Una Cristalina que no es búlgara
Más control sobre la tierra y la población en el territorio andino patagónico
Los voceros del poder económico y de la derecha política y eclesial buscan aumentar el control del territorio y de la población civil en una fracción del territorio andino patagónico, con epicentro en San Carlos de Bariloche (Río Negro). Este proceso comenzó a manifestarse violentamente con características propias al menos desde 2010. El recrudecimiento de la violencia de la última semana parece ser un nuevo intento por profundizar la escalada a etapas cada vez menos compatibles con estándares mínimos de la democracia. El Poder Judicial local y la Justicia federal están prácticamente subordinados a esa estrategia hegemónica, en la que los medios de comunicación concentrados construyen pruebas, dictan condenas y amasan la “historia oficial”.
La Gendarmería Nacional desató esta última fase del conflicto, la misma fuerza responsable de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado durante el desalojo ilegal de la Lof Resistencia Cushamen en Chubut en agosto de 2017. Cinco efectivos de un destacamento móvil de Gendarmería apostado en Villa Mascardi, a 35 kilómetros al sur de Bariloche, aseguraron que el domingo 25 de septiembre a la noche fueron atacados con armas de fuego por un grupo que ocultó su identidad. Los profesionales abandonaron el lugar sin confrontar con los supuestos agresores, a pesar de que fueron especialmente enviados para reforzar la seguridad de un tramo de la ruta nacional 40, próximo a los espacios que reivindica una comunidad del pueblo mapuche desde 2017.
El gobierno de Río Negro, voceros de la derecha y la prensa hegemónica adjudicaron a la Lof Lafken Winkul Mapu el ataque con balas y el incendio de la casilla del puesto de Gendarmería, cuando la Justicia recién empieza sus actuaciones y nunca esclareció ninguno de la decena de supuestos ataques mapuche acumulados en años. Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, no dudó en poner nombre y apellido a los presuntos atacantes, supuestos militantes de dos organizaciones de Chile y también Facundo Jones Huala, lonko de Resistencia Cushamen, prófugo de la Justicia del vecino país.
La Lafken Winkul Mapu reivindicó la recuperación del predio “La Cristalina”, realizada dos días después, donde ya vive una familia, informó este jueves a través de un video y un comunicado de prensa.
La comunidad no se pronunció sobre el ataque a la casilla que reactivó la escalada represiva. El mismo día, horas antes, efectivos del grupo de elite COER (Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate) de la policía de Río Negro constataron la situación del lote por instrucción de la Fiscalía de la Circunscripción judicial con asiento en Bariloche, a pedido del particular que administra un complejo de cabañas en el lugar. Diego Frutos, quien se identifica como presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi, recuperó su papel como vocero de los intereses de los inversores privados, después de un supuesto secuestro que denunció, no se probó y lo mantuvo en silencio unos meses.
Por su parte, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro atribuyó este ataque a “grupos de tareas” que participan del clima nacional de desestabilización, al igual que otros hechos recientes que la Justicia no esclareció. Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la Coordinadora, advirtió que esta escalada contra la Winkul también está dirigida contra la Quemquemtreu, ubicada a unos kilómetros al sur-este en Cuesta del Ternero, donde el 21 de noviembre del año pasado dos sicarios mataron de un balazo a Elías Garay. Aunque no tiene fecha todavía, antes de fin de año se realizará el juicio oral y público contra dos acusados del crimen de Garay y del intento de homicidio de un joven mapuche, que resultó gravemente herido en el mismo ataque.
El gobierno nacional convocó a la provincia de Río Negro a integrar su policía al comando de las cuatro fuerzas federales que se instalará dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Esa zona recibió una millonaria inversión en los últimos dos años para la compra de drones, iluminación, cámaras de seguridad, lectores electrónicos de patentes de vehículos, entre otros recursos destinados a la protección de las propiedades privadas y al control de la actividad política de las organizaciones mapuche y sociales solidarias con la demanda territorial.
La última fase
El 21 de julio, de madrugada, un grupo de desconocidos atacó con dos armas de fuego y combustible a una pareja de un camping en el paraje rural Los Repollos, a unos kilómetros al norte de El Bolsón. Los atacantes dejaron un panfleto firmado por la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), cuya redacción y lenguaje no se corresponde con el uso corriente en los espacios mapuche. No se conoce si se peritó el panfleto realizado a mano alzada.
El 27 de julio, el ex Presidente Mauricio Macri recorrió Bariloche y Dina Huapi para fortalecer la campaña política de Eugenio Burzaco, ex secretario de Seguridad radicado en la Patagonia con el tiempo justo para cumplir con el requisito de residencia para competir por la intendencia de la ciudad. El 1° de agosto, un incendio intencional afectó al lote “Los Radales” de Luis Dates. En este caso, no hubo panfleto anónimo ni reivindicación alguna del hecho ocurrido en coincidencia con un aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Los embates de la administración de Arabela Carreras contra Magdalena Odarda finalmente consiguieron desplazarla de la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo público que la derecha eligió como blanco. Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, le pidió la renuncia a Odarda, que la formalizó el 18 de agosto.
