Una salida electoral, sin exclusiones

 

La panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño es presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consultada sobre la situación de Bolivia, hace un llamado dramático a las quienes se erigieron en autoridades de Bolivia a respetar los acuerdos y garantías de la Constitución. Dice que única salida posible es un nuevo llamado a elecciones sin exclusión de ningún candidato, ni siquiera de Evo Morales. Y sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Bolivia, recuerda el deber de volver a un rol definido por las distintas constituciones de los países de la región. Y agrega: "No pueden ser los que encabecen o lideren un proceso de transición que queremos que sea transición en democracia".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanece en Bolivia desde el jueves pasado. Su Secretario Ejecutivo, el brasileño Paulo Abrāo, llegó a hacer una visita de evaluación. El organismo de la Organización de los Estados Americanos debió pedir autorización para ingresar al autodenominado gobierno de Janine Añéz. Allí evalúan denuncias de fallecimientos, uso de armas de las fuerzas de seguridad y violación a los derechos humanos.

¿Como mira la situación de Bolivia? ¿Y cuál es la misión de la CIDH allí?

Primero quiero decir que me da mucho gusto poder compartir con ustedes la posición de la CIDH: el trabajo de los medios es importante para que la comunidad internacional evalúe lo que está pasando en el continente. Hay una demanda ciudadana de satisfacción de derechos, una necesidad de obtener respuestas y nuestros países deben atender este clamor de paz, de sosiego. Eso es lo que evalúo hoy desde mi posición debido a lo que estamos viviendo en Ecuador, Chile, Bolivia y previo Nicaragua. Y no debemos dejar de evaluar cómo están respondiendo nuestros nuestros países a este clamor.

¿Qué harán en Bolivia?
Entre el jueves y viernes viajó a Bolivia nuestro Secretario Ejecutivo, que estuvo en Chile. Llegó a Bolivia con un equipo técnico. Y tengo que destacar que el gobierno ha facilitado esta visita. No es una visita in loco, es decir del pleno de los comisionados, porque eso requiere de una visita previa de evaluación, que es esta. Se hace para coordinar cuáles serán las tareas y acciones que la Comisión en pleno puede desarrollar en una visita posterior que se dará el próximo año. Pero el hecho de que podamos estar ya es una posibilidad para evaluar in situ la situación. Evaluar la información que tenemos. Hemos recibido el número de personas fallecidas, los datos de una represión que está a un paso de, si ya no es, una violación de derechos. La semana pasada la CIDH emitió un comunicado en el que efectivamente decíamos que no estábamos de acuerdo con el dictado de un decreto de la presidencia interina que deja las manos abiertas a las Fuerzas Armadas. Y es un decreto que, para nosotros, puede ser incitador —y lo digo con responsabilidad—, incitador de una represión más violenta por parte de las autoridades. Existen standards interamericanos que regulan la actividad de las fuerzas armadas. No puede haber excesos para atender las protestas sociales. No es cuestión de enfrentar la protesta social. Hay que atenderla, cuidar la vida y la integridad de la gente. En una palabra, actuar con enfoque de derechos humanos.

El tono del comunicado de la semana pasada no es usual. Tuvo un tono dramático, como si fuera un modo de intervención urgente.

Es que a esta altura, la experiencia en la región nos indica que tenemos que reaccionar con un tiempo en que nos permita impedir precisamente estas violaciones de derechos. Darle a la sociedad, a los pueblos que viven en situaciones como estas, una expectativa de que habrá un veedor que indique y recuerde a quien está gobernando qué es lo bueno — nuestros standards. Y colocar lo que ocurre en conocimiento de la comunidad internacional para que se evalúen circunstancias.

El comunicado pareció buscar un lenguaje común con eso que se iba de causes para volver a pensar en términos de democracia.

Así es. Nuestro principal temor ante un acontecimiento como el que se dio, con salida del Presidente, con el término que le corresponda, independientemente de la calificación de golpe o no, no voy a entrar en esa calificación, es que hay una necesidad de resguardar los principios constitucionales para garantizar que el proceso de transición se dé, en ese marco, de la norma constitucional. No romper el orden constitucional. La forma en la que se fueron dando los acontecimientos requiere una convocatoria de elecciones en el marco de las normas constitucionales. Si eso no se resguarda, lo que la comunidad espere estará en entredicho. Establecer autoridad para avanzar en el desarrollo de una convocatoria a las elecciones, que observe el respeto de los derechos de la gente a protestar, a expresarse, el respeto a la integridad, a la vida de la gente. Si eso no está resguardado, ¿de qué legitimidad vamos a hablar?

