Urgencias inseparables

 

El control de precios dispuesto por Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, ha dado lugar a un debate respecto de la inflación. Durante la semana que termina referentes de la oposición, operadores mediáticos e intelectuales orgánicos del poder económico han insistido en que es el resultado de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. El domingo pasado, en la nota El enemigo del Pueblo, se demostró con datos y estadísticas irrefutables sobre agregados monetarios que no había ocurrido tal exceso de emisión. Sin embargo, en una entrevista radial el candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, no supo y no pudo responder a la insistencia periodística respecto a cuál entendía que era el apoyo técnico para defender su afirmación de que el Estado estaba imprimiendo una cantidad de billetes que “empapelaban” el país. La patética actitud del referente del PRO al hablar sobre lo que no sabe, remitiéndose a un guión marketinero de campaña electoral, intentó ser corregida por el operador periodístico Carlos Pagni, quien acometió la tarea de reinstalar la consigna del “empapelamiento” sobre la base de tirar números absolutos, sobre datos históricos y proyecciones futuras, sin relacionarlas con el nivel del PBI ni a ninguna otra variable que les dé sentido, pero con la abundancia de los ceros necesarios para impresionar a un público sujeto –en este caso– más al acto de confusión deliberada e intencional que a la impotencia de la ignorancia del protagonista de Odisea argentina.

En cambio, desde distintos dirigentes del Frente de Todos, apoyados en estudios reveladores e irrefutables sobre la concentración de la oferta de alimentos y bienes esenciales de la economía, se demostró que había una actitud de sostener y aumentar altos márgenes de ganancias por parte de grandes y poderosas empresas de la producción y distribución de esos productos esenciales.

En tal sentido quedaron enfrentadas dos estrategias respecto de cómo emprender el problema de la inflación:

• La de la ortodoxia económica, la oposición política, el poder económico y la derecha, que culpabiliza a un exceso de emisión inexistente,
• mientras el diagnóstico antagónico del oficialismo y los economistas críticos se centra en reivindicar la necesidad de disciplinamiento de los oligopolios que predominan intensamente en la organización productiva y la oferta de bienes en la economía argentina.

 

La dependencia

Calificamos a los diagnósticos como antagónicos porque los diferentes enfoques no son el resultado de adversarios políticos que están por dirimir dos puntos de vista distintos para enfrentar el fenómeno inflacionario, sobre la base de objetivos compartidos respecto del futuro nacional. Durante la hegemonía neoliberal impuesta luego de la caída del mundo bipolar y la reconversión de las socialdemocracias hacia la derecha, determinadas categorías analíticas fueron excluidas del lenguaje político. El antagonismo supone la defensa de proyectos e intereses distintos y representaciones sociales también divergentes en sociedades con polarizaciones exacerbadas y desigualdades imposibles de aceptar desde visiones humanistas.

El enfoque sobre la inflación que proponen quienes hacen bulla con un “empapelamiento” inexistente, deriva en el apoyo a una política de ajuste. Desde esta perspectiva acometen la promoción de un “programa” que el nuevo embajador designado por el gobierno norteamericano, Marc Stanley, reclama y vincula al eventual acuerdo con el FMI. Cada vez más, los medios de comunicación concentrados difunden trascendidos respecto de que el organismo multilateral reclamará una devaluación para reducir la brecha cambiaria, cuestión con la que acuerda el bloque opositor aliado con el establishment argentino. Cada vez más, esta entente no centra la discusión del acuerdo en la ingeniería financiera de la refinanciación sino en el “programa” requerido por el embajador de Joe Biden, en coincidencia con el poder económico local, la oposición y los economistas “serios” que siempre fracasaron en mejorar las condiciones de vida populares así como en alcanzar el desarrollo nacional. La articulación entre los objetivos del FMI, que es un organismo multilateral que representa al capital financiero, y el poder económico local, reproduce de nuevos modos la vieja lógica de alianza entre los centros de poder y los sectores dominantes en la economía nacional. A la vez que aparece un hilo conductor entre la política antinflacionaria que promueven y el enfoque del tratamiento de la deuda que comparten. Pagni y Santilli son funcionales a ese bloque y participan de la propagación de propuestas, teorías y estilos que pululan en los círculos de poder local y global.

La devaluación, la reducción del gasto público y las reformas estructurales liberalizadoras (como la eliminación de las indemnizaciones y otros retrocesos laborales) constituyen la manera de alcanzar un piso mucho más bajo de salarios e ingresos fijos, con la finalidad de que el punto de partida de un régimen de estabilidad sea con menor consumo, menor producción y menores importaciones. A la vez que en el marco de un esquema liberalizado con asignación mercantil de recursos sueñan con recibir inversiones dirigidas a sectores primarios de recursos naturales que se exporten con una lógica de enclave y sin valor agregado producido por industrialización local. Este es el futuro anunciado si la hegemonía política es conquistada por la alianza Juntos y su faro libertario que la ilumina por derecha.

 

Hacia el 14 de noviembre

La inflación actual de la Argentina tiene una de sus claves en la injustificable suba de precios que sólo se funda en la recomposición y aumento de los márgenes de los oligopolios y en el vínculo del sistema de precios local con el internacional, que requiere de medidas de desacople más efectivas, como las retenciones móviles. El congelamiento es el punto inicial de una política de administración de precios. La resistencia de sectores empresariales a estas políticas permite inferir que además de objetivos económicos también persiguen metas de orden político. El poder concentrado resiste el despliegue de un proyecto nacional y por lo tanto busca el desprestigio del gobierno nacional, actitud que habilita a sostener que la disputa política hoy no se remite al acto electoral del 14 de noviembre sino que también transcurre en el plano del desorden económico promovido intencionalmente por formadores de precios que así intervienen indirectamente, con estas acciones, en el resultado de los comicios.

