Una puñalada por la espalda

 

En Malvinas, durante la guerra, se torturó a soldados. Ello se investiga desde 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Además existe una petición abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí, desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, solicitamos que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la vulneración del derecho a la verdad y la garantía de acceso a la justicia de las víctimas.

El expediente, a instancias de la labor del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, ha logrado consolidarse en el sur. Sin embargo, a 38 años de finalizado el hecho bélico y a 13 de iniciada la causa el colectivo de ex soldados conscriptos aguardan verdad y justicia. En 2015, durante la Asamblea Legislativa, la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dedicó parte de su discurso a este tema: “Me solidarizo con todos los combatientes de Malvinas que pretendían que se juzgaran los vejámenes y las torturas que habían sufrido cuando fueron a pelear por la Patria (...) yo espero que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos [NdR: a la Comisión Interamericana]. Estoy segura de que van a ser atendidos, porque no podemos pasar por alto la tortura y los vejámenes que sufrieron nuestros combatientes en Malvinas cuando fueron a dar la vida por la Patria, por todos nosotros”.

 

 

Un mes después, el 1° de abril, mediante el Decreto 503/2015, el Poder Ejecutivo decidió relevar de la “clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley 25.520 y su modificatori, a toda aquella documentación, de carácter no público, vinculada al desarrollo del Conflicto Bélico del Atlántico Sur”. Sobre el proceso de desclasificación, fue central la instrumentación que llevó adelante el entonces (y ahora) Ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien junto a Stella Segado instrumentaron los dispositivos idóneos para sistematizar la elocuente información que se desprende de los fondos documentales. Allí se crearon los equipos de desclasificación cuyo aporte ha sido de extrema importancia.

Los archivos dan cuenta de cómo las Fuerzas Armadas instrumentaron, durante y después del hecho bélico que protagonizó la República Argentina con el Reino Unido, un dispositivo político/burocrático tendiente a garantizar la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los soldados conscriptos, y construir ante la opinión pública el relato de la guerra en tanto “gesta heroica”. Las torturas consistieron en estaquearlos a la intemperie, enterrarlos hasta el cuello, obligarlos a sumergirse en agua helada totalmente desnudos, además de golpes, insultos, aplicación de picana con teléfonos de campaña, entre otras atrocidades. Todo ello, encontrándose bajo el fuego del Reino Unido.

Los soldados conscriptos constituyeron la última víctima colectiva de la Dictadura cívico-militar. El mismo Estado que los torturó fue el que los obligó a callar. Para ello se valió de unos dispositivos multipolares. Se libraron órdenes y disposiciones por las que, en forma consecutiva, se instrumentaron sitios destinados a la recepción de los soldados, directrices de acción psicológica y contrainteligencia, un relato monolítico destinado a narrar Malvinas como una gesta heroica, que se vio plasmado en lógicas para con el colectivo, en los medios de comunicación, entre otras.

El Estado Argentino, a instancias de un Poder Judicial que no brinda respuestas claras y efectivas, continúa vulnerando derechos humanos. Hoy se perpetúa un proceso de revictimización que es contrario a los estándares deseables en materia de justicia restaurativa. Desde el Poder Ejecutivo nos han propuesto iniciar, en el marco de la petición que sostenemos ante la CIDH, un proceso de solución amistosa. El Estado debe retomar la iniciativa emprendida en 2015 por la ahora Vicepresidenta Cristina Fernández,  y la implementación de las medidas que asumió el Ministro de Defensa Agustín Rossi.

La República Argentina continúa en deuda con el colectivo de excombatientes en materia de verdad y justicia. Los crímenes de Estado, las torturas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en perjuicio de los soldados conscriptos, continúan impunes. Han pasado 38 años. Sobre los 95 militares denunciados en la causa penal, se han dictado sólo 4 procesamientos. Existe prueba de sobra: testimonios de las víctimas y los archivos desclasificados, documentos oficiales que refrendan las denuncias.

El pueblo debe saber qué sucedió con los soldados durante la Guerra de Malvinas. Es importante que, colectivamente, podamos gestar las condiciones para obtener justicia en el plano internacional, y en el ámbito local. Sólo así podremos terminar con las ominosas cuentas pendientes.

 

* El autor es abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.

 

 

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