UNICABA: El cierre de los Institutos de Formación Docente

La política educativa de Cambiemos se limita a seguir las recomendaciones del Banco Mundial

 

El 22 de noviembre pasado se presentó un proyecto para eliminar los actuales institutos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el paraguas de una única “Universidad de Formación Docente”. Al acto de presentación no fueron invitados los sindicatos docentes porteños mayoritarios (UTE y ADEMyS), ni tampoco los 29 rectores de los institutos de Formación Docente que están en la mira del PRO. La iniciativa se basó en un proyecto que salió de la Subsecretaría de Planeamiento, a cargo de Diego Meiriño, de forma inconsulta con las comunidades educativas de los institutos de terciarios, pero también sin sondear su pertinencia política, técnica, pedagógica y didáctica con especialistas. El 1° de diciembre ingresó el proyecto a la Legislatura porteña, que fue girado a la Comisión de Educación. Ante el fuerte rechazo de las comunidades educativas y los sindicatos mayoritarios por la falta de consenso y de diálogo –virtudes que enarbola la alianza gobernante– el presidente de la Comisión, Maximiliano Ferraro, se comprometió a que su tratamiento se iniciaría recién en 2018. Si bien cumplió su palabra, hasta el momento las sesiones de la Comisión dieron un espacio mínimo e inorgánico a las comunidades de los IFD: sólo se abre el micrófono durante media hora para “particulares o representantes de organizaciones no gubernamentales”, cuyas opiniones no son vinculantes. De esta manera, se constituye en los hechos un espacio insuficiente para el debate que choca, acto seguido, con la disciplina partidaria de los legisladores del oficialismo, como también con respuestas vagas y carentes de todo fundamento teórico y técnico por parte del Poder Ejecutivo porteño. Esto fue precisamente lo que sucedió en la reunión del 20 de marzo con la presentación de Diego Meiriño y Javier Tarulla — quien, además, dejó abierta la posibilidad de cesantías docentes.

La reforma está inspirada en el documento “Profesores Excelentes” del Banco Mundial. Allí se hacen recomendaciones acerca del pago por desempeño a docentes y una evaluación atada al salario. Afirma que “la calidad de los profesores de América Latina y el Caribe es la limitación más importante al avance de la región hacia sistemas educativos de calidad internacional”. También menciona “los estándares poco exigentes para el ingreso a la docencia; los candidatos [N. del R.: los estudiantes del profesorado y aspirantes a la docencia] de baja calidad; los salarios, los ascensos y la seguridad del empleo desvinculados del desempeño” (página 49 de su versión en español). El documento mencionado revela que quienes gestionan la política educativa de Cambiemos sólo parecen limitarse a seguir al pie de la letra sus recomendaciones. Prescinden, así, de otras perspectivas que complejicen el análisis, excluyendo una enorme cantidad de literatura sobre las mismas problemáticas que llega a conclusiones muy diferentes. El resultado de este alineamiento: 10 años de abandono de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, una jurisdicción de 202 km2 con un PBI per cápita mayor al de México, Brasil o China.

Pero la receta no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. En Jujuy se cerraron 5 IFD y no se abrieron las inscripciones a otras carreras en 2018; en la Provincia de Buenos Aires ocurren situaciones similares en profesorados privados; en San Juan se cerraron las inscripciones para enseñanza inicial y primaria y en Ushuaia se han intervenido los IFD.

Ante esta problemática el CESGE (Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal que agrupa a los Rectores de 21 institutos) está en permanente deliberación, junto con los Consejos Directivos a los que representa, desde que tomó conocimiento –a través de la prensa– de esta iniciativa. En su pronunciamiento del 24 de noviembre solicitó el ejecutivo el retiro del proyecto dado su carácter inconsulto, unilateral y la palmaria ausencia de fundamentos técnicos y teóricos. Además este proyecto constituye una flagrante violación a la autonomía política de los 29 institutos así como, fundamentalmente, a la estabilidad laboral de todos los docentes y auxiliares –titulares, interinos, suplentes, contratados–, poniendo en cuestión la misma vigencia del Estatuto del Docente y demás convenios laborales, junto con la validez nacional de los títulos. Finalmente exigimos que se garantice, en el marco de la Comisión de Educación, un espacio vinculante para que a lo largo de todo 2018 podamos presentar nuestras posiciones a través de especialistas en política educativa que expongan informes acerca de la multiplicidad de variables que se ven afectadas por este proyecto. Este compromiso de no girar el proyecto al recinto hasta que se agoten los fundamentos por parte del CESGE debe quedar firmado por el propio cuerpo de la Comisión.

Las reformas educativas, en el marco de una sociedad democrática, deben hacerse no sólo a través de los mecanismos legislativos sino también consultando a especialistas y a los protagonistas del sistema: alumnos, trabajadores docentes y no docentes, familias, sindicatos. Así lo recomiendan diversos organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE, el BID o la OEI, que son presentados como garantía de “modernidad” y “globalización” por Cambiemos, pero a la hora de abrir la discusión para generar consensos amplios y duraderos son totalmente ignorados por ese mismo grupo político: una contradicción flagrante en sus propios discursos. En definitiva, no ha habido ninguna instancia de debate real en el marco del proyecto de la UNICABA. Necesitamos pensar crítica e integralmente el derecho a la educación, no desde un documento técnico de un organismo bancario, sino apelando a quienes conocemos el sistema y a personas de comprobada trayectoria en su investigación. De lo contrario sólo seguiremos presentando respuestas demagógicas que, lejos de mejorar la calidad y la inclusión del sistema educativo, sólo contribuyen a su agonía.

 

 

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