UNA SANACIÓN HISTÓRICA
¿Cómo se frena un exterminio cuando no hay una institución que se haga cargo, cuando es el Estado el que mata?
Luego de un año y medio de debate oral y público, la instancia de alegatos se presenta como una prensa mecánica gigante que aprieta y condensa. Fueron 54 audiencias y 147 testimonios entre familiares, compañeres de militancia, testigos de concepto y expertos, agregándose prueba documental a cada paso. La fiscal federal Gabriela Sosti solicitó cinco jornadas de cinco horas cada una para desarrollar su acusación. El jueves llenó el primer casillero. Habló casi de corrido, con no mucho más de veinte minutos de descanso repartidos en dos cuartos intermedios.
“Que fuerte escucharlo narrado así”, escribió Virginia Croatto, hija de Armando Croatto, asesinado por la dictadura, en el chat de la transmisión en vivo que hizo La Retaguardia. “Estamos agotados, estaba todo tan condensado”, explicó Daniel Cabezas, también querellante, sobreviviente y testimoniante en el juicio. Tienen una semana para recuperarse. Sosti apenas leyó 145 de las 880 páginas previstas y llegó a acusar por 17 víctimas de las 96 que comprende el juicio.
Después alegarán los abogados Pablo Llonto, que representa a la mayoría de las familias y unificó querella con Abuelas de Plaza de Mayo, Rafael Flores, Yanina Michelena y Ciro Annicchiarico, lxs dos últimxs, abogades de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Finalmente deberán alegar el defensor público y las dos defensas privadas.
Recién entonces el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín dictará sentencia. Quizás en marzo de 2021, se entusiasman los querellantes, esperanzados de que alguna vacuna contra el Covid permita para entonces tener una sala del tribunal repleta. Este jueves sólo cinco querellantes pudieron acceder al auditorio, en cuyas sillas colocaron una rosa y una foto de cada víctima. “La sala no está vacía”, relató el periodista Fernando Tebele en la transmisión online que hizo La Retaguardia, que alcanzó un pico de más de mil visitas en vivo y ahora agrega unos 500 vistos en diferido.
La causa comenzó a tramitarse en el juzgado de Alicia Vence en 2011. Se elevó al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín en 2015 pero Casación se la quitó por problemas de demora y la volvió a sortear. Hasta que llegó al TOF-4 pasaron casi dos años. De esta forma no llegaron a juicio los imputados Ricardo Pianta y Carlos Carpani Costa. Durante el debate del último año y medio fallecieron Raúl Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Sotomayor. Impunidad biológica.
El tribunal, que prácticamente estrenaba jueces cuando comenzó el debate, tuvo a su cargo la causa por los crímenes de La Tablada de 1989 pero trata por primera vez una causa por delitos en el marco del terrorismo de Estado. Los abogados Annicchiarico y Michelena destacan que los jueces comprendieron el sentido reparador del testimonio para los familiares y víctimas, que se mostraron abiertos, expectantes y activos.
Los crímenes de la inteligencia
Marcelo Cinto Corteaux escucha el alegato de Sosti desde el Penal de Ezeiza. El resto de los acusados tienen arrestos domiciliarios: Eduardo Ascheri, Jorge Bano, Jorge Apa, Roberto Dambrosi y Luis Ángel Firpo. Para todos ellos, la fiscal adelantó que pedirá la aplicación de lo previsto en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.
Los acusados eran oficiales con grados de teniente coronel y teniente primero, jefes de compañías y departamentos encargados de actividades psicológicas, inteligencia y contra-inteligencia de unidades destacadas del Ejército como el Batallón de Inteligencia 601, el Comando de Institutos Militares y el Destacamento de Inteligencia 201 con asiento en Campo de Mayo, centro de la Zona de Defensa IV. Que estos oficiales lleguen a ser juzgados visibilizando el funcionamiento de las estructuras de inteligencia marca una singular impronta a este debate.
En el inicio de su alegato Sosti explicó que se trata de “funcionarios de la estructura que diseñó, planificó, instrumentó, analizó, documentó, hizo posible el mayor de los genocidios que padeció nuestro país”. La inteligencia fue nervio y cerebro de los crímenes más atroces. La fiscal no ahorró adjetivaciones. De acuerdo a la documentación aportada y que expuso online durante su alegación, se trató de un aparato que trabajó con “minuciosidad de burócrata bestial” entre las prescripciones de las directivas y reglamentos y la práctica. “La sustancia que hacía funcionar sin parar esa máquina abominable era la información” que se obtenía a través del método de la tortura en centros clandestinos de detención y exterminio, detalló.
