Una oposición desestabilizadora

 

Los terrorismos sanitario y escolar están hoy a la orden del día, con amplia intervención del dispositivo mediático y judicial que opera contra el gobierno de Alberto Fernández desde el inicio de su gestión. Las prácticas y los discursos opositores en las dos áreas antedichas vienen en un tono sumamente crítico e incluyen una alta cuota de lawfare. Nada nuevo bajo el sol, se dirá. Pero es conveniente examinarlo.

Las medidas de cuidado y control frente al Covid-19 –es decir, sanitarias– se instalaron a mediados de marzo del año pasado. Casi de inmediato, dieron lugar a la protesta y al cuestionamiento acérrimo de esa beligerante oposición que responde a las orientaciones de PRO y de Juntos por el Cambio. La cuestión escolar es más tardía, diríase que casi reciente, y ha tomado la forma de una furiosa arremetida. Pero vayamos por partes, no sin antes rememorar que la pandemia es un brutal flagelo que afecta prácticamente a todo el orbe, que ha generado una amplia crisis sanitaria internacional, una retracción económica mundial de proporciones, una significativa pérdida de empleos y un considerable aumento de las personas que han caído en la pobreza o que han agudizado su situación en ese plano. Es un fenómeno calamitoso per se y estamos prácticamente todos pasando las de Caín, aún hoy.

Alberto Fernández asumió el cargo el 10 de diciembre de 2019. El 20 de marzo de 2020 anunció la instalación de una cuarentena de un mes para tratar de contener a la pandemia. Habían transcurrido apenas 41 días desde su instalación en la Casa Rosada. El 30 de marzo, es decir, tan sólo diez días después del comienzo de aquella cuarentena, se desató un cacerolazo de protesta en los barrios más beneficiados de Buenos Aires, impulsado por esa oposición rampante. Sorprende la velocidad con la que pasó a la acción.

Las protestas de esta clase se sucedieron durante abril y mayo. El día de nuestra Fiesta Patria –25 de mayo– fue convocado un cacerolazo nacional por las huestes macristas y cambiemitas. Y a fin de mes se dio a conocer una carta pública firmada por alrededor de 300 académicos, periodistas, actores, artistas y científicos del CONICET vinculados a las antedichas mesnadas, que se tituló La democracia está en peligro. Entre otras cosas consignó que “el gobierno encontró en la infectadura un eficaz relato legitimado por expertos”. Y que: “La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo nunca desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado”. Fue firmada por Juan José Sebrelli, Santiago Kovadloff, Daniel Sabsay, Luis Brandoni, Lilia Puig y Luis Tonelli, entre otros/as.

“Infectadura”, caracterizaron, una fusión de infección (en alusión a la presunta incompetencia del gobierno para lidiar con la pandemia) con ¡dictadura! A menos de seis meses de su asunción, le endilgaron cargos a Alberto Fernández quien, convertido rápidamente en Superman, le habría hecho más daño al país en ese lapso que los levantamientos carapintadas y que el macrismo, que hundió al país en sólo cuatro años y que dejó un catastrófico tendal en materia de deuda externa. Tanta tontería abruma. Si se la trae aquí a colación es porque esa carta oficializó, no sin cierta ingenuidad, la existencia de una dura maniobra de intervencionismo mediático-judicial tendiente a esmerilar y desestabilizar al flamante oficialismo. Su curso siguió después de aquel arranque, con movilizaciones callejeras, escraches y manifestaciones automovilísticas. Hoy en día continúa, ya en otra fase, con su objetivo de desgastar al Presidente, al Frente de Todos y al peronismo, con miras a las próximas elecciones de medio término. Todo esto con un amplio apoyo mediático y judicial inescrupulosamente mendaz.

 

 

 

 

Sanidad y escolaridad

En el plano sanitario, la oposición desestabilizadora y erosionante se abocó a descalificar sistemáticamente el abordaje gubernamental centrado en conseguir vacunas y aplicarlas a la población. Y en el de la escolaridad, a practicar la defensa de una presencialidad en las aulas a rajatabla, que va a contramano de la abrumadora instalación de una nueva ola pandémica más intensa y castigadora que la anterior. Todo esto con una actitud marcadamente pugnante y agresiva.

