Vacantes en la Corte de Chubut

 

La próxima cobertura de cuatro vacantes en el máximo tribunal de justicia de Chubut puede ser una oportunidad para analizar el papel del Poder Judicial en el proceso local de construcción de poder y de gobierno. La agenda pública hace lugar a algunas de las demandas puntuales por parte de las víctimas y usuarios del servicio de justicia, así como a planteos electoralistas. Pero todavía no analiza críticamente el recorrido iniciado en la década de los '90 con la implementación de reformas constitucionales, aquellas diseñadas y financiadas por el Banco Mundial (BM) y el poder construido por el peronismo y sus alianzas desde ese momento en y para Chubut.

El incumplimiento de un mandato constitucional sobre el Poder Judicial, la ausencia total de mujeres en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la falta de perspectiva de género en el funcionamiento integral del sistema judicial, la omisión de control judicial a la policía provincial, la mano blanda en las investigaciones por delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la persecución laboral a los trabajadores agremiados y la judicialización de la política, son algunos de los aspectos cuestionados. La Multisectorial Feminista de Mujeres y Disidencias (que reúne a sesenta espacios sociales, gremiales, académicos y políticos), el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (Sitrajuch) y el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, son algunas de las voces críticas que consultamos.

Alejandro Panizzi (designado en 2006) y Mario Luis Vivas (2016) forman parte del máximo tribunal que debe estar integrado por un mínimo de tres y un máximo de seis miembros, de acuerdo a lo que determina la Constitución provincial en su artículo 163. Ambos ministros fueron designados a propuesta de Mario Das Neves (fallecido). Ahora, el gobernador Mariano Arcioni no ha enviado su propuesta a la Legislatura, donde no cuenta con mayoría propia para imponer sus candidatos. Lanzó nombres extraoficialmente, aunque fuentes locales interpretan que lo hará formalmente con la Legislatura que surja de las próximas elecciones.

 

 

Piso

“Desde su conformación, hace más de 60 años, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut nunca fue integrado por una mujer”, sostuvo Carina P. Estefanía, camarista penal de Esquel. Es integrante de la Asociación Argentina de Mujeres Jueces (AMJA), organización que este año se sumó en la provincia al reclamo que hace años iniciaron, ante los sucesivos gobiernos, el Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y la Cátedra Libre de Sexualidades, Género y Derechos Humanos de la Universidad Nacional San Juan Bosco. Paridad y perspectiva de género en la integración de sus miembrxs y en el funcionamiento integral del servicio es uno de los pilares del debate actual. “Más mujeres, más Justicia”, tal como plantea la consigna, es condición necesaria pero no suficiente, precisó José Luis Ronconi, secretario de prensa de Sitrajuch y secretario de relaciones internacionales de la Federación Judicial Argentina.

El movimiento de mujeres baraja sus propias candidatas, con críticas al sistema patriarcal, machista, clasista y racista. Alejandra Tolosa, abogada de matrícula provincial, relató que desde CLADEM y la Cátedra Libre de Género “enviamos notas a todos los gobernadores –Das Neves, Martín Buzzi, Arcioni– para que cumplan con los compromisos internacionales de designar mujeres con perspectiva de género. También a todos los legisladores. Jamás una mínima respuesta”. Ahora ampliaron el arco de alianzas sumando espacios ambientalistas, de defensa de los derechos humanos y del pueblo mapuche-tehuelche a la demanda por candidaturas que expresen el cumplimiento de los derechos de los sectores más vulnerables, tal como surge del último documento.

Chubut no tiene policía judicial y la provincial es la del ministro de Seguridad Federico Massoni, que en nombre de la pandemia normalizó el “estado de excepción”, una suspensión temporal de los derechos y garantías.

 

 

 

Una mujer adulta detenida al salir de su trabajo y ultrajada en una comisaría; otra, al salir a dejar la basura a la vereda. La policía viola sistemáticamente los derechos humanos sin intervención de oficio de las fiscalías, coincidieron las fuentes. En casos de delitos sexuales y contra la integridad de las personas, la fiscalía suele proponer acuerdos de partes que son prácticamente pactos de impunidad en desmedro de las víctimas.

 

 

 

Barranca abajo

“Al momento de la alternancia partidaria en 2003, el nuevo gobernador Das Neves (PJ) se encontró con un STJ de tres jueces, dos de cuales habían sido designados por la UCR, mientras que el tercero había ingresado a la Corte provincial durante el mandato del ex gobernador peronista Néstor Perl. En realidad, a partir de la reforma constitucional realizada por un acuerdo entre la UCR y el PJ, se modificó la mayoría legislativa necesaria para designar jueces del STJ. Por ello, uno de los jueces propuesto por el gobernador radical Carlos Maestro en 1999 necesitó el acuerdo de dos tercios en la legislatura y fue votado por unanimidad. En 2006, Das Neves promovió un proyecto en la Legislatura de Chubut para ampliar la composición del STJ de tres a seis miembros (máximo previsto en la Constitución local) a partir de la creación de la Sala Penal. Al mismo tiempo, envió los pliegos de tres candidatos para cubrir esos nuevos cargos. El oficialismo no reunía los dos tercios necesarios, pero la negociación de un acuerdo con seis legisladores radicales que respondían al ex gobernador José Luis Lizurume (UCR) les permitió a los legisladores del PJ contar con la mayoría necesaria de dos tercios. El cambio político de jueces del STJ llegó a partir de la negociación”, planteó el investigador Augusto Abdulhadi. Ese ciclo es el que todavía persiste, con anémicos dos ministros.

