¿Urbanización o plan de exclusión?

 

Las paredes de la casa de Liz Enciso están negras. El hollín cubre todas las superficies de la vivienda: los muebles, los electrodomésticos, los juguetes de sus hijos y hasta su cama. El ventilador de plástico que cuelga del techo de su living está achicharrado, las ollas de la cocina están quemadas, la heladera y el lavarropas ya no funcionan. Se respira un aire denso que raspa la garganta. El olor es a plástico quemado. “Está inhabitable. Nos fuimos con lo puesto y hoy no nos queda casi nada”, dice Liz a El Cohete a la Luna tras recorrer por primera vez su casa, a 15 días de tener que abandonarla de manera intempestiva. Es una de las 23 viviendas afectadas por el derrumbe —y posterior incendio— que se produjo el pasado 18 de enero en el barrio Padre Carlos Mugica (ex villa 31) como consecuencia del trabajo de demolición en una vivienda lindera que realizaba una empresa contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cerca de las 14 del 18 de enero cayó una losa en el conjunto de viviendas ubicadas al lado de la autopista Illia, en la intersección de la calle Alpaca e Islas Galápagos. Ocurrió mientras que el personal de la empresa Villarex S. A. se encontraba demoliendo dos viviendas aledañas como parte del Plan de Urbanización del barrio. El desplome inhabilitó el acceso a las viviendas, varios vecinos quedaron detrás de los escombros y tuvieron que autoevacuarse por la parte trasera de las edificaciones.

Luego de la intervención de la Guardia de Auxilio, se retomó la demolición y cerca de las 18 una gran cantidad de humo comenzó a salir de una de las viviendas de planta baja que había sido desalojada. Se había producido un incendio en el cableado y la casa quedó inhabitable.

En el momento del derrumbe Liz estaba trabajando. Su sobrina, embarazada de ocho meses, fue quien la llamó para darle la noticia. La chica se encontraba en el primer piso cuando escuchó un estruendo, vio que cruzando el pasillo la placa de hormigón estaba quebrada y debió salir de la construcción junto a su hija de tres años esquivando la mampostería caída. Según Liz, el estrés por lo que vivió, sumado a que los diez días siguientes tuvo que dormir en la calle, hizo que la joven tuviera un parto prematuro. Su bebé hoy está internado en neonatología.

Por más de 15 días, familias con bebés, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas durmieron bajo la autopista Illia, a la intemperie. La Guardia de Auxilio les prohibió la entrada a sus casas, que quedaron tapiadas, en tanto evaluaban los daños. Los vecinos armaron una rancheada con lo poco que pudieron recuperar de sus hogares y algunos colchones que les donaron organizaciones sociales.

 

 

Un “error” que pagan los de siempre

Desde el Ministerio porteño de Desarrollo Humano y Hábitat, cuya titular es María Migliore, informaron que la demolición se produjo por un “error” de la empresa contratista Villarex S. A. Ese error, que aún no explicaron de qué se trató, dejó a cerca de 100 personas, entre ellas 15 niños y una embarazada, viviendo en la calle.

Para los vecinos, la empresa no cumplió con los protocolos previstos para las demoliciones. No es la primera vez que existen problemas de este estilo desde el inicio del proceso de urbanización del barrio Mugica: en 2020 otros propietarios, acompañados de organizaciones sociales y referentes políticos de la oposición, presentaron en la justicia un amparo por daños en unas viviendas linderas al área donde se realizaban obras. Desde entonces se puso en vigencia el Plan de Gestión Ambiental y Social “Demolición y Desarme”, el cual establece las medidas a seguir para el proceso. Entre estas están la instalación de cercos de obra, bandejas de protección, vallados, señalizaciones y el aviso 10 días antes del inicio de la obra a los vecinos de las viviendas linderas.

