Una nueva batalla por Malvinas

 

La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver si las torturas contra los conscriptos en la guerra de Malvinas prescriben o no. El máximo tribunal penal del país habilitó el mes pasado el tratamiento de un recurso presentado por la defensa de un militar, y esta semana recibió el dictamen del fiscal que pide a los jueces que rechacen el planteo y validen la investigación que viene realizándose en el juzgado federal de Río Grande. También tienen una presentación de un grupo de abogados de represores que denuncian que la causa por Malvinas es una reversión de lo que ellos denominan los “juicios de la venganza”.

Pasaron diez años y la Cámara de Casación vuelve a tener en sus manos un caso para decidir si prescriben las torturas contra jóvenes soldados no profesionales por parte de oficiales y suboficiales del Ejército durante la Guerra de Malvinas. En 2009, la Sala I de Casación –con otra conformación– había dicho que no podían considerarse los estaqueamientos ni los enterramientos de conscriptos como delitos de lesa humanidad por no constituir ataques generalizados.

Ahora los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa habilitaron que se trate un recurso de queja del abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Jorge Oscar Ferrante. Al momento de la guerra, Ferrante tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección. En el expediente figuran testimonios que lo acusan de dar órdenes para cavar fosas y enterrar a conscriptos, hambrientos y desabrigados, que “debían ser castigados” por robar comida. También se lo señala a Ferrante como responsable de haber estaqueado a otro soldado. Iba a ser indagado por la Justicia Federal de Río Grande el 28 de junio próximo, pero asumió una nueva jueza, Mariel Borruto, que postergó sin fecha la medida. La magistrada dejó supeditadas las indagatorias a la autorización de seis nuevos contratos para su juzgado por parte de la Corte Suprema, que todavía no evaluó su pedido, aunque fuentes cortesanas lo consideraron desmedido.

Ferrante le reclama a la Casación que deje sin efecto la sentencia del 18 de octubre del año pasado de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en la que ratificó la decisión del entonces juez subrogante de impulsar la acción penal por las torturas en Malvinas.

El 30 de mayo, los casadores hicieron lugar a la queja de Ferrante y abrieron la discusión sobre su planteo. El miércoles, el fiscal Javier de Luca presentó su dictamen. Le pidió a la Sala I que declare que los delitos que se investigan en el expediente son crímenes de guerra contra la propia tropa –en este caso, no profesional, por tratarse de conscriptos– y/o graves violaciones a los derechos humanos. Cualquiera sea la calificación, esto significa que son delitos que no prescriben y que no pueden ser indultados o amnistiados. El fiscal advierte que, de no investigarse, se pone en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino.

 

El derrotero

La causa por las torturas en Malvinas se inició en 2007, cuando desde Comodoro Py se remitió a la Justicia de Tierra del Fuego una denuncia del soldado Rubén Darío Gleriano. En 2009, la defensa oficial de Jorge Taranto –subteniente al momento del conflicto bélico con el Reino Unido– pidió que se declarara extinguida la acción penal. El 27 de marzo de ese año, la entonces titular del juzgado federal de Río Grande, Lilian Herráez, rechazó el planteo. La jueza dijo que estaban ante crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles. En agosto de 2009, la Cámara de Comodoro Rivadavia, por mayoría, ratificó la decisión de Herráez. Pero, dos meses después, la Sala I de Casación le ordenó dictar un nuevo fallo en el que dijera que no se trataba de delitos de lesa humanidad. Así lo hicieron los camaristas en 2010.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), de La Plata, y la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires volvieron a llevar el asunto ante Casación. El tribunal penal les cerró la puerta en la cara. Los querellantes y De Luca fueron a la Corte, que, en 2015, por un formalismo, terminó ratificando la decisión de Casación. El CECIM presentó un recurso de revocatoria, que los supremos rechazaron, pero aclararon que no habían tratado el fondo de la cuestión. Una puerta entreabierta. En simultáneo, el CECIM llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Taranto quedó fuera de la causa, pero las denuncias siguieron acumulándose. El mes pasado, el juez subrogante Federico Calvete llamó a indagatoria a Ferrante y a otros 17 militares. Lo hizo antes de dejarle su cargo a la nueva titular del juzgado, Borruto, que llegó y puso las medidas en el freezer.

 

Amigos

Ante Casación, se presentó una nueva asociación civil para acompañar el recurso de Ferrante. Se llama Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica. La presentación fue hecha por los abogados Guillermo Fanego y Hernán Guillermo Vidal, con el patrocinio de Elena Genise y Marcelo Llambías. Todos intervienen en los juicios de lesa humanidad como defensores de los imputados, y, semanas atrás, le pidieron al procurador interino Eduardo Casal que sancione al fiscal de la causa Malvinas, Marcelo Rapoport.

Según consta en el expediente, la asociación se creó el año pasado y, entre otros, está conformada por Pedro Mercado (esposo de Cecilia Pando), José María Soaje Pinto, Eduardo Oscar Landera, Eduardo San Emeterio, Walter Tejada, Sebastián Olmedo Barrios, María Elena García y el médico Mariano Castex.

En su presentación se refieren a los juicios que se sustancian por delitos de lesa humanidad como “juicios de la venganza” y, según el fiscal De Luca, son ellos mismos quienes colocan en una posición de equiparación a los hechos por los que se acusa a los militares de Malvinas con los perpetrados durante el terrorismo de Estado.

 

 

 

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