¿Cómo fueron las negociaciones con el autoproclamado gobierno de Bolivia?

Yo no tuve la oportunidad de estar (en las negociaciones) porque estuvimos en Ecuador, Panamá, y ahora salgo a Costa Rica. Pero Abrāo estaba en Chile también para coordinar una visita in loco y en ese contexto identificamos lo que estaba pasando en Bolivia, que se agudizó con el decreto. La comunicación con el gobierno se hizo en ese contexto. Teníamos una petición de un importante número de organizaciones de la sociedad civil y el propio Consejo permanente había señalado la importancia de nuestra presencia. Así se hizo la coordinación.

¿Fue fácil el acuerdo?

Creo que fue fácil porque no esperábamos que fuera tan rápida la respuesta. Y quisimos aprovechar el viaje del Secretario Ejecutivo a Chile, que estaba cerca, para que fuera de una vez. Hay algunos aspectos que tenemos ya identificados como importantes para una evaluación inicial.

¿Cuales son?

El reconocimiento de personas fallecidas, las investigaciones respecto de ellas, el tema del decreto presidencial sobre la injerencia de las Fuerzas Armadas. Queremos identificar los peligros que esto implica porque, como dije, la respuestas a las protestas no pueden ser en condiciones de inseguridad sobre la vida e integridad de la gente. También el uso de armas.

Sabemos que en Europa hay protestas y no hay una sola arma letal. Evaluamos lo que ocurre en Chile. Allí usan una bomba lacrimógena disparada a los ojos, y el efecto, aunque no tengan plomo, el efecto es que esa bomba te destruye la vista, te destruye los ojos. Estos standards tienen que revisarse. Yo no sé si los conocen, pero tienen que conocerlos y luego ejercer su aplicación.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia volvieron a parecer como actores definitivos en el golpe cuando esas intervenciones parecían parte del pasado de la región. ¿Qué le pasó a usted cuando vio el reingreso de estos actores a la escena política?

Exactamente, fue ver a los militares asumiendo el poder. Asumiendo la conducción del país. Para nosotros no es aceptable. ¿Por qué? Porque eso rompe el orden democrático. Y eso es lo que nosotros esperamos que no se produzca. Hay una gobierno de transición que está ante la responsabilidad de conducir el proceso en los marcos de las normas constitucionales. Así es. El papel de las FFAA está debidamente definido en nuestras constituciones. No pueden ser los que encabecen o lideren un proceso de transición que queremos que sea transición en democracia.

Dijo que no quería calificar lo que ocurrió en Bolivia, de golpe sí o no. Pero le pido que lo haga. ¿Qué fue para la CIDH? La OEA no lo definió en esos términos.

Yo estimo que la condiciones en las que estuvo y está Bolivia implicaron una realidad política (en las) que el Presidente determinó con presiones, lo mas probablemente que sí, esas son las profundidades que se pueden dar dentro de las organizaciones políticas de un país. No puedo calificarlo de una o de otra forma, pero sí califico que hoy Bolivia requiere de un proceso urgente de transición democrática con la posibilidad de participación de todos los actores sin exclusión de ningún tipo.

¿Eso incluye a Evo Morales?

Sin exclusión alguna. Y que la sociedad boliviana determine precisamente su rumbo.

La CIDH integra la OEA, y se diferencia. Ocurrió en los años '70 con la mesa de la OEA integrada por representantes de las dictaduras latinoamericanas. Y la CIDH logró realizar las visitas in loco que permitieron comenzar lo que estaba sucediendo con los crímenes de la dictadura en lugares como Argentina. La Visita a Bolivia vuelve a mostrar cierta tensión con la posición de la OEA.

Somos parte de la OEA, indiscutiblemente. Los comisionados somos nombrados por los Estados, pero con un mandato muy claro: asegurar la independencia de nuestra Comisión sin sesgos ideológicos. Hoy el continente está viviendo una situación geopolítica compleja. Y esto se ve reflejado en los distintos escenarios que se están dando. Pero nuestro deber es proteger derechos: para más gente, más derechos.

 

 

 

 

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