Uso geopolítico de la impunidad

 

El viernes Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el marco de un nuevo aniversario del acto terrorista sucedido en 1994. En la reunión estuvieron presentes, además del Presidente, el canciller Santiago Cafiero, el secretario de Culto Guillermo Oliveri y la vocera presidencial Gabriela Cerruti. La delegación de la institución comunitaria estuvo liderada por su flamante titular, Amos Linetzky. La reunión tuvo características protocolares, formato en que la AMIA ha decidido vincularse con el gobierno, dejándole la tarea de la confrontación a la DAIA, de la que también forma parte. La división del trabajo entre ambas remite al remanido juego del policía bueno y el malo: la AMIA se muestra empática y dialogante, otorgándole la fajina confrontativa a su inquilina en el edificio de Pasteur 633.

Cada 18 de julio se renueva la escena aciaga de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA reclamando una justicia que nunca llega. En forma paralela, desde los estrados de las instituciones que tienen sede en la calle Pasteur 633 se repite la demanda sobreactuada de quienes han privilegiado la utilización política de la tragedia para transformarse en referentes corporativos de la derecha local.

La DAIA y la AMIA se reparten el rol de producir cortinas de humo mediático-jurídicas dispuestas para debilitar a los gobiernos populares y/o perseguir a sus máximos referentes políticos. Luego del memorándum de entendimiento con Irán y del suicidio de Alberto Nisman, han sido partícipes de diferentes iniciativas destinadas a beneficiar a Juntos por el Cambio y estigmatizar a todo aquello que se opone a la lógica geopolítica impulsada por el eje Washington-Tel Aviv. El último capítulo de la saga corresponde a la aeronave venezolana de carga cuyos 19 tripulantes aún se encuentran retenidos en Buenos Aires por decisión del juez federal Federico Villena, en el marco de una querella impulsada por el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits.

Según la presentación judicial realizada por la apoderada de la institución de calle Pasteur, Martha Nercellas, el Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur arribó al aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio con la intención de promover el “financiamiento del terrorismo”. Dicho propósito, según la presentación realizada ante el juez Villena y la fiscal Cecilia Incardona, se encontraría promovida por los gobiernos de Caracas y Teherán.

El último jueves, Knoblovits, desde Jerusalén, objetó a la vocera presidencial Gabriela Cerruti por considerar que la Justicia debe resolver de forma perentoria el caso de la aeronave venezolana y de los 19 tripulantes demorados: “Es una posición absolutamente sesgada –cuestionó el titular de la DAIA–, que no mira a esos familiares de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA, que hace 28 años tienen una silla vacía en su casa, y sí defiende a los iraníes”. Para ahondar en el criterio demonizador, se interrogó en formato retórico: “¿Por qué el gobierno no se preocupa también por el derecho de las víctimas, no de los victimarios?”. Para los dirigentes de calle Pasteur –por estricto mandato de las delegaciones diplomáticas a las que responden– el solo hecho de ser venezolano y/o persa alcanza para ser acusado de complicidad con el atentado de 1994.

En la misma línea, el flamante presidente de la AMIA, Amos Linetzky, advirtió durante toda la semana sobre el tenor del discurso que pronunciará el lunes. “Vamos a hacer un fuerte reclamo, aunque no guste, aunque incomode”. El reclamo, como es de esperar, tendrá como beneficiario al colectivo cambiemita, que se hará presente con una decena de figuras estelares lideradas por el panelista televisivo Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, una de las pocas áreas que no ha tratado ni elevado ningún proyecto legislativo desde 2019 hasta la actualidad.

El patrocinio de la DAIA, gestionado por la abogada Martha Nercellas, resultó extraño a los ojos de los operadores judiciales asentados en Lomas de Zamora. La penalista es recordada en los pasillos tribunalicios por haber sido sancionada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados con la suspensión temporaria de su matrícula por las faltas éticas cometidas en relación a la querella de la causa del atentado a la AMIA, también en representación de la DAIA. En aquella ocasión, su confabulación con el entonces presidente de la entidad, Rubén Beraja, el magistrado Juan José Galeano y los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia derivó en la injusta detención de cinco policías de la brigada de Vicente López, por el lapso de ocho años y tres meses.

