Una política penitenciaria nacional

 

La declaración de la emergencia en materia penitenciaria (Resolución 184/2019 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), evidencia una problemática recurrente, e irresuelta, de la gestión carcelaria en nuestro país, cuyo punto de partida y llegada es la política punitivista. La cadena de responsabilidades tiene como primer eslabón una política criminal determinada y determinante, sin letra pero con un objetivo claro. En palabras de Esteban Bullrich, el camino que hemos emprendido todos los días tiene un pibe más que está preso.

La política de criminalidad del actual gobierno es cuantitativa y se rige por la lógica de cuanto más, mejor, sin importar el cómo. Este punitivismo se erige como meta en la opinión pública de los electorados, con quienes se establece un contrato tácito de recepción: el gobierno le habla a un destinatario ávido de tal discurso. La superpoblación, que es el argumento central de la declaración, es producto de esta política criminal orientada notoriamente por el aumento de medidas represivas y el endurecimiento de las reglas de encarcelamiento y excarcelación; que identifica a las prisiones como la única solución para contener el delito y trae como consecuencia altos índices de violencia, marcado hacinamiento y limitaciones en todo tipo de actividad vinculada al tratamiento de las personas privadas de su libertad.

Esta situación tampoco fue acompañada por políticas de inversión en infraestructura y servicios tendientes a asegurar las condiciones mínimas de habitabilidad, al tiempo que profundizó el deterioro y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de la fuerza penitenciaria, despojándolos incluso de las herramientas básicas para el desarrollo de su tarea cotidiana: formación, mejoras en los establecimientos, disponibilidad de móviles de trasladado, una conducción central reconocida y con presencia en el terreno de trabajo, entre otros. Es necesario sostener la profesionalización y el equipamiento, reconociendo el valor de la labor penitenciaria, de modo que sea capaz de contener y atender una población crecientemente pauperizada. Con todo, entendemos que la emergencia no sólo llega tarde sino que establece además un estado de excepción sin considerar las demandas propias del personal penitenciario y demás actores involucrados en el campo carcelario.

A partir de este diagnóstico y de la necesidad urgente de promover las reformas que exige una sociedad en pleno cambio, coincidiendo con las Naciones Unidas en aquello de que “la justicia social constituye un mejor medio de prevenir la criminalidad”, el pasado 19 de noviembre miembros de la comunidad académica e investigadoras/os del CONICET nos convocamos en el Centro Cultural de la Ciencia junto a diversos profesionales y actores sociales vinculados de distintos modos al campo penitenciario (funcionarios del Poder Judicial, personal superior retirado del Servicio Penitenciario Federal, ex detenidos, entre otros) para discutir y construir caminos alternativos al actual. Bajo la convicción de que deben establecerse una serie de acciones tendientes a descomprimir la superpoblación penitenciaria, generando un inmediato diálogo con la Justicia a fin de modificar los índices actuales de encarcelamiento.

La gran afluencia de público reforzó nuestra consideración acerca de la necesidad de implementar acciones prioritarias para la construcción de consensos entre los distintos actores involucrados en la cuestión penitenciaria. Nos referimos no solo al Poder Judicial sino también al personal. El cuerpo penitenciario en su conjunto –tanto oficiales como suboficiales– deben responder a la conducción política y ejecutiva propuesta por el gobierno nacional. Nos referimos a la necesaria construcción de abajo hacia arriba, en sentido contrario a lo que tradicionalmente se estila. Se evidencia contraproducente una conducción que no incluya la voz de la fuerza penitenciaria y su experiencia.

La conducción política debe ser reconocida desde el personal pero, al mismo tiempo, debe contar con la aceptación de organizaciones ligadas al mundo académico, el ámbito de la lucha contra la violencia institucional y el respeto por los derechos humanos. El diálogo conjunto deberá construir mensajes claros y directos no sólo al cuerpo penitenciario, sino a todos estos actores, en particular a las personas privadas de la libertad y sus familiares.

Es fundamental transmitir una política penitenciaria de respeto a los derechos humanos y el trabajo en el cumplimiento de la ley de ejecución vigente, atendiendo a la incorporación de un programa efectivo respecto a la progresividad de la penas. Esta iniciativa incluye efectuar relevamientos sociales regulares y sistemáticos, no sólo cuantitativos sino y fundamentalmente cualitativos, evitando transpolar modelos investigativos diseñados en el marco de otros contextos carcelarios y pensados desde los países centrales. No es posible pensar en un sistema penitenciario sin vínculo con organizaciones de la sociedad civil, organismos de control y agencias científicas y técnicas. Retomar el diálogo tanto con organismos de contralor como con distintas agrupaciones orientadas a la defensa de los derechos de las personas detenidas como agrupaciones de familiares, organismos de derechos humanos, y otras, es parte de esta idea de vinculación. Es vital establecer una política de apertura a través de una mesa de diálogo donde se discuta la modalidad de acceso a la información que cumpla con la normativa vigente al tiempo que atienda la ética y la complejidad del espacio carcelario.

El desafío es construir un sistema penitenciario integral y democrático. La tarea implica definir y decidir qué modelo de cárceles necesitamos y cómo se articula la fuerza con el poder público y la sociedad en su conjunto. El camino es conformar un saber profesional y orientado al cuidado, capaz de recuperar, sistematizar y traducir las experiencias, incidiendo en los procesos que requieran de un expertise específico.

 

 

 

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