La degradación institucional del STJ tiene un recorrido que puede documentarse, aseguró Patricio Castillo Meisen, abogado de Puerto Madryn. En el segundo período de Das Neves, un juicio político fracasado contra Panizzi derivó en escándalo, jubilaciones y nueva Corte propia en 2016. En ese momento, desde los colegios de abogados pidieron una norma local al modo del decreto nacional 222 de Néstor Kirchner que autolimitó el poder presidencial en la elección de jueces de la Corte Suprema. Con menos alcances de consulta a la sociedad, la Legislatura aprobó la ley V-152 que permite un tiempo de debate público de los pliegos de aspirantes al STJ, destacó Castillo Meisen. Se aplicó en un caso, cuando la Legislatura rechazó cubrir una vacante en el fuero penal con una profesional que había hecho toda su carrera en el civil, impulsada por Das Neves cuando Arcioni era presidente de la Cámara.

Tras el fallecimiento de Das Neves en 2017, Arcioni heredó el dispositivo del Poder Judicial. Toda su gestión está sumida en el endeudamiento y crisis de todos los servicios públicos, incluido el de Justicia.

 

 

Gota a gota

Los trabajadores del sector conocen como pocos las condiciones cotidianas en las que se desarrolla el Poder Judicial. Esteban Defelice es miembro de la Comisión Directiva del Sitrajuch y consejero por los trabajadores en el Consejo de la Magistratura desde fines de 2019. Su lugar es una conquista, aunque un voto en un cuerpo de 14 miembros es un espacio de contralor e impugnación, pero no de selección, valoraron desde la conducción sindical. El Consejo está integrado por seis mujeres, las que hace poco tienen mayor representación. En el STJ, el 70% del cuerpo de funcionarixs y personal son mujeres, pero jamás tuvieron una ministra, precisó Defelice.

Reformas estructurales en pandemia, sin financiamiento, personal ni infraestructura suficiente y adecuada llega a la sociedad como un servicio deficiente, advierte desde su rol de consejero. Hay una tensión entre la calidad de la selección de las vacantes y la sobrecarga que deriva de esa falta de cobertura. En Comodoro Rivadavia, la circunscripción más grande, siguen desiertos dos concursos realizados en dos oportunidades en el fuero laboral. Así, suele subrogar alguien de Sarmiento, localidad distante a varios kilómetros, lo que representa una dificultad extra en la tramitación de expedientes.

 

 

El Covid-19 precipitó la digitalización. Un alivio, ya que el desfinanciamiento dejó hasta sin tonner a las impresoras de los juzgados, apuntó un abogado que litiga en tribunales locales. A la par, se avanzó en la conformación de oficinas judiciales por circunscripción, para recortar gastos en nombre de la eficiencia. Un juzgado de familia de Comodoro se transformó en esa modalidad, pero la pandemia y las medidas de fuerza constantes impiden evaluar la implementación de esa reforma. Comodoro es un indicador importante de la incapacidad de respuesta del sistema: ingresan un promedio de cien denuncias mensuales por violencia de género en una oficina que funciona con un fiscal, dos adjuntas y dos administrativos.

 

 

Persecuciones

Martín Alesi fue juez de familia en Rawson. Sus sentencias son tomadas como ejemplo de garantías de derechos y perspectiva de género. Cuestionó públicamente al STJ, le iniciaron un jury de enjuiciamiento, renunció y este año la Justicia ordinaria le dio la razón, pero ya estaba fuera de juego. Su cargo en Rawson sigue vacante.

 

 

Sitrajuch denunció varios casos de persecución desde la patronal. En 2018, una mujer de 64 años se retiraba del primer piso de la Oficina Judicial de Esquel, abrió la puerta para tomar el ascensor y cayó por el hueco hasta la planta baja. Perdió la vida por las lesiones sufridas. El STJ cesanteó al maestranza, quien está vinculado a la causa penal como presunto responsable de la falla técnica del ascensor, conocida de antes. Ningún jefe, ni responsable de Superintendencia del edificio, ni el director y vice de la Oficina Judicial fueron alcanzados por la resolución de la patronal.

Esa caída libre es una triste parábola del Poder Judicial provincial, que se mantiene lejos del foco gracias a la estrategia Massoni al frente de la escalada represiva.

 

 

 

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