La legisladora porteña del Frente de Todos María Bielli fue una de las primeras en denunciarlo públicamente. En diálogo con El Cohete explicó: “Los habitantes de las casas linderas no sabían que se iba a realizar esta demolición, no habían sido notificados. No se cumplió entonces con el Plan. Además faltaron medidas de seguridad porque la demolición produjo el derrumbe de una estructura contigua que compromete a estas 23 viviendas”.

Los vecinos señalan que la estructura se desmoronó porque la demolición se inició desde la planta baja. Hay varios videos, que ellos mismos grabaron, que lo demuestran. “No fue un error, es una negligencia. Creen que somos ignorantes pero hay personas del barrio que trabajan en construcción y nos explicaron que todo se vino abajo porque empezaron a demoler en la planta baja”, dijo Analía Gayoso, propietaria de una de las viviendas del primer piso.

Por lo sucedido en su hogar, Analía perdió su trabajo en una fábrica textil. “Tuve que faltar varios días y me dijeron que no vuelva”, reveló. Lo mismo le ocurrió a Liz, quien trabajaba por hora limpiando casas. “Somos varios los que nos quedamos sin trabajo por esto. No solo nos quedamos sin casa, perdimos nuestras cosas, sino que ahora tenemos que salir a buscar un nuevo trabajo”, se lamentó. En la mesa de trabajo que se abrió entre los vecinos y el gobierno de la Ciudad se planteó la necesidad de otorgarles un resarcimiento económico a los afectados, además de una solución definitiva para su problema habitacional.

 

 

Urbanización para unos pocos

Desde hace ya varios años que la constructora Villarex S. A. realiza trabajos en el barrio Padre Mugica. Es una de las empresas contratadas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la puesta en marcha del Plan de Urbanización, aprobado por la Legislatura en diciembre de 2018 (Ley Nº 6.129) y cuya ejecución está a cargo hoy de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE). La ley establece la construcción de 1.200 viviendas nuevas y el mejoramiento de las existentes: con una red de agua potable, energía eléctrica, desagüe cloacal y pluvial.

El proceso de urbanización es criticado por la gran mayoría de los vecinos, quienes aseguran no haber sido consultados para hacer las reformas. Asimismo señalan que el número de viviendas nuevas es deficitario. Son muchísimas las familias que faltan relocalizar y aparentemente son muy pocas las viviendas nuevas que aún no fueron asignadas. Según el Censo de 2010 en la ex Villa 31 viven más de 40.000 personas en poco más de 12.000 viviendas. Se aguarda el resultado del relevamiento del año pasado para saber el alcance de la construcción de nuevas viviendas.

La obra fue en gran parte financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que lleva desembolsado más de 170 millones de dólares. Además, cuenta con recursos propios del gobierno de la ciudad. El presupuesto para la urbanización de la Villa 31 este año es más grande que los fondos que destinará el Instituto de la Vivienda de la Ciudad para todo el resto de los barrios populares. Bielli aseguró que son más de 450 millones de dólares los que se invirtieron estos años en la urbanización, que se destinaron al barrio. “Los vecinos aseguran que en el barrio no están. Nosotros venimos pidiendo una auditoría para ver cuál es el estado de utilización de estos recursos”. Pese a tamaña inversión, son muchas las familias que quedarán sin relocalizarse, entre ellas las de estas 23 viviendas.

El “bajo autopista” es una de las zonas con condiciones habitacionales más precarias del barrio. Allí abunda el hacinamiento y los riesgos estructurales. La ley ordena que las construcciones que están debajo o son linderas de la autopista Illia deben ser trasladadas y que las familias que viven en ellas tienen prioridad en el proceso de relocalización a nuevas viviendas, la mayoría situadas en el sector YPF. Sin embargo, esas 23 viviendas afectadas por el derrumbe no se encontraban consideradas dentro del plan de relocalización.

“Por ley, todas las familias que vivan a menos de 12 metros de la autopista tienen que ser relocalizadas. Desde nuestro punto de vista, y acompañando la mirada de los vecinos, la solución de fondo que tiene que dar el gobierno es otorgarles nuevas viviendas”, afirmó la legisladora.

