UNIVERSIDADES EN PELIGRO
La movilización del jueves 30 superará todo lo conocido
En las últimas semanas, el conflicto universitario logró perforar el cepo mediático. Durante varios meses los medios de la cadena oficial omitieron informar que, ante una paritaria salarial estancada desde marzo por la insistencia del gobierno en ofrecer 15% en cómodas cuotas, los sindicatos docentes universitarios estaban desarrollando un plan de lucha y denunciando los efectos destructivos del ajuste presupuestario. En estos días, la magnitud que logró la movilización en todo el país no sólo impuso el tema en la prensa y en las redes, sino que obligó al gobierno a elaborar un instructivo que desde hace dos días circula en varios formatos, indicando “qué estamos diciendo frente al conflicto universitario”.
El machete, que ya está siendo utilizado con escasa imaginación por algunos escribas y voceros oficialistas, ha sido la única respuesta ante la emergencia de la crisis en las universidades. Si alguien otorgara alguna credibilidad a las declaraciones propuestas por ese texto, sería imposible explicar por qué el malestar se ha convertido en voluntad de movilización, por qué la movilización está reuniendo a miles de personas en todas las ciudades en las que hay alguna institución universitaria, por qué las universidades están siendo abrazadas no solamente por sus docentes, no docentes y estudiantes sino por una ciudadanía que reivindica la universidad pública y gratuita como un derecho. O por qué no logran detener la marcha nacional convocada para el 30 de agosto por todas las gremiales docentes y todas las agrupaciones estudiantiles universitarias, que se espera reúna a una multitud inédita en la historia de las luchas universitarias.
El sistema universitario público argentino es una rara joya: la gratuidad y el ingreso irrestricto le han otorgado una condición plebeya y masiva que lo distingue del carácter elitista que es propio de esta institución en casi todos los países del mundo. Al mismo tiempo, es justamente reconocido por el excelente nivel de formación que prevalece en sus instituciones, y constituye una referencia valorada y requerida en el debate cívico.
El 80% de la matrícula universitaria en nuestro país se concentra en el sector público, que hoy tiene presencia en todo el territorio nacional con al menos una y a veces varias instituciones en cada una de las provincias argentinas. Entre 2003 y 2015, una política que consideró estratégico fortalecer el desarrollo del sistema universitario incrementó de manera sostenida el presupuesto, permitió mejorar sustantivamente los salarios y las condiciones de trabajo docente y no docente, creó nuevas instituciones cercanas a poblaciones que de otro modo no hubieran podido acceder a los estudios superiores, promovió la inclusión, permanencia y egreso de estudiantes de sectores históricamente excluidos de la formación universitaria, favoreció la vinculación de la actividad académica con el territorio, y estimuló su participación en la elaboración y desarrollo de políticas públicas en todas las áreas de la acción estatal.
Durante ese período se produjo una transformación que, en el Centenario de la Reforma del '18, bien vale considerar como el ciclo más reciente de reforma democrática en las universidades argentinas. Un proceso que, aún inconcluso, demorado por sus propias contradicciones y frenado por la llegada de la Alianza Cambiemos a la Casa Rosada, estableció condiciones materiales y un horizonte de sentido que hoy está determinando la reacción colectiva que preocupa al gobierno y activa sus usinas mediáticas.
Desde diciembre de 2015 se desplegó una campaña insidiosa y persecutoria contra las universidades públicas. Se multiplicaron las voces oficiales y oficiosas reiterando una conocida cantinela que denuncia la ineficacia e inequidad del sistema con una formulación economicista, recurrente en las críticas elitizantes a la gratuidad y el acceso irrestricto, que obvia toda consideración de las características distintivas de un modelo de universidad popular y democrático. Se impulsó, con la colaboración del Fiscal Marijuán, la denuncia por corrupción y malversación de fondos del conjunto de las instituciones y sus autoridades. Se comenzó a hablar de la necesidad de que las universidades transparentaran y rindieran cuentas de su administración, como si no lo hicieran regularmente.
El asedio a las universidades comenzó tempranamente, y esta crisis se cocina desde entonces, porque la reducción del presupuesto y de los salarios universitarios se inició en 2016. Ya en ese año se produjo una subejecución selectiva del presupuesto, que afectó especialmente las partidas destinadas a financiar los programas de desarrollo universitario, esto es, comenzaron a limitarse o a paralizarse aquellas actividades relacionadas con la inclusión universitaria y el acompañamiento a estudiantes de bajos recursos o con otras dificultades, las acciones de vinculación de las universidades con el territorio y con las políticas públicas y la continuidad de la expansión del sistema. A esta estrategia de recorte se le agregó pronto el desfinanciamiento producido por el efecto de una inflación que siempre superó las proyecciones presupuestarias.
En estos meses, la novedad que encendió la alarma incluso en universidades conducidas por autoridades afines a la Alianza gobernante, fue el atraso en las transferencias de recursos previstos para el pago de los gastos de funcionamiento, y la suspensión de las obras de infraestructura.
Entretanto, el salario docente promedio se ha reducido un 15% desde la disparada inflacionaria que acompañó la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Si los sindicatos aceptaran la propuesta que reitera el gobierno, la pérdida superaría este año el 20%. En tanto los salarios representan más del 85% del presupuesto universitario, la decisión gubernamental de reducir el “gasto” en este sector avanza no sólo sobre los ingresos sino también sobre las plantas docentes y no docentes. Por eso el panfleto que instruye qué decir sobre este conflicto señala que el problema sería el número excesivo de docentes que las autónomas universidades habrían contratado sin control y sin razón. Mensaje extorsivo a sus autoridades, que busca convertirlas en brazo ejecutor del ajuste.
La amplia unidad de sectores hoy movilizados en defensa de la universidad pública perturba internamente a la propia Alianza en el gobierno, y profundiza un conflicto que, conducido por los sindicatos docentes, trasciende largamente el reclamo corporativo. El gobierno fracasa en su intento de instalar la idea de que la universidad para todos y todas también era una fantasía y un engaño populista, que la universidad no es para los pobres, que es un gasto inútil del que sólo se benefician unos pocos privilegiados. En el corazón de la resistencia universitaria late la convicción de que la universidad es un derecho.
No hay conquistas irreversibles, pero hay conquistas que ganan el abrazo popular.
- Yamile Socolovsky es secretaria internacional de CONADU.
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