UNA POLITICA EQUIVOCADA

 

Parte del detonante de la crisis hacia el interior del Frente de Todos (FdT) tiene que ver con el resultado de las PASO y con la crisis económica actual. Pero, además, con el Presupuesto 2022, que incluye una reducción de subsidios a las tarifas con fuerte impacto en los sectores más vulnerables. También pierden participación los derechos de exportación, tal como reclamó el FMI en su último reporte global.

“Hay que ejercer una severa vigilancia de nuestra balanza comercial y de pagos a fin de sofrenar los movimientos demasiados bruscos que puedan perturbar nuestro desarrollo industrial. Hay que hacer lo que Karl Mannheim llamó una planificación para la libertad y no una planificación para la servidumbre que, al mismo tiempo que asegure las elementales garantías individuales, no permita que esas mismas garantías se vean perturbadas por el desarrollo desmesurado del poder financiero.”

John William Cooke la tenía clara cuando argumentó a favor de la ley sobre “represión de actos de monopolio o tendientes al monopolio” en 1946. Antes y ahora, la disputa es contra los buitres locales y foráneos. Una palabra bien colocada sirve para ordenar. Como lo hizo la última carta de Cristina Fernández de Kirchner. Entre todo el ruido post PASO, marcó de puño y letra una perspectiva para profundizar el análisis y desde ahí buscar una respuesta política.

“Siempre le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios –especialmente en alimentos y remedios– y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias… También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad”.

El problema de fondo es la situación económica, su consecuente crisis social, y la actitud de un equipo de gobierno (o una suma de individualidades) demasiado enfocado en los mercados financieros y en el derrame cuasi mágico de las exportaciones como única solución.

El gobierno del Frente de Todos nació, por su propia integración y creación, de manera compartimentada o, como lo llaman los mismos funcionarixs, loteado. “Yo me ocupo de crecer, que otro distribuya”, decía Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. Ese otro, sería Martín Guzmán.

La ejecución actual del Presupuesto y las perspectivas para 2022 pendulan entre congraciarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mantener cierto status quo, es decir, que las cosas sigan más o menos como hasta ahora, a la espera de que el crecimiento derrame por su propia inercia. A su vez, se vuelve a insistir con un aumento de tarifas de aproximadamente del 30 por ciento.

El Cohete ya se había preguntado si no era necesario pensar en un shock distributivo como base para el crecimiento, antes que en una neo teoría del derrame. La pregunta se mantiene. Sobre todo después de las PASO, donde quedó claro que el pueblo tampoco vota con la mirada puesta en las encuestas.

Ajuste

Durante el año donde pegó de llenó la pandemia por Covid-19, la variación de precios medida por el INDEC fue del 36 por ciento. Un año antes, con Mauricio Macri en el poder, había cerrado arriba de los 50 puntos. El programa de asistencia económica y social ideado por el gobierno nacional, con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a la cabeza, sacó a la luz un universo de personas que estaban por fuera del sistema.

Lo que se invirtió en IFE, en casi un 90 por ciento, se destinó al consumo de alimentos. Con el descalabro de precios, no es muy difícil imaginar que esos 10.000 pesos bimestrales, si bien fueron muy necesarios, también resultaron insuficientes.

En agosto de este año, la inflación anualizada llegó al 51,4 por ciento. Una familia de cuatro personas necesitó 68.000 pesos de ingresos para no caer bajo la línea de pobreza. El Presupuesto 2021 dio por finalizada la pandemia en marzo. No sucedió. Tampoco se relanzó el IFE. Y el crecimiento heterogéneo, descripto hasta el cansancio por el tándem Kulfas-Guzmán, tampoco alcanzó –ni siquiera– para una distribución heterogénea.

Según datos del Ministerio de Economía (base caja, sector público nacional deflactados por el IPC), las prestaciones sociales, básicamente jubilaciones, tuvieron una caída real del 7 por ciento a julio de este año. Al mismo mes, la actividad económica (EMAE) registró un incremento del 10 por ciento. Pero el gasto público cayó, en términos reales, un 6 por ciento. Los salarios del sector público también perdieron por goleada contra la inflación.

Antes de las PASO, un consultor de la city porteña explicaba que en la provincia de Buenos Aires había 250.000 personas que en 2019 habían votado al Frente de Todos que en la actualidad estaban desempleados.

La disputa política hacia el interior del gobierno, que estalló luego de las PASO y se agudizó desde el miércoles, fue sólo la expresión de algo que se veía venir. Como sostuvo CFK, a veces hay que abandonar las encuestas y pisar más el territorio.

Lo que esconden los números

El miércoles 15, antes de que estallara la interna, el Presidente Alberto Fernández se sentó junto a Guzmán y al secretario de Energía, Darío Martínez, para anunciar el envío al Congreso de la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. En su discurso, también habló del Presupuesto 2022 y su relación con el FMI.

En realidad, indicó que su gobierno dejaba afuera los 19.000 millones de dólares que deberían pagarse al Fondo según el programa stand by firmado por Macri. Dio por hecho que se llegará a un acuerdo con el organismo antes de fin de año o previo a la aprobación de la ley de leyes.

