UNA SEMANA ENTRE HORNOS

 

Sarmiento murió a las 2.12 am del 11 de septiembre de 1888. A la mañana siguiente, el médico Alejandro Candelón trasladó su cuerpo hacia la habitación de lectura donde el fotógrafo paraguayo Manuel de San Martín lo acomodó en un sillón para tomar una foto. La fotografía postmortem, para entonces costumbre entre familias adineradas, vino a la memoria de uno de los jueces federales mientras observaba la imagen de los integrantes de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias. "¿Pestañean? ¿Movieron las piernas? –se preguntó– ¿O son un fondo pantalla?"

 

 

La imagen de los cortesanos encerrados entre poltronas apareció entre algunos referentes del mundo de la política al evaluar la respuesta al discurso de Alberto Fernández. Los diarios se hicieron eco de las primeras reacciones. Silencio de radio. No vamos a responder nada, dijeron. Los puentes están cortados. Patean puertas que están abiertas. Nadie viene a pedir nada. Pero no es lo único que dicen: también explican que ellos son los que tienen en manos los fallos. Y si golpean y golpean, después que no vengan a rompernos las bolas. Esa respuesta que se dirige en principio al gobierno también es una daga contra el propio tribunal. Desde una de sus vocalías advierten la aceleración de un proceso de confrontación en bloque con el gobierno, con fallos a la carta que pueden echar combustible a lo bonzo sobre el desprestigiado cuerpo de magistrados.

En esa línea, mencionan los últimos fallos. Muchos repetidos como mantra. Entre ellos, el caso Boudou y la primera sentencia firme a Milagro Sala, en una causa amañada, con fallo de absolución en instancia oral, revertida en las cámaras de alzada. Un fallo supremo difundido dos días después de que el Presidente la situara como caso de Lawfare. El bloque de votos tiene a tres jueces en el frente, pero los fallos salen, después del episodio BBC (Bruglia-Bertuzzi-Castelli), sin ninguna disidencia.

El bloque, sin embargo, no es homogéneo. Los supremos siguieron la apertura de sesiones desde el Salón de Embajadores, destinado a reuniones sociales. Oyeron tapados con barbijo, se levantaron cuando Alberto concluyó, no hubo intercambios de palabras y cada cual se fue a su despacho, partidos por la desconfianza.

Hubo quien entendió el mensaje de Alberto como ataque. Carlos Rosenkrantz no evalúa escribir cartas como cuando le iniciaron juicio político porque entiende que sirven para cuestiones personales pero no para posiciones institucionales. Analiza en cambio entrevistas o columnas. Hubo quien se preguntó además por qué el único nombre mencionado en el discurso fue el de Elena Highton de Nolasco. Un caso para el que también aparece un as en la manga.

Única integrante del tribunal supremo en la presentación del Consejo de Expertos de revisión del Poder Judicial, superó la edad de 75 años que fija como límite la Constitución pero permanece en la Corte por un amparo que el gobierno de Mauricio Macri no apeló. El tema se metió en la agenda de gobierno en las últimas semanas. La suya es una posible silla de recambio sin discusión de reformas. Su nombre está entre los 222 jueces, juezas, fiscales y defensores invitados por ANSeS a retirarse o renunciar al trámite de jubilación que abrieron con la legislación anterior. El trámite les garantiza prerrogativas: cobro de 82 por ciento del sueldo del último año en lugar de computar los últimos 120 meses como señala la nueva ley, pero además si comenzaran el trámite de nuevo perderían el estado judicial para transformarse en jubilados con deber de pagar ganancias. Aunque el gobierno sólo dijo que cada caso será estudiado y no anunció la quita de todos esos beneficios, la Corte recuerda que cuenta con el fallo Schiffrin de marzo de 2017 que eliminó el antecedente Fayt, que exigía a los jueces después de los 75 años un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación para mantenerse en el cargo.

Por todo eso el silencio es ruidoso, con versiones que pueden estar alimentadas de antiguas venganzas. Lorenzetti y la propia Highton juegan el partido separados, pero han decidido no votar en disidencia con el bloque de tres más compacto. Quienes lo relatan grafican la idea con la imagen de un iceberg, atado por arriba y partido por abajo. Pero en esa teoría, las firmas que acompañan a los bonzos ponen a todos del mismo lado. Ellos lo saben, por eso hay quien anticipa posibles desmarques.

El tema ruidoso de la semana fue la Cámara de Casación.

 

 

 

Primero por el paso de Cristina. Y luego por la disputa por un acta. El 18 de febrero la Casación celebró un Acuerdo de Superintendencia con los presidentes de las cuatro salas, encabezados por Gustavo Hornos. La reunión debía concluir con un acta que dejara por escrito las explicaciones del presidente del cuerpo sobre sus visitas a Casa Rosada entre 2015 y 2018. Hornos había hecho el descargo. Dijo que mantenía un vínculo social con el entonces Presidente, una relación antigua entre los hijos y que acudía a conversar para explicarle política judicial. El punto es que no quedó registro en el acta.

