Uribe como prólogo de Macri

 

El último martes, la Corte Suprema colombiana decidió la detención preventiva del ex Presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, acusado de espionaje, fraude procesal y  soborno. El dictamen de los magistrados dispuso su detención domiciliaria para impedir una potencial obstrucción de la Justicia mediante la alteración de evidencias y la manipulación informativa destinada a condicionar a la opinión pública. Es la primera vez en la historia de Colombia que un tribunal emite una orden de captura en contra de un ex mandatario. Uribe, además de congresista, es el jefe político del partido Centro Democrático, la organización que catapultó a la presidencia a Iván Duque en 2018.

El dictamen del Supremo Tribunal se basa en imputaciones similares a las que se investigan en Argentina respecto de Mauricio Macri: espionaje, intentos de manipulación de testigos y fraude procesal. Además de causas judiciales, ambos ex Presidentes comparten una visión del mundo. En los últimos años se constituyeron en dos de los máximos referentes y defensores de las políticas del Departamento de Estado en Latinoamérica y el Caribe, y en ese marco impulsaron la conformación del denominado Grupo de Lima, con el que profetizaron infructuosamente el inmediato fin del chavismo venezolano.

En abril de 2020 rubricaron, junto a otros líderes de la derecha regional, un documento en el que se defendía subrepticiamente las políticas de Donald Trump y Jair Bolsonaro en oposición a las políticas sanitarias desarrolladas por los países que siguieron en forma más escrupulosa las recomendaciones de los epidemiólogos: “En España y la Argentina, dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente”. La carta difundida por Fundación Internacional para la Libertad –comandada por Mario Vargas Llosa– fue suscripta también por el español José María Aznar y Ernesto Zedillo, de México.

Sin embargo, la defensa de la libertad y los valores republicanos que preconizan Macri y Uribe no resultan coherentes con la acumulación de causas judiciales que los tienen como partícipes, imputados, sospechados o ligados. En el caso del ex mandatario colombiano, la orden de detención se fundamentó en el hallazgo de nuevas evidencias procesales ligadas al soborno de testigos, la destrucción deliberada de documentación probatoria y la realización de espionaje ilegal orientada a extorsionar a posibles informantes de la Justicia. El dictamen del Tribunal supremo justificó la detención en la “gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción (…) que incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”. La respuesta uribista no se hizo esperar: el magistrado encargado de la instrucción, César Augusto Reyes Medina, denunció amenazas e hizo pública la detección de un micrófono satelital camuflado en su despacho, en la Corte Suprema.

En febrero de 2019, el entonces Presidente Mauricio Macri recibió en el despacho presidencial de la Casa Rosada al senador Uribe. En aquella ocasión, el ahora detenido definió a su anfitrión como un “noble amigo y líder definido en defensa de los valores democráticos”. Eran tiempos en los que aún no había sido divulgada a nivel regional su imputación –investigada en la actualidad por la Justicia– sobre la Masacre del Aro, cometida el 22 de octubre de 1997 por paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En dicho acto criminal fueron asesinados 15 campesinos en estado de indefensión, y un centenar fue desplazado de su territorio. Según las investigaciones retomadas por la fiscalía, dicha masacre fue apadrinada por uno de los acaudalados terrateniente de la zona, el entonces gobernador de Antioquía, Álvaro Uribe.

 

 

 

Narcos y paras

Con el objeto de borrar cualquier vínculo con los paramilitares de la AUC que combatían tanto a las guerrillas sublevadas (la FARC, el ELN y el EPL) y que formaban parte del entramado del narcotráfico, el abogado de Uribe intentó modificar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, paramilitar detenido en la cárcel de La Picota. En esa oportunidad, el 22 de febrero de 2018, el letrado del ex Presidente, Diego Cadena, le solicitó que firmara una declaración en la que debía desligar a su defendido de las actividades de los paramilitares de Antioquía. Como retribución, Cadena le ofreció una revisión de su condena por homicidio agravado e integrante de las AUC. Monsalve participó de esa reunión en la cárcel junto a otro condenado, Enrique Pardo Hasche, quien también fue cooptado por Cadena para testimoniar a favor de Uribe. La gestión no fue exitosa porque Monsalve grabó la conversación con un reloj pulsera y la hizo llegar a la fiscalía. Al caso de Monsalve se le suma el testimonio de los paramilitares detenidos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, quienes asumieron la recepción de 48 millones de pesos colombianos por adecuar sus testimonios a las necesidades de Uribe.