La represión que se investigó en esta causa se desplegó en todo el país y también en el exterior. La forma en que operó en las fronteras para capturar a les militantes y su despliegue en distintos países del continente americano e incluso en España fue otra de las aristas destacadas del debate. Luego de introducir la manera en que se articuló esta maquinaria criminal Sosti definió a los acusados como “émulos aplicados a la hora del aprendizaje de los holocaustos de la historia”.
Libertad para decidir
Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 1979 y 1980 en distintas regiones de la Argentina y en países como España, Brasil y Perú, trama del Plan Cóndor. Las 96 víctimas que incluye el juicio fueron una parte de un número indeterminado de militantes montoneros que regresaron al país desde el exilio o que salieron para recibir instrucciones, formarse y entrenarse, y volvieron a entrar. La gran mayoría fueron detenidos en las fronteras y trasladados a la guarnición militar de Campo de Mayo y se desconoce su destino final. Otros fueron asesinados en redadas o en acciones planificadas.
La convocatoria a la Contraofensiva se realizó desde el exterior en 1978. Reunió a centenares de militantes. Suscitó debates, cuestionamientos, fracturas. Los lamentables resultados alimentaron suspicacias, no pocas de ellas preexistentes, recaídas sobre los máximos responsables de la operación. Uno de ellos, Roberto Perdía, fue de los primeros en declarar. Los familiares y sobrevivientes que formaron la querella sabían las dificultades que podría sobrellevar el juicio. Quizás no fuera la oportunidad para saldar un debate entero que presenta dimensiones políticas y morales de gran profundidad. Sin embargo, creyeron que permitiría alivianar una gran carga, haciéndola pública en el marco de la discusión de una verdad judicial.
Sobre este nervio apuntó directamente Sosti cuando concluyó que la operación de retorno suscitó numerosos debates, “pero fundamentalmente fue libre”. En este sentido los querellantes se muestran satisfechos de que muchos familiares que al comienzo eran reticentes a hurgar en estos hechos terminaron movilizándose, acompañando las audiencias y revalorizando las trayectorias políticas de las víctimas. A algunes trabajadores del tribunal, que desconocían pormenores históricos del hecho, les llamó la atención justamente que los testimoniantes se esforzaran por subrayar esa libertad.
En el debate se narraron además numerosas historias personales a través de las voces de compañeres, hermanes, hijes, mediante las lecturas de cartas y la reproducción de casetes con las voces de los que no están. “Logramos contar nuestra historia con nuestros ojos, no con los del espanto”, sintetizó Cabezas. Para Gustavo Molfino, sobreviviente, familiar y querellante, se ha logrado “poner en valor” a todos los que participaron “frente a un hecho muy demonizado”.
En este sentido, el desarrollo del debate hasta ahora pudo funcionar como una sanación histórica para una amplia militancia, más allá de la función reparadora atribuida de forma genérica a todos los juicios de lesa humanidad, donde “el Estado se mira a sí mismo en el pasado y se juzga”, como sostuvo Sosti.
Elogio de la resistencia
El tribunal deberá decidir si los acusados son responsables y en qué grados de los crímenes de genocidio o lesa humanidad que se les imputan. Ningún otro hecho corresponde ser investigado en términos penales. Al mismo tiempo, no se debate políticamente sobre la lucha armada o sobre el retorno decidido por la organización político-militar Montoneros en aquella coyuntura. Sin embargo, aunque para los jueces sea irrelevante, ni los familiares ni los testigos ni los abogados rehuyeron el desafío.
Los abogados defensores de los imputados indagaron sobre los entrenamientos militares en el Líbano o México, la portación de armas, los documentos falsificados para cruzar las fronteras o los ataques contra funcionarios de la dictadura. Los temas no se eludieron. En su alegato, Sosti manifestó que la organización se preparaba para actos de defensa, mientras que recordó las palabras de la abogada y familiar querellante Luciana Milberg, quien durante su testimonio aseguró que si su tío participó de algún atentado contra un objetivo militar debieron haberlo juzgado con la institucionalidad adecuada pero nunca secuestrarlo y hacerlo desaparecer.
