Una nueva Constitución

 

La Argentina es un país cuyo nacimiento produjeron y dirigieron Moreno, Belgrano, San Martín, Artigas, Güemes, y consolidaron una legión de patriotas que les siguieron en medio de luchas que siempre tuvieron como faro la Revolución de Mayo, con el apoyo intelectual de la pléyade de pensadores liberales democráticos de avanzada que el contexto cultural del siglo XIX ofrecía. Con un pueblo consciente de sus intereses en su búsqueda de igualdad y libertad.

Ese camino fue truncado, aprovechando la gran crisis política producida en el país y la reacción conservadora mundial que comenzó en la década de 1820. Se dieron las condiciones materiales para el concierto entre la realidad de la posesión de nuestra mayor riqueza por un puñado de terratenientes de la provincia de Buenos Aires –Rosas, Anchorena y pocos más– y su validación jurídica por la ley de enfiteusis de Rivadavia. Sería interesante y útil que se ahondara en esa aparente paradoja de que quienes fueron presentados como enemigos acérrimos por la historia –tanto mitrista como nacionalista– fueron en rigor los aliados fecundos creadores de la oligarquía que gobierna la Argentina desde entonces [1].

Han transcurrido más de dos siglos con esa estructura de nación, exceptuados breves lapsos en que fueron enfrentados, aunque sin ser derrotados, por los gobiernos populares de Yrigoyen, Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en cuya gestión se concretó la única y masiva manifestación de trabajadores e intelectuales argentinos de la historia para defender las medidas de un gobierno que pretendió fijarle a esos “dueños de la patria” un sistema de normas arancelarias que los hiciera contribuir al pueblo todo con la renta del bien común tierra.

Hubo otro momento histórico en el que los terratenientes bonaerenses, dominadores del suelo pero también de Buenos Aires y su Aduana, salida única de la producción del país entero, tuvieron un momento de crisis. Fue cuando Urquiza derrotó a Rosas en Caseros y el proceso produjo la Constitución de 1853, inspirada en las ideas recogidas por Alberdi. Pero la oligarquía se sesionó y luego resultó triunfante en su guerra al resto del país, dictándose bajo sus condiciones la Constitución de l860. Esa es la que rige, no la que nos venden, de siete años antes, y es la que asegura la primacía de Buenos Aires y sus dueños sobre el país completo.

Veinte años después, nada cambió con la capitalización de Buenos Aires. La supremacía rotunda en los planos económico, político y cultural de la oligarquía ya era inmune al detalle de que la jurisdicción del único puerto de salida del país no estuviera formalmente bajo su mando literal. Lo estaba el país entero, en alianza con las oligarquías menores instaladas en cada provincia.

Sigue así en estos días, en los últimos tiempos con el peronista traidor Menem, con el mafioso oligarca Macrì Blanco Villegas, con el abogado Fernández votado por el pueblo e hinchado de orgullo en acto patriótico con el presidente de la Sociedad Rural a su lado, con Milei que el 15 de marzo último discurseó en el cierre de Expoagro para dar por terminada la histórica grieta nacional entre campo e industria, tomando posición por el sector agropecuario –que lo apoya con inteligencia y fervor– y denostando a los empresarios fabriles de una manera nunca oída antes. Todo con arreglo a la Constitución.

Pido disculpas por la extrema síntesis. Pero me parece suficiente para dejar claro que, lejos del capitalismo creciente de mediados del siglo XIX, que ya pasó por todas sus formas de desarrollo, hoy se muestra con monopolios y financiarizado, con inimaginables concentraciones de dinero que mediante los primeros anula cualquier competencia y con las segundas produce dinero a partir del dinero. Es un capitalismo que se ha suicidado en su diseño clásico y se ha transformado en una máquina monstruosa de eficacia insuperable en la explotación de los pueblos y la destrucción del planeta, esto es, un sistema con el cual nuestra Constitución Nacional no tiene la más mínima conexión y que, como desde hace más de doscientos años, sigue favoreciendo a la oligarquía terrateniente de la pampa húmeda y, secundariamente, al capital financiero.

Su obsolescencia es total y su estructura de gobierno es fácilmente tomada por dirigentes que constituyen una caterva de individuos patéticos, en los tres poderes. Una mirada inocente, superficial, común, de una persona con una moderada conciencia de ciudadano y de argentino, no podría dejar de ver esto.