 

 

La calle antes que los paradores

El rechazo de las familias a pasar la noche en un parador porteño fue casi unánime. Los Centros de Integración, conocidos como paradores, son refugios o alojamientos transitorios para personas en situación de calle. El sistema de alojamiento porteño para esta población hoy es mixto, a los seis dispositivos propios del gobierno de la Ciudad se suman hogares y otras instituciones que dependen de la sociedad civil o de agrupaciones religiosas. Para poder pasar la noche en uno de ellos se debe conseguir la derivación del programa Buenos Aires Presente (BAP).

Jorgelina Di Iorio, investigadora del CONICET e integrante de la Asamblea por los derechos de las personas en situación de calle en CABA, explicó a este medio que “en los paradores no hay estabilidad porque las personas no tienen asignados lugares fijos”. El alojamiento allí es masivo. Por lo general se trata de un galpón con camas cucheta, donde las duchas son compartidas, hay un horario para alimentación, de entrada y de salida. Son pocos los paradores que permiten que el grupo familiar permanezca unido, separan a las personas por género. “Para una familia, como las del barrio 31, que está acostumbrada a tener su casa, por más precaria que sea, no es fácil compartir su cotidianidad en estos lugares masivos, donde no solo no hay ningún nivel de intimidad, sino que debe separarse el núcleo familiar. Además son muchas las quejas de las personas en situación de calle sobre las condiciones de higiene de estos”, afirmó Di Iorio.

Analía dijo que prefiere la calle antes que dormir en un parador porque se siente más segura: “Me quisieron llevar pero tengo un nene de 10 años y no puedo estar con él por ahí. El ambiente es peligroso, muchas veces hay peleas que terminan mal. Prefiero dormir en la calle”, manifestó.

Para Bielli “los paradores no tendrían que ser ni siquiera una opción para una familia que estaba tranquila en su vivienda y que por el producto de una negligencia del gobierno de la ciudad tiene que dejarla”.

Otro motivo por el cual los habitantes de las viviendas afectadas dijeron que optaban por quedarse viviendo debajo de la autopista es el miedo a perder sus pertenencias. “Entraron a robar en una de las casas desalojadas. La policía a la noche se va. No podemos perder lo poco que nos queda”, contó Liz.

La semana pasada la Guardia de Auxilio realizó un informe asegurando que 10 de las viviendas no tenían peligro de derrumbe y eran habitables. Cuando las familias entraron se encontraron con parte de la estructura del edificio quebrada, rajaduras en las paredes y destrozos por el incendio. Producto de la mesa de negociación, la Ciudad acordó el mejoramiento de las viviendas y ofreció pagar a los damnificados un subsidio habitacional para que alquilen en el barrio. La respuesta, que podría ser apropiada provisoriamente para otra zona de la ciudad, en el barrio Padre Mugica no es una solución. Conseguir alquileres allí es una tarea casi imposible, más aún si se trata de familias con hijos.

Hoy la mayoría de los vecinos dejaron la calle, están parando en la casa de algún familiar o conocido, o en alquileres provisorios. Solo fueron relocalizados temporalmente en una vivienda nueva quienes habitaban la casa en que se produjo el incendio. Hay 13 familias que aún no pudieron reingresar a sus viviendas. Todos insisten con la necesidad de ser relocalizados. “Tienen que tirar y hacer de nuevo casi todas las casas. Queremos que nos reubiquen”, dijo Liz. En tanto, Analía añadió: "Estábamos bien en nuestro hogar y de un momento a otro nos dejaron bajo un puente. Yo no puedo volver a mi casa si hay olor a humo porque mi hijo es asmático, y ¿quién me asegura que no se va a caer cuando sigan demoliendo? Merecemos vivir en un lugar digno".

 

 

 

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