UNA ROCCA EN LA PUJA DISTRIBUTIVA

 

Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, toma asiento en un escenario montado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires luego de ser presentado por dos periodistxs. La pandemia no impide realizar el 19° encuentro ProPymes. A su lado está Martín Guzmán, ministro de Economía.

La postura de Rocca es la de un abuelo bonachón que habla pausado, como quien llegó hace muchos años al país pero todavía no puede desprenderse del acento italiano a pesar de que su pronunciación en castellano es aceptable. Está calmado aunque parece que las palabras se le amontonan en la boca. Para levantar la voz y presionar a los gobiernos –que siempre pasan mientras Techint queda– tiene a sus lobbistas.

Paolo, que es Rocca, lo mira a Guzmán, le agradece su presencia y luego se encomienda a enrostrarle lo que muchos y muchas saben: el poderío económico del grupo, diversificado en empresas petroleras, de la construcción, ingeniería, el agro, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Lo que no se sabe tanto es que la arquitectura jurídica del grupo está radicada en paraísos fiscales. El tono que aplica es de camaradería.

“Es muy importante un contexto que transmita confianza a empresas, inversores, consumidores. La confianza se construye con la previsibilidad y la calidad institucional. También con la estabilidad macroeconómica”, le explica al ministro.

El evento ProPyme transcurrió el 10 de diciembre. Al día siguiente el Foro de Convergencia Empresarial se encargaría de enviarle un mensaje al Gobierno y en particular a Cristina Fernández de Kirchner al proclamar a la Corte Suprema como el máximo pilar de la República. La defensa de la calidad institucional pro establishment.

Rocca nunca cambia su tono afable. “Nuestra cadena de valor siente y también lo sentimos nosotros, necesitamos un equilibrio de las cuentas públicas sostenido en el tiempo, que se logre con un reordenamiento y reducción del gasto público y no sólo con la carga impositiva que puede afectar los activos productivos. Para tener competitividad y poder exportar, el tema de la carga impositiva es muy importante”, enfatiza.

Que el tono afable no confunda. Rocca cuestiona no sólo la aprobación reciente del Aporte Extraordinario a las grandes fortunas sino que reclama la baja de los costos laborales, los derechos de exportación y cualquier tipo de subsidios, salvo los que pueda llegar a recibir Tecpetrol para avanzar en Vaca Muerta.

Guzmán toma la palabra y elude los dardos. No es la primera vez que el CEO de Techint le hace este planteo. “La estabilización macro es fundamental pero dentro de un proceso de crecimiento virtuoso. Por eso estamos trabajando en un programa plurianual donde se plantee una convergencia en el frente fiscal de una manera y a una velocidad que ayude a la economía a recuperarse”, explica el ministro.

“El fondo de la cuestión es la puja distributiva –enfatizan ante El Cohete desde el gabinete económico–. El año que viene habrá una fuerte recuperación y los empresarios van a querer recomponer rentabilidad, pero nosotros tenemos que apuntar a la recuperación del salario real que es lo que pivotea sobre el consumo, que en definitiva representa el 70% del PBI. La inversión no depende de la baja de impuestos sino de que haya demanda”.

 

 

 

Las pymes opinan

Rocca reclamó la baja de impuestos y pidió previsibilidad en las reglas de juego como condición excluyente del crecimiento, pero las pequeñas y medianas empresas que integran su cadena de valor observan que en 2021 habrá una fuerte recuperación de sus actividades. No sólo por el lógico rebote de la economía tras el huracán de la pandemia sino que habrá suba en las ventas locales, exportaciones, generación de empleo e inversiones.

Es lo que respondieron los pequeños y medianos empresarios ante una encuesta realizada por Techint. Es decir, no necesitarán de las “reformas estructurales” que reclama el propio Rocca en su tono de abuelo bonachón recién llegado de Italia.

La encuesta realizada entre 196 empresarios (110 industriales, 27 comerciales y 59 proveedores) revela que las previsiones para el próximo año incluyen un aumento de la facturación del 11%, mientras las exportaciones lo harían en 41%, “alcanzando valores mayores a los últimos 3 años liderado por los sectores de Agro, Línea Blanca, Comerciales y Automotriz”.

Las pymes que forman parte de la cadena de valor del Grupo Techint respondieron que durante el año pandémico sus inversiones aumentaron un 8% y que en 2021 estiman aumentarlas en un 40%. En cuanto a la recomposición del empleo, sólo estiman aumentar su dotación actual en un 4%.

Los empresarios y empresarias saben, más que ningún pope industrial, que la clave está en la reactivación de la demanda. Rocca también lo comprende. Su planteo de “reformas estructurales” pasa por otro lado. “Es la puja distributiva”, recordaron a El Cohete desde el gabinete económico. Hay corporaciones que siempre quieren quedarse con la manija (y ser la manija).

 

 

 

Progresividad

El Ministerio de Economía sigue trabajando en una reforma tributaria que aporte algo más de progresividad al sistema. Al principio de la gestión, hace ya un año, se sancionó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, en donde se modificó Bienes Personales y se estableció el Impuesto País para la compra de dólares. De esta manera se ganó un punto del PBI con ingresos de carácter progresivos.

Hay una tendencia internacional a cobrar impuestos a sectores nuevos. “Llegar a sectores que antes no estaban gravados porque no existían o aquellos que no estaban debidamente gravados”, indicaron a El Cohete desde el gabinete económico.

¿Parte de la mirada de la reforma impositiva estará puesta en los sectores que utilizan las TICs como plataforma de negocios? Es sólo una pregunta de El Cohete. Habrá que esperar la letra chica. “Ya se está discutiendo cuál será la agenda del Congreso para tratarla”, adelantaron.