Luego de la recopilación de innumerables testimonios e indicios, la Corte Suprema inició una investigación a cargo del magistrado José Luis Barceló, en la que se certificaron varios intentos de manipulación de testigos ligados con causas de narcotráfico y violencia paramilitar. El 24 de julio de 2018 –luego de superar innumerables presiones y amenazas– la Sala de Instrucción Penal procesó a los congresistas Uribe y Hernán Prada bajo la imputación de alterar las declaraciones testimoniales de una docena de testigos. Eso motivó una acción desesperada del ex Presidente quien, según la investigación en curso, motorizó una campaña de espionaje telefónico –operativizada entre febrero y diciembre de 2019 por las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas– destinada a evitar su encarcelamiento.  Entre los 130 celulares intervenidos, figuraban el del entonces secretario general de la Presidencia, el del máximo asesor del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, los pertenecientes a destacados integrantes de organizaciones de Derechos Humanos y los utilizados por periodistas de investigación de diversos medios.

Los datos provistos por Cadena en La Picota derivaron en varios allanamientos en lo que se certificó la tarea realizada por los funcionarios uribistas para –según el Alto Tribunal­– “contactar en diferentes cárceles a ex miembros de grupos paramilitares para que –a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero–, elabore escritos y videos a favor del senador imputado”. Otra de las investigaciones de la Corte Suprema muestra los intentos del ex Presidente para contactar al narcotraficante Juan Carlos Sierra, con el objeto de desacreditar al oficial de la Policía, Juan Carlos Meneses, uno de los principales testigos en el juicio contra Santiago Uribe (hermano de Álvaro) por la participación y organización de grupos paramilitares responsables del asesinato sistemático de los dirigentes ambientales y campesinos en diversos departamentos colombianos.

 

 

 

 

A medida que avanza la investigación, aparecen más datos que comprometen al jefe del partido Centro Democrático. En febrero de 2012, el senador Iván Cepeda detalló la conformación del grupo paramilitar Bloque Metro, cuyo centro operativo funcionaba en la hacienda Guacharacas , propiedad de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, ubicada en la región del Nus, en el nordeste antioqueño. A raíz de la detención del senador, vuelven a divulgarse las denuncias que fueron archivadas por magistrados vidriosos durante las tres últimas décadas: el 14 de julio de 1983, el narcotraficante Pablo Escobar habría prestado un moderno helicóptero para trasladar a un hospital a Alberto Uribe Sierra, padre del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Uribe adujo –en su defensa– que la aeronave había sido facilitada por la familia del empresario Juan Gonzalo Ángel, uno de cuyos hermanos fue detenido una década después como líder de “Los doce del patíbulo”, la organización narcotraficante socia de Pablo Escobar Gaviria, que brindó información decisiva para detener al jefe del cartel de Medellín. Gracias a esa delación, fue indultado también por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No corrió la misma suerte el primo y mentor de Álvaro, Mario de Jesús Uribe Escobar, quien tuvo que renunciar al cargo de senador para el que había sido electo, por ser detenido bajo los cargos de asociación ilícita y participación en la conformación de escuadrones de la muerte en Antioquía. Otro de los capítulos turbios del republicano y demócrata amigo de Macri se remonta al caso Yidispolítica, denunciado por la legisladora Yidis Medina, a quien le ofrecieron dinero para votar la reforma constitucional que permitía la reelección de Uribe por un segundo periodo, en 2006.

El actual Presidente de Colombia, Iván Duque, en un alarde de autonomía respecto al Poder Judicial, cuestionó la detención afirmando: “Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado el país con barbarie se defiendan en libertad, o inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y a que un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”. Por su parte, la senadora del partido uribista, Paola Holguín, fue un poco más explícita: solicitó en un audio la colaboración de las Fuerzas Armadas para evitar la detención.

