Una ola que comienza a revertirse

 

Hace unas semanas pasamos revista a la situación de un ciudadano sueco preso por portación de amistad con Julian Assange.

Contamos en esos días (https://www.elcohetealaluna.com/preso-por-portacion-de-amigo/) que se le había rechazado la caución para salir en libertad con lo que quedaba consolidada la prisión preventiva. Decisión esta de la Justicia ecuatoriana increíblemente sostenida en argumentos que desconoció y aplicaba en forma inversa a la correcta todas las premisas y presunciones del derecho internacional de los derechos humanos respecto de Ola Bini.

Las argumentaciones eran insostenibles y marcaban el grado de arbitrariedad de la detención de modo flagrante.

Se sostenía que era necesaria la detención durante el proceso dado el alto grado de perfeccionamiento como experto informático y que había presunciones de su responsabilidad aún cuando la propia afirmación de la juez que rechazó la caución llamaba la atención a la fiscalía por la falta de precisión de hechos, víctimas y daños; agrandado esto porque la Justicia determinó que la importancia del hecho, “independientemente” (sic) de que el máximo de la condena del delito imputado (aún sin hechos relatados) permite la sustitución preventiva, ella no era conveniente para el caso.

Es decir: el fraseo de la decisión de esos miembros del Poder Judicial reconoce su apartamiento de la ley para mantener a Bini en prisión.

Frente a esta medida del 29 de mayo pasado, el equipo de defensores de Bini presentó un hábeas corpus alegando las serias violaciones a las reglas de libertad durante los procesos, presunción de inocencia, escrutinio estricto en la aplicación de medidas de prisión, la falta de análisis de por qué no aplicar medidas sustitutivas a la prisión y otras graves violaciones a las reglas del debido proceso establecidas tanto en los marcos normativos como jurisprudenciales de derechos humanos a nivel internacional e interamericano. Entre ellas, tomar como agravante que no quiere dar las claves de sus computadoras y memorias secuestradas desde el 11 de abril.

Es de agregarse que, de la prueba pedida por la Defensa en la causa criminal, resulta que no hay denuncias previas a su arresto por hackeos. (El estado de Ecuador hace constar que son del 11 al 16 de abril.)

El jueves a la noche (hora de Argentina), la Corte Provincial de Quito, en voto dividido (dos a uno), aceptó el hábeas corpus ordenando la salida de prisión de Ola Bini con prohibición de salir de Ecuador y asistencia al tribunal que mantendrá la investigación sobre la causa cada viernes a las 15.

No decimos que ordenó la libertad para respetar la propia decisión de Bini de decir: “Estoy fuera de la prisión, pero no libre”.

Lo que está en juego es —por supuesto y fundamentalmente— el derecho de Ola Bini. Pero todo hace parecer que la cuestión es más compleja. Ola Bini ha sido convocado a dar su “versión” (así lo denominan en el sistema ecuatoriano) para el próximo jueves 27 en el marco de una solicitud de asistencia penal realizada por el Gobierno de los Estados Unidos realizada en la causa que se lleva en contra de Julian Assange.

Por la vigencia del Convenio de Nassau de 1992, Ecuador recibe la solicitud y sus propios oficiales de justicia la tramitan. No pueden participar funcionarios estadounidenses. Pero también se pide por parte de Ecuador auxilio a Estados Unidos para quebrar las claves de los equipos secuestrados.

Y también forma parte del contexto la presencia de Estados Unidos, y no sólo en Ecuador sino en América Latina, alrededor del funcionamiento de los tribunales y el lawfare. No es conspiración. Solo acumulación de declaraciones. Desde las del embajador Edward Prado en Argentina, que dice que vino a “fortalecerla”, como la del Embajador saliente en Ecuador en relación a los nuevos tratados https://www.eluniverso.com/noticias/2019/06/09/nota/7367739/voy-ser-muy-claro-no-queremos-corruptos-ecuador-eeuu.

Podemos sumar otras como el impeachment a Dilma, la prisión de Lula y otras imágenes a la foto emergentes de la ideología del lawfare y su impacto en las políticas industriales del Cono Sur que aún faltan investigar.

En el caso de Ola Bini, por más que se diga que la causa es por hackeo, piratería informática y otras incorrecciones, lo cierto es que no hay imputación de hechos concretos. Su sola presencia hostiga por sus enseñanzas sobre software libre, protección contra las intrusiones a la intimidad de las personas con programas de protección contra la vigilancia electrónica e ilegal y su apoyo a los movimientos populares. Es decir, exactamente lo contrario a la piratería o el hacking.

La APC (Asociación por el Progreso de las Comunicaciones) acaba de publicar un documento de adhesión a su pedido de libertad en el que destaca junto con Artículo 19  que se usan los recursos del Estado para criminalizar y perseguir a aquellos que facilitan y permiten a terceros la defensa de sus derechos a la información y sus derechos online: https://www.apc.org/es/node/35530

También la Electronic Frontier Foundation denuncia el 19 de junio (un día antes de la salida de prisión) el caso como la violación de derechos de un defensor de derechos humanos. https://www.eff.org/es/deeplinks/2019/06/eff-ohchr-iachr-cybercrime-law-interconnected-human-rights

Allí dicen: “Durante décadas, periodistas, activistas y abogados que trabajan en cuestiones de derechos humanos en todo el mundo han sido hostigados, e incluso detenidos, por regímenes represivos y autoritarios que tratan de detener cualquier asistencia que prestan a los defensores de los derechos humanos. La tecnología de comunicación digital y las herramientas de privacidad —como el cifrado end-to-end— han hecho que el mundo sea más seguro en parte haciendo más difícil para los gobiernos apuntar a los que hacen el trabajo. Pero eso ha llevado a que los tecnólogos que construyen esas herramientas sean cada vez más el blanco del mismo acoso y arresto, más comúnmente bajo leyes desproporcionadas sobre delito cibernético que arrojan sospechas incluso sobre las actividades en línea más inocentes. En este momento, esa combinación de sospechas equivocadas y detención arbitraria bajo regulaciones de ciber-seguridad, se está desarrollando en Ecuador”.

En suma, el problema es más grande que este caso, que sirve como muestra. El caso ha tenido poca relevancia en relación a otros. Pero merece toda la atención.

La defensa de Bini aún no cuenta con la transcripción de la decisión de excarcelación como para que El Cohete pueda detallar cómo la Corte de Apelaciones de la Provincia de Pichincha señala lo que ya se ha leído en la audiencia del 20 sobre la arbitrariedad e ilegalidad de la detención y prisión preventiva.

Hasta entonces, para los pasajeros de El Cohete algunas imágenes y los dichos de Bini: “Agradezco a toda la gente de Ecuador, a mi equipo, a toda la gente que creyó en mí, a los jueces que dijeron que fui ilegalmente detenido (…) Voy a continuar probando mi inocencia”.

 

 

https://freeolabini.org/en/statement_habeas/ , https://archive.org/details/olabinistatment

 

 

 

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