Vaca Muerta, un laboratorio social

 

Las poblaciones locales –con sus organizaciones, actores y conflictos– tienen la posibilidad y la necesidad de pensar entramados territoriales que no están ni en las agendas electorales, ni en los medios de comunicación dominantes. El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas y las restricciones a la generación de energía en las presas hidroeléctricas por la sequía son discusiones coyunturales de estos días, que se pueden enriquecer colectivamente en su relación con:

• La mega-sequía;
• La crisis de la matriz energética argentina;
• La emisión local de gases de efecto invernadero, las manifestaciones locales del cambio climático y los compromisos internacionales de la Argentina vinculados;
• Los mecanismos de endeudamiento público y privado;
• El impacto medioambiental de cualquier actividad; y,
• Los estados provinciales y sus administraciones.

El Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES) realizó una presentación online titulada “¿La vaca atada? El problema energético en la Argentina”, donde se pregunta –desde el territorio– sobre los dos extremos del complejo: el presente y futuro de la producción de hidrocarburos no convencionales, así como todas las desigualdades que se esconden en el consumo de energía, especialmente, cuando ingresa a los hogares por la red o por una garrafa. Facundo López Crespo y Marco Kofman desarrollaron “El mapa económico de la energía. Poder, energía y cadena de valor”, en tanto que Mariana Fernández Massi presentó el informe “La desigualdad y la energía. Más allá de las tarifas”.

Los hidrocarburos en general, y el yacimiento Vaca Muerta en particular, ocupan un lugar importante en el diseño de la macroeconomía, procesado y comunicado en clave centralista por el gobierno nacional. La posición de lxs gobernadorxs, que se dice federal, no escapa a esa lógica. El capital concentrado es el que mejor transmite sus intereses para condicionar las políticas públicas, lo que puede verse en los títulos de los diarios locales. Las legislaturas provinciales tampoco aportan al debate público. Funcionarios y legisladores parecen más cómodos haciendo lobby, enviándose mensajes en clave por los medios de comunicación. Aun con las limitaciones que tiene un foro como el propuesto por EJES, es un valioso aporte a un ejercicio autónomo para pensar desde el territorio las políticas nacionales estratégicas.

 

 

Mapa del poder económico de la energía

El impacto económico de la pandemia de Covid-19 desdibujó algunos rasgos de la trayectoria del fracking (método de fractura hidráulica para los hidrocarburos no convencionales), a diez años del primer pozo que empezó a usar esta técnica en Neuquén. El despegue fue en el yacimiento Loma Campana con el contrato Chevron-YPF en 2013, recordó López Crespo al analizar el desempeño del sector energético en la balanza comercial externa. “Vaca Muerta revirtió el déficit energético. Con el enfriamiento de la economía en los últimos cinco años, cayó el consumo de energía. La mayor disponibilidad de gas y petróleo permitió reducir importaciones”, explicó. Vinculado con los proyectos del gobierno nacional (plan Gas.Ar y nuevas leyes para el sector), indicó que “Vaca Muerta nació para sustituir importaciones. Ahora se rediscute esa función, buscando generar saldos exportables de energía con beneficios a las empresas exportadoras de hidrocarburos”. La necesidad de generar divisas está en la base macroeconómica de ese perfil productivo.

 

 

Ese modelo para la exportación tiene restricciones de política internacional. ¿Cómo compatibilizar compromisos internacionales para la reducción de emisiones de carbono con la promoción de los hidrocarburos? Además, la Argentina busca créditos especiales para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, puntualizó Alejandro Rebossio, periodista citado por EJES en el informe.

Para el mapa del poder económico, Kofman analizó la participación conjunta de los diez grupos energéticos de mayor facturación (YPF, Pan American Energy Group, Pampa Energía, Raizen, Dow, Enel, Sadesa, Techint, Trafigura y Camuzzi). Ese bloque facturó dos billones de pesos en 2019, el 72% del total de la facturación bruta estimada del sector energético nacional. El 37% de toda la facturación global del sector energético es apropiado por capital extranjero y un tercio por YPF, la principal empresa del sector que opera en el país, que acapara el 34% de la refinación bruta. Esta composición del poder económico es resultado del proceso iniciado en los '90 con las privatizaciones y la desregulación del mercado, que tuvo un cambio importante hacia 2001/2003, cuando firmas extranjeras se desprendieron de algunas empresas de servicios que quedaron en manos de capitales nacionales.

Ese reparto de poder económico está estructurado sobre un andamiaje de cien años de hidrocarburos en la Argentina, que actúa y se reproduce como si fuera un recurso infinito y sin impactos negativos. El debate puede concentrarse en los extremos de la cadena de valor: la generación y el consumo, precisó Kofman. “Para aspirar a un desarrollo renovable en la región es necesario pensar todo el sector. Se usa el 40% de la producción del gas para energía eléctrica; un tercio se destina al transporte. Una posibilidad es consumir menos a partir del reemplazo de equipamiento más eficiente, también en la infraestructura”, desarrolló luego Pablo Bertinat, investigador de la Universidad Tecnológica Nacional con asiento en Rosario.

 

 

¿Es posible pensar otra matriz energética con el mapa actual de actores económicos? “Hay que pasar de la discusión sobre los precios internacionales a otra donde el punto central sean los costos de producción local, para lo que YPF es clave”, considera Claudio Lozano, de Unidad Popular. “YPF debería transformarse en actor clave por el papel central y dominante que cumple en el mercado y por su capacidad de abastecimiento de combustibles líquidos, dominando la exploración en diferentes cuencas. Debería fijar pautas para un desarrollo limitado de Vaca Muerta, asociado al autoabastecimiento nacional y a la integración regional, no para transformar a la Argentina en una factoría exportadora de hidrocarburos”. Ese modelo no es posible con el 49% de su paquete accionario en manos de fondos de inversión o capitales privados, añadió.

 

 

Norpatagonia

Conocer Vaca Muerta es imprescindible para entender las negociaciones de las provincias productoras de hidrocarburos, especialmente los vaivenes entre el gobernador Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) y Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación. También el protagonismo que en esa disputa ceden a Neuquén las administraciones de Río Negro y Mendoza, de modo que los aspectos más controvertidos se concentran en esa provincia.

En menos de una década, los no convencionales pasaron a constituir un tercio de la matriz energética nacional, para lo que recibió una inversión de 25.000 millones de dólares desde 2012 para extracción. La producción se concentra en Neuquén, con el 97 % del petróleo y 98% del gas, ambos liderados por YPF, aun cuando desde 2015 perdió posiciones ante otras firmas.

La lógica empresarial del sector tiene riesgos que se advierten en la macroeconomía, advirtió Kofman. Los no convencionales tienen una fuerte dependencia de la inversión, las firmas acuden a endeudamiento en dólares intra-firmas –por lo que generan deuda externa privada y fuga de divisas– y la actividad desarrollada en pesos recibe estímulo en dólares. Esos riesgos no se discuten abiertamente a nivel local, como si no tuvieran relación con la base material en la que se producen los sismos en Sauzal Bonito, la contaminación de los basureros a cielo abierto, la puja por el control del territorio de las comunidades mapuche, las muertes de operarios, la congestión de las rutas y la especulación inmobiliaria, por mencionar algunos de los emergentes.

Hasta ahora, el proyecto para la creación de un régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, elaborado por la Secretaría de Energía, es un proyecto de cúpulas, filtrado extraoficialmente. El debate documentado y plural permitirá a la población local, especialmente la que está en conflicto con Vaca Muerta, analizar los alcances de lo que está en juego.

 

 

 

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