El martes hubo un nuevo Acuerdo. El vicepresidente de la Casación, Alejandro Slokar pidió la palabra. Preguntó por la omisión. Hornos dijo que no había dicho lo que dijo, que eran explicaciones por fuera del acuerdo, datos informales.

–Pero, ¿cómo por afuera del acuerdo? –dijo Slokar– ¡Todos estábamos sentados!

A continuación reconstruyó horas y minutos de Acuerdo. Que empezó cinco minutos después de las 10. Que debieron esperar a Mariano Borinsky, a quien se le había roto un caño de agua. Que Liliana Catucci pidió comenzar lo mismo. Que el resto había decidido esperarlo. Que Borinsky finalmente se conectó desde otro lado. Y que sólo cuando todos estuvieron sentados comenzó la reunión. Hornos escuchó. Gritó. Hubo transpirados.

–¿Por qué el secretario va a dejar constancia de esto en el acta? –preguntó el presidente– ¡Tengo derecho a defensa!

Y siguió:

–Ustedes no son mis jueces. Yo me voy a defender ante las instancias que correspondan.

A esa altura, el problema no eran las explicaciones sino el acta: lo que debía o no debía quedar registrado. Y la manipulación. Por eso, Slokar le pidió la renuncia: “Estoy obligado a pedirte la renuncia a la presidencia porque al no dejar de manifiesto el episodio en un acta pública –dijo– se quebró totalmente mi confianza”. Y agregó:

–Así que cuando terminemos me pongo a redactar.

Hornos volvió a gritar. Ahora era víctima de lo que consideraba una trampa. Cortó la reunión enojado, pero antes le dijo a Slokar lo que Coca Sarli a Romualdo Quiroga.

–¿Qué pretende usted de mí?

 

 

El diálogo (atribuido usualmente a Carne pero pertenece a Y el demonio creó a los hombres, que deja el drama fuera de escena) terminó el viernes con el texto introducido en el acta y otra carta. Un secretario incorporó el agregado de los sucesos del 18. Y otra jueza, Angela Ledesma, también le pidió la renuncia. Ledesma había escrito una primera carta en la que transmitió preocupación “en torno a las dudas generadas sobre su imparcialidad, independencia, responsabilidad institucional, integridad, transparencia y prudencia; con un fuerte –e inmensurable– impacto en todo el cuerpo y la trascendencia que ello reviste por tratarse de un juez que además preside esta Cámara”. En esa carta lo recordó, pidió la renuncia en los términos de Slokar e inscribió lo ocurrido como una irregularidad imposible de tolerar. “Recién hoy se dio a conocer el resumen del Acuerdo de Superintendencia celebrado el día 18 de febrero pasado, en el cual no consta que usted informó sobre dichas circunstancias (por lo cual el Secretario se vio obligado a incorporar una nota luego del resumen con una mínima referencia), lo cual constituye una irregularidad imposible de tolerar”.

Esa es la situación a hoy. Los jueces deberán conseguir más votos si quieren desencadenar la renuncia. Esta semana se espera también el avance en la causa disciplinaria abierta en el Consejo de la Magistratura en manos de Diego Molea, quien medita los pasos con pies de plomo porque no quiere transformarlo en un nuevo Bruglia-Bertuzzi con cacerolas batientes en la Magistratura. Puede pedir listado de ingresos a la Casa Rosada, ya difundidos por Poder Ciudadano. Puede pedir ingresos a la residencia de Olivos, que aún no se conocen. Y expedientes que pasaron por sus manos. Allí Hornos tiene un problema.

El diputado Martín Soria, que impulsó la denuncia, ya comparó fechas de fallos y de visitas a La Rosada, y sostuvo que antes o después decidió casos relevantes. Pero la prueba menos especulativa son expedientes que tenían como foco de investigación a Macri. Hornos intervino en la causa penal por la condonación de la deuda del Correo Argentino y el ARA San Juan. En ninguna hizo lo que debió haber hecho: como mínimo apartarse.

Él no puede negarlo. En junio de 2018 su sala separó a la jueza Sabrina Namer del tribunal del juicio por encubrimiento a la AMIA. Namer había avalado liberar a Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Kahlil. La DAIA la recusó con un argumento técnico: dijo que podía no ser imparcial porque había estado en la Unidad Fiscal AMIA. TOF y fiscal rechazaron el planteo pero Casación lo avaló. Hornos dijo en su voto lo que debió haber dicho en sus propios casos: “En materia de imparcialidad, las apariencias juegan un rol fundamental en el sentido de que el juez no sólo debe ser imparcial, sino también parecerlo”.

