Una por día

 

El gobierno marca el derrotero de la vida social y política. Esta semana sumó una derrota por día. La más notoria se conoció el día jueves, con la resolución del gobierno que dejó sin efecto el cierre de las escuelas nocturnas en la Capital Federal. El lunes habían desistido de flexibilizar el convenio colectivo de los textiles ante la negativa de patrones y trabajadores a tratar dicho proyecto y el martes debió aplicar la conciliación obligatoria en el conflicto de LATAM frente a un paro decretado por los gremios del sector con representación en esa empresa. El jueves intentaron avanzar con la flexibilización laboral vía convenios colectivos con la Unión Obrera Metalúrgica y las cinco cámaras patronales y la ausencia de los gremialistas sumó otro fracaso. Es la notable confirmación de que cuando un gobierno entra en el plano inclinado, todas las iniciativas resultan al revés.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dejó sin efecto la resolución del pasado 13 de diciembre. El miércoles la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación porteño envió un correo electrónico a los supervisores anunciando que “mediante Resolución N° 1169/MEIGC/19  se deja sin efecto la Resolución N° 4055/MEIGc/18”. Esta comunicación encierra la lucha sostenida de los maestros porteños, de la comunidad educativa y de la resistencia al modelo. Enorme triunfo del campo popular frente a una derrota del mismo tamaño de los personeros del ajuste neoliberal. Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, lo explicaba en un debate televisivo cuando señalaba que la invisibilización de los triunfos se combina con la “ideología de la autoderrota”. El fracaso de las políticas del gobierno ante la resistencia de la clase obrera y la sociedad es directamente proporcional a los triunfos que van logrando los trabajadores. Por fuera de esta contradicción funcionan los analistas, opinadores a sueldo, fabricantes de operaciones y los autodefinidos expertos.

Mientras el final de enero superaba todas las marcas de calor de este verano, el Ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica, convocó a las representaciones patronales y sindicales a la mesa de la concertación sectorial de la industria textil y del vestido. A media tarde los representantes patronales y de los trabajadores recibieron la propuesta que pretenden implementar vía decreto presidencial y que apunta a dos elementos centrales: el banco de horas y el fondo de ahorro para la indemnización por despido. El proyecto que cuenta con la reprobación de los sindicalistas por representar una renuncia expresa a derechos consagrados por la legislación vigente, entusiasma muy poco a los empresarios que —según expresaron—, “vamos a producir más barato pero tampoco vamos a poder vender por falta de demanda, por el costo del dinero con una tasa de interés confiscatoria y por la apertura de las importaciones que están destrozando nuestra industria”.

En las conversaciones previas participaron la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Fundación Protejer, junto con la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Empleados Textiles (SETIA), el gremio del vestido (SOIVA) y la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI).

El secretario de Trabajo, Lucas Aparicio —el funcionario más activo en la concreción del proyecto—, pretende incorporar a la flexibilidad laboral acuerdos transitorios que realizaron algunas empresas para paliar la crisis como la fragmentación de las vacaciones y la quita al cálculo indemnizatorio de pagos que nos son “normales y habituales”.

De los más de 100.000 puestos de trabajo que perdió la industria durante la era macrista, la mayor parte fueron textiles. La composición de las empresas las ubica en el universo de las pymes y sufrieron de lleno el impacto de los tarifazos, la caída del consumo, la apertura importadora y el acceso al crédito. Sobre un panorama negativo en todas sus variantes viene la operación política tendiente a flexibilizar los convenios colectivos, esta operación cercana a una autopsia que no aporta en lo inmediato ninguna solución ni a los empresarios ni a los trabajadores. Sólo aparece como un trofeo para exhibir frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Lo más importante de esta constatación es que los derechos laborales requieren para su resignación situaciones límite que pongan en riesgo no sólo los puestos de trabajo, sino también la existencia misma de la actividad.

Del mundo empresario se destaca el activismo del pariente presidencial Daniel Awada, quien sin ocupar cargos formales en ninguna de las cámaras integra la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria como principal interesado. El cuñado del Presidente es dueño de la marca que lleva el apellido familiar y de la línea de ropa para bebés Cheeky, y en los últimos años fue el blanco de varias denuncias penales por presunto trabajo esclavo. Otra especialidad es la importación de prendas de vestir a través de firmas apócrifas, lo que fue también denunciado ante la Justicia. Todo esto explica el rotundo fracaso de la convocatoria que ni siquiera pudo sentar a Dante Sica a presidir la reunión.

Desde la CATT en la voz de su secretario Juan Carlos Schmid y del ferroviario Omar Maturano plantaron banderas y ya anunciaron que la reforma laboral no pasará. Pablo Moyano, Hugo Yasky y Pablo Micheli lo han reiterado a lo largo de todo el año pasado. La nueva estrategia del gobierno arremete contra los convenios colectivos de los sindicatos más golpeados por la crisis, tratando de perforar el piso de derechos que garantiza la ley de contrato de trabajo.

