UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL

 

El jueves último, en conjunto con más de 130 organizaciones sociales, políticas, de promoción de derechos y académicas, funcionaries, legisladores y defensores, le pedimos al juez que interviene en el proceso judicial relacionado con la toma en la localidad de Guernica que se abra un espacio de diálogo.

La situación de las 2500 familias que están allí requiere la creación de una mesa de gestión integrada por representantes del Poder Ejecutivo provincial, como el Ministerio de Infraestructura, del Ministerio del Desarrollo de la Comunidad y de Jefatura de Gabinete, así como de instituciones encargadas de la protección de derechos humanos como la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, la Defensoría del Pueblo, los defensores oficiales y los representantes legales de quienes fueron demandados.

El propósito de este espacio debe ser resolver la situación habitacional de quienes hoy ocupan el predio y suspender las medidas de desalojo, con el fin de evitar mayores riesgos para la integridad y la vida de las personas involucradas tanto por la acción de particulares como de agentes de seguridad.

En las últimas semanas, las tomas de tierra se multiplicaron en todo el país y especialmente en el conurbano de Buenos Aires. La pandemia agravó los obstáculos que tienen miles de familias para acceder a un hábitat digno y ahora la situación es crítica, lo que exige medidas urgentes y excepcionales. Los estados municipales, provinciales y nacional deben poner en marcha medidas de emergencia para mejorar las condiciones de vida de quienes residen en tomas, asentamientos y villas y de quienes están en situación de calle, a la intemperie. También deben crear espacios de diálogo para resolver los conflictos originados en que las personas no tienen donde vivir.  Si estos espacios no existen, los conflictos comienzan a resolverse a través del sistema penal. La respuesta punitiva, que criminaliza a quienes participan en las tomas, es una simplificación que tiene consecuencias graves: transforma en culpables a quienes son víctimas de la distribución desigualitaria de los recursos. Desconoce, también, que décadas de abandono estatal convirtieron a las tomas de tierras en la única forma de acceso a la tierra por parte de los sectores populares, y que son el origen de cientos de barrios actuales. En este contexto, el desalojo de las familias que están habitando las tomas a través del uso de la fuerza estatal es la peor de las soluciones, ya que abre la puerta a que a este cuadro de vulneraciones de derechos se sume la violencia.

Durante años, el Estado ha avalado las ocupaciones ilegales y la violación sistemática de las normas llevadas adelante por los emprendimientos privados de urbanización: sólo en la provincia de Buenos Aires cerca de 500 barrios privados se construyeron sin permiso. Históricamente, esto fue posible porque no se sancionó a los desarrolladores inmobiliarios y luego se dieron facilidades para la regularización de estos emprendimientos ilegales, con reglas hechas a medida. Ahora, cuando están en juego las condiciones de vida de decenas de miles de familias en todo el país, el Estado debe actuar para  romper lógicas de apropiación desigual de la riqueza y avanzar con decisiones operativas alejadas tanto de la visión securitista como de la restricción del gasto público.

Vivir en una toma o en un asentamiento es vivir en una precariedad extrema. Una precariedad que ahora mismo se está multiplicando en decenas de miles de vidas. Desalojar implica volver a arrojar a esas miles de personas a otro tipo de precariedad e incertidumbre aún peor. Esa es la situación que requiere la solidaridad de la sociedad y la acción urgente del Estado.

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Foto: “Guernica: Tierra de lucha y unidad”. Chasqui TV.

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