 

 

 

De Macri a Menem

 

 

La insistencia en estigmatizar a todos aquellos que no coinciden con las políticas exteriores de Estados Unidos e Israel ha sido coherente, además, con el silencio y la indiferencia respecto a lo que se denomina “la pista local” de los atentados del '92 y el '94. El último martes, la Corte Suprema –luego de dos décadas– desestimó un recurso del comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda, quien había sido condenado en 2005 a cuatro años de prisión por la destrucción de pruebas relacionadas con el atentado a la AMIA. En esa ocasión, quien revestía como jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal –encargado de la custodia de evidencias– hizo desaparecer 68 casetes con conversaciones telefónicas del reducidor de autos robados Carlos Telleldín. Entre esos intercambios, se especula, aparecían contactos del ciudadano argentino de origen sirio Alberto Jacinto Kanoore Edul, quien se comunicó el 10 de julio de 1994 con Telleldín con la intención de adquirir una camioneta Trafic.

El entonces comisario Jorge Palacios –que tiempo después fuera nombrado como jefe de la policía metropolitana por Mauricio Macri– fue procesado por advertirle a Edul del allanamiento que se iba a llevar a cabo en sus oficinas y en su domicilio. Durante el juicio oral en el que se determinó la prevaricación llevada a cabo por la DAIA y la Justicia, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner manifestó que la decisión de detener a Edul, dictaminada originalmente por Galeano, fue frustrada por el entonces Presidente de la Nación, Carlos Menem, con una simple comunicación telefónica.

La DAIA acusó a los 19 tripulantes en nombre de la comunidad judía argentina, en el marco de una remanida maniobra para apropiarse de una representación de la que carece. El marketing institucional consiste en hacerle creer a la sociedad que sus seguidores y/o adherentes son multitudinarios. La realidad es que se trata de una organización de tercer grado en la que participan una docena de activistas totalmente desligados de sus respectivas instituciones de origen. Su titular, Knoblovits, proviene del Club Náutico Hacoaj, cuyos actuales dirigentes desconocen quién lo eligió para su actual cargo.

Los asociados de la DAIA no son personas sino clubes, escuelas y templos, y sus dirigentes suelen repetir como un mantra que agrupan a más de un centenar de organizaciones. Sin embargo, sus integrantes son conscientes de que gran parte de las mismas carecen de existencia desde hace medio siglo. El trabajo central de la DAIA consiste en exagerar una representación cada día más exigua, únicamente sostenida por el pentágono del poder fáctico local conformado por las trasnacionales, el entramado cambiemita, la trifecta mediática, la Embajada de Estados Unidos y la alianza sacra de Comodoro Py con la Corte Suprema.

En la distribución de roles, la DAIA y la AMIA se ocupan de producir el máximo daño posible al movimiento popular y a sus dirigentes, promoviendo permanentes fantasmas terroristas. Ese fue el cometido buscado con la acusación de traición a la patria a la actual Vicepresidenta y a quien fuera su canciller, Héctor Timerman, asesinado al imposibilitar la continuidad de su tratamiento oncológico en Estados Unidos.

La DAIA transformó Pasteur 633 en un local afiliado al macrismo. Una de las tareas conjuntas más inauditas fue la motorizada a partir de la denuncia de Natalio Alberto Nisman. Luego de ser desestimada por el juez de instrucción Daniel Rafecas y las cámaras revisoras respectivas, la Mesa Judicial coordinada por el actual prófugo Fabián Rodríguez Simón se encargó de vehiculizar la reapertura de la causa en el marco de un contubernio protagonizado por el entonces Presidente Mauricio Macri, el casador Mariano Borinsky y la DAIA.

El viernes 24 de junio de 2016, luego de un año en que la causa había sido desestimada, Macri se comprometió en una reunión con la DAIA, realizada en la Casa Rosada, a que la acusación contra Cristina Kirchner volvería a ser tramitada en un juzgado. Dicho intercambio quedó notificado en el acta institucional de la entidad comunitaria y el lunes subsiguiente, 26 de junio, Macri se reunió con el juez Borinsky para solicitarle la reapertura. A partir de ese momento, el secretario general de la DAIA, Santiago Kaplun –socio del concuñado de Borinsky– se avino a ser aconsejado por el camarista de Casación para garantizar que fueran admitidos los poderes de la DAIA, necesarios para constituirse en querellantes.

