Una paloma entre halcones

 

En las audiencias del Senado de Estados Unidos sobre las relaciones con Venezuela y el camino hacia una transición democrática, prestaron testimonio halcones como Elliott Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela; Mark Green, Administrador de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; y Eric Farnsworth, Vicepresidente del Consejo de las Américas. Pero también Cynthia Arnson, quien dirige el programa latinoamericano del Wilson Center. Más allá de algunas caracterizaciones discutibles, aporta una dosis de sensatez, buena fe y sentido común. Algunos fragmentos de su intervención:

 

El propósito de las sanciones es aumentar sustancialmente, e inaceptablemente, los costos políticos, económicos y personales del status quo (...) En el caso de Venezuela, la presión económica está dirigida a crear fisuras en las fuerzas armadas (...) Estas divisiones pueden surgir o profundizarse, a la luz del drástico impacto económico de las sanciones petroleras impuestas por los EE. UU. Los efectos de las sanciones petroleras aumentarán con el tiempo, pero su verdadero impacto político puede no ser conocido durante muchos meses. (...) Sin embargo, no hay garantía de que incluso las sanciones más severas sirvan para dividir la jerarquía militar. Los niveles más altos de las fuerzas armadas venezolanas están profundamente involucrados en la corrupción y el crimen organizado, controlan sectores clave de la economía (la petrolera estatal PDVSA, la industria minera y la distribución de alimentos, entre otros) y tienen mucho que perder abandonando el régimen.

El gobierno de los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional deben evitar politizar el tema de la ayuda humanitaria. Para ser efectiva, la ayuda humanitaria debe adherirse a los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia. Los organismos de las Naciones Unidas, la Cruz Roja local, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones de ayuda sobre el terreno en Venezuela pueden proporcionar asistencia basada en la necesidad, y libre de objetivos políticos.

El gobierno de los Estados Unidos ha prometido más de $ 152 millones entre los años fiscales 2017-2019 para la respuesta regional de Venezuela. Esta es una cantidad significativa, pero todavía una fracción de los $ 738 millones solicitados en 2019 en el Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes de 2019 de la ONU. Solo Colombia requiere más de $ 315 millones, más del doble de lo que Estados Unidos ha prometido a toda la región.

Numerosos altos funcionarios estadounidenses han reiterado que "todas las opciones están sobre la mesa". Sin duda, hay un valor psicológico en mantener al gobierno de Maduro en la incertidumbre respecto a las intenciones de los EE. UU.

La amenaza de una acción militar ha erosionado el consenso entre los Estados Unidos, las democracias hemisféricas y los países de Europa sobre cómo abordar la crisis venezolana. No se deben subestimar las consecuencias drásticas para la estabilidad regional en caso de que ocurra una [intervención militar]. [Sin duda] provocaría una respuesta armada de las guerrillas del ELN de Colombia, muchas de las cuales se encuentran en territorio venezolano. Unos 1.500-2.000 miembros de la guerrilla de las FARC de Colombia que se negaron a entregar sus armas después del acuerdo de paz de 2016 también se unirían a la refriega (...). El resultado final sería la regionalización de un conflicto en el que miles de combatientes experimentados acudan en ayuda de la "Revolución bolivariana".

Los contornos de lo que podría parecer un arreglo negociado en Venezuela requieren una consulta amplia. El objetivo, sin embargo, es sencillo: crear las condiciones para una elección libre y justa en Venezuela en la que la oposición pueda competir abiertamente sin desventajas y asumir el cargo en caso de que gane. Ese objetivo requiere una reforma institucional, especialmente del consejo electoral. Requiere la observación internacional y quizás incluso la supervisión del proceso. No significa el fin del chavismo como fuerza política y [prevé] su integración en una democracia funcional y pluralista. No requiere la purga inmediata de los militares o la extradición de los funcionarios venezolanos acusados ​​por los Estados Unidos para enfrentar la justicia en este país.

 

 

 

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