Pero, en cantidades fatídicas, no lo ve. Y, atención, tan faltos de visión están los que siguen a los productos nefastos del sistema como los que lo denuestan por antidemocrático, fascista, nazi, corrupto, totalitario y cuanto calificativo del mismo tenor exista.

Porque lo esencial que ocurre es que no hay otra cosa para ver.

Es por ello que quiero ayudar en la discusión de los dirigentes con vocación de líderes populares –que también los hay, aunque sean muy pocos– para enarbolar una bandera común y llevarla como tal al pueblo, como objetivo de lucha hacia un cambio liberador.

Esa bandera debe ser una Nueva Constitución Nacional, que recoja el capital político que acopiaron los argentinos –lo tengan presente o no– de las luchas por la independencia, por la organización como nación, las luchas sociales y sindicales, la lucha en las Islas Malvinas provocada por una dictadura cívico-militar genocida –con la oligarquía en la conducción–, que produjo decenas de miles de asesinatos con desaparición de las víctimas, la superación de ese trance tremendo con encarcelamiento perpetuo de sus ejecutores militares, la organización y aplicación de los derechos humanos siguiendo el ejemplo mundial de valentía de las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura, y las experiencias recogidas durante tres gobiernos populares en el siglo XXI.

El proyecto para la discusión de una nueva Constitución está redactado [2]. También un plan que, manteniendo la propiedad privada pequeña, mediana y grande, dentro del capitalismo posible en un país con un desarrollo como el nuestro –que geopolíticamente debería integrar los BRICS–, desarticule el poderío real de la oligarquía terrateniente y ponga nuestro bien común más preciado en el planeta –la tierra y su feracidad– al servicio del pueblo entero, con especial atención a los pueblos originarios y su aporte a un rumbo ecológico que preserve nuestras riquezas y las arranque del poder criminal extractivista del capitalismo en su macabra deformación actual [3].

No es este un medio para reproducir el proyecto de nueva Constitución Nacional. Sí, creo, puedo señalar algunos ejes centrales. No se golpea el pecho con declaraciones de federalismo sino que se diseña una estructura que lo constituya. La Argentina nunca fue federal en el plano fáctico, fue siempre unitaria. ¿El posible camino para el remedio? La postura de Dorrego en el Congreso de 1825, debatiendo contra los rivadavianos. Esa polémica es valiosísima. Constituir una sociedad justa, sin discriminaciones ni explotación, con plena justicia social. Empresas estatales y/o populares para defensa y explotación responsable de los recursos naturales. En detalle, con nivel normativo constitucional, las exigencias y obligaciones de todos los miembros de la administración pública, desde el Presidente al último empleado, tomados cabalmente como el Estado encarnado. Una sola Cámara, de 300 diputados, con una extensa enumeración de sus atribuciones y ágil procedimiento; composición y atribuciones del Poder Ejecutivo y los ministros, con notorias diferencias con el sistema actual; las integraciones del Tribunal Superior y del Tribunal Constitucional, el funcionamiento en salas del primero y el método de elección popular de ambos; la distribución territorial y competencias nacionales, zonales y municipales; la base de todo el Estado puesta en la participación popular imprescindible para su validez en las decisiones de gobierno municipales y desde allí hacia arriba; función del Estado en la economía, en la política fiscal, monetaria y financiera; políticas sectoriales sobre tierra, territorio y medio ambiente; recursos naturales; hidrocarburos, minería y metalurgia, recursos hídricos, biodiversidad, recursos forestales. Desarrollo integral sustentable. Primacía y reforma de la Constitución.

Todas las obligaciones constitucionales para todos los poderes provocan la caducidad del mandato de quien no los cumpliera, con el trámite sencillo y rápido –salvo en el judicial– que en cada caso se prevé.

Reitero: todas las cuestiones parcialmente enunciadas tendrían jerarquía constitucional.

Reitero otra vez: el proyecto no pasa de un instrumento de trabajo para los líderes populares que decidan emerger del pozo irrespirable en que nos ha sumido la derecha occidental aprovechando nuestra supina debilidad institucional, que de la mano de una banda de mafiosos, delincuentes, inútiles y cipayos ha llevado a nuestro pueblo al rechazo de la política como único modo de realización ciudadana. Y humana.

 

 

 

 

 

[1] Massoni, José. Rosas estadista. La cabeza de Goliat. Ed. Autores Argentinos.

[2] Massoni, José. Proyecto de Nueva Constitución para República Argentina. Ed. Nuevos Tiempos.

[3] Massoni, José. El Campo. Pasado, presente y futuro. Ed. Nuevos Tiempos.

 

 

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