¿Es un presupuesto para el FMI? La respuesta no es tan sencilla. Pero si en este 2021 la calle percibe un ajuste económico, para 2022 la cosa seguiría más o menos igual.

En el análisis transversal del Presupuesto, la categoría Políticas de ingresos (asignaciones familiares, subsidio al consumo de energía eléctrica, transporte y gas, y políticas alimentarias), si bien crece nominalmente, pasaría de representar el 3,2 por ciento del PBI al 3,0 por ciento del producto para el próximo año.

La misma reducción en relación al PBI se percibe en jubilaciones y pensiones que pasarían de representar el 9,3 por ciento al 8,8 por ciento.

En la función Seguridad Social, para la categoría Asignación Universal por Hijo, se estima un incremento, de tan solo el 0,3 por ciento de beneficiarios. En marzo de este año, se destinaron 14.619 millones de pesos para 4.381.734 beneficiarios. Cuando se aplicó, el IFE llegó a casi 9 millones de personas con un presupuesto de 90.000 millones de pesos. Sólo el Poder Judicial deja de pagar el Impuesto a las Ganancias por un total de 72.000 millones de pesos. Si hay que ser creativos, hay con qué.

Lo mismo ocurre con el Aporte Solidario a las grandes fortunas. No está contemplada una segunda vuelta. Sin embargo, la objeción es otra. El jefe del bloque del FdT en Diputados, Máximo Kirchner, viene siguiendo la evolución de la asignación de los recursos recaudados. Su percepción es que no hay transferencias de partidas, por ejemplo, en el ítem Educación. El último informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso le daría la razón: del crédito vigente a agosto de este año (191.000 millones), sólo se habría devengado un 35 por ciento.

Tarifas

Otro tema clave en el Presupuesto 2022 serán las tarifas, punto álgido en la relación interna del Frente de Todos. Del proyecto enviado al Congreso se desprende que los subsidios se reducirán 0,2 puntos porcentuales. En términos reales, deflactada la inflación, las transferencias corrientes caerían un 15 por ciento promedio, pero con un mayor impacto en los sectores más vulnerables.

Según un análisis realizado por el CEPA, los subsidios a la demanda de gas natural y GLP caerían un 39 por ciento, mientras que el Programa Hogar (acceso a garrafas) recibiría una merma del 34 por ciento.

Este es quizás uno de los grandes detonantes del conflicto desatado hacia el interior del Frente de Todos, que se agudizó el martes pasado cuando se filtraron algunos datos del Presupuesto, ratificados al día siguiente en la presentación de la ley sobre inversiones para los hidrocarburos.

Según el texto elaborado por Guzmán, el próximo año los usuarios de los servicios de electricidad pasarán a costear el 43 por ciento de la tarifa, frente al 30 por ciento actual. De no mediar ningún esquema de segmentación, o rechazo parlamentario a esta iniciativa, el incremento de tarifas podría llegar, en el AMBA, al 30 por ciento.

¿Es viable un ajuste de estas características? Parafraseando a la Vicepresidenta, el pueblo no come con encuestas. Y menos con los condicionamientos del FMI.

¿Y ahora qué?

El martes 14, un día antes del estallido y de la presentación del Presupuesto, El Cohete dialogó con Roberto Feletti, ex viceministro de Economía. La pregunta era: ¿Y ahora qué?

“Claramente la idea de ordenar la macro mientras la economía se recupera a pleno con la vacunación y la acción privada, pareciera haber encontrado frenos”, respondió, y agregó: “No hay que confundir la política económica con la política social. Un tema es poner un piso de ingresos con la política social que favorece a la elevación del salario. Pero otro tema distinto es la creación de empleo. Eso es la política económica.”

Según Feletti, la dinámica de la economía real descansa en las empresas medianas, que serían alrededor de 120.000. “Hay que conocer sus planes de negocios y vincularlos a la creación de empleo”, añadió. Esto quiere decir orientar los estímulos hacia el sector empresario para que tome trabajadores. Las medianas empresas vienen cobrando a 120 días mientras que deben pagar a 30 días en su relación con las grandes. Es decir, las grandes se financian de prepo con las pymes. El Presupuesto 2022 podría contemplar acciones mucho más concretas hacia este universo empresarial, bastante subrepresentado en su vínculo con el gobierno.

En el texto enviado al Congreso, las políticas de apoyo a la pymes –financiamiento a la producción, acciones de empleo, productividad y competitividad– representan el 0,3 por ciento del PBI, el mismo porcentaje que en el Presupuesto 2021.

El precio interno de los alimentos y la energía también es un tema clave. Los derechos de exportación son el instrumento para ese desacople en el caso de las materias primas, que impactan en los alimentos. En términos de recaudación nominal, crecerían en 2022 un 21 por ciento, pero reducirían su participación en relación al PBI, al pasar del 2,17 por ciento al 1,9 por ciento del producto. El FMI, en su último reporte global, le recomendó a la Argentina reducir sus impuestos a las exportaciones.

De la misma manera que sucedió con el Gabinete, con el Presupuesto 2022 también se debería barajar y dar de nuevo.

 

 

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