El diario La Nación cerró la planta de impresión, dejando en la calle a 70 trabajadores gráficos. La medida se había anunciado en diciembre y en las mesas de negociación con la Federación Gráfica Bonaerense la empresa llegó a ofrecer un acuerdo que con jubilaciones y retiros voluntarios llegaba al número actual de trabajadores. Lo que resultó imposible de aceptar para los trabajadores fue la reducción de casi un 50% de sus salarios por disminución de horas trabajadas.

El lunes 28 de enero los negociadores patronales interrumpieron las negociaciones y cerraron la planta de impresión a instancias del Grupo Clarín, que está particularmente interesado en imprimir el matutino de los Mitre. Con un incremento de 9 trabajadores en su rotativa pasaría a cubrir el trabajo que hoy realizan los gráficos de La Nación. Por ahora no lo pueden garantizar por la solidaridad activa de los trabajadores gráficos de Clarín, por los de la planta que poseen en el parque industrial de Santa Fe y por los de la ciudad de Córdoba donde tienen la tercera imprenta. Los gráficos y su larga experiencia de lucha prevén un conflicto prolongado y complicado, pero confían en la solidaridad de los trabajadores de la actividad y de los dirigentes que integran el frente gremial que resiste al macrismo. Apenas conocida la noticia muchas organizaciones obreras manifestaron su apoyo y solidaridad.

Tras el despido de seis operarios de la sección electromecánica, en Siderar de Ensenada los trabajadores paralizaron las tareas y ocuparon la planta. La empresa argumenta caída en la demanda y reestructuración del personal y la UOM sostiene que no puede demostrar que está atravesando una crisis. La reacción de las bases puso la disputa en primera plana y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires convocó de urgencia a las partes para mediar en el conflicto. Se decretó la conciliación obligatoria, se levantó la toma y dentro de 15 días se conocerá el destino de los despedidos. Acosado por los cuadernos de Bonadío y mientras reclama los subsidios de Vaca Muerta que no llegan, Paolo Rocca recurre a la remanida fórmula de golpear a los trabajadores para llamar la atención del gobierno. Sabe que los intereses que representa la actual política le ponen precio a sus inversiones.

La UOM de Rosario presentó este lunes un informe donde da cuentas de que desde agosto pasado ya son 43 las empresas que cerraron sus puertas arrojando a la desocupación a más de 800 trabajadores. Agregan que en la actualidad son 6.000 los puestos de trabajo en riesgo de desaparecer. Encabeza el fenómeno la línea blanca, que con los 400 despedidos en las fábricas de heladeras marca la tendencia. La crisis del sector la convierte en presa codiciada para flexibilizar el convenio colectivo. El jueves, el ministro Sica acumuló un nuevo rechazo a su intento de avanzar sobre el histórico convenio metalúrgico 260/75 para modificarlo al estilo de los textiles. La ausencia de la U.O.M impidió la iniciativa aunque sí acudieron las cámaras patronales con la ilusión de obtener algún auxilio sectorial para la crisis de la actividad. La respuesta oficial no dio solución alguna y siguen insistiendo.

Los últimos 300 trabajadores del soterramiento del ferrocarril Sarmiento fueron despedidos al finalizar enero. La protesta de la UOCRA alcanzó apenas para hacer visible el problema en las calles.

Bariloche y Junín fueron los lugares elegidos para la marcha contra los tarifazos. Miles de barilochenses marcharon por el centro de la ciudad y se vio la presencia del dirigente docente Roberto Baradel y del secretario general de la CTA local Jorge Molina, también referentes de la CGT de esa provincia. Pablo Moyano aseguró que el próximo paro general tendrá lugar en marzo o abril a más tardar. Febrero empieza con un nuevo aumento de las tarifas de electricidad del orden del 35% y se prevén para las próximas marchas un incremento de las protestas al calor de los apagones.

Esta semana se conocieron más datos del fatídico 2018 en materia de destrucción de puestos de trabajo: 172.200 fueron las pérdidas de empleo del mes de noviembre frente a su homónimo del año anterior. El sector asalariado privado, con sus 117.700 puestos menos que un año antes, muestra que el ajuste no es sobre el estado sobredimensionado que denuncian sino sobre el aparato productivo con centralidad en la industria. Cuando el mundo del trabajo y la producción baja los brazos, aún ante la inminente posibilidad de cambiar la política económica por la vía electoral, lo que se evidencia es que el futuro se construirá sobre la refundación de este modelo acabado.

La campaña es el marco ideal para discutirlo y evitar así que la misma se convierta en un “desfile de modelos”, ante la pasividad de los votantes. El país que viene debe nacer de un proyecto que vuelva a entusiasmar a nuestro puebl0.

 

 

 

 

 

 

 

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