Uruguay barranca abajo

Lacalle acumula embrollos tras reemplazar mandos policiales con criterios partidarios

Por Andrés Alsina
Lacalle saluda a jefes departamentales en 2020, a poco de asumir. Foto: Uruguay Presidencia.

 

El Presidente Luis Lacalle se encargó desde su debut en 2020 de poner los polvos y hacerlos lodo. Como si estuviera 30 años atrás y solo tuviera al Partido Colorado como adversario al que disputarle retazos del poder del Estado, hizo cambios a su favor en muchos mandos y en particular en la Policía, tal como había hecho su padre Luis Lacalle Herrera como Presidente en 1990 pero con consecuencias menores.

Los cambios de 2020 consistieron en remover a mandos formados en el combate en la Brigada Antinarcóticos y de allí ascenderlos por méritos al mando de la Policía Nacional. Había sido un cuerpo estable durante cinco gobiernos, a partir de la segunda Presidencia de Julio María Sanguinetti, en 1995, pasando por la de Jorge Batlle y los tres sucesivos mandatos del Frente Amplio. Eso implicó equipos humanos eficaces, conocimiento, tecnificación, capacitación y entrenamiento. Y además, cursos con los que la DEA retribuía la colaboración uruguaya. Todo ese trabajo conformaba una red de contactos eficiente y tan preciado para un policía como puede serlo para un periodista. Fue por el banco de ADN que se empezó a formar en 2013, por ejemplo, que pudo finalmente aclararse el homicidio de la adolescente argentina Lola Chomnalez, en diciembre de 2014, en una playa del Este.

Un colega especializado en el tema policial, Gabriel Pereyra, se refirió a esos mandos y sus equipos. Ellos fueron Roberto Rivero, Julio Guarteche (fallecido en 2016) y Mario Layera. “Todos estuvieron; estos tres estuvieron en los lugares del seno de la DEA donde entran muy pocos, y ahí hicieron contactos personales. Fue entonces que empezaron las grandes requisas y empezó a profesionalizarse la policía. También es cierto que durante el gobierno del Frente hubo plata para profesionalizarla y ahí fue que se empezó a traer técnicos extranjeros, a comprar tecnología, a mejorar los patrulleros, se mejoró el armamento, se mejoró todo”, señaló Pereyra a El Cohete.

A Layera, el gobierno de Lacalle lo dio de baja de la Dirección Nacional de Policía por cuestionar tres aspectos de la Ley de Urgente Consideración (de 475 artículos, el grueso sobre seguridad pública, con la que el gobierno quiso vertebrar su gestión): derribo de aviones, porte de armas para retirados y penas de prisión por “agravio a la autoridad”. Layera explicó que el agravio a la autoridad es una figura que se conforma en conflictos sociales de todo tipo, habituales en contextos económicos y sociales difíciles y negativos, y con rara presencia en la lucha contra el delito o el crimen organizado. Derribar aviones sin saber si efectivamente son parte de una trama delictiva es naturalmente contrario al Estado de Derecho, pero este gobierno lo hizo ley, sin tener radares cubriendo todo el territorio ni suficientes aviones. Una característica importante de esta gestión es el mucho decir y poco hacer, proceder que ya fue bautizado como “cortina de humo”.

El porte de armas para retirados fue, explica Layera, un compromiso con los retirados que se arrimaron a ayudar a la entonces oposición durante la campaña electoral. Luego, varios fueron puestos en funciones en cargos jerárquicos, como jefaturas departamentales, y entonces empezaron a gotear sus malos antecedentes, las razones pecaminosas por las que habían sido dados de baja, y las ilicitudes a las que volvieron.

Es que Lacalle no tenía reemplazos en carpeta, pero sí el propósito de imponer la bandería partidaria; tanto es así que lo hace como si se estuviera al borde de una guerra civil, pero contra el Frente Amplio. Fue en esa lógica que puso al frente de su custodia –cargo con amplios poderes– a un blanco, Alejandro Astesiano, con una veintena de anotaciones policiales y dos estadías en la cárcel (ver El tobogán uruguayo). También se le expidió, en un trámite aún no descifrado, un pasaporte a un narco importante, Sebastián Marset, que por eso fue liberado de la cárcel en Dubai. Esos dos embrollos lo tienen enredado desde septiembre y cada vez más, al punto que anunció que no hablará sobre tema alguno hasta su mensaje de rigor al Parlamento el 1º de marzo.

Esos casos simplemente exteriorizaron lo que estaba pasando, y sigue pasando, en la policía. Cinco altos jerarcas policiales, entre ellos el 2 y el 3 del escalafón, hoy figuran en las causas judiciales abiertas a Astesiano. Se viene salvando el número 1, Diego Fernández, y todavía no saltó que los primeros tres del escalafón pusieron a familiares en la nómina policial. Nepotismo flagrante; leyes 17.060 y 19.823.

En cuanto a Fernández, viene escapando de sus antecedentes. Fue dado de baja porque el cuerpo a su mando negó a vecinos la asistencia de patrulleros existentes y estacionados con personal ocioso. Y no se sabe (pero seguramente es una historia interesante) cómo zafó de sus negocios privados hechos públicos mientras estaba en Cárceles: entre otras, contrataba policías para trabajar para una empresa de seguridad privada en su horario de servicio. Esa persona está ahora a cargo de toda la Policía. Al jefe anterior, Erode Ruiz, lo cesaron porque hablaba con un ex jerarca del Frente Amplio para recoger experiencia en el campo específico de la policía.

