Una posición coherente

“No discutamos sobre Venezuela porque eso le conviene a Macri, y ya conocemos el resto de la historia.” Podría escribir esto pero soy peronista, dirigente del Frente de Todos y canciller de la República. Me hago cargo de mis decisiones. Pido que compartan conmigo el interés por una mirada integral y por la historia.

Los desafíos en política exterior eran difíciles el 10 de diciembre. La pandemia los agigantó. Para solucionar el hambre, la deuda y el parate económico que dejó el gobierno de Macri, y luego remachó el Covid, cambiamos una diplomacia de fotos y sumisión por otra de independencia y comercio exterior.

En diez meses de gestión preservamos el Mercosur, nos comprometimos con la vuelta a la democracia en Bolivia y acogimos a hermanos perseguidos de América Latina, Evo Morales entre ellos. Giramos 180° en la Cuestión Malvinas y pasamos a defender nuestros legítimos derechos y nuestros recursos naturales. Le dimos vigor a la participación en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Sin desechar ningún otro camino, desde la CELAC coordinamos con México disponer dosis accesibles de la vacuna anti-Covid. Fortalecimos los vínculos con todos los países --sin exclusiones-- para mejorar la capacidad negociadora ante los bonistas y el Fondo Monetario Internacional. Trabajamos para ayudar a las empresas a exportar, porque conseguir que entren más dólares es un objetivo de supervivencia popular, no una exquisitez de economistas macro. Y junto con los ministerios de Defensa, Salud e Interior montamos un dispositivo para repatriar a 205 mil argentinas y argentinos en medio de la pandemia. Teléfono para machacones de aquí o de otros parajes: por favor, no insistan con la mentira de que la gente se quiere ir cuando antes mentían diciendo que no la ayudábamos a volver.

Como en cada una de las políticas mencionadas, las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela siguieron el mismo principio de independencia. El Gobierno quiere ayudar a que los venezolanos tengan un funcionamiento pleno de sus instituciones sin interferencias externas, sanciones ni castigos unilaterales.
Mauricio Macri desconoció la legitimidad de Nicolás Maduro y reconoció a Juan Guaidó. El 10 de diciembre el Presidente Alberto Fernández revirtió esa decisión y luego canceló la prohibición de entrar al país de 411 venezolanos, identificados unilateralmente y sin fundamento alguno por el gobierno anterior.

En todos los foros, con presencia física o virtual, donde se tratara el tema de Venezuela, nuestro país mantuvo siempre su oposición a las sanciones y a la injerencia externa en la vida política.

El Presidente Fernández reafirmó esta posición en cada uno de los encuentros personales con los líderes europeos durante su gira de febrero.
Con la pandemia recrudeció la intensidad de las sanciones unilaterales, en contra de cualquier sentido humanitario. El Gobierno se negó siempre a firmar las declaraciones propuestas por el Grupo de Lima que avalaban esas sanciones.

El 10 de agosto la Argentina se sumó al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (Unión Europea y 13 naciones de Europa y América Latina). Ingresamos con el objetivo común de encontrar compañía y fuerza política para reforzar, con un control creíble, las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre. En la primera reunión se hizo un pedido de postergación de los comicios a fin de organizar esa veeduría. Venezuela acaba de negarse y la oposición, que iba a presentarse, se bajó.

Debe constar que hay otra oposición, la del señor Guaidó, que opta por la violencia.
Antes de asumir el Gobierno, en julio de 2019, el candidato Alberto Fernández recomendó prestarle atención al primer informe de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUDH. Instaba a Venezuela a adoptar cambios y medidas de reparación para terminar con prácticas como la represión selectiva, las detenciones arbitrarias y las llamadas “ejecuciones extrajudiciales” como método para combatir los delitos contra personas y bienes. El informe también registraba la crisis económica y social en aumento. Consignaba la respuesta oficial, que atribuía los males al bloqueo y la baja del precio del petróleo, y aunque no la tomaba como verdad absoluta indicaba: “Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales”.