Así, el debate sirvió para revolver en el trasfondo de una estrategia política que terminó trágicamente. Para Molfino, dio cuenta de que la operación de Contraofensiva abarcaba mucho más que la formación de las sobrecitadas Tropas Especiales de Infantería (TEI) y Tropas Especiales de Agitación (TEA). Además se destacó “el valor de enfrentar a una dictadura”, concluyó. Para Llonto el debate eliminó muchos prejuicios y reubicó a la Contraofensiva como una acción de resistencia como tantas otras que hubo en la Argentina contra dictaduras en distintas épocas de su historia. “Ese es su lugar, había un exterminio que detener y denunciar y un plan económico que estaba haciendo estragos en la población”, explicó el abogado.
Durante el inicio de su alegato, Sosti destacó que “esta fue otra cara de este debate y le dio su principal impronta”. “Las razones de esas luchas, el derecho de resistir a la planificación de la miseria, el derecho a resistir a la tiranía y a la muerte”, sostuvo la fiscal, quien recuperó las reflexiones hechas por el filósofo inglés John Locke en el siglo XVII, por Simón Bolívar dos siglos más tarde y por los constituyentes argentinos en 1994, cuando incorporaron el derecho a la resistencia frente a las dictaduras en el artículo 36 de la Constitución Nacional.
“No es frecuente pero el derecho a la resistencia, de manera explícita o implícita, sobrevoló muchos testimonios y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos peligros que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos”, afirmó Sosti ante al tribunal, para luego interpelar: “¿Cómo se frena un exterminio cuando no hay una institución que se haga cargo, cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre, cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus?” De acuerdo a Sosti, los testimonios dejaron en claro que no fue otro el objetivo de la Contraofensiva: “Hacer retroceder a una tiranía que anunciaba a todo viento que no tendría plazos”.
La fiscal se tomó su tiempo para mostrar y leer textual el documento de la convocatoria al retorno hecho público en 1978, que llamaba al cambio de modelo económico, a la restitución de derechos y garantías constitucionales, a la rehabilitación de los partidos políticos, a la liberación de los presos políticos, a la eliminación de los campos de concentración y la publicación de listas de secuestrados, al fin de la violación de los derechos humanos, a la restitución de los sindicatos y la legislación laboral suprimida, a la convocatoria a elecciones generales sin restricciones y a la unidad por la pacificación y liberación nacional y social. “No volvían para tomar el poder por las armas”, concluyó Sosti citando también la directiva militar 604 de mayo de 1979 donde se explicitaba que el objetivo de Montoneros era convocar a un frente de oposición para desgastar a la dictadura y acceder al poder.
Etiología de Guernica
Cuando Sosti comenzó su alegato, la policía bonaerense, que hace poco obtuvo aumentos salariales luego de implementar métodos directos de lucha económica y política, desalojaba a numerosas familias sin tierras para vivir que ocupaban un extenso predio en Guernica y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta consideraba oportuno sacarse una selfie durante el operativo represivo.
Las primeras acusaciones que realizó la fiscal el jueves fueron por las víctimas de la Ligas Agrarias, pequeños productores del Chaco, Corrientes y norte de Santa Fe, que encararon una enorme y desigual lucha contra los dueños de latifundios y contra los monopolios acopiadores y comercializadores. Las Ligas fueron objeto de la más dura represión. Contra ellos el Ejército desplegó los Operativos Toba. Algunos de los perseguidos permanecieron hasta cuatro años escondidos en los montes, viviendo de la recolección y la caza, y de la solidaridad de los productores humildes de la zona, sobre quienes recayó la feroz represión, como en Tucumán, al mejor estilo de la guerra contrainsurgente de Vietnam o Argelia.
En su alegato Sosti historió el conflicto por la distribución del ingreso, se refirió al modelo económico con hegemonía del capital financiero instalado con la dictadura, a los ataques furibundos contra la arquitectura de derechos que propiciaba una sociedad menos injusta. Habló de la voracidad del modelo del agronegocio vigente y del ecocidio, de la represión a las Ligas y del genocidio. Los liguistas entonces luchaban para sostener un modelo agrario inclusivo, que desarrollara las provincias, frenando la concentración de tierras y el drenaje migratorio a distintos conurbanos del país. Algunos son hoy productores agroecológicos.
En el inicio del tramo final del llamado Juicio Contraofensiva, donde se juzgan los crímenes del Estado terrorista, se hurgó en las causas del genocidio, y en el trasuntar de esta tarea se esbozó una etiología de Guernica.
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