año había comenzado con la trágica noticia de que la fábrica de tanino de Villa Guillermina, de las más grandes del mundo, pasaría a ser hierro viejo. Cerraría después de medio siglo de funcionamiento. Villa Guillermina, distrito industrial y forestal, contaba con más de 10.000 habitantes y era la mayor de las localidades de la cuña boscosa, no menos importante que Reconquista, la principal localidad del norte santafesino. Desde la empresa, argumentaban que los costos de transporte y laborales eran insostenibles. Además, que el gobierno les confiscaba parte de sus ingresos a través de la intervención en las exportaciones. Todo ello, concluían, hacía del legendario tanino argentino (extracto de quebracho) un producto que no podía competir con el extracto de mimosa africano.

Enseguida se levantaron las voces que reclamaban la expropiación de la compañía, de sus fábricas y sus tierras. El cierre de la fábrica importaba la desaparición de toda una población que no tenía prácticamente otro medio de vida. Una de las voces más temperamentales que clamó por una intervención radical del estado fue la de Gustavo Doldán, diputado provincial y expresión de la vieja estirpe yrigoyenista. Doldán venía reclamando desde tiempo atrás por un cambio de perspectiva en el manejo de los asuntos públicos y productivos en el norte provincial: terminar con el latifundio y el monopolio como forma de vida y dar paso a la subdivisión de la propiedad y la formación de una economía de pequeños productores, industriales y trabajadores. Reclamaba expropiar hasta 10.000 hectáreas alrededor de cada pueblo, los ramales ferroviarios que se extendían desde las fronteras santiagueñas hasta el Paraná, los puertos de Piracuá, Piracuacito y Puerto Ocampo y estudiar la reconversión de los talleres y fábricas. En su proyecto, proponía distintos medios para financiar la reparación de tantos años de injusticias.

Entonces, la provincia de Santa Fe había sido intervenida y el nuevo gobernador, ingeniero Hugo Caésar ordenó un informe especial para conocer de cerca la situación de las fábricas. Con los resultados en su mano y luego de viajar especialmente a la zona, explicó que la maquinaria era vieja y que el tanino argentino no tenía futuro: “Si La Forestal abandona es porque no es negocio y si se compraran las usinas el negocio sería para la empresa”, argumentó. Caésar explicaba también que, con su método de explotación científica, la empresa había logrado que los trabajadores fabriles no se dedicaran a otra cosa más que a trabajar y que, por ello, carecían de todo espíritu de iniciativa. Sin embargo, la salida de La Forestal permitía mirar el futuro con otra perspectiva: las posibilidades eran infinitas, aseguró.

En tanto, se habían conformado comisiones especiales para evaluar el problema en Santa Fe y en Buenos Aires, de la cual participaban los trabajadores nucleados en el sindicato quebrachero. En la prensa se leía entonces que, si bien estaba en cuestión la propia vida útil de la industria tánica, no era menos cierto que podía tratarse de una argucia para desplazar definitivamente al producto que había sido el mayor curtidor de cueros del mundo durante la primera mitad del siglo XX. De esta manera, no se descartaba seguir produciendo, aunque como actividad secundaria, extracto de quebracho.

Lo cierto es que, desde Londres, el holding que controlaba a la empresa La Forestal Argentina S.A. venía impulsando desde hacía tres décadas la industria de la mimosa en Sudáfrica y luego en Kenia y Rodhesia (Zimbabue). Aquel desarrollo se había venido haciendo con la acumulación nacida del esfuerzo de miles de trabajadores del monte y de los pueblos fabriles, de la venta de importantes estancias adquiridas a través de un negocio espurio producido a fines de siglo XIX, de la devastación de buena parte de los montes y bosques de quebracho y de la permanente práctica de elusión de impuestos que contrariaba todo principio de legalidad. La empresa poseía entonces más de 1,2 millones de hectáreas, distribuidas en Santa Fe y Chaco, principalmente. A su paso, había absorbido a las principales empresas competidoras de capital nacional (como las compañías Baranda, Fontana y, la mayor, Quebrachales Fusionados).

Al finalizar la Segunda Guerra, la estructura productiva y comercial de la mimosa estaba en condiciones de iniciar la ofensiva final contra la industria del quebracho. Las expropiaciones no se llevaron adelante. La empresa indemnizó a los trabajadores despedidos, en muchos casos con la subasta de terrenos. En 1953, la prensa destacaba los buenos resultados que reportaba la incipiente Cooperativa Sericicola de Villa Guillermina, para el cultivo de gusanos de seda. En Villa Ana y La Gallareta, La Forestal estiró e intensificó la producción unos años más y finalmente se fue. En 1963, cuando cerró su última fábrica, nuevamente se discutía si era necesario realizar una expropiación. El reclamo surgía, especialmente, de la quinta Comisión Investigadora a La Forestal conformada por la legislatura provincial.

Unos años más tarde, Rodolfo Walsh visitaba el Chaco santafesino, llevándose la impresión de haber estado ante “pueblos fantasma”, y el directorio de la empresa en Buenos Aires, que integraba, entre otros, José Alfredo Martínez de Hoz, publicaba el folleto: “La Forestal, al servicio de la grandeza argentina”. Pero si había un eco que resonaba, era el de la voz de Doldán, quien en una sesión legislativa de 1941, había dicho, reclamando la aplicación de la ley de represión de monopolios de 1923: “La Ley no ha de incriminar solamente al trust en su forma de persona ideal, a veces de presencia monstruosa; ha de incriminar también todos los procedimientos rapaces, destructivos, inhumanos, que el actual senador Justo llamaba en uno de sus discursos parlamentarios con una frase gráfica, objetiva y brillante: vandalismo económico”.

La Forestal no se había privado de nada, ni siquiera de masacrar a los trabajadores y sostener luego una férrea política anti-sindical. Oscar Zarza, viejo trabajador aceitero de Vicentin, me contó hace no mucho que, cuando luchaban por mayor salario y mejores condiciones de trabajo a comienzos de la década de 1970, llegaban todavía a Reconquista los “bravos trabajadores de La Forestal”. Entonces, la compañía Vicentin también supo emplear prácticas represivas y varios de los trabajadores, entre ellos Zarza, fueron entregados a la represión ilegal. Fueron secuestrados y torturados, antes de ser legalizados y llevados a Coronda, donde también habían estado, treinta años antes, los obreros comunistas que habían organizado el sindicato quebrachero en dominios de La Forestal. En 1940, estos también habían llamado, en medio de uno de los tantos lockouts empleados por la empresa, a “preocuparnos por nosotros y por nuestros hijos”, antes de que fuera demasiado tarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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