En julio de este año el ACNUDH produjo un segundo informe sobre Venezuela. El Presidente Fernández fue consistente con lo que expresara en 2019. En Ginebra, en respuesta a este informe, el representante argentino compartió con otros Estados su preocupación por la situación de los derechos humanos y denunció el agravamiento de la crisis económica y social por las sanciones y la pandemia.

El 6 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra se trataron numerosos temas. Uno fue la búsqueda de la ratificación universal de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, resolución copatrocinada por la Argentina y aprobada. Otro, un nuevo marco para la vigilancia de las actividades privadas militares y de las empresas de seguridad. Sobre la situación en Venezuela, el criterio del Gobierno fue reconocer la importancia primordial de los informes del ACNUDH por sobre cualquier otro documento.

La delegación argentina tomó en consideración incluso el último ítem del segundo informe, que apunta a lograr una mejor cooperación del gobierno venezolano. Bachelet pidió “facilitar el establecimiento de una oficina del ACNUDH en el país como medio eficaz para ayudar al Estado a hacer frente a los retos y problemas en materia de derechos humanos que se contemplan en el presente informe”. Facilitar significa dotar de todos los medios humanos, técnicos y financieros necesarios a una oficina capaz de investigar, de asistir al Estado y de reaccionar con velocidad ante una denuncia.
Al analizar los escenarios de voto, nuestro país interpretó que el primer proyecto de resolución presentado eludía expresamente el primer Informe Bachelet de 2019 que por sus denuncias preocupara en plena campaña electoral al entonces candidato Fernández. El año pasado el representante de Macri en Ginebra entre gestos teatrales votó en contra.

El Gobierno argentino registró que el segundo proyecto de Ginebra (“Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”) sí acogía con beneplácito todos los informes de la Alta Comisionada, sin excluir ninguno, y contemplaba mecanismos de protección para mejorar la situación en dicho país.

La Argentina reclamó en Ginebra que hubiera una sola declaración.

Desafortunadamente eso no ocurrió. Entonces, nuestra delegación se abstuvo en el primer proyecto y votó en favor de la resolución que estimó más adecuada, la segunda. Lo hizo junto al Grupo de Contacto, con el que coincide en la búsqueda de una salida pacífica y dialogada de la crisis.

Con las disculpas por evitar la descripción de las conductas de cada país (un canciller no es un comentarista) quiero hacer dos puntualizaciones:

• Al no haberse logrado un consenso latinoamericano entre los 47 Estados que integran el Consejo, alguien podría disgustarse por una u otra compañía ocasional al momento de votar. Quiero decirles, queridxs lectorxs, que lo mismo habría sucedido con cualquier otro voto, incluyendo la abstención. Así es este mundo. Así es la ONU. No podemos irnos del mundo. Y sin ONU el mundo sería un lugar todavía más peligroso.
• Es falso que hayamos votado una resolución del Grupo de Lima. De haber sido así, el texto tendría que haber recogido la última declaración de ese grupo, emitida el 14 de agosto, que llama “Presidente Encargado” a Juan Guaidó y menciona a Nicolás Maduro como cabeza de un “régimen ilegítimo”. La delegación argentina, obviamente, no firmó esa declaración.

La Argentina no modificará su decisión de denunciar los bloqueos físicos y financieros contra Venezuela y las sanciones contra sus funcionarios, especialmente en tiempos de pandemia. Nuestro Gobierno defiende y defenderá la no injerencia externa y los derechos humanos en cualquier circunstancia.

Cada medida de política exterior responde al objetivo central del Frente de Todos, que es gobernar y sacar adelante este país. Al lado de esa meta cualquier otra cosa, como convertir un debate normal en una disputa encarnizada, deviene en un hecho menor. Los problemas del pueblo son enormes y cada uno elegirá si quiere participar de la solución o alimentar su ego.

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