Una triste excepción

En el área de material bélico y comunicaciones, la Argentina perdió 30 años de potencial desarrollo 

Las recientes adquisiciones de material bélico y de comunicaciones efectuadas por el Ministerio de Defensa de la Nación volvieron a poner sobre la mesa una exigencia de larga data, proveniente de los empresarios y productores industriales locales: la necesidad de que se sancione una ley de compensaciones industriales o, como se la conoce en el ámbito internacional, de offset.

El offset es un mecanismo de compensación destinado a utilizarse en el marco de las compras de material industrial, científico o tecnológico que el Estado Nacional realice tanto a otros Estados como a empresas privadas. Existen dos clases principales de offset. La primera consiste en determinar que el vendedor deberá invertir un porcentaje del valor de compra en el territorio del Estado adquiriente. (Las materializaciones más habituales de este supuesto suponen la adquisición a empresas locales de piezas con las que se desarrollará el producto final, o que servirán para la elaboración de otros proyectos del vendedor.) La segunda atañe a la transferencia tecnológica, que suele darse a través de traspasos de know-how o de fusiones de empresas extranjeras con sus pares locales.

Así los objetivos del offset apuntan a aumentar la producción y la generación de tecnología local que, eventualmente, permita suplantar las compras realizadas con industria nacional. Es necesario aclarar que, a nivel normativo, una ley de compensación impide a la empresa vendedora aumentar el costo de los bienes o servicios que ofrece. Y que, debido al extendido uso de este tipo de legislación, la gran mayoría de las empresas multinacionales del rubro poseen oficinas especializadas en la concreción de acuerdos de offset.

Si bien la regulación puede extenderse a toda adquisición tecnológica, científica o industrial —y es bueno que lo haga—, su ámbito por excelencia es el terreno militar y de defensa. La causa de esta situación reside en que la adquisición de material bélico implica destinar el dinero de los contribuyentes a productos que, probablemente, nunca se utilicen. Entonces un aumento de la capacidad productiva del país, o de los conocimientos de sus ciudadanos, se traduce en un incentivo adicional para ese tipo de inversión. Maximizar la utilidad del dinero invertido, más cuando puede impactar en el desarrollo de otros sectores vitales de la producción nacional, luce como una decisión lógica ineludible.

En los países en desarrollo que, por su estructura productiva, recurren a inversiones de esta naturaleza, las leyes de offset se han convertido en una regla. Su ausencia en Argentina es una lamentable excepción. Nuestra región presenta tres casos emblemáticos del éxito y la importancia de este tipo de regulación, particularmente en el área aeronáutica. A partir de la década del '90, Brasil tomó los regímenes de compensaciones como una política de Estado, central en el desarrollo tecnológico. La consecuencia de las transferencias de tecnología hechas por empresas extranjeras fue el meteórico crecimiento de EMBRAER, que en pocos años se posicionó como una empresa líder a nivel mundial en la fabricación de aviones comerciales, militares y ejecutivos. El caso de Chile es muy similar, con ENAER como estandarte de la producción derivada de los acuerdos de offset. Finalmente Perú, en solo diez años, logró obtener total autosuficiencia en el ciclo de vida de los equipos aeronáuticos adquiridos. Esto es, pudo prescindir de cualquier servicio de reparación o mantenimiento extranjeros.

La ausencia de una regulación de esta índole supone la resignación del Estado Argentino al acceso a derechos y beneficios que, de acuerdo a la legislación comparada, le corresponderían naturalmente. Los números son elocuentes: el presupuesto asignado a la defensa nacional en 2018 prevé la importación de material bélico por la suma de US$ 1.350 millones de dólares. La adquisición de aeronaves supersónicas, equipamiento de combate o insumos de mejoramiento de flota podría haberse complementado con una muy necesaria inversión en la postergada industria nacional, pero, nuevamente, las empresas y Estados extranjeros evadirán las compensaciones que prestan a nuestros países limítrofes y a otros compradores.

La falta de una ley de offset, pese al insistente reclamo de cámaras industriales y productores locales, ha hecho perder a la Argentina treinta años de potencial desarrollo en relación a países de características similares. Sin embargo, ello no debe tomarse como una claudicación definitiva sino como un incentivo para debatir ante los ojos de la ciudadanía un tópico que puede ser central para el crecimiento tecnológico, científico e industrial de nuestro país.

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