"Vamos con la verdad"

 

La comunidad de Chuschagastas es parte del pueblo diaguita. Sus tierras están ubicadas en el valle de Choromono, del departamento tucumano de Trancas. El territorio está dividido en cuatro bases: el Ñorco, el Chorro, la Higuera y Chuscha donde viven unas cien familias. Desde 2007, una de esas cuatro bases, el Ñorco, es territorio de disputa con una familia terrateniente de apellido Amin por la explotación minera de una cantera de laja.

En 2009 cuando mediaba un amparo judicial de no innovar sobre las tierras, Dario Luis Amin con dos sicarios ex policías intentaron un violento desalojo en el que asesinaron al comunero de Chuschagastas, Javier Chocobar. En 2018, la justicia tucumana condenó a Amin y a los ex policías Luis Humberto Gomez y José Valdivieso Sassi a 22, 18 y 10 años de prisión, respectivamente. Mientras la condena que marcó un hito al establecer el derecho indígena sobre la propiedad aguarda la sentencia firma de la Corte tucumana, la comunidad volvió a ser blanco de una nueva embestida: los Amin ahora impulsan un juicio por usurpación contra el hijo de Chocobar para despojarlos del territorio.

 

 

"Mientras estamos a la espera de la sentencia firme, la misma familia nos acusa de haber usurpado el lugar donde se encuentra la casa perteneciente a la familia Ismael Chocobar, que fue de sus mayores, sus abuelos Amadeo Chocobar y Fortunata Díaz de Chocobar y que está dentro del territorio de la comunidad", explica Mariel Tejeira, vocera de la comunidad.

Ismael es uno de los referentes políticos de la comunidad. El juicio bajo la figura de usurpación en su contra, es impulsado por el propio autor del asesino de su padre, Dario Luis Amín, por su madre Maria Sofia Herrera de Amín y su hermano Santiago Amín.

"Históricamente el Estado y la Justicia han sido funcionales a las familias oligárquicas de usurpadores-terratenientes", señala la comunidad en un comunicado distribuido en su página de Facebook. Las persecuciones generan "las condiciones para que sigan violentándonos con persecuciones individuales hacia nuestras comuneras y comuneros, tal como se evidencia en el uso de la figura de usurpación, modus operandi de los terratenientes en connivencia con la justicia para el despojo territorial".

El juez Marcelo Mendilaharzu del Tribunal Penal en lo Correccional de Primera Nominación de San Miguel de Tucumán sigue las audiencias del juicio oral que comenzaron el 12 de agosto y se extenderán hasta el 18 de septiembre.

Durante las audiencias declaró Elena Perrilli Colombres de Garmendia, quien se presentó, recuerdan en la comunidad como especialista de indios. "En la sala, nos remontó la nefasta época de la colonia. Repudiamos su relato donde en todo momento se refirió a nosotros y nosotras como indios mientras resaltó las bondades de los españoles para con nosotros".

 

 

La comunidad está ubicada a tres horas de la sede judicial con familias localizadas en una montaña a ocho kilómetros de la ruta más cercana. Los días de audiencia, salen a las cinco de la mañana para subir a un tractor comunitario en dirección a la ruta, donde esperan el colectivo de las seis de la mañana para llegar a las audiencias a las ocho y media. El recinto tiene sólo espacio para unas diez personas pero eso no les impone ningún límite. Toda la comunidad viaja hacia el edificio de tribunales para quedarse en la puerta de la sala sólo a acompañar a los que están adentro, una práctica aprendida durante el juicio del año pasado que resulta fundamental.

"Hasta ahora llevamos seis días de audiencias en las cuales se puede ver la inconsistencia de los planteos y de las pruebas de la familia Amin", dice la joven vocera. "Se ve que tienen que mentir pero tan mal que se van pisando unos con otros, ni siquiera se pusieron de acuerdo. Nosotros salimos fortalecidos del juicio del año pasado porque nos tuvimos que enfrentar con tres asesinos y ahora volvemos a enfrentarnos con la misma familia, pero seguros que vamos con la verdad".

Durante el episodio de 2009, uno de los agresores hizo un registro de los momentos previos al disparo mortal. Necesarios para inscribir este nuevo episodio.

 

 

 

 

Los Amin reclaman la tierra sobre la cual dicen poseer derechos de propiedad sostenidos en papeles cuya veracidad nunca pudieron demostrar. No es la primera vez que inician un juicio. Y de hecho, los episodios de violencia de 2009 se desataron después de largos procesos judiciales que incluyeron un amparo cuando los Amin iniciaba un permiso de minería para explotar la cantera. Para resumir, dice Tejeira, "todo esto se remonta a la época del padre del asesino Amín que ya venía a hostigar a la comunidad diciendo que era el dueño y reclamando el pago de un derecho de pasaje. Nunca el Estado los reconoció como dueños, pero siempre impulsaron juicios de desalojo para sacar a las familias. Y no lo lograron porque los juicios siempre fueron ganados por la comunidad".

Según los integrantes de la comunidad, los Amin lograron correr los límites de su propiedad para extenderse sobre la cantera. Uno de los temas de disputa en la audiencia. El jueves 15 de agosto declaró Audolio Chocobar, hijo de Javier y primero de Ismael. Al ser consultado por el abogado de la comunidad sobre la ubicación de la cantera de lajas y la casa de Ismael, respondió qué tanto la casa habitada por Ismael Chocobar como la cantera de lajas se encuentran dentro del territorio de Los Chuschagasta y que ambos fueron relevados mediante la ley N° 26.160 en 2013. Datos que se encuentran en la carpeta del relevamiento territorial.

"Para ellos el valor de la tierra es económico, nosotros no queremos el territorio para hacer explotación de la laja porque no es un recurso económico sino el cimiento de nuestras casas", continúa Tejeira. "Sabemos que vamos con la verdad y estamos fortalecidos, pero también sabemos que mas allá del resultado, la lucha por el territorio que no está saldado porque no hay una Ley que respalde la propiedad comunitaria que es el sentido de nuestra lucha".

 

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