El acercamiento a las elecciones del 14 de noviembre no puede ser entendido como  un hito que por sí solo resolverá el destino de la Patria.

En la coyuntura hay tres cuestiones inseparables y urgentes que constituyen condiciones necesarias y complementarias para un proyecto de transformación:

1. La recuperación electoral del Frente de Todos;
2. La afirmación, avance, eficiencia y éxito de la política de control de precios; y
3. Una resolución del endeudamiento con el FMI insubordinada a cualquier lógica continuista de las condiciones que favorezcan la profundización de la dependencia.

 

Programa de ajuste o plan de desarrollo

Resulta muy distinto aproximarse a un acuerdo razonable sobre el pago de la deuda desde una u otra perspectiva. El plan de ajuste implica intensificar la reprimarización de la economía, la mercantilización de la definición de los precios de todos los bienes, la redistribución regresiva del ingreso, caída del empleo y del nivel del producto, el fomento de la potencialidad del ingreso de inversiones externas en las áreas de recursos naturales y producción primaria y, también, en el complejo agroindustrial con predominio de su participación en las actividades aguas abajo. Es un diseño de país funcional a que un arreglo de la deuda con el FMI se haga en el marco de un acuerdo en base a las políticas que ese organismo recomienda, y que sectores de la intelectualidad conservadora y neoliberal, el poder económico local y la alianza Juntos pregonan.

En cambio, una política de desarrollo con una matriz que persiga la igualdad –que tiene como punto de partida una mejor distribución del ingreso que la actual– necesita de un mayor gasto social y mejores salarios para estimular el consumo. Mejores salarios reales requieren de mayores ingresos nominales y una evolución de los precios que respondan a la racionalidad del plan y no a la lógica de una sociedad de mercado. Ese desarrollo incluye como condición necesaria pero no suficiente una política industrial para sustituir importaciones, que demandará divisas. Esa demanda de divisas es una restricción al pago de la deuda (si esa restricción funcionara al revés, con el monto de deuda presente un proyecto nacional de desarrollo se truncaría). Por otra parte el Estado debería concentrarse intensamente en el desarrollo científico y tecnológico invirtiendo significativos recursos presupuestarios en ese objetivo. Las exportaciones deberían crecer diversificadamente y conteniendo valor agregado acrecido tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Estos perfiles llevan un tiempo más largo que la profundización de la lógica exportadora reprimarizada y no son complementarios  sino alternativas en buena parte excluyentes. En un plan para un proyecto nacional, la inversión extranjera deberá ajustarse a la generación de un saldo de divisas positivo, sumado a la creación de empleo y a la contribución a la complejización del aparato productivo, lo que no quedaría resuelto con regulaciones y disposiciones de ventajas y concesiones ofertistas sino con un direccionamiento de esa inversión a áreas definidas por la política pública, en base a los criterios expuestos.

Son dos Argentinas contrapuestas: una con autonomía económica, la otra anclada en la continuidad de las condiciones de dependencia.

 

El acuerdo de la deuda

El ministro de Economía Martín Guzmán dijo esta última semana en una conferencia en el Centro Cultural Kirchner que era mejor un buen arreglo que no pagar, pero que un mal acuerdo era aún peor que no pagar. Por otro lado definió al FMI como un organismo con una arquitectura en la cual el poder lo tenían los acreedores y que se comportaba en beneficio de estos. Esta definición supone la existencia de una puja y contradicciones duras entre ese organismo y la Argentina. Además responsabilizó al FMI de haber financiado la campaña de la alianza Juntos por el Cambio para las elecciones de 2019. La caracterización del ministro abona la tesis de confluencia del proyecto de la principal fuerza opositora al gobierno del Frente de Todos con el del FMI y con los grandes fondos financieros.

En cambio la fuerza política que hoy gobierna accedió al poder con un programa distinto que intentó ser frustrado por la alianza endeudadora. Por lo tanto, las negociaciones se encaminan a una dura cinchada, porque la Argentina puede y quiere pagar pero un proyecto nacional y popular sólo podría hacerlo sin renunciar a su autonomía. Esto implica la no existencia de condicionalidades, ni la presentación y acatamiento a ningún programa monetario y fiscal de ajuste. Todo lo contrario, la ingeniería financiera tendrá que avenirse a subordinar el servicio de la deuda a los requerimientos de divisas que la transformación estructural progresiva demande.

El abandono de la lógica de las liberalizaciones y la permanencia y profundización de una política de direccionamiento del crédito, de regulación de las tasas de interés, de fijación de las tarifas de los servicios públicos en base a consideraciones de justicia social y racionalización de su uso, y no sobre el criterio del análisis microeconómico, son orientaciones de una política del nacionalismo popular y democrático. La administración de precios será una necesidad para la racionalidad de un modelo de estas características. El financiamiento del desarrollo requerirá de préstamos de largo plazo atendidos por una banca de desarrollo nacional, porque su centralización en un dispositivo de un mercado de capitales ampliado no garantizaría que los lineamientos los imponga la democracia sino el mercado. El tipo de cambio es una variable distributiva, y en consecuencia un precio estratégico cuya definición no puede depender de la oferta y la demanda. El comercio exterior requiere de una activa e intensa participación del Estado.

 

 

 

 

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