 

 

 

La casta judicial

 

 

La ofensiva del macrismo, sustentada en el fantasma del terrorismo y la entente persa-chavista, se ejecutó también a través de la contratación con dinero público de los abogados Juan José Antonio Ávila y Tomás Jorge Farini Duggan, quienes pasaron a revistar como los letrados de una de las querellas del Memorándum. Ambos fueron conchabados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 2017 y 2020, con el único objetivo de proscribir y/o encarcelar a Cristina Kirchner, y fueron premiados por ese designio con siete millones de pesos, alrededor de 300.000 dólares al cambio del periodo. Pese a la enorme dilapidación de recursos públicos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 sobreseyó a todos los imputados el 29 de septiembre de 2021, considerando que no existía delito, la misma consideración que había dictaminado Rafecas seis años antes.

Durante la última década, ambas instituciones hicieron una utilización espuria de las causas jurídicas ligadas a los atentados. En todos los casos estuvieron más pendientes de alinear sus lecturas al conflicto en Medio Oriente para beneficiar las orientaciones de la derecha israelí. Nunca mostraron interés por profundizar en la conexión local porque sus lazos con el menemismo –y con su correlato macrista– implicaban un conflicto con sus reales afinidades geopolíticas e ideológicas. Esa es la razón por la que uno de los máximos referentes de esa concepción, el actual diputado Waldo Wolff –ex dirigente de la DAIA–, se exhibe con el embajador Mark Stanley, adelantando que “si gana Juntos por el Cambio en 2023, la idea de la política exterior será profundizar los lazos con Estados Unidos en todo sentido, institucional, político y económico”.

Una semana antes del encuentro con Wolff, el diplomático de Texas negó la posibilidad de que su gobierno respaldara el pedido argentino de que el FMI redujera los sobrecargos de sus créditos. En la misma línea, cuando compareció ante la Comisión del Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, antes de ser aceptada su nominación como embajador, opinó desde un claro paradigma injerencista que en la Argentina “no cuentan aún con un plan macroeconómico que explique cómo van a pagar la deuda”. Además adelantó que “será una prioridad” para su gestión “evitar que ingrese la tecnología 5G” proveniente de China.

El lunes 18 de julio a las 9:53 de la mañana se llevará a cabo en Plaza Lavalle la actividad organizada por la agrupación Memoria Activa. Serán oradores Paula Litvachky –directora ejecutiva del CELS–, el abogado Rodrigo Borda y Diana Wassner. Por su parte, el Llamamiento Argentino Judío organizó un coloquio virtual para el 28 de julio, en el que expondrán referentes de las tres organizaciones de los familiares de las víctimas: APEMIA, 18 de julio y Memoria Activa. Las iniciativas de las organizaciones de familiares se focalizarán –como lo hacen desde hace casi 30 años– en la negligencia judicial y en el correlato de impunidad que han producido. La DAIA y la AMIA, seguramente, volverán a sobreactuar su posicionamiento crítico respecto del actual gobierno, salvaguardando al mismo tiempo la reputación de la Corte Suprema y sus acólitos de Justicia federal, verdaderos responsables de la negligencia e incompetencia con que se han abordado los atentados de 1992 y 1994.

Un mes atrás se publicó el libro Pogromo: la semana trágica antisemita, del investigador Gabriel Montoya. Uno de los datos más reveladores del texto exhibe cómo los sectores más pudientes de la comunidad judía argentina se sumaron a la Liga Patriótica que había sido responsable de la masacre de 1919, en la que fueron asesinados alrededor de 600 judíos en el barrio de Balvanera (Once). “A pesar de las persecuciones sufridas, ciertos sectores minoritarios de la colectividad judía se unieron a la agrupación”. Uno de los grupos llevaba el mote de “Liga israelita por la argentinidad”. El 3 de marzo de 1921, el diario La Nación tituló: “Liga Patriótica Argentina. Incorporación de las colonias hebreas”. Las instituciones de la Calle Pasteur tienen su linaje, a contramano de quienes son y han sido perseguidos por las diferentes formas de la violencia oligárquica.

 

 

 

 

 

 

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