No se puede perder nada de recaudación, es el dogma. La industria ocupa el 85% de los productos exportables y representan solamente el 11% de la recaudación por derechos de exportación. El sector agropecuario participa con el 84% de lo que se recauda por retenciones.

El 1° de enero de 2021 vencen los derechos de exportación que el macrismo impuso a través del decreto 793/18, en donde se adicionaba un 12% con un límite de entre 3 y 4 pesos por dólar.

“Como parte de las alícuotas están sujetas al tipo de cambio, la depreciación de la moneda reducirá la recaudación en mayor medida a lo propuesto. Mantener el esquema de Macri dañaría los cálculos de Hacienda”, sostiene un informe oficial.

En enero caerán los derechos de exportación adicionales de 4.500 productos del nomenclador, es decir un 45% del total. Ante esta situación, la cartera de Desarrollo Productivo piensa en un nuevo esquema de retenciones para los bienes industriales, en donde además de modificar alícuotas haya mayores incentivos a la generación de valor agregado.

Si bien hay varios escenarios bajo análisis, la cartera que conduce Matías Kulfas apunta a que esos derechos de exportación adicionales queden en un 3% (frente al actual 3,8) pero que se incluyan en la base y que las retenciones para los insumos elaborados queden en el 1%.

Si por todos los productos industriales que se exportan se recaudan, en concepto de retenciones, 900 millones de dólares, esta modificación tendría un costo fiscal de 156 millones, a compensarse con el incremento de las ventas al exterior, según el documento oficial.

Por otro lado, el sector agroindustrial juega su propia partida con el proyecto de ley que está elaborando junto al equipo económico donde también proponen nuevos esquemas de retenciones y estabilidad fiscal. Demasiados intereses a congeniar en un escenario donde, como insisten desde el Poder Ejecutivo, no se puede resignar ningún dólar/peso de recaudación.

 

 

Transición

El gabinete económico sigue trabajado en los “instrumentos de transición” que permitan migrar del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia hacia otros esquemas de contención.

La octava edición del ATP permitió el pago del salario complementario de noviembre en 33.873 empresas, donde se alcanzó un universo de 536.000 trabajadores con una inversión superior a los 10.000 millones de pesos.

La migración del ATP por ahora es a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro II), un instrumento que se implementó por primera vez en 2008, en el contexto de la crisis por el estallido de las hipotecas basura que hizo colapsar al sistema financiero global. Según informaron desde el gabinete económico, ya se registraron 1537 empresas con una nómina salarial de más de 57.000 trabajadores y trabajadoras, aunque el número total de inscriptos podría duplicarse.

Los requisitos para acceder al nuevo Repro se publicaron en el Boletín Oficial el pasado 11 de diciembre. “Hay que evitar que paguen justos por pecadores. El ATP miraba sólo la facturación y quizás había empresas que frenaban el cobro de sus servicios para solicitar el ATP. En cambio, con el Repro se analizan balances y el nivel de deuda de esas empresas, entre otras variables. Es un instrumento más justo en este contexto de recuperación”, explicaron a El Cohete. Los trabajadores y trabajadoras incluidxs recibirán 9.000 pesos en concepto de salario complementario.

Y en relación al IFE, que también dejará de estar vigente, desde el gobierno destacan que no es menor que se hayan incorporado entre 700.000 y 1 millón de niñes a la Asignación Universal por Hijos, chicos y chicas que estaban por fuera de todo radar estatal hasta la aparición de la pandemia.

 

 

 

Agro establishment

El mismo establishment nucleado en AEA, la UIA o el Foro de Convergencia Empresarial que brega por la baja compulsiva de impuestos y se alinea con el pedido de reformas estructurales es el que se embanderó detrás del “todos somos Vicentin” luego de que el gobierno intentara su fallida expropiación. Pero poco dijeron sobre la estafa al Banco Nación y las dos causas por lavado de activos que están abiertas. Reglas de juego claras selectivas.

La semana pasada, el juez del concurso Fabián Lorenzini designó como interventor de la cerealera a Andrés Schocron, uno de los veedores que había sido propuesto por ACA. Desde el Banco Nación consideran que fue una movida del magistrado para que nada cambie. El directorio de la empresa seguirá teniendo la mayoría para la toma de decisiones.

Ninguno de los tres veedores propuestos al juez nació de un repollo. José Luis López Forastier fue sentado en el comité de veedores por los representantes de los bancos internacionales, Sergio Arelovich fue convocado por los sindicatos y la banca pública, y a Shocrón lo puso el establishment agroindustrial.

“El nuevo interventor trabajó para Terminal 6, para Bunge, para AGD. Es un tipo formado en el análisis contable de los procesos industriales del complejo agroexportador. Es probable que haya existido algún acuerdo que desconocemos aunque intuimos”, indicó a El Cohete una de las personas que sigue el día a día de la cerealera quebrada.

“No hay que descartar ningún tipo de jugada. Los accionistas que lideran la dirección de la empresa tienen un objetivo, los acreedores financieros internacionales otro, los productores locales independientes están por un lado y las entidades corporativas como ACA por el otro. La competencia de Vicentin posee otros planes. Hay que mirar con atención las movidas de COFCO –la corporación china– que en los últimos años se quedó con Nidera, con Noble, con algunas plantas de Cargill y con algunos segmentos de Bunge”, resaltó la fuente.

El rechazo de la UIA, AEA y el Foro de Convergencia Empresarial al salvataje estatal de Vicentin, ¿tendrá que ver con esa “puja distributiva” hacia el interior de las elites agroindustriales para ver quién se queda con una nueva tajada?

 

 

 

 

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