El 6 de setiembre a las 8 de la mañana comenzó una audiencia por un conflicto territorial ubicado dentro del ejido municipal. Dos llamados telefónicos advirtieron sobre la existencia de una bomba en el edificio de Tribunales provinciales en Bariloche ubicado junto al lago Nahuel Huapi. Aproximadamente a las 10, se suspendió la séptima audiencia prevista para el control de acusación en el conflicto entre la Lof Buenuleo y un particular que compró tierras de manera dudosa. Se evacuaron varios edificios céntricos. La espiral de rumor conspirativo envolvió a la lof Buenuleo. Fue falsa la alarma de bomba.
La fiscal Betiana Cendón interviene en el legajo contra Buenuleo. Investigó las llamadas de la bomba y el incendio intencional de la cabaña “Los Radales”, así como el homicidio de Garay, entre otros casos. Cendón dispuso custodia al predio de Dates el 13 de setiembre, por lo que no queda claro por qué esa custodia la realizaba Gendarmería y no efectivos provinciales.
El 12 de setiembre, una Cámara de Bariloche falló contra la provincia de Río Negro, obligándola a garantizar el libre acceso a la costa y aguas del lago Escondido, que está dentro del predio propiedad de Hidden Lake S.A., por el camino Tacuifí, el más corto y de mejor condición.
El 14 de setiembre se hizo el segundo foro de Consenso Bariloche, coalición de derechas en defensa de la propiedad privada y contra los reclamos territoriales de los pueblos originarios. “De mapuches, a decir verdad, tienen poco (…) Más bien parecen del Conurbano. Rubias, grandes, teñidas”, sentenció una seguidora de José Gómez Centurión, ex militar del partido NOS, que “hacía el aguante” afuera del encuentro. No logró ni la atención de los medios ni el respaldo de gobierno rionegrino que logró en su primera edición, lo que confirma que son varios los referentes que pretenden expresar y capitalizar electoralmente la mano dura contra el pueblo mapuche-tehuelche.
Ese mismo 14, la gobernadora Arabela Carreras anunció que VIARSE (la empresa vial local) apelará el fallo que le otorgó tres meses para habilitar el camino Tacuifí a lago Escondido. Por su parte, Hidden Lake también iba a apelar el fallo, se interpretó de sus pasos administrativos. La última semana, Chubut anunció que recibirá 11 millones de pesos para videovigilancia, que incluye la zona andina, donde viven las comunidades elegidas para demonizarlas. Aunque la trama del conflicto es bastante más compleja, el análisis de hechos aislados y su judicialización sistemática atenta contra una salida política.
La resurrección zombie
Francisco Pablo D’Aloia, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Córdoba de Benjamín Menéndez, es uno de argumentadores en las redes sociales del supuesto carácter terrorista de la reivindicación territorial mapuche. D’Aloia vivió camuflado unos años en Villa La Angostura, actuando como administrador del hotel Correntoso y dedicado a la pesca con mosca. Juan Fejes, un sobreviviente del exterminio nazi en Europa, lo enfrentó y echó de la oficina de la inmobiliaria INAMOT, de la que era socio fundador en la localidad que todavía no pasaba unos pocos miles de habitantes. El ex militar volvió a las sombras y regresó como hombre de negocios representando a Recovery S.A., firma que pretendió quedarse con la gestión de los catastros municipales de Bariloche y Villa La Angostura a comienzo del milenio. El negocio no prosperó, vendió su residencia y gestionó luego un predio en Villa Mascardi.
Esta coalición de derechas ad hoc en la campaña anti-mapuche logró unificar los voceros de la última dictadura genocida con el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, que no tiene dudas respecto a la autoría material e intelectual de los hechos, cuando no hay ni una pericia. La misma argumentación repitió el ministro de Gobierno Rodrigo Buteler y Miguel Pichetto, miembro del Colegio de Auditores de la Nación.
Hasta el cierre de esta nota, nadie reclamó públicamente precisiones sobre el papel del comandante Gustavo Omar Cano, jefe del Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería Nacional, ni sobre el segundo jefe, comandante Martín Alfredo Gómez, responsables políticos y operativos del grupo de cinco efectivos que custodiaban la casilla móvil y no quisieron –o no supieron– contener profesionalmente el presunto ataque que desató esta última escalada de violencia. En cambio, por las redes sociales convocan a marchar con banderas argentinas desde el sur de la ciudad hasta Mascardi.
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