El Departamento de Estado mira con preocupación el resquebrajamiento del partido de Centro Democrático, cuyo máximo referente es Uribe. Desde el año 1999, el Comando Sur participa de las actividades militares en el país con el pretendido objetivo de reducir la producción y la exportación de cocaína. Desde que Duque asumió la presidencia, en 2018, creció el narcotráfico con tal impulso que motivó la condena del propio Donald Trump, quien afirmó en octubre de 2019 que “hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que fuera Presidente. Él no ha hecho nada por nosotros”.

 

 

 

 

 

El pariente argentino

El procesamiento de Arribas y Majdalani es el primer capítulo de una Caja de Pandora que recién empieza a abrirse. Algunas de las futuras causas que tendrán destino tribunalicio fueron develadas y analizadas por El Cohete a la Luna. La totalidad de ellas comparten un modus operandi emparentado con el paradigma uribista. En 2015, con la colaboración de alfiles implantados en la Justicia Federal, removieron a los jueces naturales del suicidio de Alberto Nisman. Poco tiempo después, la ministra de seguridad Patricia Bullrich instruyó a sus subordinados –en una clara muestra de interferencia en la Justicia– acerca de la necesidad de realizar una evaluación alternativa a la realizada por los peritos de la Corte Suprema sobre las causas de la muerte del fiscal. Para ganar las elecciones de 2015, propalaron, en complicidad con los propagandistas mediático-corporativos, la supuesta vinculación del entonces candidato a gobernador (Aníbal Fernández) con el narcotráfico. Tiempo después, el autor intelectual del crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, informó en sede judicial que el agente de inteligencia Diego Dalmau Pereyra le solicitó que involucrara a Aníbal Fernández con los crímenes a cambio de beneficios procesales.

El memorándum de entendimiento con Irán se convirtió en una de las plataformas de persecución. A pesar de haber sido votado por ambas cámaras, las fracciones macristas lograron encarcelar al actual procurador del Tesoro de al Nación, Carlos Zannini, a Luis D'Elía y a Fernando Esteche. La ofensiva contra otros ex funcionarios se puso en evidencia con el peritaje fraudulento encargado a David Cohen, con el que se dispuso la detención del ex ministro Julio De Vido y su subordinado, Roberto Baratta, por el supuesto pago de sobreprecios para importar Gas Natural Licuado (GNL).

La actual ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, denunció ante el juez federal Sebastián Casanello al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, por incumplimiento de deberes de funcionario público y por encubrir los hechos que derivaron en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En forma paralela, el juez de Lomas de Zamora, Alejo Ramos Padilla, investiga una red de espionaje ilegal por la que están detenidos Marcelo D'Alessio y dos ex comisarios contratados por la AFI de Arribas, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Las imputaciones incluyen tareas de inteligencia desarrolladas contra congresistas del Frente Amplio uruguayo y funcionarios de la empresa petrolera venezolana PDVESA.

En mayo de 2019 se hizo pública otra rústica manipulación judicial a través de la denuncia de la abogada Florencia Guijo, quien reconoció haber entrenado a Leonardo Fariña para involucrar a Cristina Kirchner en diferentes delitos. El hostigamiento contra CFK se dispuso desde el Poder Ejecutivo a través de la articulación entre la denominada mesa judicial, la AFI y el soporte propagandístico de las corporaciones mediáticas.

El último miércoles, la Comisión Bicameral que controla al Ministerio Público Fiscal escuchó las denuncias de la fiscal Gabriela Boquín relativas al hostigamiento sufrido por negarse a viabilizar la propuesta realizada en 2017 por la empresa perteneciente a la familia Macri, en la que se buscaba licuar la deuda acumulada y desligar responsabilidades. Durante la sesión virtual relató cómo le robaron partes del expediente ligados al Correo y cómo la hostigaron con denuncias falsas para que desistiera de la causa o aceptara la propuesta de la famiglia.

Uribe y Macri están unidos por un hilo invisible y un discurso común. Ambos repiten la importancia de los valores democráticos, la libertad y la división de poderes. Pero despojados de las protecciones provistas por sus guardianes septentrionales –y desnudos frente a sus prácticas–, son simplemente la imagen transparente del sistema que buscan imponer. El que busca despojar a la democracia y a la política de su rol soberano. El que busca instituir a las corporaciones como sustituto de la voluntad popular.

 

 

 

 

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