Uno que se queda en Brasil

 

La suerte le sonríe a Roberto Oscar González, uno de los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que está prófugo hace quince años en Brasil. Con días de diferencia con Gonzalo Sánchez, a quien mandó de regreso a la Argentina, el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño rechazó la extradición de González. A González la justicia argentina reclama hace años para juzgarlo por secuestros, tormentos e incluso por haber participado en la apropiación de un bebé nacido en ese centro clandestino.

 

Decisiones contradictorias

El 11 de mayo, el STF resolvió rechazar la extradición de González, prófugo para la justicia argentina desde 2005.  No queda claro por qué sí los jueces brasileños accedieron a la extradición en el caso de Chispa Sánchez y no en el de González.

La extradición de González había sido pedida tanto por el juez Sergio Torres como por su colega María Servini. Estaba acusado por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y una sustracción de un menor. En su caso, la fiscalía brasileña había considerado que debía ser enviado a Argentina únicamente para responder por los casos de secuestros, que son delitos continuados. En Brasil, tanto los casos de asesinatos como de tormentos prescriben después de 20 años.

Sin embargo, el STF, de manera unánime, sostuvo que no puede hablarse de secuestros para casos cometidos durante el terrorismo de Estado, ya que no se puede presumir que esas personas aun estén con vida. “El hecho de que haya cuerpos desaparecidos no es suficiente para llegar a la conclusión de que las víctimas están vivas sin elementos concretos que validen esta visión”, sostuvo Marco Aurélio, relator del STF en los dos casos.

Folha advirtió días atrás el doble estándar de los supremos brasileños frente a los casos de Sánchez y González. Marco Aurélio le explicó que él había sostenido en ambos casos una analogía entre desaparición y muerte, por lo que consideraba que los delitos estaban prescriptos. Según él, quienes habían variado su postura habían sido sus colegas. En este caso, no sólo usaron la prescripción como argumento, sino que también ratificaron la validez de la Ley de Amnistía que Brasil sancionó en 1979.

A priori los fallos del STF no son apelables, pero en la Cancillería estaban evaluando el tema, según pudo saber El Cohete. Abuelas de Plaza de Mayo va a hacer el lunes una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmó el abogado Pablo Lachener ante la consulta de este medio.

En el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral -- a cargo de la megacausa ESMA tras la partida de Torres hacia la Suprema Corte bonaerense -- no estaban notificados de la negativa del STF. Tampoco en la fiscalía de Eduardo Taiano.

 

Una larga búsqueda

A González lo conocían como Federico o Gonzalito dentro de la ESMA. En 1999, fue uno de los 98 militares argentinos procesados por el juez Baltasar Garzón en España, cuando la búsqueda de justicia estaba obturada en el país por la existencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En 2005, el juez Torres lo llamó a indagatoria por los crímenes en ese campo de concentración, pero no apareció. Torres lo declaró en rebeldía. González ya se había escapado a Brasil.

En 2008, el juez dictó el pedido de captura internacional contra González y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ofreció 100.000 pesos de recompensa a quien aportara información para encontrarlo. Pero Federico no aparecía.

Recién el 23 de abril de 2013, Interpol le informó a Torres que González podía estar en una ciudad cercana a Porto Alegre. El juez lo procesó para pedir su extradición a Brasil. En ese mismo mes, la jueza Servini lo procesó por haber participado en la apropiación del hijo de Ana Rubel y de Hugo Alberto Castro, ambos desaparecidos. Ana tuvo un parto prematuro en la ESMA para junio de 1977. Su bebé nació cianótico y los represores lo llevaron al Hospital Pedro Elizalde, donde terminó siendo apropiado por un médico. Quien trasladó al bebé al Hospital fue González, según declaró Lisandro Cubas en el Juicio por el Plan Sistemático de Apropiación.

En 2015, lo detuvo Interpol en Viamão, una zona rural cerca de Porto Alegre. Gonzalito vivía con otro prófugo de la ESMA con quien se dedicaban a la agricultura: Pedro Salvia, que murió días antes del arresto. González estuvo preso menos de un año en Brasil: desde julio de 2015 hasta marzo de 2016, cuando lo pusieron bajo vigilancia electrónica. Cuando lo indagaron, negó los hechos y se amparó en la existencia de grupos terroristas para justificarse. También habló de la parcialidad del Poder Judicial en la Argentina, que lo quería juzgar por sus crímenes.

 

Un cruzado

González nació en 1951. Tenía alrededor de 25 años cuando fue destinado al grupo de tareas que operaba en la ESMA. Antes había estado en la Comisaría II de la Capital junto con otro célebre integrante de la patota de la Marina, Ernesto Weber. González tenía el cargo de subinspector dentro de la Dirección General de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana cuando lo declararon en comisión al campo de concentración que tenía sede en el edificio de Avenida del Libertador.

Participó en múltiples secuestros, incluso en los Juicios por la Verdad reconoció haber integrado la patota que salió a secuestrar a Rodolfo Walsh, hiriéndolo de muerte en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Según declaró públicamente, estuvo en el grupo de tareas entre 1976 y 1978. Pero su vinculación con la ESMA se prolongó en el tiempo. Víctor Basterra, por ejemplo, lo recuerda como uno de los integrantes de una comisión que armó la Marina a fines de 1983 para relevar todo el material que aún quedaba en la ESMA.

En 2016, González le dio una entrevista al medio Hora Zero, en la que se lamentó por no haber sido él quien baleó a Walsh y reconoció que tiene en su haber más de cien muertes.

 

 

 

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