Respecto de la consecución de vacunas, no reparó ni en críticas ni en condenas. Con sostenida contumacia acusó al gobierno de ser incapaz de conseguirlas, a sabiendas de que su obtención no era fácil: el mundo entero las requiere y las empresas productoras no alcanzan, incluso ahora, a producir lo demandado. Se abocaron también a criticar y/o descalificar a algunas de las vacunas, para engrosar subrepticiamente la presunta falencia gubernamental antedicha. La Sputnik V, por ejemplo, recibió el mote de “comunista”, actitud ridícula no sólo porque el comunismo ruso ya no existe, sino también porque se ha posicionado entre las mejores. Por añadidura, la empresa argentina Laboratorios Richmond SACIF ha comenzado a producirla aquí, en asociación con el Instituto Gamaleya. Machacaron también mediáticamente que la vacuna china Sinovac, comprada por la Argentina, no era eficaz, cuando la adquirida era la Sinopharm. A diferencia de aquella, es muy buena y ya han llegado al país un millón de dosis.

Nada de lo cacareado fue verdad, pero alcanzó codiciados minutos de presencia y repercusión mediática orientados a hacer un intenso trabajo político de zapa antigubernamental.

En el plano de la escolaridad, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló otro frente de combate: se negó a aceptar el retorno a la virtualidad educativa establecida por el decreto de necesidad y urgencia librado recientemente por el Presidente Fernández debido al surgimiento del segundo brote pandémico. Y decidió mantener la continuidad de las clases presenciales. Paradojalmente, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostiene que los ámbitos educativos están a salvo de la agresión virósica, a la par que los casos han volado peligrosamente hacia las nubes en su distrito. Agregó a su desplante un barullo legal que desborda de ilegalidades, sólo sostenible por la influencia sobre el Poder Judicial que aún mantienen los cambiemitas.

Mientras tanto debió pedir prestados alrededor de 50 respiradores al gobierno nacional, para compensar una cifra similar que entregó en comodato a empresas de salud privadas. Y el Hospital Muñiz –público– ha cedido a la Ciudad una sala con 20 camas de terapia intensiva para atender a pacientes con coronavirus, de prepagas que se hallan saturadas. En fin, el mismo Rodríguez Larreta tuvo que pedirle ayuda a quien le está moviendo el piso de una manera artera: Alberto Fernández. Lo que viene a demostrar que “pandemia en alto crecimiento mata presencialidad”, lo cual es prácticamente obvio. Y que, por tanto, el artificio porteño es un ingrediente más de la maniobra desgastante y desestabilizadora que se viene desenvolviendo contra el gobierno nacional.

 

 

Final

No hay ingenuidad en el accionar opositor ni se trata de un añejo “gorilismo” que no cesa. La concatenación de los hechos expuestos más arriba muestra que hay una escalada y también una intencionalidad política que supera, por mucho, la práctica corriente de una oposición. Es un comportamiento deliberado y sistemático que apunta a desgastar la figura presidencial y a desestabilizar su gestión, a esmerilar el Frente de Todos y a descalificar al peronismo en general, como se ha dicho ya precedentemente. El propósito es imponerse en las cercanas elecciones de medio término y, ulteriormente, despejar el terreno hacia las próximas presidenciales. Se trata de una operación de mediano aliento que tiene su correlato, asimismo, en otros planos.

Cuenta, por ejemplo, con el aval de los medios hegemónicos que no cesan de propalar fake news, como ocurrió con el “equívoco” entre las vacunas chinas. Por otra parte, la desavenencia entre el oficialismo y la oposición, elegida y militada por esta última, impacta sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de la deuda pendiente, que probablemente ganaría en posibilidades si hubiera alguna concordancia entre ambas. Un fracaso en este terreno obviamente perjudicaría al actual oficialismo, que es probablemente el objetivo no declarado de PRO/JxC. Puede consignarse, en fin, que esta oposición abunda en la convocatoria a manifestaciones que, con aglomeraciones y desplazamientos, desafían la prudencia y los cuidados que reclama la lucha contra la pandemia. Poco le importa. Elige agitar porque no corre con ningún costo político. No así el peronismo, que administra puntillosamente su enorme capacidad de movilización para no darle chances al Covid-19.

En fin, la falta de responsabilidad y la desvergüenza campean entre los cambiemitas, que están desenvolviendo una deleznable y peligrosa maniobra política desestabilizadora, rayana en lo no democrático. Conviene tenerlo muy en cuenta.

 

 

 

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