Hoy las brigadas de Droga Nacional y las departamentales no se comunican entre sí ni se informan sobre operaciones. La situación general revela ausencia de control político sobre ese vasto cuerpo armado, único con potestad para actuar dentro de las fronteras, y se expresa dentro de la fuerza en persecución laboral, en un desborde de sanciones que enfrentan al mando con el personal subalterno, malos tratos e ineficacia operativa; de todo esto y más están dando cuenta los dos sindicatos policiales. El ministro del Interior Luis Alberto Heber y sus subordinados políticos niegan terminantemente toda esta situación.

La situación, sin embargo, está, y se encuadra en un aumento del papel de Uruguay como punto de paso de la droga. Según el ministro del Interior, ahora se acumula en el país hasta que la partida se resuelve, y además se la fabrica, lo que plantea una realidad cualitativamente distinta. Además, este gobierno hereda una metida de pata –por decir lo menos– del gobierno de José Mujica (2010-15), que transfirió la represión del negocio de menudeo de droga a la policía de comisaría. Esto implicó descontrol y, en un país con una brecha social cada vez más importante y muchas y populosas zonas marginales, la lucha entre bandas por el dominio del territorio es una constante. Esa lucha se traduce en asesinatos: desde 2013 hasta diciembre último aumentaron un 67%. Entre 2021 y 2022 aumentaron un 25,2%; la estadística trepa. Han caído personas inocentes en estos tiroteos, porque, como no saben tirar, los sicarios disparan mucho para asegurarse.

Ahora el ministro Heber quiere ir en contra de la tesitura lógica de que “con la droga y los sicarios no se negocia”, y en dichos contradictorios y enrevesados dice tener un plan (que no se conoce) que financiaría el BID pero para el cual ya hay currículums presentados; en otra oportunidad dijo que ya hay gente haciéndolo. Es todo confuso e inconexo, hay desesperación allí: llegaron al gobierno con la idea central de liquidar la violencia delictiva, y ahora la situación es mucho peor.

La idea general que quiere plantear el ministro es la de promover la metodología de reincidentes pares, que aplica Alcohólicos Anónimos y que podría aplicarse en delincuentes primarios en los tres meses siguientes a su liberación. Pero Heber la quiere aplicar a prevenir asesinatos, anunciando el plan para que una vez liberados se inserten de nuevo en el medio delictivo (no en el mercado laboral) y convenzan (“comer la oreja”, le dicen) a delincuentes para que no asesinen. Los asesinados serán los que manda el gobierno a lo que se entenderá que es delatar. Hay bastante de idealismo religioso conservador y mágico en el planteo.

La idea es inconexa, confusa e implica negarle de plano la capacidad a la policía para entender ese mundo que es su campo de trabajo. Tan es así que el director nacional Diego Fernández dio la orden a todo el cuerpo policial de no comentar la idea del ministro.

 

 

Mientras tanto, los trasbordos de droga al exterior tiene facilidades que el gobierno debería conocer. El puerto de Montevideo tiene un solo escáner, cuya tecnología no le permitió en 2019 –fue la explicación oficial– detectar 4,5 toneladas de cocaína en tránsito hacia Hamburgo, captura que fue récord absoluto para Alemania. En diciembre de 2007, el nuevo escáner para el puerto se cayó (caramba) cuando lo desembarcaban en Montevideo, y desde entonces se hicieron tres llamados a licitación para comprar uno nuevo. Los tres fueron impugnados por el Tribunal de Cuentas; se afirma que porque decían lo mismo. Así, el puerto de Montevideo seguramente es considerado muy apto para el contrabando. A esto se suma escasez de personal de aduanas, con cada vez más vacantes no cubiertas, y hasta hay puestos fronterizos sin personal alguno. Tampoco hay control de los cielos ni de los mares, por falta de aviones y barcos.

Posiblemente fue ante la falta de control físico eficaz del tráfico y menudeo de droga que la poderosa agencia estadounidense de control de estupefacientes, DEA, cerró en 2016 sus oficinas en Montevideo, y atiende la situación uruguaya desde la Argentina. La Presidencia de Joe Biden intervino en el asunto, y la nueva embajadora de Estados Unidos en Uruguay será Heide B. Fulton. Su experiencia sugiere que el tema de la droga a través de Uruguay estará en su agenda. Antes de ocupar este cargo, Fulton fue subsecretaria de Estado adjunta para Programas del Hemisferio Occidental en la Dirección de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. También fue directora de la Oficina de Asuntos Mexicanos. Como funcionaria orientada hacia la diplomacia pública, dirigió la Embajada de los Estados Unidos en Honduras como subjefa de Misión y Encargada de Negocios de 2016 a 2019. Desde que se unió a la Agencia de Información de los Estados Unidos, en 1998, Heide ha servido en el extranjero como directora de Antinarcóticos en la oficina de la Dirección de Asuntos Internacionales de Narcóticos.

 

 

 

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