Soria también impulsó una causa penal junto con Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade. La causa denominada Mesa Judicial investiga presiones a jueces de parte de una coordinación de funcionarios del antiguo gobierno. Se inició con las declaraciones de la casacista Ana María Figueroa, quien dijo en una entrevista radial que había recibido presiones durante la elaboración de una resolución sobre el Memorándum con Irán. Allí también están los mails hallados en la AFI, enviados regularmente por Marcos Peña convocando a una reunión de coordinación de justicia. El fiscal Franco Picardi busca probar si hubo un plan y quiénes lo ejecutaron. En su testimonio judicial, Figueroa mencionó al entonces subsecretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Declararon hasta ahora el juez Luis Carzoglio, jueces laborales y comerciales que emitieron fallos contrarios a los intereses del gobierno y luego fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Picardi considera que el caso Hornos es distinto. Y pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti el envío a sorteo, en lo que parece campo de tensión.

Estos días también se supo de otros jueces que fueron blancos de Cambiemos. Jaime Díaz Gavier integró el Tribunal Oral de Córdoba que emitió la primera condena a Jorge Rafael Videla tras la reapertura de las causas por el terrorismo de Estado. Lleva realizados más de una decena de juicios por crímenes de lesa humanidad. El 8 de agosto de 2019 integraba el TOF de La Rioja que absolvió a Cesar Milani por el secuestro y las torturas a Pedro Olivera y su hijo Ramón en dictadura, y ordenó la inmediata libertad. La fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían pedido penas de 18 y 20 años de prisión respectivamente. El fallo precedía a las PASO. El 9 de agosto, tras el veredicto, el entonces jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, Cristian Suriano, pidió a uno de los espías, Matías Gregorio Fernández, antecedentes de los jueces en cuestión. Los datos aparecieron en la causa de espionaje de Lomas de Zamora, y nutrieron el procesamiento de Suriano.

 

 

Y luego:

 

Y luego:

 

Dos semanas después del fallo presentaron una denuncia en el Consejo de la Magistratura, en un expediente que continúa abierto, a cargo de Pablo Tonelli. La Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF) difundió un comunicado en el que expresó “el más energético y terminante repudio al espionaje ilegal del que han sido víctimas los señores jueces de la Cámara Dres. Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, y el Dr. Enrique Lilljedahl del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca».

 

Usted Petrone

La Inspección General de Justicia trabaja ahora en la segunda fase del informe sobre la Fundación Mauricio Macri. Entre las pesquisas se dirigió dos veces al edificio ubicado en la calle Paraguay 425, piso 3, oficina 9, declarado como sede legal. La primera vez tocaron timbre pero les dijeron que no había ninguna fundación Mauricio Macri. Tampoco una Fundación Cepla, apócope de Cambiar es Posible, origen del segundo nombre. Pero en una ocasión hablaron con la encargada del edificio. Aquel testimonio lo tienen grabado.

–Acá lo que sí hubo –les dijo– es que vino el señor Garavano, y me dijo que recibiera todos los papeles que lleguen a nombre de la Fundación Macri o de Cepla. Eso me explicó.

Esa casilla de correo humana no evitó que la IGJ analice cerrar definitivamente el trámite. Entre otros datos, la Fundación no pudo justificar el origen de 4 millones de pesos sobre los que adeuda identificación de donantes. Tal vez debido a eso alguien se apresuró: el sitio web con el nombre del ex Presidente en clave de ONG aparece desactivado en letras fantasmas.

El nombre de Garavano no es raro en ese edificio. El tercer piso aloja en la misma sede legal a una fundación de Fulvio Pompeo y en otra oficina a la Asociación Unidos por la Justicia, una plataforma creada por Francisco de Narváez y conducida más tarde por Garavano. La organización estuvo integrada durante cinco años por el ahora casacista Daniel Petrone, a quien la Vicepresidenta le dedicó varios párrafos. Integrante de la Cámara de Casación desde 2018, en septiembre de 2020 se apartó del caso D´Alessio por esa relación con Garavano.

 

 

Petrone también preside el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la OEA, presidida por Jenny Willier Murphy, quien se presenta con más de 20 años en cargos en el Departamento de Estado, oficinas de desarrollo internacional y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dependiente del Pentágono y principal financista de los movimientos separatistas promovidos en la Media Luna del Oriente Boliviano. Franco Mizrahi recordó esta semana que durante los últimos cuatro años el CEJA activó con la embajada de Estados Unidos la agenda de política judicial. En abril de 2019 organizó el seminario Desafíos para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación en Salta y Jujuy en un encuentro con Garavano, el entonces embajador norteamericano Edward Prado, el Procurador interino Eduardo Casal y el fiscal federal de Estados Unidos Everardo Andy Rodríguez. Según el programa, el moderador del primer panel, denominado Planificación de la implementación del CPPF en Argentina: la visión nacional, era Petrone.

Al palo.

 

 

 

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